Mexico

En Zacatecas, conflictos por minería

En la mayor parte del territorio concesionado por el gobierno federal para actividades extractivas –equivalente a un millón 803 mil hectáreas– hay conflictos sociales entre las mineras nacionales y extranjeras con los habitantes de las comunidades rurales, señalaron el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas y la Red Mexicana de Afectados por la Minería.

Ambas dieron a conocer un estudio en el que contrastaron el volumen de la riqueza que producen las mineras en la entidad, frente a la miseria que persiste en decenas de comunidades rurales, que tenían la esperanza de acceder al progreso y desarrollo cuando se instalaron en sus tierras los emporios mineros.

Dijeron que en Mazapil se asienta la mina de oro a cielo abierto Peñasquito, de la canadiense Goldcorp; y Minera Tayahua de Grupo Frisco, propiedad de Carlos Slim Helú, donde el año pasado se produjeron unas 900 mil onzas anuales, equivalentes a mil 80 millones de dólares.

Sin embargo, Mazapil es el cuarto ayuntamiento de Zacatecas con más pobreza extrema. Hay más territorios que padecen despojo: Concepción del Oro y Chalchihuites, La Colorada, San José de Buenavista, Ojocaliente, Luis Moya y Noria de Ángeles, advirtieron.

También enfrentan conflictos con empresas mineras Melchor Ocampo, El Salvador, Vetagrande, Sombrerete, Fresnillo, y el municipio de la capital de Zacatecas, éste último registra 80 por ciento del total de su territorio concesionado.

Precisaron que en esta entidad, en dos décadas, el gobierno federal otorgó 2 mil 296 títulos de concesiones mineras, territorios que las compañías de esos permisos mantienen como áreas prospectivas y de reserva donde realizan actividades de exploración y explotación.

Indicaron que en el estado hay 206 proyectos de exploración de los que 145 son de capital mexicano, entre ellos 34 de Grupo Peñoles y Fresnillo PLC, ambas filiales del empresario Alberto Bailleres; 12 de Grupo Frisco, propiedad de Carlos Slim Helú, y 11 de Grupo México, de Germán Larrea Mota Velazco.

Informaron que 42 proyectos son de empresas canadienses, entre ellos, ocho de Pan American Silver; cuatro de Teck Cominco, tres de Mag Silver Corp, dos de Goldcorp, y dos de First Majestic.

Diez proyectos más corresponden a capital estadounidense, todas de la Golden Minerals Company y seis a compañías británicas, entre ellos dos de Río Tinto y dos de Arian Silver Corporation. Quince minas operan a cielo abierto, y tres están por iniciar operaciones bajo el mismo método. De todas resalta Peñasquito de la canadiense Goldcorp, que en Mazapil explota la mina de oro más grande de México, y es una de las tres más grandes productoras de plata del país, junto con Saucito y Fresnillo PLC, de Bailleres.

Por el volumen de producción minera, el Inegi reportó que Zacatecas es primer lugar nacional en producción de plata, plomo y zinc; el segundo en cobre, y el tercero en oro. Las mineras y el gobierno no informan que Zacatecas ocupa los primeros lugares en uso de químicos para los procesos de extracción que contaminan suelos, aire y las cuencas hidrológicas, puntualizaron en el estudio.

Fuente:http://www.jornada.com.mx/2018/07/15/estados/023n1est

Mexico

La minería y el cambio climático

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU (IPCC por sus siglas en inglés) proyecta que las zonas que serán y que están siendo más afectadas por los cambios en el clima son aquellas donde se han ido perdiendo zonas prístinas para darle paso a megaproyectos extractivos que pueden ser desde el turismo de sol y playa, la pesca industrial, las presas y la minería siendo esta última una de las actividades extractivas más peligrosas dentro de la crisis climática, pues una vez que se instala un proyecto minero en un nicho ecológico su razón de ser es la destrucción de la naturaleza para extraer el producto. Una destrucción que no deja probabilidades para la restauración y/o la reparación ecológica.

Dentro de las proyecciones del IPCC para México, se dice que el norte del país por sus condiciones ambientales naturales sumado a la fuerte presencia de la agro-industria y la minería será la región más afectada en el país donde Sonora en lo particular es el Estado más vulnerable. Los cálculos de los especialistas hablan de que para el 2025 el Estado perderá más del 45 por ciento de sus zonas naturales para darle paso a una desertificación inducida donde las dinámicas poblaciones ya de por si vulnerables de un ecosistema desértico como el que tenemos en la mayor parte del estado entrará en riesgo de desaparecer.

Aquí debemos de aclarar que no significa lo mismo ecosistema desértico que desertificación. El primero se refiere a un ecosistema natural con sus propias dinámicas poblacionales, con cierto equilibrio que mantiene un control ante la biodiversidad nativa y las relaciones con los otros ecosistemas cercanos como son, en el caso de Sonora, los ecosistemas de corredor que nacen en las cuencas hasta llegar a los deltas que se encuentran dentro del desierto. Cuando hablamos de desertificación estamos hablando de una condición de riesgo donde las actividades humanas ponen en peligro ecosistemas (desierto y vegetación de corredor) y con ellos se pone en riesgo también la vida humana, es decir, las comunidades que viven en estas regiones.

Y si se proyecta la pérdida de más del 45 por ciento de las zonas naturales entonces el agua también se pone en riesgo por lo que los especialistas proyectan que para el 2030, Sonora tendrá un 60 por ciento menos de agua disponible de la que tenía hace 30 años. Un riesgo siempre asociado a los procesos de desertificación, y donde la industria minera contribuye considerablemente pues al ser una industria que destroza montañas para extraer minerales lo que está haciendo en realidad es matar las zonas donde nacen los ríos, las cuencas, dejándonos sin los mayores productores de agua tanto para los procesos de la naturaleza como para las actividades humanas.

De nuevo, en Sonora en los últimos años la temperatura ha aumentado un grado, suficiente para que en el caso de Siria se perdieran más del 80 por ciento de los cultivos y más del 90 por ciento del ganado con lo que se dio una migración del campo a la ciudad dando como resultado una guerra civil que ha dejado cientos de miles de refugiados ambientales sirios. Se tiene que entender que Sonora está en un riesgo mayor. Si la actividad minera es, solo en la extracción, la responsable del 9 por ciento de los Gases de Efecto Invernadero y si tenemos al 95 por ciento del territorio sonorense en riesgo socio-ambiental por la extracción y perdida de ecosistemas, es urgente planear medidas de medidas de mitigación, pero sobretodo de adaptación en esta industria.

Estas medidas no pueden ser más que la prohibición total de la extracción minera dando paso a la minera urbana como la forma de recuperar material descartado y ponerlo de nuevo en el ciclo de los residuos-producción. La ley estatal de cambio climático no contempla esto, al contrario, lo deja fuera permitiendo que tanto la industria minera como la agro-industria sigan fortaleciendo el modelo de producción-consumo.

