Como se recuerda, el Ministerio del Ambiente (MINAM) pre-publicó en los primeros días de abril la propuesta de nuevos Estándares de Calidad Ambiental (ECA). Finalmente y cediendo a las presiones, el 8 de junio fue publicada su aprobación en el diario oficial El Peruano, mediante D.S. 003-2017-MINAM.

Con esta norma se modifica el ECA del dióxido de azufre (SO2). En adelante el valor es de 250 µg/m3 para 24 horas. El incremento del valor concentración de este parámetro estaría orientado a favorecer al nuevo operador del Complejo Metalúrgico de La Oroya. También se incrementa el valor del PM2.5 para 24 horas, de 25 a 50 µg/m3. La norma establece como valor anual de concentración 25 µg/m3, algo que estaba pendiente de regulación.

Respecto al material particulado PM10, su valor pasa de 150 a 100 µg/m3 para 24 horas, lo que constituye una reducción del valor anterior. Su media aritmética anual se mantiene en 50. Igualmente, el ozono pasa de 120 a 100 µg/m3. Además, se incluye el ECA del mercurio gaseoso total con un valor de 2 µg/m3 para 24 horas, y se retira el ECA de los hidrocarburos totales expresado como hexano. En el dióxido de Nitrógeno, Monóxido de Carbono, Sulfuro de Hidrógeno y Plomo los valores se mantienen.

La norma deroga el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, aprobado por D.S. 074-2001-PCM que establecía ECA y los lineamientos para alcanzarlos; igualmente se deroga el D.S. 069-2003-PCM que adicionaba el valor anual de concentración de plomo, y el D.S. 003-2008-PCM que establecía nuevos parámetros de ECA aire y la modificación de otros. También quedan derogadas las disposiciones complementarias para la aplicación del ECA de dióxido de azufre, aprobadas por D.S. 006-2013-MINAM.

Como ha sido señalado, este Decreto Supremo es en realidad el corolario de una campaña sostenida que buscaba desde hace tiempo debilitar las normas de calidad ambiental y que tuvo, hay que reconocer, en el presidente Kuczynski a uno de sus principales activistas, desde el inicio de su gobierno y a través de su visita a la ciudad de La Oroya con algunos inversionistas chinos.

Habrá que ver si, como se dijo, los nuevos ECA permiten la venta del complejo de La Oroya. Lo que sí se ha ganado con esta medida es una nueva demanda de parte de Doe Run en contra del país. Lo cierto es que se le ha puesto en bandeja los argumentos para sostener la demanda por trato discriminatorio.

Nuevamente se va a tener que gastar en estudios de abogados, en el Perú y en el extranjero y quizás, es probable, que al final terminemos pagándole una millonaria indemnización a los ex dueños del complejo de La Oroya, los mismo que cuando estuvieron a cargo de la operación en La Oroya se burlaron de todo el país y en especial de los habitantes de esa localidad.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/advanced-stuff/cooperaccion-informa/732-los-nuevos-estandares-de-aire-y-una-nueva-demanda-contra-el-peru

El 5 de junio de 2009 –hace ya 8 años- el país amanecía con la noticia del violento desalojo contra los indígenas que tenían 53 días bloqueando la carretera Fernando Belaúnde en Bagua, Amazonas. Los enfrentamientos dejaron al menos 33 personas muertas y un desaparecido, entre Policías, nativos y mestizos. El «Baguazo» fue expresión de un movimiento indígena alzando la voz y pidiendo respeto, y de un sistema político que no estaba preparado para escuchar esa voz. ¿Hemos aprendido la lección?

A la luz de los hechos recientes, parece que no. El territorio amazónico sigue siendo asediado por todos los flancos, poniendo en riesgo la vida de las comunidades indígenas, así como la biodiversidad y, sin duda, el futuro del medio ambiente del cual dependemos todos y todas.

Tan solo la semana pasada, nuevamente el Gobierno peruano ha actuado en contra de la consulta previa. El Ministerio de Energía y Minas, PerúPetro y las empresas petroleras Pacific Stratus Energy y Maurel et Prom. han apelado la decisión judicial que obligaba a someter a consulta previa, libre e informada la concesión y exploración del Lote 116, en Amazonas. Argumentando formalismos, tanto el Estado como las empresas pretenden desconocer un hecho evidente: que la consulta es un derecho desde que Perú ratificó el Convenio 169 de la OIT en 1993, y que la concesión del Lote 116 no ha sido consultada. Precisamente la misma omisión que llevó al Baguazo, cuando el gobierno de García quiso imponer sin consulta un conjunto de decretos que afectaban la Amazonía para «adecuar» nuestra legislación al TLC con EEUU.

