I. ¿Qué es el Arco Minero del Orinoco?

El Arco Minero del Orinoco es un proyecto de explotación de recursos naturales dentro de nuestro país. Fue establecido y puesto oficialmente en curso por medio de un decreto presidencial el 24 de febrero del año 2016 (promulgado en la Gaceta Oficial N˚ 40.855 bajo el N˚ 2.248).

Este decreto autoriza la explotación minera a gran escala de una inmensa zona ubicada en el sureste del país (incluye vastas áreas de los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro) y será desarrollada por empresas mixtas (el proyecto contemplaba inicialmente la incorporación de, al menos, 150 empresas extranjeras).

El área destinada a los trabajos de exploración y explotación por dicho decreto alcanza aproximadamente el 12% de la extensión de nuestro territorio nacional (111.843,70 km²) y cuenta con unas reservas probadas en miles y millones de toneladas de oro, diamante, hierro, bauxita, cobre y coltán. Es, además, una zona de una muy rica biodiversidad que comprende grandes selvas y bosques protegidos por decretos de reserva forestal, monumentos naturales y cuencas salvaguardadas por leyes ambientales y convenios internacionales (esta zona, por cierto, forma parte de la Amazonía: el bosque húmedo tropical más grande del planeta y el hogar de la mayor biodiversidad del mundo, entre un tercio y la mitad de la vida conocida del planeta).

II. Razones oficiales y razones reales

El proyecto del Arco Minero del Orinoco, según el propio Gobierno nacional, es una  iniciativa que forma parte del Motor Minero de la Agenda Económica Bolivariana y cuyo principal propósito es reimpulsar la economía venezolana. Tiene, según sus propias afirmaciones, un valor económico estratégico fundamental: posee el potencial para llevar, al país, de una economía petrolera monorentista a una economía diversificada más vigorosa y segura. Altos funcionarios del Ejecutivo han sostenido, por ejemplo, que la ejecución del proyecto del Arco Minero podría convertir a Venezuela en la segunda reserva de oro más grande del planeta  y establecer al estado Bolívar como una alternativa no petrolera de desarrollo en el país.

Sin embargo, las razones de fondo que han empujado al Gobierno nacional a implementar el proyecto del Arco Minero del Orinocoparecen ser muy distintas. La baja relativa de los precios del petróleo y la caída de la producción petrolera nacional han provocado una escasez notable de divisas en las arcas del gobierno. Esta escasez le ha impedido al Gobierno nacional, por una parte, atender satisfactoriamente sus obligaciones ordinarias y extraordinarias y, por la otra, mantener sus políticas clientelares, su sistema de corrupción interno y externo y su política de influencia internacional.

El Gobierno nacional requiere desesperadamente nuevos recursos y nuevas fuentes de ingresos. Recursos y fuentes de ingreso que le permitan mantenerse en el poder y financiar la continuidad de su proyecto. El Arco Minero del Orinoco es esta nueva fuente lícita de recursos e ingresos. El proyecto del Arco Minero responde, de este modo, básicamente, a un interés privado: la satisfacción de los intereses de la elite gobernante; no a un interés primordialmente público: no al interés de la nación en general. La falta de los estudios previos de impacto ambiental y sociocultural exigidos por la Constitución Nacional para poner en marcha actividades de esta naturaleza deja justamente en evidencia la urgencia de su motivación particular y nos   confirma, así mismo, el desinterés público de dicha empresa.

III. Impacto ambiental, social y cultural

La ejecución del proyecto del Arco Minero del Orinoco producirá uno de los mayores desastres ambientales en la historia de la humanidad, una catástrofe ecológica que afectará no sólo a la generación presente sino a las generaciones futuras de nuestro país y del planeta en general.

No existe, en el mundo contemporáneo, una tecnología adecuada para llevar a cabo una explotación minera de tipo ecológica. Los trabajos de exploración y explotación mineras del Arco del Orinoco serán realizados bajo las técnicas tradicionales de exploración y explotación. Así pues, la deforestación y la quema de millones de hectáreas, el uso masivo de cianuro y arsénico, el desvío de los cursos naturales de las corrientes de agua y la remoción de inmensas extensiones de superficie perjudicarán de manera permanente la tierra como el agua, el clima y la biodiversidad de toda la zona.