La crisis climática tiene en el modelo de producción-consumo su principal causa, es decir, este modelo extractivo y privatizador que desde mediados del siglo pasado se ha convertido en el modelo hegemónico es el responsable de que en la actualidad tengamos consecuencias tan desastrosas en el mundo como lo es el cambio climático. No hay más, es por eso que proyectos que nacen dentro de lo que se conoce como “capitalismo verde” son proyectos que siguen la misma lógica de cualquier otro proyecto dentro del sistema capitalista. Externalizar los costos socio-ambientales con la naturaleza y las comunidades e internalizar las ganancias económicas. El proyecto de Bacanora Lithium es un proyecto dentro del capitalismo verde. No es ambientalmente responsable y dejará a las comunidades cercanas con muchos problemas socio-ambientales.

En la próxima entrega hablaremos del eco-fascismo de la industria del litio y como estas prácticas del capitalismo verde son aún más peligrosas para la naturaleza y las comunidades humanas.

Fuente:http://www.liberaradio.com/la-mineria-y-el-cambio-climatico/

 

Mexico

Se expande minería tóxica en Veracruz

. La minería a cielo abierto está expandiéndose de la zona costera a la región montañosa de Veracruz, alertó Urbano Domínguez Grijalva, párroco de la localidad de Mozomboa, Actopan.

La minería tiene interés de llegar a los municipios de Yecuatla, Colipa, Juchique de Ferrer, Tatatila, Las Minas, Chiconquiaco y otras zonas.

«Quiere llegar al municipio de Las Minas, su nombre lo dice todo, en la sierra de Chiconquiaco hay un cerro que se llama Gallo de Oro, también a muy sugestivo, sabemos que en la región alta sigue habiendo incursiones de la minería».

A juicio del Sacerdote, la región mencionada es atractiva para los megaproyectos, enfocados a la explotación de minerales preciosos, recursos hídricos y la biodiversidad.

«Por la cierta facilidad que tendrían para engañar o coaccionar a la gente humilde y de la región, porque es una zona serrana, entonces por eso es que como Iglesia Católica estamos llamando a la concientización y a la organización».

La gente humilde podría ser desplazada de sus comunidades como ha ocurrido en países de América Latina.

«Esto se ha visto ya en regiones de América Latina, donde ya las minerías están trabajando, la gente ha tenido que salir por enfermedades, por problemáticas de inseguridad y por la escasez de recursos, sobre todo del agua».

Domínguez Grijalva refirió que el movimiento contra la minería tóxica ha crecido en los ayuntamientos de Alto Lucero y Actopan.

«Han firmado actas de Cabildo negando el cambio de uso de suelo y de construcción, esperamos se respete y esperamos que no pronto se dé la explotación minera; sin embargo, las concesiones son de mucha duración», subrayó.

Fuente:http://libertadbajopalabra.com/2018/07/12/se-expande-mineria-toxica-veracruz/

Mexico

Un día llegó la minera de Canadá y les quitó sus tierras con plata. Puros viejitos. 14 años luchando

– Eustasio Ascacio Velázquez, “Tacho”, y su esposa “Chana”, viven en el ejido Tenochtitlan, en el desierto de Ocampo, Coahuila, entre la sierra del Chilicote. A pie de sierra, tienen una casa levantada con pedacería que el propio “Tacho” trajo en burro. Sin una mano y una lesión en el nervio ciático, “Tacho” tardó unos tres años en construirla. Solito, así, con pura cal y cemento.

“Tacho”, un hombre flaco y correoso de 67 años, es uno de los 36 ejidatarios que sigue viviendo en las tierras que hace 45 años el Gobierno mexicano les entregó, pero por las que aún luchan. Otros 33 compañeros ejidatarios –dos ya murieron– que van de los 40 a los 70 años, mantienen desde hace 14 años una pelea legal. Es una disputa entre mineros y la compañía minera. Una resistencia entre mineros molidos de trabajo, con pensiones de 2 mil pesos mensuales, y la minera canadiense First Majestic, dueño de la mina La Encantada que en 2017 tuvo ingresos diarios por más de 102 mil dólares. Unos pobladores amantes de la tierra y una minera que se instaló ahí sin preguntar siquiera de cuánto era la renta.

El ejido Tenochtitlan es un poblado que por el día recibe el azote enfadado de los rayos del sol y que por las noches acoge el cacheteo del viento. Junto a su esposa, “Tacho” tiene más de 350 cabras, 20 caballos, 13 vacas y como 20 perros que cuidan su patrimonio. Vive de los animales y de una pensión mensual de dos mil pesos de cuando trabajó como minero en distintas empresas como Peñoles, Desmín o en las minas de Armando Guadiana Tijerina, el ex candidato a Gobernador por Coahuila.

Son 14 años, dice Mario Valdés, ex comisariado ejidal de Tenochtitlan, en los que se han enfrentado a una compañía que busca alargar el juicio para que caigan en desesperación. En esta lucha legal, dos compañeros ejidatarios ya fallecieron sin ver ni un peso, Urbano Castellanos y Pablo Vega. Don Pablo, antes de morir, postrado en una cama y conectado a un tanque de oxígeno porque el trabajo de minero le devoró los pulmones, tuvo una última petición: “Quiero hacerles un ranchito a mis nietos porque ahí me crié, pa’ cuando ya estén viejos digan: ‘aquí vivía mi abuelo’”.

Los ejidatarios de Tenochtitlan, unos viejos y otros hijos de los viejos, arrastran lesiones de cuando fueron mineros. Sobrellevan fracturas en piernas, cintura, espalda, hernias. Por eso la mayoría no vive en Tenochtitlan y están regados en otros municipios colindantes, porque aquí en el rancho es terreno hostil, no se tiene agua y apenas se sobrevive trabajando a los animales, como lo hace “Tacho”.

Una tarde calurosa de mayo, “Tacho” regresa de llevar a las chivas a pastar al monte. Arriba a su casa –antes era un jacal de lámina– montado en un caballo. Lleva un radio al pecho por donde su esposa Chana se comunica cuando hay algún problema con los animales o cuando, en un día cualquiera, un oso baja de la sierra a querer comer.

A unos tres kilómetros, mientras Tacho y Chana comen de lo que le sacan a las chivas, la mina La Encantada de la canadiense First Majestic, extrae diariamente hasta más de cinco mil onzas de plata pura. Todas las noches cuando termina de trabajar, “Tacho” mira a lo lejos la mina, fuma un cigarrillo, se acomoda el sombrero y recuerda que aquellas tierras millonarias son de él y de el resto de sus compañeros ejidatarios.