En la misma región, los pueblos awajun y wampis siguen enfrentando la presencia de otra empresa que opera sin consulta y pasando por encima las normas vigentes: la minera Afrodita, instalada en la megadiversa Cordillera del Cóndor. Pese a no contar con autorizaciones legales para ocupar el territorio indígena, la empresa aún no cumple con retirarse, atizando un conflicto que ya estaba activo en tiempos del Baguazo y que fue una de las razones que estuvieron detrás de la protesta de entonces.

A las amenazas extractivas hay que sumar la construcción de carreteras sin consulta, que incentivan la llegada de actividades ilegales de difícil control, como la tala y la minería ilegal. No ha bastado con el ejemplo de la sobrevalorada y corrupta carretera interoceánica sur, tras la cual la minería ilegal creció exponencialmente devastando la selva de Madre de Dios. Sin ir más lejos, muy recientemente el propio Congreso ha aprobado una Ley que declara de interés nacional la «conectividad» de la provincia de Purús, en Ucayali, respondiendo a una vieja iniciativa del congresista fujimorista Carlos Tubino para construir una carretera. Si bien la Ley se refiere a la «intermodalidad», no excluye la carretera, que podría conectar fácilmente a los mineros ilegales de Madre de Dios con la Reserva Comunal de Purús, una zona de gran biodiversidad.

Y ya que hablamos del Congreso, agreguemos que esta peligrosa Ley debería haber sido consultada a los pueblos indígenas, pero el proyecto para regular la consulta previa legislativa aún no avanza. Recordemos que el Convenio 169 obliga a consultar toda medida que pueda afectar a los pueblos indígenas, pero la Ley de Consulta sólo se refiere a los actos administrativos del Poder Ejecutivo. Es urgente que también el Congreso se sepa obligado a escuchar y dialogar con los pueblos indígenas buscando el consentimiento y el respeto a sus prioridades de desarrollo.

En Ucayali también es de gran preocupación la incontrolable tala ilegal. Hace tres años fue asesinado Edwin Chota junto con otros tres líderes indígenas de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, quienes denunciaban el ingreso de madereros ilegales. Recordemos que una investigación destapó que hasta el 90% de la madera exportada por Perú a EEUU tendría origen ilegal. Pese a este escándalo, hace muy poco el propio MINCETUR avaló el envío a ese país de un cargamento de madera ilegal incautada en Iquitos y valorizado en más de S/1.6 millones. La lucha contra esta actividad que también devasta el territorio amazónico sigue arrastrando los pies.

Pero la problemática de los pueblos indígenas también ha llegado a la propia Lima, cuyas autoridades también han mostrado indolencia y falta de capacidad para escucharlos. Hoy, que está en cuestión la calidad de la obra del «by-pass» impuesto por la Municipalidad de Lima en la avenida 28 de Julio, no podemos olvidar que el mismo fue realizado sacrificando el proyecto de vivienda que iba a beneficiar a la comunidad shipiba de Cantagallo.

Pese a todas estas amenazas –e incluso a costa de su propia vida y de la criminalización y judicialización que enfrentan- los pueblos indígenas siguen organizándose con tenacidad. Comunidad por comunidad, cuenca por cuenca, región por región, siguen luchando por garantizar un futuro sostenible para sus pueblos, para sus hijos e hijas, y –por qué no decirlo- para la humanidad toda, que depende de la protección de la Amazonía para enfrentar el cambio climático.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/729-a-8-anos-del-baguazo

La Defensoría del Pueblo hace un registro mes a mes de los conflictos sociales, activos y latentes, que suceden en el país. Así, a partir de sus reportes mensuales se puede hacer un seguimiento permanente de los niveles de conflictividad, tanto a nivel nacional como de las regiones.

Haciendo un recuento de los últimos años, se observa picos de conflictividad social en el 2009 con 272 conflictos y en el 2012 con 245 conflictos. Luego, a partir del 2014 hasta marzo del 2017, los conflictos se mantuvieron sin mucha variación, alrededor de los 210 casos por mes en promedio. Sin embargo, en abril del 2017 se reportó una caída de 18 conflictos en un solo mes y en mayo nuevamente ha habido 7 conflictos menos: es decir, 25 menos en dos meses.

Esta caída atípica en relación a los años previos puede explicarse por varios factores. Una primera razón es la propia evolución de la conflictividad, reflejada a su vez en indicadores cualitativos y cuantitativos: por ejemplo, desde finales del año pasado algunos indicadores de intensidad, como el número de heridos por conflictos o protestas colectivas, habían mostrado una tendencia a la baja. No obstante, en el pasado una menor intensidad en los conflictos no necesariamente desencadenó en un menor número de conflictos.

