Agrupaciones civiles ecologistas se sumaron a las voces que rechazan la iniciativa del Gobierno venezolano de emprender una extensiva explotación minera en el río Orinoco, en la zona denominada el “Arco Minero”, por las consecuencias ambientales que tendría.
Como se recuerda, en febrero pasado, el Gobierno puso en marcha el “motor minero”, como parte de su estrategia para supuestamente fortalecer el aparato productivo del país y superar el modelo rentista de los ingresos petroleros, ante la caída de los precios del petróleo.
Con ese fin, mediante el decreto número 2.248 se creó la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO)”, un territorio de 117.000 kilómetros cuadrados (12% del territorio nacional), en la cuenca del río Orinoco.
Consideran que la minería no trae progresos a sus comunidades sino más bien la destrucción del medio ambiente. El coordinador de Orpia, Gregorio Miraval, señaló que Amazonas no forma parte de Venezuela al no tener representación en la Asamblea Nacional. El coordinador de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas (Orpia), Gregorio Miraval mostró preocupación por la instalación del arco minero y alertó que es “una amenaza a los pueblos indígenas”.
Despuntaba la década de los años noventa cuando los venezolanos se enteraron de la llegada de los garimpeiros al sur del país. Estos mineros artesanales provenientes de Brasil habían traspasado la amplia frontera amazónica entre ambos países atraídos por la fiebre del oro, abriendo fosas en medio de la selva para extraer el preciado metal. Estas actividades ilícitas afectaron el frágil equilibrio del ecosistema amazónico, la salud y modo de vida de las poblaciones indígenas y criollas, e incluso amenazaron el potencial hidroeléctrico del país sudamericano. En ese momento, las fuerzas armadas venezolanas contaron la llegada de estos exploradores ilegales en cerca de mil individuos, expulsando al menos a la mitad de ellos.
La lucha por la Madre Tierra, por el ecosocialismo y contra el cambio climático significa en la República Bolivariana de Venezuela:
Recogido por Alba Ciudad, en el documento final del III CONGRESO NACIONAL DE CULTURA realizado en la ciudad de Caracas del 1 al 5 de octubre de 2014, viene de un largo proceso de ejercicio democrático y de participación ciudadana. Primero se realizó desde el 22 al 28 de septiembre del mismo año asambleas en todas las 24 entidades del país para escoger los voceros y voceras para participar en Congreso, luego durante tres semanas los voceros y voceras provenientes de las distintas ciudades del país, fábricas, comunas, liceos, universidades, cuarteles y centros culturales, acompañados de activistas de los movimientos sociales del mundo, amigos de la revolución bolivariana, debatieron sobre los cinco ejes transversales de las 5 revoluciones, la económica; de las misiones socialistas;
Nicole Marcel es francesa pero habla rapidito un español muy fluido. Llegó a Venezuela hace veinte años porque la Gran Sabana la eligió. Ella trabaja en la Fundación Mujeres del Agua, una organización compuesta por un grupo de mujeres rurales, indígenas y no indígenas, que promueven su participación en pro de la defensa de los derechos socio-ambientales
Indígenas amazónicos de Venezuela han condenado al Ejército porque no combate la minería ilegal de oro y diamantes en sus tierras. Los militares fueron acusados de crear un “clima de terror, miedo y zozobra” y por inflingir “vejámenes y humillaciones” a la población indígena.
(Noticia en portugues y español)
El Parque Nacional Canaima, donde se halla el Salto Ángel –el más alto del mundo- , corre el peligro de ser mutilado y dañado por la depredación y voracidad con que actúan ilegalmente los mineros en la zona, según han denunciado grupos ambientalistas y el mismo Gobierno de Nicolás Maduro. Este entorno natural único se ubica en el Estado Bolívar, al sur de Venezuela. Fue instaurado el 12 de junio de 1962 y declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1994.