“Tacho” siempre fue minero y por eso llegó a estas tierras en 1970. Estudió hasta primero de primaria y nunca quiso dedicarse a otra cosa. Desde los 12 años sacaba agua miel de los magueyes, preparaba atole y se arrimaba a las minas a vender. Trabajó como minero donde nació, en Salaverna, Zacatecas, donde le pagaban siete pesos por ocho horas de trabajo hace 50 años. “El terreno estaba muy bueno, no había nada, estaba solo el campo. Siempre me gustaron los animalitos, por eso me gustó aquí”, recuerda Tacho cuando pisó Tenochtitlan hace 48 años.

Regresó a Monterrey y Zacatecas, pero para 1973 volvió a Tenochtitlan mientras trabajaba para Peñoles, el gigante minero de Alberto Baillères González, el tercer hombre más rico de México. Desde entonces se bautizó en esta tierra agreste y junto a su esposa Chana decidieron que aquí echarían raíces.

“Tacho” recuerda que varios compañeros empezaron a traer animales y después surgió la inquietud de hacerse de tierras. El sueño de Tacho siempre fue tener sus animalitos y ser minero. Menciona que platicaron con gente en Ocampo (cabecera municipal) y un día, les concretaron la conformación del ejido. “Nos cooperábamos con dinero para gasolina”, recuerda Tacho sobre aquellas vueltas a Ocampo, uno de los municipios más grandes del país. Tenochtitlan y la mina están a 260 kilómetros de Ocampo, y a 200 kilómetros de Múzquiz, un municipio carbonero de Coahuila.

“Éramos 40 ejidatarios y a todos nos dio gusto”, rememora con el tono de quien añora. “Tacho” supo en aquel entonces que ésta sería su tierra, que aquí moriría, arreando animales. Pero no pensó que después, mal leyendo y mal escribiendo, demandaría por ocupación de sus tierras a First Majestic, la minera canadiense que según sus registros, obtuvo en 2017 ingresos por más de 252 millones de dólares por la operación de sus siete minas en el país. Ese mismo año, como todos los demás, “Tacho” y Chana comieron del queso y la leche de las cabras y subsistieron con los dos mil pesos de su pensión.

EL PLEITO LEGAL

En la carretera Múzquiz-Ojinaga hay una desviación que lleva a la mina La Encantada. Para llegar a aquel tesoro en constante producción de plata, es necesario recorrer 40 kilómetros de terracería por un camino que, me refiere el ex comisariado ejidal de Tenochtitlan, Mario Valdés, es también propiedad de los ejidatarios. “No se nos paga nada ni por eso, ni por la línea de luz ni la de agua”, se queja Valdés mientras avanzamos en su camioneta rumbo al ejido.

Alrededor sólo se mira el desierto coahuilense, hasta que por un lado del camino se ven mil 200 metros de una pista de aterrizaje de First Majestic. En esa pista, cada tercer día llega un avión y se retira cargado de plata. Tan sólo en el primer trimestre de 2018, se han llevado volando 452 mil 420 onzas equivalentes de plata, lo que representó ingresos por más de 7.5 millones de dólares, según el reporte de la empresa. En 2017, sumaron dos millones 183 mil 899 onzas equivalentes de plata y 37.5 millones de dólares de ingresos, pero en La Encantada ha habido años con más de cuatro millones de onzas en un año.

Cuando entramos a los límites del ejido, Mario Valdés se detiene y saca un plano donde me señala las colindancias del mismo. Asegura que la empresa ocupa dos mil hectáreas que les pertenecen.

“La tierra trae un vicio. Una parte de la tierra no fue entregada. El ejido consta de 10 mil 100 hectáreas pero cuando se hace la ejecución, no se completó el terreno. Se hizo la ejecución de 8 mil hectáreas. Así funcionó el ejido”, ahonda Valdés.

La solicitud del ejido culminó con la Resolución Presidencial de fecha 19 de junio de 1973, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de agosto de 1973. En ese ordenamiento legal, le fue concedida la superficie a los ejidatarios. Fue en 1980 cuando se presentó personal de la Secretaría de la Reforma Agraria para ejecutar la Resolución Presidencial a favor del ejido Tenochtitlan.

Tenochtitlan empezó a funcionar a la par de la compañía minera, entonces Peñoles. La mayoría de los ejidatarios trabajaba para la empresa. Algunos comenzaron a comprar ganado y tener cabras. Así empezó la vida ejidal. Así se acabó.

Años después, un compañero ejidatario comenzó a dudar de las mediciones. “Están mal, falta”, aseguraba a los demás. Mario Valdés recuerda que tomaron medidas de la tierra y se dieron cuenta que alrededor de dos mil hectáreas que les pertenecían –pertenecen, afirma- estaban en posesión de Peñoles.

Cuando solicitaron a la Reforma Agraria que realizara de manera correcta las mediciones, la dependencia dio dos mil hectáreas de un rancho aledaño pero no los del plano original.

“Reconoce la Reforma Agraria que hay un faltante. Esa operación se cae porque no eran hectáreas aprobadas por el Cuerpo Consultivo Agrario”, recuerda Mario Valdés. “Es por lo que peleamos”, destacaca.

Con ese vicio, Peñoles vendió a First Majestic en 2006. Y en su último reporte anual, First Majestic asegura que es el único dueño de los derechos minerales (4 mil 76 hectáreas), derechos de superficie (mil 343 hectáreas), derechos de agua, planta de procesamiento e instalaciones auxiliares. Aunque los ejidatarios argumentan lo contrario.

Los 36 ejidatarios que quedaban demandaron a la Reforma Agraria y a First Majestic. La empresa canadiense interpuso un amparo que fue sobreseído y que actualmente está en revisión. Valdés recuerda que en primera instancia el Tribunal Unitario Agrario del Sexto Distrito en Torreón, resolvió a favor de la minera canadiense. Sin embargo, interpusieron una revisión ante el Tribunal Superior en México, instancia que revocó la sentencia del Tribunal Unitario.

Juan Francisco Flores Gándara, abogado defensor de los ejidatarios, explica que el Tribunal Superior les dio la razón porque consideró que en la sentencia había faltado documentación y no se había valorado correctamente el peritaje de las hectáreas en disputa.

“El Tribunal Superior indicó que la venta que hicieron a First Majestic carece de efectos jurídicos, porque ya se había hecho la dotación de tierras ejidales”, ahonda el defensor. Además, Flores Gándara menciona que no se valoró el documento de la resolución presidencial.

La minera alegó que el comisariado ejidal no estaba elegido legítimamente pero también se les sobreseyó. El asunto está en revisión. “Presentan documentos de compra después de la fecha de publicación del Diario Oficial de la Federación y después de la resolución presidencial”, añade Mario Valdés.

Juan Francisco Flores agrega que habrá que esperar hasta después de agosto porque se mandará el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa para que resuelva el recurso de revisión interpuesto por la minera.

Esperar es algo que conocen los ejidatarios.

Rodrigo Ascacio, hermano de “Tacho” y también ejidatario, usa bastón desde 1984 a raíz de una caída en la mina La Encantada. También usa zapato con plataforma en una pierna porque dice que le quedó corta después del accidente. Así trabajó otros ocho años en la mina y ahora vive en Nueva Rosita, Coahuila. Tiene la mirada vidriosa y los surcos en la piel que reflejan 70 años.