Otro elemento que puede explicar esta tendencia a la baja en el número de conflictos es la emergencia declarada por «El Niño Costero» que sin discusión marcó la agenda nacional de los primeros meses del año: la movilización en los territorios afectados por el evento climático extremo y también en los menos afectados, ha sido -sobre todo- para hacer frente a la emergencia y no ha habido espacio para otro tipo de demanda.

También hay que considerar como otro factor la tendencia a la baja de la inversión minera como consecuencia de variables internacionales, especialmente, los menores precios de los metales y el poco respaldo financiero internacional para llevar adelante nuevos emprendimientos. Lo cierto es que las estrategias de las propias empresas mineras apuntan a procesos de maduración de sus inversiones a ritmos mucho más lentos que en el pasado.

Sin embargo, existe otra posible explicación de este cambio de tendencia: un posible ajuste metodológico en los propios informes de la Defensoría. ¿Qué podría estar pasando? Si se observa el cuadro siguiente, llama la atención que sólo en abril se hayan retirado 21 casos del registro de conflictos de la Defensoría cuando en los quince meses anteriores se había retirado entre 6 a 0 casos por mes. Igualmente, en abril y marzo del 2017, pasaron de conflictos activos a conflictos latentes, 15 y 10 casos, respectivamente, cuando en los últimos quince meses sólo se había pasado como latentes hasta un máximo de 6 casos por mes. Cabe señalar que metodológicamente, la Defensoría pasa a retirar un caso de conflicto de su registro cuando éste ha sido resuelto o cuando un conflicto categorizado como latente permanece varios meses sin reportar hechos.

Sería importante que la Defensoría aclare si se ha hecho ajustes en la metodología y haga públicos los criterios de la misma. De hecho, bajo la secuencia explicada en el párrafo anterior, posiblemente en los próximos meses haya nuevas disminuciones en el registro de conflictos. También es importante saber qué sucede con los conflictos que son retirados, ya que de acuerdo a los reportes de la Defensoría, el retiro del registro no significa que el conflicto haya sido resuelto, sino que éste no ha presentado hechos durante largo tiempo. Tampoco se sabe si la Defensoría tiene los recursos suficientes para monitorear los conflictos una vez retirados.

Finalmente, cuidado con los mensajes triunfalistas que se puedan estar preparando desde algunas instancias del Ejecutivo, sobre todo desde el viceministerio de Gobernanza Territorial, que -no hay que olvidar- fue creado recién en marzo de este año. Como muestran las estadísticas, la caída en el número de conflictos (35 menos) se inicia en el mes de febrero, antes de la creación del mencionado viceministerio y ha continuado en los meses siguientes. Habrá que observar qué pasa de aquí en adelante.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/731-esta-disminuyendo-el-numero-de-conflictos-sociales-en-el-pais-algunos-datos-para-el-debate

(07/06/2017) El Tribunal Constitucional resolvió por mayoría declarar fundada la demanda de amparo por la cual Minera Yanacocha solicitaba dejar sin efecto una ordenanza de la Municipalidad Provincial de San Pablo (Cajamarca) que creaba el Área de Protección Ambiental Municipal en el complejo hidrológico conocido como “Alto Perú”.
Las Lagunas de Alto Perú son un área de 2960 hectáreas que alberga 284 lagunas y 456 manatianles. Sus aguas alimentan tres cuencas hidrográficas: la del río Llaucano, que irriga Hualgayoc y Chota; la de los ríos Chilete y Jequetepeque, que llegan a la costa; y la del río Maschon, que alimenta a la propia Cajamarca.
Por su importancia hídrica, ecológica y también turística, la Municipalidad Provincial de San Pablo creó en 2007 un Área de Protección Ambiental Municipal. Sin embargo, la empresa minera Yanacocha –que es propietaria de una parte de la superficie de la zona- interpuso esta demanda alegando que se afectaba “la libertad de empresa, de industria, de trabajo y propiedad privada”. La demanda fue declarada improcedente hasta en cuatro instancias en el Poder Judicial (el 2007, el 2008, el 2014 y el 2015). Sin embargo, la empresa apeló hasta llegar al Tribunal Constitucional, que con esta sentencia contradice todo lo actuado por el sistema de justicia y deja en la desprotección legal a este importante complejo hidrológico.
Yanacocha alega que no existen planes para desarrollar algún proyecto minero de exploración o explotación, y que no ha gestionado permiso alguno para realizar actividad minera en la zona. Entonces ¿por qué ha invertido en diez años de procesos judiciales para lograr la desprotección legal de Alto Perú?