La ejecución del proyecto del Arco Minero del Orinoco producirá la destrucción completa de bosques y sabanas, la sedimentación y el envenenamiento de las cuencas, los embalses, los ríos y los demás cursos de agua, la desertificación y la contaminación de toda la zona explotada, la alteración del ciclo hidrológico, la incidencia negativa en el clima y la disminución de las precipitaciones. Una parte de nuestra nación, como es previsible, quedará (literalmente) convertida en un desierto árido e improductivo de excavaciones contaminadas. Nuestras reservas de agua y la generación de energía para todo el país, como es de esperar, se verán seriamente comprometidas.

El decreto del Arco Minero del Orinoco viola los derechos humanos de las comunidades indígenas de la zona y su ejecución podría dar lugar a un genocidio. Viola el derecho a la vida, el derecho a la preservación de las tierras y de las formas de vida ancestrales de las comunidades indígenas. La condena al exterminio o al desplazamiento. Las comunidades indígenas que se resistan a desplazarse de sus territorios estarán condenadas irremediablemente a su aniquilación; las que quieran preservar sus vidas deberán desplazarse forzosamente de sus tierras ancestrales. El Arco Minero del Orinoco será una sentencia de muerte para las etnias Warao, Acawayo, E’Ñepa, Pumé, Mapoyo, Kariña, Arawak, Piaroa, Pemón, Ye’kwana y Semeyá.

El Arco Minero del Orinoco convierte el sur de nuestro país en un enclave colonial. Le otorga ventajas especiales al capital extranjero: exoneraciones totales o parciales del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado, flexibilización de la normativa laboral, no interferencia de la minería artesanal, los indígenas o de huelgas. Y menoscaba odiosa e injustamente los derechos de los trabajadores empleados: los deja sin el amparo de la Ley del Trabajo y sin el derecho a reunión, manifestación o huelga.

El Arco Minero del Orinoco tendrá un impacto sumamente erosivo sobre nuestra sociedad y sobre la vida de toda nuestra nación: producirá la expansión a gran escala de los males sociales y culturales asociados a la minería ilegal actual: masacres, sicariato, corrupción, represión de los cuerpos policiales y militares, propagación de enfermedades, alcoholismo, tráfico de drogas, drogadicción, trata de mujeres, violación de menores, etc.

IV. Consideraciones finales

El decreto del Arco Minero del Orinoco viola derechos humanos fundamentales, la Constitución de la República y la firma de tratados internacionales ambientales, laborales e indígenas por parte de nuestro país.

El decreto del Arco Minero del Orinoco lesiona gravemente la soberanía de nuestra nación. Desconoce derechos y principios constitucionales para favorecer los intereses de la elite gobernante y del capital extranjero (inescrupuloso), en perjuicio grave del bienestar, la seguridad y el desarrollo sostenible de nuestra nación.

La ejecución del proyecto del Arco Minero del Orinoco perjudicará muy negativamente a nuestro ambiente, a nuestras comunidades indígenas y a nuestras vidas en general. Dará lugar a lugar a un ecocidio de grandes magnitudes e intensificará el -ya, de hecho, muy alarmante- proceso de desintegración social del país.

El Arco Minero del Orinoco producirá una catástrofe ecológica de consecuencias planetarias. El área destinada por el decreto para la explotación minera es muy, muy grande: casi la mitad de todo el territorio del Reino Unido (243.000 km²) e incluso superior a la extensión total de países tales como Cuba (109. 884 km²), Portugal (92.100 km²) o Panamá (78.569 km²). Su impacto sobre nuestro ambiente será incluso mayor al provocado, por la antigua Unión Soviética, en el mar de Aral (la reducción drástica, al 10% de su magnitud original) del cuarto lago más grande del planeta para la época (años 60 del pasado siglo) y su contaminación elevada convierten el ecocidio del mar de Aral en uno de las mayores catástrofes ambientales artificialmente provocados en la historia de la humanidad.

Si algún día nuestro país recupera la calma y los venezolanos de uno y otro signo deciden escribir su propia historia nacional de la infamia, el Arco Minero del Orinoco ocupará, sin duda alguna, un lugar destacado dentro de ella. Pero, por ahora, a todo ciudadano consciente, a todo individuo responsable le corresponde la tarea de oponerse a él, denunciarlo y organizarse para impedir la continuación de su ejecución.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/venezuela/item/40325-el-arco-minero-del-orinoco-fraude-y-catastrofe-en-venezuela

Científicos venezolanos crearon la Red Venezolana de Investigaciones en Mercurio con la finalidad de velar por la regularización del uso de este metal en la explotación minera, asi lo informó Francisco Durán, integrante de la Red.