“Ha sido una lucha muy difícil. No se dejan”, dice Rodrigo, también oriundo de Zacatecas. Confía que tienen cómo comprobar que la compañía está en su terreno, luego duda: “Pero ellos son licenciados y nosotros no”.

–¿Hasta dónde seguir la lucha? –le pregunto a Rodrigo, padre de seis hijos.

–Hasta que me muera, mientras que pueda hablar hasta que me muera, y luego ahí seguirán otros. Porque es de nosotros.

–¿No tiene miedo?

–No, por qué tengo miedo, todo es legal, estamos peleando lo que es de nosotros.

–¿Qué piensa que saquen millones de sus tierras?

–No lo pienso, lo he visto. A día y noche, camiones llenos de mineral, cada media hora, entraban y salían. Ya es en avión.

***

Los ejidatarios de Tenochtitlan, viejos o hijos de los viejos, tienen confianza en ganar el pleito. Miran de frente y aseguran que no hay forma de renunciar. Mario Valdés, ex comisariado, dice que no quieren la mina y que no están en un plan beligerante. “Se necesita una participación que sea conveniente. El pago de rentas atrasadas y un contrato en adelante”, aclara.

Los ejidatarios saben que sus tierras están asentadas en un lugar de mucha riqueza; riqueza que no se refleja en ellos. Sólo “Tacho” vive en Tenochtitlan y el resto tuvo que dejar del rancho porque no encontraron el horizonte en el ejido.

Fuente:http://www.sinembargo.mx/09-07-2018/3437694

Mexico

Comunidades convocan a encuentro de repudio de “corredor minero” en Oaxaca

En el marco del Día Estatal de Rebeldía contra la Minería se realizará el “Encuentro de los Valles Centrales: Aquí decimos sí a la vida, no a la Minería”, con el fin de enfrentar las afectaciones, debido a que 70% de su territorio, es decir, 130 mil hectáreas, ha sido concesionado a la empresa canadiense Fortuna Silver.

Así lo dio a conocer el representante del colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios, Neftalí Reyes Méndez, quien agregó que en este encuentro -a realizarse el domingo 22 en el municipio de San Antonino Castillo Velasco- participarán alrededor de 30 comunidades de los distritos de Tlacolula, Ejutla y Ocotlán.

Luego explicó que el objetivo de este encuentro es compartir y diseñar estrategias para enfrentar las afectaciones ambientales, sociales y culturales producidas por las concesiones y proyectos mineros en los territorios de Oaxaca, ya que se pretende establecer un “corredor minero” que abarcaría de Tlacolula a Ejutla.

Afortunadamente, dijo, ya son varias las comunidades que han decidido sumarse a este tipo de resistencias, al enterarse de que sus territorios han sido concesionados sin ser consultadas, y sobre todo debido a los graves impactos ambientales que la minería está provocando en San José del Progreso, San Pedro Totolapan y Magdalena Teitipac.

Reyes Méndez explicó que, el 22 de julio de 2015, se estableció el Día Estatal de Rebeldía contra la Minería, por lo que decidieron realizar ese encuentro para diseñar estrategias de resistencia.

Hizo hincapié en que, de 130 mil hectáreas concesionadas a Fortuna Silver, 80 mil corresponden a Ocotlán y Ejutla, y el resto, unas 50 mil, a San Juan Chilateca y San Antonino Castillo Velasco.

Al encuentro convocan las autoridades de San Antonino Castillo Velasco, la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda), el Frente de Autoridades Municipales y Agrarias (FAMA) y el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios.

Fuente:https://www.proceso.com.mx/542534/comunidades-convocan-a-encuentro-de-repudio-de-corredor-minero-en-oaxaca

Mexico

Asociaciones civiles procederán legalmente contra expansión de minera en Zacatecas

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (Ocmzac) advirtieron a la empresa minera First Majestic que, en caso de incurrir en la ilegalidad para obtener derechos sobre el ejido San José de Buenavista, en Zacatecas, procederán legalmente ante las autoridades correspondientes.

En entrevista con Contralínea, integrantes de la Rema explican que First Majestic pretende expandir sus operaciones dentro del municipio Chalchiuites, argumentando que sólo desea saber si la zona ejidal de la concesión está mineralizada; “pero sabemos que esa información es falsa, [ya que la empresa] sabe que existe mineral en la zona; lo que en realidad pretenden es saber la concentración de mineral para definir la operación que tengan en mente”.

La Rema señala que en 2017 la Secretaría de Economía entregó 22 concesiones a First Majestic en el municipio de Chalchihuites, que abarcaban sólo 18.8 hectáreas y ahora, según el Sistema de Investigación y Administración Minera, hay 10 nuevas solicitudes que acumulan una extensión de 319.56 hectáreas, lo que apunta a que no sólo será un proyecto de exploración, “sino para explotación y/o beneficio propio”.

En el ejido de San José se han realizado dos asambleas agrarias entre los campesinos y representantes de la empresa canadiense, con el fin de definir la aprobación o negación de dicho proyecto de exploración. Sin embargo, de acuerdo con un comunicado emitido por Rema el 2 de julio, ambas asambleas no se han ejecutado con el “debido proceso”, ya que “en el pleno de la segunda convocatoria, [ejidatarios] abandonaron la reunión y negaron los derechos ejidales de las compañeras, violando los procedimientos descritos en la Ley Agraria”.

Por ello, la misma asociación afirma que de llevarse a cabo la firma del convenio entre los ejidatarios que se encuentran a favor del proyecto y la minera, “sería de forma ilegal”.

Por último, la Red de Afectados Mineros recalca que la decisión concierne a las y los ejidatarios, quienes de forma legal tienen derechos sobre el campo, pues se encuentran inscritos en el padrón del Registro Agrario Nacional, el cual les permite llevar el control de la tenencia de la tierra y la seguridad de la aplicación de la Ley Agraria.

Fuente:https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2018/07/10/asociaciones-civiles-procederan-legalmente-contra-expansion-de-minera-en-zacatecas/

Mexico

MEGAPROYECTOS. ABUSO Y RESISTENCIA

Despojos, fractura social, conflictos, desastres. Pobreza, injusticia. Muerte. La explotación de la riqueza del suelo y subsuelo de México ha dado resultados malditos para la gente.

Es la historia del mundo: unos cuantos que ganan, otros que pierden hasta la vida. Desde tragedias interminables –como la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos, Coahuila– hasta la resistencia de los pueblos zoques en Chiapas, los problemas en torno a la industria extractiva perviven de norte a sur en el extenso mapa mexicano.

En los noventa, el Gobierno federal empezó a orientar la política pública hacia las inversiones en el sector energético y minero.