Las organizaciones sociales de Cajamarca ya se encuentran en alerta frente a esta amenaza. “La población cajamarquina deberá cerrar filas en defensa de las Lagunas de Alto Perú, para que este espacio de recarga hídrica se conserve de manera natural”, ha declarado el líder rondero Ydelso Hernández. La sentencia “es una provocación a todos los pueblos de la región y el país”, afirmó el dirigente ambientalista Edilberto Barrantes Terán, agregando que lo más grave es que los magistrados no mencionaron que dicho terreno, supuestamente privado, está lleno de lagunas y que estas son bienes públicos. “Se le está regalando a Yanacocha estas lagunas sólo por el hecho de que se encuentran en su territorio”, afirmó.
Por su parte el gobernador regional de Cajamarca, Porfirio Medina, calificó la decisión como “una barbaridad”. “Para nosotros está completamente claro que este espacio natural se tiene que seguir conservando tal como está. Está claro que aquí pesa más el poder económico que el interés social”, denunció la autoridad regional.
En tanto la municipalidad provincial de San Pablo anunció que presentará un recurso para continuar con la defensa de los recursos hídricos de la zona. El alcalde Leonardo Cabanillas informó que se encuentra en Lima coordinando con un equipo de abogados y preparando el recurso legal con el que continuarán la defensa de las lagunas de Alto Perú.

Fuente:http://www.conflictosmineros.org.pe/node/328

Por primera vez el Congreso de la República reúne a líderes y lideresas ambientales de todo el Perú para rendir homenaje a sus luchas por defender sus territorios y el medio ambiente que sustenta sus vidas. Y las vidas de todos y todas en el país.

Entre los líderes y lideresas homenajeados, se encuentran:

Máxima Acuña Atalaya, Premio Goldman 2016. Cajamarca.

Ruth Buendía Mestoquiari, Premio Goldman 2014. Satipo, Junín.

• Carlos Sandi, presidente de FECONACO.
• Aurelio Chino, presidente de FEDIQUEP.
• Alfonso López, presidente de ACODECOSPAT.
• José Manuyama Ahuite, presidente del Comité del Agua de Loreto.
• Melchora Surco, presidenta de ADEPAMI, Provincia de Espinar, Cusco.
• Virginia Pinares, presidenta del Comité de Lucha que agrupa a todas las comunidades de la provincia Cotabambas, Apurímac.
• Juana Payaba Cachique, de la Comunidad Nativa Tres Islas de Madre de Díos.
• Victor Zambrano, presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata, Madre de Dios.
• Mirtha Vásquez, abogada defensora de innumerables líderes ambientales

Las luchas presentes por la defensa del medio ambiente, de la tierra, el aire y el agua, son varias y se replican por todo el Perú. Desde las comunidades ashánikas del río Ene en Satipo, que enfrentaron los proyectos de represamiento del río; la comunidad de Chaparrí, en la costa norte, en defensa del bosque seco; las defensoras de la salud y el aire de La Oroya; hasta las defensoras del ambiente frente a los megaproyectos mineros; nuestras comunidades andinas, costeras y amazónicas luchan frente a una política nacional y mundial que presiona cada vez más sus territorios, en búsqueda de beneficios económicos a corto plazo.

Durante el homenaje, las lideresas y líderes denunciaron que los años de crecimiento económico han significado la invasión de sus territorios y el impacto de cada vez más empresas que buscan explotar sus recursos. Frente a la indiferencia y complicidad del Estado, los líderes y lideresas se encuentran indefensos, perseguidos y criminalizados.

Reunidos en el Congreso, los defensores y defensoras del ambiente reafirmaron su compromiso de seguir luchando por defender el territorio, el agua, el suelo, la tierra y la vida.

«Nosotros todos vivimos del agua, del aire, de la naturaleza. Sea rico o sea pobre, todos vivimos del agua», remarcó la líder apurimeña Virginia Pinares. «Hoy estamos viendo que el cambio climático está afectando al mundo entero y posteriormente no va a haber agua. ¿Comeremos cemento? ¿Comeremos fierro?», se preguntó. «Nosotros somos defensores del medio ambiente, que no nos vean como enemigos», pidió a las autoridades.

«¿Saben qué es lealtad? La lealtad es el compromiso. El compromiso con el territorio que no se negocia», dijo por su parte la líder asháninka Ruth Buendía. «Como el cuerpo mismo, el territorio es nuestro: donde vivimos, donde nos alegramos. Tenemos que cuidarlo. Vamos a defenderlo con nuestra vida, con nuestra sangre», aseguró.