La creación de esta asociación de investigadores es para la vigilancia y la investigación del mercurio, «por las consecuencias económicas, sociales y para la salud» que genera este en la actividad minera, indicó Durán durante su participación en el programa En la bulla transmitido por RNV Informativa.

Esta red busca colocar a la disposición del Estado venezolano y de la población minera, toda la experiencia de sus 54 investigadores adscritos en todas las áreas del conocimiento.

El también profesor de matemática y física, recordó que el uso del mercurio en la minería es algo ancestral, por lo que pretenden a través de la red educar y concienciar a la familia minera para que vaya eliminando el uso de este material tóxico.

«Sabemos que el daño del mercurio es irreversible, pero con la educación estaremos disminuyendo y eliminando su uso», acotó el científico.

Con la utilización del metal rojo, la población minera debe comprender que representa un grave daño para la salud y para el ambiente. Adicionalmente afecta la relación producción-ganancia, pues con el uso de mercurio se recupera apenas 40% del oro presente, mientras que con los otros procesos alternativos se puede recuperar hasta el 90% del material aurífero.

En febrero de 2006, el Presidente de la República, Nicolás Maduro decretó una extensión de 111.843 kilómetros cuadrados, ubicada en el estado Bolívar, específicamente al sur del río Orinoco, Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, como una de las medidas económicas para recuperar la economía venezolana por la caída de los precios del petróleo.

Fuente:http://www.panorama.com.ve/ciudad/Cientificos-venezolanos-vigilaran-uso-del-mercurio-en-actividades-mineras-20180417-0053.html

José Ángel Divasson, Monseñor Vicario Apostólico de Puerto Ayacucho y presidente de la Red Eclesial Panamazónica (Repam) expresó la preocupación de la Iglesia venezolana y del mundo ante la depredación y devastación ambiental en el país producto de las actividades mineras sin control.

Divasson indicó que “la Iglesia en Venezuela junto con la de nuestro continente y de todo el mundo, se siente preocupada por la depredación de la naturaleza y el descuido y exclusión de los pobladores de las zonas devastadas”.

Durante la rueda de prensa realizada por la Conferencia Episcopal también  activistas en defensa del medio ambiente expresaron su preocupación.

María Elena Febres indicó que “más allá de las declaraciones utópicas, la apertura de concesiones sumado a la presencia de personas y grupos dedicados a la minería ilegal han multiplicado los escenarios de explotación minera en amplias regiones y en muchos casos en condiciones de auténtica devastación”.

Remarcó Febres que la “comunicación oficial de los proyectos presentados como solución de problemas nacionales e impulso del desarrollo, no se ha visto acompañada por notificaciones concretas de su desempeño real”.

Minerva Vitti, del Centro Gumilla apuntó que las diferentes organizaciones indígenas han denunciado en reiteradas oportunidades “antes las autoridades competentes frecuentes atropellos a sus derechos, pero de ordinario han recibido como respuesta el silencio y represalias”.

Héctor Escandel, de la Red Eclesial Panamazónica (Repam- Puerto Ayacucho) explicó que “nosotros tenemos que ir es en contra de la imposición de ese modelo depredador, que en este caso tiene un apellido extractivista, pero extractivista es todo, todo lo que nosotros hacemos es extraer de la naturaleza, lo cuestionable es como se extrae y para que.

Para Escandel en la actualidad Venezuela se encuentra en un camino de un “modelo de desarrollo depredador priorizando una economía que no es una economía para los seres humanos, que genere bienestar, es una economía para la acumulación, que genera riqueza, que genera exclusión, que genera pobreza, ese modelo económico es el que hay que desmontar”.

Fuente:http://acn.com.ve/devastacion-minera-rechazada-iglesia/

Indígenas de la comunidad San Luis de Morichal han denunciado el asesinato de al menos dos de sus hermanos pemones, a manos de grupos armados autodenominados “sindicatos”, dedicados a la minería ilegal al sur del estado Bolívar. Pueblos indígenas de Gran Sabana se solidarizaron con sus hermanos ante la creciente violencia minera que amenaza sus territorios que, en teoría, están protegidos por la Constitución nacional.