Desde entonces, otorgó un caudal de concesiones de manera indiscriminada y opaca a costa de impactos sociales, ambientales y de los derechos humanos. Y si era peor entonces, se puso peor con Enrique Peña Nieto. La Reforma Energética fue una invitación descarnada a cargarle a los pueblos el costo del “progreso”.

Porque el desarrollo prometido jamás llegó. Y los megaproyectos viraron la vida en miles de comunidades hacia la vulnerabilidad. Con el apoyo de Natural Resource Governance, una Organización No Gubernamental, SinEmbargo presenta en las siguientes semanas una serie de reportajes de lo que hemos llamado “MEGAPROYECTOS. Abuso y Resistencia”.

PRIMER ENTREGA
FAMILIAS DE PASTA DE CONCHOS EXIGEN HOY LO MISMO QUE A FOX HACE 12 AÑOS: RESCATAR LOS CUERPOS

Como el aire que revive una brasa de carbón, la esperanza ha resurgido en la región carbonífera de Coahuila. La CIDH aceptó la queja en contra del Estado mexicano por su responsabilidad en la violación del derecho a la vida de 65 mineros atrapados después de la explosión de la Mina 8 de Pasta de Conchos, propiedad de Grupo México. Doce años después, el pueblo herido no tiene un reclamo diferente al que hicieron en 2006: rescaten sus cuerpos, rescaten a nuestros hermanos mineros…

 

SEGUNDA ENTREGA
LAS MUJERES DE CLOETE: EL PODER DE UNA REBELIÓN QUE EXPULSÓ A CACIQUES MINEROS Y AL EJÉRCITO

A las mujeres de Cloete, Coahuila, empresas mineras adueñadas por políticos priistas, les quisieron quitar sus casas. Pero no pudieron porque se rebelaron. En 2007, la situación llegó ser tan confusa que por el pueblo corrió el rumor que grupos de Los Zetas se habían hecho del control de las minas. Eso no amedrentó a Norma Saldaña Ramírez, Martha Alicia Martínez Ortiz, ni a María del Carmen San Miguel Montalvo quien mantienen la resistencia en esa población en contra de las minas a cielo abierto.

 

TERCER ENTREGA
“A ESTAS TIERRAS NO VAN A ENTRAR”: ZOQUES, EN CHIAPAS, DICEN NO A LAS EXTRACTIVAS

En 2016, la Reforma Energética volteó a ver a Chiapas, concretamente a una parte del corredor Zoque, donde se detectaron 12 pozos que fueron programados para licitarse en la Ronda 2.2 para la extracción de gas natural y aceite. Pero nadie reparó en la historia chiapaneca, que muestra que ahí las cosas son distintas al resto del país y entonces la licitación no ocurrió.

Mexico

Las valientes de Cloete, Coahuila: eran pocas, pero estaban juntas; echaron a caciques y al Ejército

A las mujeres de Cloete, en el estado norteño de Coahuila, empresas mineras adueñadas por políticos priistas, les quisieron quitar sus casas. Pero no pudieron porque se rebelaron. En 2007, la situación llegó ser tan confusa que por el pueblo corrió el rumor que grupos de la organización criminal de Los Zetas se habían hecho del control de las minas.

Eso no amedrentó a Norma Saldaña Ramírez, Martha Alicia Martínez Ortiz, ni a María del Carmen San Miguel Montalvo quien hoy son de las luchadoras en resistencia en esa población del norte mexicano en contra de las minas a cielo abierto. El año pasado se enfrentaron a elementos del Ejército que intentaron disolver una protesta pública en contra de la reapertura de un tajo que había sido clausurado por la Profepa. Ellas, cuyo trabajo antes era el hogar.

SEGUNDA DE UNA SERIe

– A Norma le dijeron que la tierra de su casa no era fértil. Lo dudó. Cuando esperaba a su quinto hijo, le ofrecieron una cuna y comprar su vivienda. No aceptó. Le secuestraron y torturaron a su esposo. Resistió. Le arguyeron que ya no había zetas; pero que los empresarios mineros podían excavar en total libertad. Se rebeló.

Norma Saldaña Ramírez es una de las mujeres que defienden su patrimonio ante la voracidad de las minas en Cloete.

Son apenas las 11 de la mañana y el termómetro ya marca 38 grados. Los rayos penetran el suelo árido y de nuevo emergen de él.

– Hay que apurarnos antes de que salga más el sol. Después de las 12, la temperatura sube a 42 grados centígrados, a veces, hasta los 50”, advierten Martha, Norma y María del Carmen, mientras caminan por el terreno agreste y muestran la destrucción que dejaron las minas a cielo abierto, cuevas y pocitos que irrumpen en Cloete Norte.

Cloete es un pequeño poblado, de no más de cuatro mil habitantes, ubicado en Sabinas, dentro de la llamada Región Carbonífera de Coahuila, donde yace la mayor concentración de reservas de este mineral en México.

Una llanura invadida por profundos socavones negros que devoraron árboles, calles, matorrales y cuanto encontraron a su paso. El paisaje evoca a una imagen de guerra tras un bombardeo.

Los boquetes dividen colonias, como la Cocedores, Barrio dos y Lomas Altas. En esos fraccionamientos viven Norma Saldaña Ramírez, Martha Alicia Martínez Ortiz y María del Carmen San Miguel Montalvo.

Este trío, desde hace tres años y junto otras vecinas, han desafiado a los caciques mineros de la región.

“Nosotros nos opusimos a que trabajaran. Tenemos una lucha durante dos años con ellos para que no abrieran sus tajos y minas ilegales. Fueron constantes pleitos para que se retiraran de nuestra comunidad. Ellos no querían”, dice María del Carmen.

Al fondo del tajo, ubicado a menos de 80 metros de la colonia Lomas Altas y menos de 30 metros de la casa de Norma Saldaña, circulan camiones de volteo que descargan tierra y material.

Martha explica que las máquinas “rellenan” la oquedad abierta años atrás, sin los estudios y estándares que ordena la ley. Esto –dice- materializa el éxito de la lucha.

LA INVASIÓN Y EL TERROR

Hace más de 30 años entraron a Cloete y La Agujita las empresas extractivas de carbón.
María del Carmen reseña que primero aparecieron en la zona sur del pueblo. En aquel entonces ella veía lejano el problema, hasta que las excavaciones amenazaron su casa.

Las minas se expandieron como plaga por todo Cloete durante el periodo de Humberto Moreira, quien gobernó el estado de 2005 a 2011.

Norma Saldaña siempre ha vivido ahí, al menos desde que tiene memoria. En 2003, relata, llegó Álvaro Jaime, actual regidor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sabinas, Coahuila. El político-minero se presentó como concesionario y dueño de los terrenos de Cloete, dice Norma.
Anunció al avecindado que abriría tajos y ofreció comprar las propiedades en 30 mil pesos cada una y reubicar a quienes aceptaran.