Este reconocimiento oficial se produce en un contexto en el que los defensores del ambiente no solo son perseguidos y criminalizados, sino que llegan en muchos casos a sufrir atentados contra su vida. Desde el caso de Godofredo García, ingeniero que defendía el valle agrícola de Tambogrande ante un proyecto minero, hasta Edwin Chota, quien defendía la selva de Ucayali de la tala ilegal, son decenas los ambientalistas que han sido asesinados en circunstancias que, en la mayoría de casos, no han sido esclarecidas oportunamente por la justicia. Recordemos que la organización internacional Global Witness, basada en Londres, realizó un informe que señalaba que «entre 2002 y 2014 al menos 57 activistas medioambientales fueron asesinados en Perú», lo que convierte a nuestro país en el cuarto más peligroso del mundo para los defensores ambientales.

El homenaje fue organizado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afrodescendientes, Ambiente y Ecología, presidido por la congresista María Elena Foronda.

07 de junio de 2017

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/advanced-stuff/cooperaccion-informa/730-justo-reconocimiento-a-defensores-y-defensoras-del-ambiente

CIDH expresa preocupación por la modificación constitucional que permite criminalizar a defensores/as de derechos humanos en el Perú.

Buenos Aires, 25 de mayo de 2017.- FEDEPAZ participó a la audiencia pública convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre “Derecho a la verdad, justicia y reparación en el Perú”. El evento transcurrió de 9 a 10 a.m. en el Salón A del Sheraton Hotel de Buenos Aires (Argentina), en el marco de su 162º Período Extraordinario de Sesiones.

El Estado Peruano estuvo representado, entre otros, por el ProcuradorPúblico Adjunto Supranacional, Iván Bazán Chacón. La delegación de la sociedad civil estuvo integrada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), DEMUS – Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Instituto de Defensa Legal (IDL) y Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ).

El representante y director de FEDEPAZ, David Velazco Rondón, denunció que se está generando una situación de impunidad sobre gran parte de las investigaciones y proceso judiciales, sobre casos suscitados durante el conflicto armado interno que vivió el Perú entre los años 1980 y 2000.

Igualmente, precisó que esta situación de impunidad se está trasladando, como un mismo patrón, a los procesos penales generados alrededor de la problemática de los conflictos socioambientales, expresada en la criminalización de la protesta social en Perú.

En cuanto al tema de la criminalización de la protesta social se trató cuestiones fundamentales como la instrumentalización del derecho constitucional y del derecho penal, para perseguir a los dirigentes de las protestas que defienden sus derechos fundamentales, ampliándose por parte del Estado, supuestos de detención preliminar policial de 1 día a 15 días y la inexistencia de justicia y reparaciones para las víctimas de la criminalización de la protesta social.

Velazco inició su intervención explicando que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Defensa, deniega injustificadamente la información sobre la identidad de los efectivos militares investigados por graves violaciones a los derechos humanos, lo cual supone la dilación innecesaria de las investigaciones fiscales o judiciales. Asimismo, indicó que el Estado Peruano ha gastado más de 150 mil dólares en la defensa legal privada de presuntos perpetradores de violaciones de derechos humanos, tanto en el contexto del conflicto armado interno como en el de la actual protesta social.

Mientras tanto, las víctimas se encontraban en total desamparo en cuanto a la defensa legal. Sólo desde el 2014 se nombraron tres abogados de la defensa pública para los casos de víctimas en Ayacucho, Apurímac y Huánuco. Sin embargo, desde septiembre de 2016, dicha defensa ha reducido su atención por no recibir los recursos necesarios.

En cuanto a los conflictos sociales de hoy, el representante de FEDEPAZ expresó su gran preocupación porque mediante la modificación del artículo 2º inciso 24 apartado f de la Constitución Política del Perú, se ha incorporado el supuesto de organización criminal a los casos en que la policía puede disponer prisión preliminar de hasta por 15 días.

Esto resulta una grave amenaza para los defensores de derechos humanos y todos los que participan en la defensa de sus derechos fundamentales, ejerciendo su legítimo derecho a la protesta social, porque se les denuncia e investiga por asociación ilícita para delinquir (una modalidad de la organización criminal); y como tal son susceptibles de ser detenidos hasta por 15 días, sin cargos concretos y sin intervención del fiscal ni del juez.

Al respecto, los integrantes de la CIDH expresaron su preocupación por la situación de la modificación constitucional que expone a los defensores de derechos humanos a la criminalización y a la detención sin cargos concretos hasta por 15 días; porque son las propias víctimas las que solicitan la defensa legal estatal y no es el Estado quien se la ofrece; y por la falta de perspectiva de género en el Ministerio Público y Poder Judicial cuando se investiga y procesa a los perpetradores de violaciones a los derechos humanos.