Pueblos indígenas del municipio Gran Sabana se solidarizaron con la comunidad de San Luis de Morichal, en el municipio Sifontes, quienes exigen el reconocimiento y respeto al territorio pemón. A su vez reiteran que no habrá ningún tipo de negociación para la actividad minera en la zona, ante las presunciones de que el gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, tenga intereses mineros en la zona y por eso pretende negociar.

Jorge Pérez, concejal de Gran Sabana, señaló que tienen información de que este martes acudirán representantes del gobierno regional hasta San Luis de Morichal, por cuanto reiteró: “las tierras indígenas no se negocian”.

Solicitan también una investigación a funcionarios de seguridad por contar con presuntas maquinarias en El Chiguao, en el municipio Angostura.

El pueblo de San Luis de Morichal ha intensificado sus denuncias contra la violencia a manos de bandas criminales dedicadas a la minería ilegal. Se han referido al menos de dos asesinatos, sobre los que acusan a grupos armados autodenominados sindicatos.

El caso más reciente es el de la desaparición de Oscar Meya, hermano del capitán Omar Meya. El hecho habría ocurrido el 13 de marzo cuando fue secuestrado, según las denuncias del consejo de caciques del pueblo pemón. También acusan de la desaparición de Domingo Cabrera, el pasado 30 de julio de 2017, a los mal llamados sindicatos, los cuales estarían vinculados con cuerpos de seguridad.

La violencia minera al sur del estado Bolívar es de vieja data, con enfrentamientos entre bandas y otros con organismos de seguridad, que a su vez han sido cómplices en el fortalecimiento de estos grupos irregulares. Los resultados: muertes violentas y menos control de la minería ilegal.

Con la creación del Arco Minero del Orinoco, el problema recrudeció, pues con ello llegan denuncias de operaciones de limpieza de las minas para ser entregadas a trasnacionales a las que se les otorgó las concesiones para la exploración y explotación minera. Los casos más recientes han sido la masacre de Tumeremo en marzo de 2016, y la de la mina Cicapra en febrero de este año.

Fuente:http://www.correodelcaroni.com/index.php/sucesos/item/63477-comunidad-indigena-de-sifontes-denuncia-violencia-minera-y-presiones-del-gobierno-para-apropiarse-de-sus-territorios

En Venezuela, la zona delimitada como parte del Arco Minero coincide por completo con el estado Bolívar y también incluye los estados Amazonas y Delta Amacuro. La región es, según expertos ambientales, de suma importancia para la generación de agua y para la conservación de especies. Por lo mismo debería evitarse la minería.

Durante tres meses, el periodista Bram Ebus recorrió esta zona, ubicada en su mayoría en el estado de Bolívar, Venezuela. Un escenario donde confluyen varios males del vecino país: los grupos armados ilegales, comunidades indígenas reprimidas y mineros infectados de malaria.

El fuerte ruido de los generadores acompaña el trabajo duro de los mineros ilegales, a solamente un kilómetro del pueblo de El Callao. Cubiertos de lodo, se deslizan en los fosos mineros donde hacen un barrido de oro, más hoyos o saquean grandes cantidades de lodo con oro que será procesado con mercurio. Lo último lo hacen las máquinas vibrantes del generador instaladas al lado de la mina. En ese mismo lugar, solía haber un bosque, pero muchas capas de vegetación han sido devastadas para hacer lugar a la minería.

“Si hay una razón para no avanzar con el Arco Minero es el ambiente”, de acuerdo con Edgar Yerena, un biólogo de la Universidad Simón Bolívar (USB), en Caracas. “Es una muy mala idea. Es la peor idea. No hay peor uso, en mi opinión, para el Escudo Guayanés”.

En Venezuela, el Escudo Guayanés coincide por completo con el estado Bolívar y también incluye los estados Amazonas y Delta Amacuro. La región es, según expertos ambientales, de suma importancia para la generación de agua y para la conservación de especies. Por lo mismo debería evitarse la minería. “Desde una perspectiva ecológica, [el área] funciona como un sistema diferente al resto del país. Es muy delicado porque los suelos generados están muy lixiviados y muy lavados. Tiene pocos nutrientes, es muy arenoso y la recuperación ambiental de cualquier impacto en el Escudo Guayanés es muy lento, si no irreversible”, explica Yerena.