En ese entonces Norma estaba embarazada, esperaba a su quinto hijo. El minero le ofreció regalarle una cuna y pañales si convencía a su esposo de vender. Para tratar de subyugarla, le argumentó que el terreno donde vivía no era tierra fértil, y su inmueble carecía de más valor por estar cimentado en una zona rústica. Norma y Martín, su esposo, rechazaron la oferta.

Otros ejidatarios tampoco aceptaron.

“Nos juntamos más de 60 vecinos que no estábamos de acuerdo en sus propuestas de reubicación, mientras que otros pobladores sí se cambiaron porque no querían
emprender una batalla”, rememora.

La gente que se pronunciaba en contra de los tajos y pozos era amenazada y amedrentada.

“En el 2007, como no estuvimos de acuerdo, empezaron a golpear y secuestrar gente para que se fuera de la zona. Decían que las minas eran de los zetas; pero no sabemos si de verdad eran zetas o los concesionarios”, platica Norma.

La población no podía oponerse al avance de las minas porque estaba aterrorizada, pues se decía que en la Agujita, Cloete, Las Esperanzas y Nueva Rosita eran del sanguinario grupo delictivo.

El temor paralizó a varios habitantes que -como Norma-, en ocasiones, llegaron a quedarse sin salir de sus casas por días y noches. Ni siquiera por comida o para enviar a sus hijos a la escuela.

Algunos de los pobladores no soportaron y prefirieron dejar la villa.

La minas a las que se referían como propiedad Zeta, eran dos pozos operados, en esos años por el concesionario Servando Guerra, quien hasta la fecha trabaja concesiones del regidor priísta Álvaro Jaime Arellano, detalla la Familia Pasta de Conchos en un informe elaborado en 2018 con apoyo de la organización internacional Heinrich-Böll-Stiftung.

El costo por resistirse a la mina fue alto para Norma y Martín. En ese 2007, el joven carbonero fue privado de la libertad tres días y torturado.

Martín y un primo de él -narra- fueron detenidos por la policía municipal de Sabinas. Norma acudió a la comandancia para pedir información sobre el arresto de su esposo. Oteó el libro de detenciones de la policía local,  halló el nombre de su pareja y preguntó por él; pero no le permitieron verlo. Horas después regresó y le anunciaron que ya había sido liberado.

Norma volvió a su casa pero su esposo no estaba allí. Por tres días no supo nada de él. Martín, alto y de complexión muy delgada, regresó golpeado: había sido entregado a un grupo armado que lo torturó.

“Tenía la espalda toda molida, yo pensé que ya no se iba a levantar porque llegó a rastras. Era un viernes por la noche”, recuerda Norma.

Los agresores ordenaron a Martín, mientras lo vapuleaban, que tenía que dejar su finca. La golpiza dejó incapacitado por más de un año al carbonero, quien es el sustento de su familia.

Martín no podía mantenerse en pie y, mientras vomitaba sangre, se tragada el dolor, pues no quiso acudir al hospital o algún doctor por el temor. Esa había sido otra de las advertencias de los atacantes.
Los parientes del matrimonio y el jefe del minero los apoyaban: la familia con comida y el patrón con un poco de dinero.

En el pueblo se esparció el rumor de que a Martín lo “tablearon” los Zetas por oponerse a las minas. Así se sometió a los pobladores.
Los colonos que quedaban para combatir las minas fueron divididos.

“En 2008, dijeron que cinco personas habíamos vendido la vivienda. En esa versión falsa, nosotros éramos de los que (supuestamente) habíamos vendido. Que mi esposo había agarrado medio millón de pesos y no fue así. Los habitantes se fragmentaron. Cada quien andaba por su lado”, abunda Norma.

II

LOS SEÑORES DEL CARBÓN 

El carbón que se extrae de Coahuila era adquirido por Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi), un organismo descentralizado del Gobierno de Coahuila -creado en 2003- y que funge como intermediario ante la Comisión Federal de Eléctricidad (CFE), que usa el mineral para el abastecimiento de las Centrales Termoeléctricas José López Portillo y Carbón.

Álvaro Jaime Arellano, primer regidor del PRI del municipio de Sabinas, es el propietario de las concesiones de Cloete Norte [título 217332] y Cloete Centro [título 216996]. Unas zonas de estas concesiones están en la superficie que es propiedad de Miguel Valdés, y de Fernando Mendoza Bernal, documenta el informe Carbón Rojo 2018.

Servando Guerra Rodríguez y Reynol Bermea Castilla son los que administraban las concesiones de Álvaro Jaime, sin Manifiesto de Impacto Ambiental.

Las minas de las concesiones Cloete Norte y Cloete Centro son las que, durante el Moreinato, le adjudicaban a los zetas mediante rumores, detalla el reporte de OFPC.

Reynol Bermea Castilla era hermano Joel Bermea Castilla, dueño Minera Las Cuatas. Ganó contratos con Prodemi a partir del año 2009.

Reynol, que no tenía una compañía, rentaba el terreno colindante entre la concesión Cloete Norte.

Servando Guerra obtuvo tres contratos durante los gobiernos de los priistas Humberto y su hermano Rubén Moreira Valdez, quien gobernó Coahuila del 1 de diciembre de 2011 al 30 de noviembre de 2017. La Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) estima que el trío de convenios representan al menos 146 millones 250 mil pesos, tomando el precio mínimo pagado que paga Prodemi.

Álvaro Jaime Arellano y Antonio Nerio Maltos, actual diputado local por Partido Revolucionario Institucional (PRI), son dueños de la empresa Integración Minera.

III

CÓMO INICIA UNA BATALLA

Álvaro Jaime Arellano, Servando Guerra Rodríguez y Reynol Bermea Castilla se apropiaron poco a poco de los terrenos en Cloete.

Los tajos se extendieron hasta llegar al patio de la casa de Norma Saldaña. Un socavón estaba a 30 metros al norte de su vivienda y otro al lado. “Ya estaban escarbando casi en mi patio hacia abajo de mi casa”.

El miedo seguía dentro de Norma y su esposo; pero aun así recurrieron a los vecinos y familiares, en busca de respaldo para detener la expansión de minas que afectaban su inmueble, el cual ya tenía severas cuarteaduras, hondas grietas y parte del suelo se sumía.

“Fuimos con la gente a que nos ayudaran porque los tajos nos iban a tumbar las casas. Y no es justo. Ese es nuestro patrimonio, de nuestros hijos. Nos están quitando todo lo que hay aquí, en Cloete”.

Los residentes de Barrio Tres y Cocedores hicieron un plantón en 2014. Detuvieron parte de la maquinaria que carcomía el territorio y quería avanzar hacia la vivienda de Norma, cuenta la ama de casa.

La calle Australia en Cloete sólo se encuentra en los mapas de Google porque en la realidad no existe. Los tajos destruyeron caminos e incomunicaron a colonias de la zona.