Finalmente, solicitaron al Estado peruano y a la delegación de la sociedad civil, conformada por FEDEPAZ, CNDDHH, IDL, APRODEH y DEMUS, a seguir informando a la CIDH sobre la evolución de la problemática expuesta.

Con el ruego de su difusión.

Lima, 25 de mayo de 2017.

Fuente:http://fedepaz.org/index.php?option=com_content&view=article&id=315:cidh-fedepaz-peru-reparacion-justicia-criminalizacion&catid=29&Itemid=146

El dieciséis de enero del 2011, campesinos de las comunidades campesinas de Huallacancha, Tarushcancha y Ninacocha, en el distrito de San Marcos, provincia de Huari, en Áncash, hartos de los abusos y de las promesas incumplidas por parte de la empresa minera Antamina, que explota uno de los yacimientos de cobre más grande del mundo, decidieron bloquear la carretera de Conococha para impedir que sigan pasando los camiones de la empresa.

“Antes de enero del 2011, nosotros tuvimos una reunión en el distrito de San Marcos. Y Antamina no nos quiso recibir, porque éramos más de treinta comuneros y no tenían espacio. A raíz de eso, fuimos a nuestra zona para poder pararnos y decir que acá no pasan sus carros, era la única forma de que ellos nos escuchen. Llegaron Diroes, un montón de policías. No hubo enfrentamiento, simplemente nosotros éramos cantidad, seiscientas personas. Ahí le planteamos, yo fui el secretario en ese entonces y plasmamos en el acta que no nos vamos mientras no venga un representante de alto cargo. El señor Obando y la señorita Lesly llegaron ahí a la comunidad y nosotros les manifestamos si ellos podían hacer acta de compromiso con la comunidad y ellos nos dijeron que no. Pedimos la presencia de alguien que pudiera decidir. Les dijimos que, ustedes van a estar acá, nadie les ha faltado el respeto, nadie les ha pegado, normal han estado ahí. Al día siguiente llegó Pablo De la Flor, de la mina, hicimos el acta, los compromisos. Esta persecución, este secuestro, no sé de dónde lo sacan, es indignante. A los tres días, llegamos a enterarnos que los habían denunciado. La sentencia salió en el 2012. Estuvimos apelando. Mi papá ya está como tres semanas adentro. Él estaba en Huaraz, le han hecho seguimiento y lo han capturado en la calle. A mi tío le llegó la orden a su casa y el abogado de oficio nos comunicó de su orden de captura. Él ha tenido que esconderse porque también tiene niños que mantener” relata Alejandro Vargas Cadillo, campesino de Huallacancha.

El cinco de abril último, mientras se cumplían veinticinco años del autogolpe de Fujimori, el mismo gobierno que privatizó Centromín y llevó a Antamina a la vida de los comuneros de San Marcos, la Sala Mixta Descentralizada de Huari sentenció a veinticuatro años de cárcel a los comuneros Narciso Espinoza Amado y Melitón Cadillo Arce, por los delitos de secuestro y entorpecimiento del transporte público. Narciso ya está en el penal de Huari. Melitón, nadie lo sabe.

Según consta en la misma sentencia, aquel día del bloqueo, se apersonó Lesly Chojeda, representante de la minera, acompañada de Mario Obando, trabajador de seguridad, además de un contingente policial. Se quedaron a dormir con los campesinos hasta la mañana siguiente, cuando llegó Pablo De La Flor. En el testimonio de ella figura que si bien las señoras de la comunidad le dijeron que no se iba a ir de ahí mientras no llegue el otro representante, siempre estuvo en compañía de los uniformados y que nunca fue maltratada, así como que se pudo retirar por la mañana por decisión propia. Por otro lado, Mario Obando testificó que, si aunque tuvo algunos intercambios verbales con los comuneros, decidió quedarse porque era su deber velar por la seguridad de Lesly. Sin embargo, en el mismo documento se concluye que sí se cometió delito de secuestro en perjuicio solamente de ella.

Un tercer testimonio aparece, otro encargado de seguridad, Miguel Sandoval, que dice que Lesly fue arrinconada por las mujeres cuando quiso subirse al bus de la compañía. La sentencia alude al informe policial del comandante a cargo, que se limitó a corroborar que los imputados sí bloquearon la carretera sin mencionar el secuestro.

