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Uruguay

Viana presentará medida cautelar para evitar contrato con Aratirí

aratiri 3El fiscal Enrique Viana presentará una medida cautelar que impida que hasta tanto la Suprema Corte no se pronuncie sobre la inconstitucionalidad o no de la ley de minería, para el caso particular, no se firme el contrato con Aratirí.

El fiscal Enrique Viana presentará una medida cautelar «que impida que hasta tanto la Corte se pronuncie si es inconstitucional o no la ley de minería de gran porte —para el caso particular— no se firme el contrato» con la empresa Aratirí. 

En octubre de 2013 el fiscal presentó un recurso de inconstitucionalidad de la ley de minería de gran porte; recién ahora, después de ocho meses, la Suprema Corte de Justicia comenzó a estudiar si da lugar o no a ese recurso, según manifestó el representante del ministerio público en su cuenta de Twitter.

Viana informó a El País que la Suprema Corte de Justicia suele tardar alrededor de un año para expedirse en recursos de inconstitucionalidad, pero que espera que en este caso se resuelva antes y que si eso no ocurre apelará a la medida cautelar.

El fiscal entiende que la ley es inconstitucional por tres razones: «Es una ley a la medida, es una ley con nombre y apellido (Aratirí), viola el concepto de toda norma jurídica, de toda ley porque no es una norma general y abstracta. Esto viola el principio de igualdad ante la ley».

La segunda razón, según Viana, «la inconstitucionalidad radica en que la ley lo que intenta hacer es eludir la prohibición constitucional de ocasionar daños graves al medio ambiente. Nadie discute que este tipo de minería de gran porte causa daños al medio ambiente».

Y el tercer motivo de inconstitucionalidad es, según el fiscal:»Está ligado a la previsión, por primera vez en la legislación nacional, de la figura del contrato de inversión. Mediante el contrato que se está describiendo o anticipando en la ley el Estado uruguayo va a quedar condicionado en la voluntad de sus tres poderes, pero condicionado en función de la voluntad de una empresa privada, lo que es inadmisible para un Estado Republicano y para un Estado soberano».