El 31 de octubre de 2014, Reynol Bermea Castilla fue ejecutado en Coahuila. No pasó mucho tiempo cuando Servando Guerra y Álvaro Jaime Arellano, junto a  autoridades municipales de Sabinas, fueron con los residentes de Cloete y anunciaron que “ya no había Zetas”, narra Norma.

Las familias se armaron de valor, pues temían que sus hogares, de un momento a otro, fueran absorbidos por la tierra. Desde entonces se enfrentaron a los mineros que – avalados por las autoridades locales – extraían carbón bajo la ilegalidad.

 

Cristina Auerbach Benavides conoció a Norma y a los pobladores de Cloete en el 2015, mientras las residentes trataban de detener las retroexcavadoras.

La defensora de los mineros explicó a los pobladores que las minas actuaban mal; que violaban sus derechos y que ellos -los afectados- podían denunciar.

Las minas no solo hacen tajos también perforan por debajo de las casas.

Dentro de los socavones hacen cuevas o, desde un pozo de tiro, meten a los mineros y cavan “túneles” para extraer carbón, según explica Martha Alicia Martínez.

El 9 de febrero de 2015, Norma acudió a las oficinas del Ministerio Público local para denunciar a las minas por los tajos.

La joven recuerda que Juan Jaime Zamora, en ese entonces encargado de la agencia receptora de denuncias de Coahuila, se negó a levantar la querella pues ni siquiera le preguntó el nombre. Sólo le cuestionó qué quería exponer.

Saldaña Ramírez narró su situación; pero el funcionario le respondió que no podía hacer nada porque ese terreno ya estaba vendido. El servidor público le comentó que mejor llegara a un acuerdo con los empresarios, asevera la entrevistada.

“El Ministerio Público me dijo que yo me fuera de aquí; que vendiera y me retirara. Sentí horrible porque yo fui a a pedir ayuda y me dijeron lo contrario”, abunda.

Norma no se rindió. En compañía de varias mujeres, se apersonaron con el entonces alcalde de Sabinas, Ignacio Lenin Flores Lucio para exhibir el problema.

Álvaro Jaime Arellano, Servando Guerra Rodríguez también arribaron con el munícipe, al igual que José Pichardo González de Protección Civil local mismo que defendió a los empresarios.

“Pichardo decía que dejáramos trabajar a la mina, que ellos estaban en su derecho porque el concesionario había comprado la casa de enfrente y podía hacer lo quisiera”, agrega.

Las pobladoras refutaron.

Norma afirma que el mismo alcalde de Sabinas le sugirió a Servando y a Álvaro que podían demandar a los ciudadanos nos demandaran por despojo. Y así sucedió..

En el 2016, las mujeres de Cloete fueron acusadas de “distraer” las maquinas y no dejarlas trabajar. La demanda reclamaba la pérdida al menos 80 millones de pesos por parar labores. “Nos inculpaban de cosas que no eran ciertas”, acota Norma .

IV

LAS MUJERES DE CLOETE
La distancia cada vez más corta entre el bordillo de la mina y su casa alertó a Martha Alicia Martínez Ortiz que algo estaba mal. El tajo estaba a 50 metros de su hogar. Fue en 2015.

–¿Por qué están trabajando tan cerca de nuestros hogares?– cuestionó Martha a uno de los trabajadores.
El supervisor de la obra se limitó a decir que ellos tenían permiso de Antonio Nerio y que ya nada podía hacerse.

“Nos trataron muy mal. A mí eso me dio tanto coraje que mi reacción fue de levantarnos y pelear, porque no es justo que vengan a tumbar nuestras casas”, asevera Martha con determinación.

María del Carmen Sanmiguel, también de Lomas Altas, está en la misma situación. Las vecinas decidieron ponerse a indagar y pronto encontraron que el diputado priísta Antonio Nerio Maltos, ex alcalde de Nueva Rosita y empresario minero, era el hombre detrás de la mina que se consumía la zona y que Miguel Valdez -dueño del terreno- le otorgó un supuesto permiso para trabajar”.

“Los alcaldes, los regidores y gobernadores son los que dueños de todo esto; pero se echan la bolita unos a otros”, dice María del Carmen.

Las mujeres empezaron a reunirse para detener la invasión minera en sus hogares.

Cristina Auerbar Benavides, que desde el 2006 da acompañamiento a las familias de Pasta de Conchos, asesoró a las ciudadanas: les enseñó mapas, las instruyó sobre el tema y las puso a estudiar el Manifiesto Ambiental que deben cumplir todas las compañías.

“Nos enseñó cómo nos debíamos de defender, que hay un manifiesto ambiental de que tiene que respetarse”, detalla María del Carmen.

El conocimiento de los reglamentos, en especial el que establece  350 metros de distancia entre los borde de las minas y las zonas habitacionales, dio las armas a las ciudadanas para luchar por sus patrimonios.

Desde entonces, salieron a poner un alto a los tajos de Cloete, enfrentándose a mineros e incluso fuerzas policiales.

Martha recalca: “Mientras ellos estén a 350 metros nosotros no los debemos molestar, pero si ellos están a menos de eso, nosotros teníamos que luchar”.

Su batalla empezó a rendir frutos en 2016. La Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa) clausuró el tajo de Cloete Norte de Álvaro Jaime y Antonio Nerio por operar a menos de cien metros de la zona habitacional.

Pero los empresarios mineros no se habrían de quedar de brazos cruzados.

Las Mujeres de Cloete, integrantes de Organización Pasta de Conchos, cobraron reconocimiento en la región carbonera después de sostener una protesta en la que “enfrentaron” a elementos del Ejército a inicios del 2017.

***

Un fuerte estruendo, seguido de sonidos de la maquinaria pesada en circulación avisaron a las mujeres de Cloete que pretendían reiniciar operaciones en el tajo clausurado.

Al menos 15 señoras se congregaron en el socavón y se apostaron frente a la maquinaria que conducía un joven obrero. Al muchacho le explicaron que no podía seguir y que ellas no permitirían efectuar ninguna labor extractiva. Después, se plantaron hasta estar seguras de que no habría algún otro conato de apertura.

María del Carmen cuenta que “los empresarios enviaron a elementos del Ejército para tratar de ahuyentar a las mujeres”.

La presencia de los militares -según expuso uno de ellos – se debía a que reportaron que en esa manifestación tenían a un hombre “secuestrado”. 
En ese momento, el empleado de la mina se tomaba un refresco junto con las manifestantes, -detalla María-. El obrero aclaró que no se trataba de ningún plagio.

Pero no quedó ahí. Uno de los elementos del Ejército amenazó con llevarse detenidas a las mujeres si no retiraban la protesta.

Las luchadoras no llevaban pistolas, ni rifles. La única arma que tenían para confrontar a los soldados era argumentos jurídicos. Y así lo hicieron.

