Los candidatos a la Presidencia de la República participarán el 29 de julio a partir de las 18 horas en un debate sobre la megaminería en el Paraninfo de la Universidad de la República invitados por el movimiento que está recolectando firmas para prohibir esa actividad extractiva a cielo abierto en el país. 
Los candidatos tendrán quince minutos para exponer y luego responderán preguntas de los asistentes. La actividad será moderada por los periodistas Miguel Nogueira y Walter «Serrano» Abella que respaldan la recolección de firmas.
El candidato oficialista Tabaré Vázquez se manifestó claramente a favor de la megaminería y del proyecto de la empresa Aratirí que planea extraer hierro en el este del país siempre que lo haga con «cuidado». Pablo Mieres, postulante del Partido Independiente también la apoya y destaca que es fundamental para diversificar la matriz productiva del país y para trasladar recursos a las futuras generaciones con el Fondo Intergeneracional que creó la ley de minería de gran porte.



	
	
El pasado 9 de julio con los votos del Frente Amplio y el Partido Independiente, la Cámara de Diputados declaro inconstitucional los Decretos aprobados por la Junta Departamental de Tacuarembó, que prohíbe la implementación de MEGAMINERIA METALIFERA A CIELO ABIERTO y la práctica de la técnica del fracking en la zona rural de nuestro Departamento.
	
Con los votos de la bancada frenteamplista, la Cámara de Diputados se encamina a derogar los decretos de la Junta Departamental de Tacuarembó que prohibieron la explotación minera metalífera de gran porte en su territorio y declararon reserva ambiental a toda la zona rural del departamento.
	
El fiscal Enrique Viana presentará una medida cautelar que impida que hasta tanto la Suprema Corte no se pronuncie sobre la inconstitucionalidad o no de la ley de minería, para el caso particular, no se firme el contrato con Aratirí.
	
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) aceptó dar trámite a un recurso de inconstitucionalidad presentado por el fiscal civil Enrique Viana contra la ley de minería de gran porte, que da el marco jurídico para el proyecto de extracción de hierro de la empresa Aratirí, en la localidad de Valentines, en Treinta y Tres.
	
La Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados recibió este miércoles a autoridades municipales y al grupo de ciudadanos que se oponen a los decretos de la Junta Departamental de Tacuarembó, por los que se declara prohibida la explotación minera metalífera de gran porte y se declara reserva ambiental a toda la zona rural del referido departamento.
	
Miles de personas, varias decenas de ellas a caballo, volvieron a marchar este viernes por sexto año consecutivo por el Centro contra el proyecto minero Aratirí.
	
En la noche del lunes se votó en la Junta el decreto por el cual no se podrá autorizar a ninguna empresa metalífera a desarrollar ningún tipo proyecto minero en nuestro departamento.
	
La firma de origen indio Zamin Ferrous (Aratirí) tendrá 12 meses desde el momento en que firme el contrato con el Poder Ejecutivo para extraer hierro de la zona de Valentines (Treinta y Tres) y demostrar su capacidad financiera. Primero, y antes de que se cumplan seis meses de ese acuerdo, la empresa extranjera tendrá que mostrarle al gobierno cuál es su capital propio y, a su vez, qué porcentaje de la inversión representa ese monto. Luego, en el plazo de un año, tendrá que completar la información de su espalda financiera, ya sea con préstamos o líneas de crédito. Si cumplido ese plazo Aratirí no cumple con la exigencia establecida en la ley de minería de gran porte, el contrato cae. El escenario, entonces, se abre para que se licite el derecho de explotación, o bien el Estado decida entrar al negocio. Para eso, se deberá crear una empresa o un ente.