Las observaciones de Yerena están respaldadas por otro especialista ambiental venezolano. “Los suelos son muy finos y cuando son removidos será muy difícil restaurar”, asevera Juan Carlos Sánchez, ganador del Premio Nobel de Paz en 2007 y experto en el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas. El laureado también advierte que en los bosques del Escudo Guayanés funciona un hábitat para especies endémicas que se verán severamente impactadas. Hay 9.411 especies de flora, de los cuales 2.136 son endémicas.

No es posible la coexistencia entre la minería y los bosques en el Escudo Guayanés, dice Sánchez. “Todas las tierras dedicadas a la minería y en particular a la minería de superficie serán un terreno donde los bosques resultan sacrificados porque requiere la remoción de grandes cantidades de tierra. Este sacrificio de los bosques representa una pérdida irreparable del capital natural”.

Cerca del 75 por ciento del territorio en Bolívar está ambientalmente protegido, pero no contra el Arco Minero. Las tierras exuberantes están declaradas como parques nacionales, monumentos naturales, zonas protegidas, reservas forestales. El parque nacional Canaima incluso ha sido reconocido por la Unesco como patrimonio mundial. Todo esto parece no importar. Las reservas forestales sufrirán especialmente las consecuencias inmediatas de la extracción mineral en el Arco Minero.

Adicionalmente, el impacto en las fuentes de agua traerá repercusiones negativas. Bolívar opera básicamente como una fábrica de agua para el país al poseer la undécima reserva más grande de agua en el mundo. Por ejemplo, la represa Guri, en la cuenca del río Caroní, genera energía hidroeléctrica para 65 por ciento del país gracias, siendo el principal proveedor de energía de Venezuela.

Según Yerena, su productividad puede verse perjudicada: “La minería daña la calidad del agua. El tema del potencial hidroeléctrico en Guayana no solo depende de la cantidad, sino también de la calidad del agua, que depende del poco sedimento que arrastre el río”. Mala suerte, el Caroní que bordea la región minera se ha sedimentado, y el impacto ambiental puede ser irreversible.

Expertos explican que, a largo plazo, los daños ambientales pueden no sopesar las ganancias del sector de las que el país nunca se benefició económicamente. Yerena añade: “El estado venezolano tiene una historia de no saber cómo administrar la minería. ¿Por qué sabrían cómo hacerlo ahora?”.

El desconocimiento también representa un problema para los movimientos de justicia ambiental que tienen poca investigación adelantada para argumentar. “Es complicado porque hasta ahora, la defensa se ha basado en el concepto del proyecto y la forma en cómo han intentado implementarlo”, explica Yerena. “Pero aún no hay una evaluación ambiental estratégica, y debería haber información pública para que la academia y el sector ambiental pudiesen revisar adecuadamente. Hasta ahora, solo hemos fraccionado información extraoficial muy puntual. No hay mecanismos claros para obtener información oficial por personas curiosas por saber qué ocurre con el proyecto”.

Dos riesgos de la minería que aún no se discuten en Venezuela son la deforestación y la contaminación por mercurio. “Como yo lo interpreto, según la normativa ambiental venezolana, no debería estar pasando. Esto se fundamenta en la ilegalidad de que todo el proyecto no ha emprendido un estudio sobre la evaluación ambiental”, dice Yerena.

Alexander Luzardo, exsenador que redactó los estándares ambientales en la actual constitución de Venezuela, duda de que hacer minería valga la pena a cambio de beneficios económicos. Y es que nunca ha habido una prueba certificada de que el país posea las cantidades de oro y de coltán tan grandes como las que dice tener.

El ahora profesor dice que puede tratarse de un mito, una estrategia para desarrollar proyectos que facilitan el lavado de dinero. “La creación de empresas fantasmas, sin ninguna experiencia, sin conocimiento, se prestan al juego de la elevación [mercado de especulación] y al lavado de dinero”, afirma. “La minería es vinculada a negocios ilícitos y a actividades financieras ilegales ligadas al lavado de dinero”. Según él, estas compañías comprarán y comerciarán minerales extraídos ilegalmente, o tratarán de especular y vender su proyecto al mejor postor.

El “show de buenas noticias” del gobierno sobre depósitos minerales enormes es, según Luzardo, una oferta engañosa para el país. “Es la lotería de la minería. Apostarlo siempre a todo: ‘Tenemos las reservas más grandes del mundo’”, dice riendo. La distracción de la crisis económica y política ignora asuntos más importantes que están en riesgo. “No es sobre el trabajo, ni la educación, la organización o la diversificación energética y tampoco sobre asumir grandes riesgos”, ironiza.

