En un contexto legal de prohibición de la megaminería (Ley Provincial Nro 7722) y un conflicto social por el Decreto que le abrió las puertas al fracking en Mendoza, el Gobernador Cornejo debe autorizar el proceso minero necesario para evitar más contaminación producida por los pasivos ambientales generados en San Rafael durante la explotación de la mina de uranio de Sierra Pintada. El problema radica en que para la remediación, es necesario abrir una planta fabril y realizar un proceso con sustancias prohibidas por la Ley Nro 7722; además, existe el temor de que concluido el saneamiento se intente volver a producir uranio. La audiencia pública se realizaría en octubre.
Entre los desafíos que le quedan por delante al gobernador Alfredo Cornejo hay uno que sobresale por la complejidad y la necesidad de no profundizar los conflictos generados por el fracking. Se trata del saneamiento de los pasivos ambientales que dejó la planta de procesamiento de uranio Sierra Pintada en San Rafael, que se transformó en uno de los casos emblemáticos de mal manejo ambiental. Esa planta funcionó durante una década, pero lleva mucho más tiempo cerrada y con la posibilidad de continuar la contaminación latente: hay millones de toneladas de residuos provenientes de la actividad minera del lugar y también provenientes de la planta productora de combustible nuclear Dioxitek, de Córdoba.
Tras el cierre de la producción en Sierra Pintada quedaron en el lugar: 5223 tambores con 1.067,60 toneladas de residuos contaminados (equivalen a 14 toneladas de uranio), el agua de cantera de los efluentes del proceso de lixiviación y las colas proveniente de la lixiviación de uranio con ácido sulfúrico (en total más de 1 millón de metros cúbicos) que no fueron neutralizadas, ni cubiertas con material inerte, por lo que existe posibilidad de afectación de cursos de agua.
El problema para la ejecución del proceso de remediación es que para poder neutralizar los residuos debe realizarse un proceso similar al que se hacía para producir uranio, usando sustancias que están prohibidas por la ley 7722. La rendija legal que existe es que esa ley prohíbe el uso de esas sustancias para la explotación minera, pero no para la remediación. Por eso la decisión es avanzar, aunque tanto desde el Ejecutivo como los asesores legales entienden que será necesario un blindaje legal mayor para evitar especulaciones. La desconfianza que hubo siempre sobre el tema es que una vez saneados los pasivos ambientales, se realice la reapertura de la mina de San Rafael para producir uranio en la Argentina y no tener necesidad de importarlo, como lo establecía el Plan Nuclear lanzado por Néstor Kirchner. Las tensiones sociales generadas en Mendoza y Córdoba frenaron ese intento.
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) establece un grupo de riesgos potenciales: a) las colas de uranio tienen riesgo de que haya emanaciones de gas radón a la atmósfera, radiación gamma y la dispersión a través del viento o el agua; b) el agua de cantera tiene riesgo de infiltración a través de fisuras en la roca o que debido al exceso de lluvias se desborde; c) los residuos sólidos que tienen altos contenidos de uranio y “las condiciones de almacenamiento (bolsas plásticas dentro de tachos metálicos y enterrado bajo las colas de proceso) hacen a los mismos potencialmente peligrosos”.
La Auditoría General de la Nación advirtió sobre los incumplimientos de la CNEA en el saneamiento de Sierra Pintada con un detallado análisis de lo realizado y lo gastado, que incluye los gastos en consultorías ambientales y expresa que los trabajos proyectados no se cumplieron.
El plan de remediación de la CNEA incluye distintos procesos. El tratamiento del agua de cantera es mediante un sistema de resinas de intercambio iónico y precipitación, con un plan alternativo de nanofiltración de menor impacto pero más costoso. El tratamiento de los residuos sólidos es el que genera más tensiones dado que usa de ácido sulfúrico: “se deben retirar los tambores de las escombreras, trasladarlos y proceder a la apertura segura, con sistema previsto en el proceso y someterlos a tratamiento” que consiste en el lavado de esos sólidos con agua de cantera, hasta la disolución con ácido sulfúrico y la neutralización con cal de ese material.
Actualmente, se escindió el proceso de la remediación del de la reapertura de la explotación. La Comisión Nacional de Energía Atómica presentó el Manifiesto de Impacto Ambiental para ejecutar el proceso de remediación que está siendo analizado. La intención de las autoridades ambientales es realizar la audiencia pública en octubre de este año y, luego, si no hay objeciones severas, autorizar los trabajos. El gobierno provincial mantiene la postura de autorizar el proceso sólo para la remediación.