Todo un confuso incidente. Lesly ya no trabaja para Antamina, a la actualidad. Quien tampoco trabaja para la minera es Pablo De La Flor, en aquel entonces gerente de relaciones comunitarias de esa empresa, y hace unas pocas semanas, nombrado por el presidente Kuczynski como director de la Autoridad para la Reconstrucción, luego de los huaicos que han azotado el país. Al segundo día del bloqueo, De La Flor llegó al lugar y firmó un Acta de Compromiso con Melitón y Narciso, presidentes de las comunidades de Huallacancha y Tarushcancha, respectivamente. En el papel, hecho mano, se acordó la construcción de puentes, la remediación de la contaminación medioambiental y preservación de la biodiversidad, indemnizaciones por los daños, becas estudiantiles para los jóvenes hijos de los campesinos, transporte público, cuotas de puestos laborales en la empresa, antenas telefónicas y una serie de beneficios más para los campesinos. A la fecha, los comuneros siguen esperando que se cumplan.

Lo que sí ha pasado desde ese entonces es que matones merodean las comunidades, ubicadas en las alturas donde difícilmente llega la Policía. En noviembre del 2014, Rubén Romero, otro líder campesino, caminaba hacia su casa cuando alrededor de las ocho de la noche, un grupo de desconocidos lo atacaron con palos y piedras, dejándolo inconsciente. Ahora, le falta un ojo, producto de la golpiza. Afirma que fueron enviados por la minera.

Justicia postergada

“La mina entró al lugar abriendo carreteras sin permiso. Después nosotros reclamamos, hicimos convenios. Pero nunca han cumplido, han pasado quince años, nos prometieron hacer proyectos de apoyo social. Nos ha contaminado el ambiente, nos afecta kilómetros de espacios, por los mineroductos, las carreteras. Los convenios prometían independizarnos de la zona afectada, de la contaminación. Camiones todos los días transportan combustible, entonces se derrama aceite, petróleo, eso contamina. Prometieron que iba a mejorar, a cuidar los derrames Se ha contaminado el agua, se mueren los animales” cuenta Jaime Cadillo, también campesino y ganadero.

“Nosotros hemos denunciado hace mucho tiempo el tema del mineroducto, porque ya cumplió hace tiempo su vida útil y no olvidemos que hace tres años reventó. Se dijo que el Estado estaba haciendo una sanción administrativa, pero no se ha hecho efectivo. Nos preocupa que este proyecto tan grande viene contaminando las aguas que sirven para consumo humano. Pero la OEFA ahora no tiene ese carácter sancionador. Con esta Ley 30230, entonces está pasando desapercibida. Hay muchos conflictos sociales con comunidades campesinas que están alrededor de la mina, tanto por incumplimiento de responsabilidad social como por contaminación ambiental” enfatiza Carlos Milla, presidente de la Federación Agraria

Departamental de Áncash.

El caso de Melitón y Narciso ahora será revisado por la Corte Suprema. Víctor Álvarez, el abogado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que está llevando la defensa de ambos, indica que es imposible que se perpetre un secuestro por parte de los campesinos si la Policía en todo momento estuvo presente.

Carlos Milla continúa despotricando contra la administración de justicia en su región: “En Áncash tenemos conflictos sobre derrame de minerales, contaminación de agua, sobre derrame de petróleo, sobre procesamientos de minerales. Sin embargo los fiscales de Huari nunca han formalizado una investigación. En el caso de una cantera que es para extraer agregados, ahí si la Fiscalía hizo una investigación preparatoria porque había pasado los límites máximos permisibles. Yo no sé cómo el polvo de estos materiales puede pasar los límites permisibles frente a un material tóxico. La Fiscalía de Huari nunca ha formalizado una denuncia, peor aún va a haber una sentencia o un juicio. El doctor Fernando González Huamán, que fue fiscal provincial de Huari, me dijo una vez, sigue denunciando, que seguiré archivando”.

Fuente: http://la-plaza.net/laplaza/campesinos-san-marcos-luchan-minera-antamina-perseguidos/

El paro indefinido contra la expansión minera en la provincia de Hualgayoc continúa desde el pasado 25 de mayo. Los organizadores de la paralización anuncian que irán hasta que el Gobierno central llegue a la zona y se comprometa a detener la voracidad destructiva de la minera Tantahuatay, en la cabecera de cuenca. El presidente de la Central Única Provincial de Rondas Campesinas de Hualgayoc, Elías Gálvez, indicó que la resistencia campesina sin bloqueo de carreteras está dando resultados y gente organizada está vigilando la laguna Aurora, ubicada cerca al proyecto minero Tantahuatay. Precisó que los pobladores permanecen día y noche en la zona y han acordado no moverse del lugar hasta que la mina se retire y el Gobierno nacional llegue a la zona.