Su nombre, el Arco Minero, resulta molesto para Luzardo. Argumenta que el término es un reduccionismo lingüístico. “Uno reduce todo al Arco Minero”, explica. “Ya con el nombre se cede el territorio [a la minería]”. Plantea que un Arco de Diversidad encajaría mejor y haría más justicia, en papel, a las áreas protegidas ambientales.

De acuerdo con Luzardo, todavía hay esperanza. El profesor refiere a una decisión de la Asamblea Nacional que anuló el decreto del Arco Minero el 14 de junio de 2016. “No se puede legalizar un crimen ambiental”, gruñe el profesor, pero el Tribunal Supremo de Justicia no reconoce la decisión del Parlamento ni ninguna otra acción de la marginada Asamblea Nacional desde el 11 de enero de 2017.

Mientras tanto, continúa la crisis política y económica de Venezuela, llevando a más venezolanos desesperados y desempleados a poblar las zonas mineras. Ellos continúan cavando en lodo valioso de El Callao y de muchas otras áreas en el sur del país. Por ahora, a la oposición política contra el Arco Minero no le quedan armas legales. La deforestación acelerada y una frontera minera expandida son consecuencias innegables de la crisis en el país, que luce muy lejos de llegar a su fin.

* Este reportaje se produjo gracias a una alianza entre Infoamazonía y el Correo del Caroní con financiación del Pulitzer Center. En Colombia cuenta con el apoyo de DeJusticia y Amazon Conservation Team.

Fuente:https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/la-apuesta-minera-contra-el-escudo-guyanes-articulo-734137

La Ley del Régimen Tributario para el Desarrollo Soberano del Arco Minero deja en manos del presidente de la República la fijación del impuesto que cobrará el país por las actividades de explotación minera, según señala el instrumento legal aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y publicado en la Gaceta Oficial N° 41.310 con fecha 29 de diciembre de 2017.

El artículo 2 de la Ley propuesta por el presidente Nicolás Maduro en septiembre, señala que “los enriquecimientos netos anuales de fuente territorial (…) se gravarán con base a lo dispuesto por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela”.

Detalla algunos criterios para establecer la alícuota de Impuesto sobre la Renta, entre ellos la capacidad de producción y procesamiento. Adicionalmente, señala que las empresas tendrán que destinar el monto correspondiente al pago del ISLR a la inversión de bienes de capital, adquisición de nuevas tecnologías, ampliación o mejoras y equipamiento del parque industrial, a la diversificación productiva e incremento de empleo, a la ampliación y desarrollo de la infraestructura empresarial, a la constitución de sociedades mercantiles o adquisición de acciones, así como a programas en materia de adecuación tecnológica de la pequeña minería».

Por otra parte, se determina que el Impuesto sobre la Renta “que se genere con ocasión de la venta del oro en el exterior autorizada por el Banco Central de Venezuela, se determinará y pagará en moneda extranjera o su equivalente en oro”.

El gobierno de Nicolás Maduro impulsa desde 2010 el llamado Arco Minero, una zona económica especial de unos 111.846 kilómetros cuadrados, en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, rico en oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales.

Fuente:http://globovision.com/article/impuesto-a-la-explotacion-minera-sera-establecido-por-el-presidente

Venezuela está haciendo una apuesta peligrosa. El país, devastado por la corrupción, apuesta por la minería a gran escala para salvar el día. Con la economía aún en caída libre y una tasa de inflación de 2.300 por ciento esperada este año, familias enteras están huyendo de sus comunidades en el norte urbano y emigrando a las remotas regiones mineras del sur en busca de salvación financiera, o al menos un salario digno.

Los afortunados obtendrán los beneficios de la minería, lo que algunos críticos llaman el “robo legalizado” de la extracción de recursos naturales, aunque los riesgos son extremadamente altos.

El decreto minero anunciado por el presidente Nicolás Maduro en 2016 abrió el Arco Minero de Orinoco para exploración y explotación; es una zona escarpada, en gran parte boscosa que cubre 112,000 kilómetros cuadrados, gran parte de ella parte de la Amazonía.

Según los informes, la región, ubicada al sur del río Orinoco, es rica en los minerales más buscados del mundo, pero también está plagada de conflictos, alimentada por militares, bandas armadas locales y grupos guerrilleros colombianos, todos buscando el control de un ejército estimado, pero no certificado. $ 100 mil millones en minerales ocultos.