Sin embargo, el alerta de los mendocinos se fundamenta en que el Plan Nuclear lanzado por Kirchner no está abandonado en lo conceptual, más allá de que no se lograrán los objetivos planteados para el 2019. Según un informe de la Secretaría de Energía de la Nación de la actual gestión, en el país se consumen 250 toneladas anuales de uranio para los 3 reactores a plena potencia (Atucha I, Atucha II y CN Embalse) y se necesitarán al menos 80 toneladas más para un nuevo generador. Según ese mismo trabajo, en la Argentina, la CNEA informó la existencia de aproximadamente 20.000 toneladas de uranio como “recursos identificados”.
En el plan elaborado por el ex ministro Juan José Aranguren se destaca la necesidad de impulsar la producción de uranio para sustituir importaciones y para impulsar esa industria, además de las presiones generadas por el sector minero. Sin embargo, se reconoce entre las conclusiones las dificultades debidas a la resistencia social al tema.
Fuente:https://noalamina.org/argentina/mendoza/item/41311-el-desafio-politico-y-social-para-detener-la-contaminacion-en-sierra-pintada
La decisión de buscar a los acreedores la tomó un juzgado de Buenos Aires. El proceso de disolución comercial se inició hace seis meses.
El proyecto Pascua-Lama para extraer oro, plata y cobre, se anunciaba como el mayor emprendimiento minero del país, el primero de origen binacional entre las fronteras de Chile (Pascua) y Argentina (Lama) y debía entrar en funcionamiento en julio del 2014. Sin embargo, los daños ambientales y la deficiencia en los controles hizo que la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) chilena sancionara a la empresa responsable y paralizara las obras. La empresa Barrick en su intento por reactivar el proyecto propone modificar la modalidad de explotación; no obstante, decidió postergar hasta mitad de año la presentación de un informe de prefactibilidad destinado a evaluar la operación subterránea de Lama, en San Juan, .
Al menos desde el año 2001, en que la comunidad mapuche Huisca Antieco -de Alto Río Corintos- frenó a una minera que pretendía asentarse en su territorio, los pueblos originarios están indisolublemente ligados a la lucha contra el extractivismo y, desde entonces hasta la fecha, han marchado como parte de ese gran movimiento que es el NO A LA MINA, por los derechos de todos a un ambiente sano y contra la contaminación y el saqueo de la minería metalífera.
Este sábado en el programa ‘A Todo o Nada’, que se emite por Radio Sarmiento, estuvo como invitado principal el ministro de Minería de San Juan, Alberto Hensel. El funcionario se refirió a varios temas candentes de la actividad.
Aparece en todas las conversaciones. En las carpas de la protesta gremial y las dependencias públicas tomadas, en los despachos oficiales y las oficinas opositoras. Como maleficio o como promesa, la posibilidad de que la minería a cielo abierto se instale en Chubut es una sombra omnipresente en esta provincia.
El Presidente de la cámara de Proveedores de Servicios Mineros y Turísticos de la Puna Argentina , Luis Vacazur, de origen coya, puso en valor el asociativismo de los pueblos originarios de la región del norte del país que ha permitido el desarrollo de pequeños emprendimientos. A su vez indicó que participan de los monitoreos ambientales en los 51 proyectos de Litio que hay actualmente en Salta y en los yacimientos de oro y plata que actualmente se están desarrollando.
Los yacimientos de litio en Jujuy se hallan dentro de tierras ancestrales donde comunidades de pueblos originarios denuncian que las empresas usarán mucha agua en un territorio donde es un bien escaso.
Las asambleas de Chubut que resisten la instalación de la actividad minera a gran escala en la provincia, produjeron el manual”Hablemos de Megaminería”. El mismo, se presentará este martes 5 de junio a las 18 hs. en el Centro Cultural Melipal de Esquel en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Los vecinos se propusieron contar con un texto que compile los saberes sobre las implicancias de la megaminería acumulados y complejizados durante más de quince años de aprendizaje popular y colectivo. Está inspirado en la necesidad de seguir aprendiendo y enseñando, seguir difundiendo y construyendo resistencia popular a partir de fundamentos científicos e informaciones de fuentes comprobables y válidas. La presentación estará a cargo de los propios vecinos que han contribuido en la redacción y elaboración de cada uno de los ítemes del manual.
El Padre Tono Sanchez, párroco de los pueblos que componen la meseta central chubutenses se refirió a la profunda discriminación que trae aparejada las opiniones divididas que hay respecto a la explotación minera en la zona. «En Gastre es impresionante la presión psicológica y discriminación social e incluso religiosa. Se crea un problema de convivencia enorme. En Telsen está comenzando a pasar lo mismo», dijo los antimineros «son dejados de lado».