Fuente: La República

Hoy comienza el paro indefinido contra la expansión minera que se vendría dando en la provincia de Hualgayoc. Las fuerzas vivas de la provincia anunciaron hace varias semanas que hoy iniciarían el paro contra lo que consideran una evidente expansión de la minería en esa provincia.

Días atrás grupos de la sociedad civil, rondas campesinas y autoridades del distrito de Bambamarca, capital de la provincia de Hualgayoc, inspeccionaron varias lagunas ubicadas en la cabecera de cuenca situadas en el ámbito de los distritos de Hualgayoc y Chugur en donde encontraron pruebas contundentes de la afectación que se viene dando en el lugar debido a las exploraciones y labores de Minera Coimolache.

Voceros del paro indefinido que inicia hoy, denunciaron que Minera Coimolache habría tratado de boicotear el paro con prebendas y puestos de trabajo como sucedió en el distrito de Hualgayoc, en donde el mismo alcalde asumió una posición divergente pese a que el pueblo no tiene servicios elementales como el agua potable por ejemplo.

HABLAN LOS LÍDERES

Edy Benavides, alcalde de Bambamarca, deslindó claramente que no era el promotor del paro contra la expansión minera, sino que explicó, que se trataba de una decisión de carácter social que incluía a varias comunidades que han sido afectadas por la falta del recurso hídrico y la contaminación, debido principalmente a las labores de Minera Coimolache.

Ismael Julón López, presidente del Frente de Defensa de Bambamarca explicó que luego de una evaluación en el lugar de los hechos y de varias reuniones con grupos sociales y comunidades de la provincia de Hualgayoc decidieron acatar el paro debido a la intransigencia de funcionarios mineros de Coimolache.

“Pese a que la OEFA ordenó remediar el río Las Gradas a la Minera Coimolache – Tantahuatay, esta nunca cumplió en una clara transgresión a las leyes peruanas y a la vida de las personas que viven en las comunidades aledañas al proyecto” dijo Julón López.

“Están en peligro las lagunas Gemelas, Aurora, Campos y los ríos Tacamache y las Gradas y aguas subterráneas”, precisó, indicando que el paro terminará cuando sus voces hayan sido escuchadas por el gobierno central y se respeten los derechos de la población del perímetro donde opera Minera Coimolache.

ALGO MÁS

El  18 de mayo se realizó una inspección ocular de las lagunas Gemelas, Aurora y Campos que están en el entorno del megaproyecto minero Coimolache – Tantahuatay.

En el lugar evidenciaron  movimientos de tierras e instalación de pozas de sedimentación que están cerca de las fuentes de agua. Estuvieron presentes en esa ocación representantes del ANA, RENAMA, Municipalidad distrital de Chugur, Municipalidad provincial de Hualgayoc-Bambamarca, quienes firmaron la  actas.

El alcalde provincial de Hualgayoc-Bambamarca. Edy Benavides Ruiz también participó la inspección ocular a invitación de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Fuente:https://panoramacajamarquino.com/index.php/2017/05/25/hoy-empieza-paro-indefinido-contra-expansion-minera/

Representantes de la minera Cori Puno desairaron a pobladores del distrito puneño de Quiaca con quienes la tarde de este miércoles se tenía pactada una mesa de diálogo por sus actividades extractivas, impacto medioambiental y responsabilidad social.

La cita estaba programada en un céntrico hotel de la ciudad de Juliaca, donde llegaron el alcalde distrital de Quiaca, Víctor Ugarte; Edmundo Cáceres, representante del Ministerio de Energía y Minas (MEM), autoridades comunales y dirigentes.

El burgomaestre informó que esta empresa minera de capitales mayormente chilenos opera hace 15 años en la comunidad de Untuca, inicialmente a través del Consorcio Horizonte, luego Cartagena. “Cada dos años cambia de nombre y ahora de llama Cori Puno”, explicó Ugarte.

«La minera explota mineral aurífero a tajo abierto y lo más preocupante es que opera en la cuenca del río Quiaca, donde incluso tendría su planta relavera y de procesamiento de oro; sin embargo, no hay remediación, reforestación, ni responsabilidad social», reclamó.

Manifestó que al inicio de su gestión edil en el 2015, la empresa figuraba como un proyecto de pequeña minería, pero haciendo las evaluaciones con la Dirección de Energía y Minas (MEM) fue recategorizada a mediana minería, pero consideran que debería estar en un rubro mayor.

Para esta mesa de diálogo tenían previsto alcanzar una propuesta de convenio marco en el que están enmarcados algunos proyectos de desarrollo en ganadería, frutales y otros que ascienden en conjunto a los 18 millones de soles.