Hasta ahora, compañías nacionales e internacionales recientemente creadas, en su mayoría sin mucha experiencia en minería, han estado haciendo fila para obtener una porción del pastel: oro, coltán, cobre, diamantes y mucho más, pero no están solos en la región: los militares también ha apostado un reclamo.

Cuando Maduro lanzó el Arco Minero el año pasado, también creó una “Zona Económica Militar” para protegerlo, dando derecho a sus fuerzas armadas a participar en todas las actividades mineras, al tiempo que aumentaba sus capacidades operativas dentro de la región minera.

Las corporaciones privadas que quieren explotar minas en Venezuela están obligadas por ley a formar empresas conjuntas con empresas estatales, muchas de las cuales se crearon recientemente. Una de las nuevas compañías es la llamada Compañía de Minería Militar Anónima, denominada CAMIMPEG.

Esta tendencia no es nada nuevo para Venezuela. Las empresas y el ejército suelen estar estrechamente vinculados, con personal militar activo o jubilado de alto rango que presta servicios en alrededor del 30 por ciento de las juntas públicas conocidas de las empresas. Fue el difunto presidente socialista Hugo Chávez quien primero otorgó una autoridad significativa sobre el ejército nacional, por lo que hoy puede operar con un alto nivel de impunidad en todo el país.

Pero eso no significa que a los lugareños les guste o confíe en los militares. En El Callao, por ejemplo, una ciudad dominada por la minería, los soldados mantienen una fuerte presencia visual, pero muchos mantienen sus rostros escondidos detrás de capuchas y bandanas.

“Se cubren la cara si [vienen] de la región ellos mismos, para no ser reconocidos. Los soldados han sido asesinados antes “, explica un propietario de una tienda de comercio de oro local.

Fuente:http://noalamina.org/latinoamerica/venezuela/item/38243-militarizacion-y-mineria-en-venezuela

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que en el año 2018 será de expansión para actividad minera por lo que firmó autorizaciones para impulsar el trabajo minero en un total de 23 comunidades del estado Bolívar.

Estas son las Comunidaes: Apanao, Bloque El Callao, Guasipati-El Callao, Sifontes Nortes, El Foco, El Triunfo, Gran Corazón de Jesús, Guaniamo, Ojalata 1, Ojalata 2, Increíble 12, Increíble 16 y 17, Increíble 4, Nuevo Callao, Nuevo Zupano, Río Carichapo, San Miguel La Ceiba, San Pollo, Guaitó y Yuruari.

A su vez, el jefe de Estado instó al ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, producir no menos de 2 millones de dólares en oro.

«El Oro se convierte en riqueza e inversión para nuestro pueblo, por eso estamos reorganizando e impulsando el motor minero. La meta es producir no menos de 2 mil millones de dólares en el año 2018».

Fuente:http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/176033/maduro–el-2018-debe-ser-el-ano-de-expansion-de-la-actividad-minera.html

Los periodistas Edgar López y Julett Pineda, autores del trabajo Arco Minero del Orinoco: crimen, corrupción y cianuro, dieron a conocer durante el Foro Guayana Sustentable, realizado por la Universidad Católica Andrés Bello de la región, que la corrupción y el daño ambiental se han acentuado con el Arco Minero.
López aseguró que en los pueblos mineros hay una mafia que controla el negocio del oro y que los militares que están en los alrededores de las zonas mineras no entran al lugar, reseñó Correo del Caroní.

Destacó que, a pesar de las promesas del gobierno, no hay garantía de una minería ecológica, pues los trabajadores continúan usando mercurio a pesar de su prohibición, lo que ha incidido en el aumento de la tasa de mortalidad.

Por su parte, Pineda hizo referencia a las 150 empresas con las que se firmarían los convenios para la exploración y explotación del Arco Minero del Orinoco, de las cuales solo se conocen 13, entre ellas Gold Reserve, trasnacional que se alió con el Estado para crear dos empresas de maletín que no tienen oficina pero que se llevan la mayor parte del Arco Minero.

Monitoreos de la NASA determinaron que 200 hectáreas de bosque se perdieron entre diciembre de 2016 y abril de 2017. La deforestación y la contaminación por uso de mercurio se ha extendido hasta el Parque Nacional Canaima, pese a que es un área de protección.