El Comando Unitario de Lucha de Cajamarca decidió también movilizarse permanentemente en la región para frenar el avance de Conga o nuevos proyectos mineros en cabeceras de uencas.
En la reunión que sostuvieron los integrantes del Comando Unitario de Lucha de Cajamarca acordaron impulsar la realización de un referéndum en las provincias de Celendín y Bambamarca para el domingo 07 de julio con el objetivo de decidir si el proyecto minero Conga va o no.
En Cajamarca, Yanacocha quiere ejecutar una nueva explotación aurífera junto al río Grande. Pero la Autoridad Nacional del Agua le exige parámetros de limpieza ambiental que la minera se resiste a cumplir.
Una negociación controversial pero asordinada entre la minera Yanacocha y un sector del gobierno se aproxima a una decisión. La empresa pide el permiso para ejecutar dos operaciones a tajo abierto cerca del río que es la principal fuente de agua para los habitantes de la ciudad de Cajamarca.
– Toman iniciativa de dialogar con oficina norte de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
El Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FDSFNP) acordó por propia iniciativa entablar un diálogo con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) respecto al proyecto minero Río Blanco y su pretendida realización.
– Defensor del Pueblo se desmarca y no avala legalmente referéndum regional anunciado por Wilfredo Saavedra.
La Defensoría del Pueblo fijó posición legal en contra de avalar un referéndum regional sobre el proyecto minero Conga, según lo anunció Wilfredo Saavedra, presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca.
El Defensor del Pueblo Eduardo Vega Luna, aclaró que de acuerdo a nuestro ordenamiento legal los órganos competentes para realizar procesos de participación ciudadana sobre proyectos mineros son el Ministerio de Energía y Minas -en el caso de proyectos de mediana y gran minería- y los Gobiernos Regionales —en el caso de proyectos de pequeña minería y minería artesanal.
Juan Carlos Ruiz Molleda*
En momentos en que se anuncia la realización de varios procesos de consulta en simultáneo en el territorio del país, y teniendo en cuenta que las actividades extractivas generan un impacto significativo, por decir lo menos, en los territorios y en el hábitat de los pueblos indígenas, resulta absolutamente pertinente tener presente, que el Convenio 169 de la OIT y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recaídas en los Casos Saramaka vs. Suriname y Sarayacu vs Ecuador, han establecido un conjunto de reglas vinculantes (obligatorias) en materia de elaboración de Estudios de Impacto Ambiental.
Compartimos con ustedes el editorial “Cañaris: Continuación de la guerra contra el pueblo” del último número de Lucha Indígena, publicación mensual correspondiente a febrero, y que tiene como director a Hugo Blanco Galdós.
Una nueva agrupación política que tiene como una de sus banderas el respeto al derecho ganado de los pueblos indígenas acaba de formalizar su inscripción. Se trata del Partido Político Nacional Perú Libre (PPNPL) que encabeza el doctor Vladimir Cerrón Rojas, actual presidente de la región Junín.
El nuevo partido presentó más de medio millón de firmas ante el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y anunció que formará parte de las próximas elecciones nacionales con el lema “Fuerza Nacida del Pueblo”.
Las mujeres indígenas del Perú agrupadas en la organización Onamiap demandaron a las autoridades del país no ignorar sus obligaciones y en cumplimiento del estado democrático de derecho garantizar los derechos colectivos de la comunidad de Cañaris.
En un comunicado público exigen respetar su derecho a un desarrollo sostenible con identidad basado en actividades como la agricultura orgánica y la ganadería, realizadas en armonía con la naturaleza, y para las cuales es imprescindible garantizar la intangibilidad de sus bosques húmedos, ecosistemas, cuencas de agua y cultura ancestral.
– Investigación revela lo perjudicial que sería para los “intereses” del gobierno que se haga pública la información.
Conflictos como el surgido en la comunidad de Cañaris, en Lambayeque, podrían ser resueltos de hacerse pública la Base de Datos de Pueblos Indígenas que trabajó el Viceministerio de Interculturalidad. Un informe elaborado por INFOS y publicado por La República da cuenta de los intereses que se tejen en torno a la publicación de ésta y que explicarían su demora en difundirla.
Wilfredo Ardito Vega
Catedrático universitario. Activista de derechos humanos. Master en Derecho Internacional de los DH y Doctor en Derecho.
Hace unos días, la Defensoría del Pueblo envió un oficio a la Presidencia del Consejo de Ministros para recordarle un importante detalle sobre el conflicto de Cañaris: que los habitantes de esta región son indígenas y que como tales tienen derecho a ser consultados previamente sobre las actividades mineras en su territorio.