Los caciques mineros arguyeron que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ya les había retirado la clausura. Las mujeres, a sabiendas del comportamiento de los dueños de las minas, dudaron y solicitaron ayuda para Cristina para corroborar la información. En efecto, la dependencia había ordenado el levantamiento de la clausura, pero no para reiniciar operaciones sino para tapar el enorme hoyo que dejaron en la zona.

Integración Minera y Grupo México pretendían extraer carbón con el título ya cancelado de la concesión; pero las mujeres de Cloete lograron impedirlo.

La compañía y Álvaro Jaime Arellano planeaban obtener 200 millones de pesos (de ese año). Un 10 por ciento sería para Álvaro Jaime, por ser el dueño de la concesión, mientras tanto, a Miguel Valdés se le pagarían 600 mil pesos, asienta la organización “Familia Pasta de Conchos” en su informe “Carbón Rojo 2018”.

Cuando las mujeres de Cloete, como parte de la organización “Pasta de Conchos” se levantaron para defender sus derechos y su patrimonio empezaron a ser señaladas. Marta tiene fresco el recuerdo.

“Fuimos llamadas revoltosas y problemáticas. Pero no lo hacemos por capricho. Existen leyes y la ley dice que no puedes trabajar a menos de 350 metros. Fuimos tachadas de muchas maneras […] pero vamos a seguir, porque hemos visto muchos cambios y uno de ellos aquí está: —señala al socavón– cerrar un tajo que está tan cerca de nuestras casas”.

Martha y Norma continúan caminado por el sinuoso sendero. Muestran una estructura de madera y fierro viejo sobre un agujero angosto y largo del que salen moscos y emanan olores nauseabundos que penetran las fosas nasales hasta hacerlas arder.
“Este iba a ser uno de los pocitos que también paramos y cerramos”, dicen con orgullo las mujeres.

Al menos cinco tajos han sido cerrados en la lucha de estas mujeres.

Las vecinas de Cloete y sus familias se mantienen en alerta. Un estallido o cualquier ruido extraño y se llaman entre sí. Ante cualquier indicio de que los “coyotes del carbón” intenten reactivar un tajo, cueva o pozo clausurado, se juntan para ir a evitar que continúen.

Martha advierte: “Nosotros vamos seguir luchando porque ya nos gustó el cambio, el vivir en la tranquilidad en tener el pueblo y ver el cambio que hemos logrado”.

V

EN TIERRA MACHISTA

La pujanza de las mujeres de Cloete y su movimiento sobresale porque nace y crece en las hoscas tierras del carbón que aún conservan un enraizado “machismo”.

Esto es parte de un cambio en la sociedad de la región carbonífera y las familias de los mineros a raíz de Pasta de Conchos, la tragedia que giró los reflectores a toda esa zona.

Cristina Auerbach explica que en la minería del carbón se agravan los atributos que, por cultura, se dice pertenecen a los hombres: como la fuerza y la valentía.

No obstante, la activista considera que, en doce años, las mujeres se han apropiado del tema de la mineras del carbón. Ejemplifica que ahora un gran número de las mujeres de la región saben de minas. “Eso no existía antes, ni siquiera conocían el lenguaje. Muchas de ellas no sabían ni de terrenos, ni de seguridad de las minas; muchas siquiera sabían donde estaba Pasta de Conchos, no tenían idea. Ahora las mujeres hablan de minería”.

Martha Alicia Martínez coincide en que hay una notable transformación: “Aquí es tierra de hombres machistas; pero ahora hay muchos hombres que dejan que la mujer vaya adelante, porque antes la mujer era atrás, y no podía decir nada”.

“Cuando empezamos nuestra lucha en el tajo, cuando la gente supo de esa vez que luchamos contra el Ejército, decían: ‘¿¡Cómo pude ser posible que ustedes hayan luchado y hayan estado frente el Ejército!?’. Es bonito saber que muchas mujeres se sienten identificadas con nosotros y que nosotros ahora somos ejemplo” comparte.

Martha era un ama de casa que dedicada sus días a los quehaceres del hogar, preparar la comida para su esposo, llevar los niños a la escuela, quedarse en su vivienda y esperar a que su marido retornara del trabajo. Si salía, era al supermercado o con sus padres y nada más. Ese era un día normal para ella.

Al día de hoy, la mujer divide sus tareas hogareñas con las movilizaciones, las reuniones con su compañeras, diligencias, la vigilancia de los tajos y apoyo para otras causas.

“Ahora me siento orgullosa de saber que logramos mucho [en su pugna contra las minas ilegales]. Me da orgullo saber y decir que somos mujeres. Que somos nosotras las que -con el apoyo nuestras familias que están detrás- vamos al frente” expresa con efusividad.

María del Carmen San Miguel Montalvo confirma que la batalla emprendida ha sido inspirada y por las familias de Pasta de Conchos.

Cristina Auerbach sostiene: “Creo que Pasta de Conchos es una lucha que ganamos las mujeres en una cultura donde está exacerbado el machismo”.

***

Norma llega a su casa apurada para organizar la maleta. La joven madre, que años atrás se encerró por temor, hoy se prepara para viajar a otro estado a un encuentro de activistas que confrontan los mega-proyectos de energía que violentan la tierra, su sustentabilidad y los derechos de sus hijos.

Su esposo Martín, un carbonero y aliado de las mujeres de Cloete, ayuda a Norma con los detalles finales de su viaje y se dispone -junto con su hijo varón mayor- a preparar la comida para los invitados: sale de su casa y se dirige a un pequeño invernadero, al lado de la vivienda. Toma unas cebollas.

Allí, en esa tierra que los caciques del carbón les afirmaron era infértil, el matrimonio ya tiene una modesta cosecha de cebolla, chile, cilantro, y sandía.

La familias de Norma, María, Martha y miles de personas de la región carbonífera se enfrentan todos los días a las violaciones a los derechos humanos, promovidas, protegidas y alentadas por el mismo Estado, y nadie dice nada, destaca Cristina Auerbach.

La activista concluye que hay un mito en torno a los proyectos extractivos porque debieran generar desarrollo y bienestar, pero más bien, afectan a las comunidades sin asumir ninguna responsabilidad.

“La carbonífera muestra el resultado de una Reforma Energética que deja en manos de las empresas un modelo extractivo que no señala responsables, culpables y que, además, no brinda ningún desarrollo a la región”, afirma.

La defensora concluye: “Lo que  muestra esta región es que es de una fortaleza brutal. Uno entiende por qué han sido capaces [empresas y Estado] de tratarlos de esa forma, cuando uno ve lo que son capaces de resistir”.

Fuente:http://www.sinembargo.mx/29-06-2018/3434850

Mexico

Minera canadiense divide y confronta a ejidatario de Chalchihuites

En el ejido San José de Buenavista, municipio de Chalchihuites, Zacatecas, se pretendió llevar a cabo una asamblea agraria, en la cual las y los ejidatarios fueron convocados para que discutieran y definieran su negativa o aprobación, para el proyecto de exploración con la empresa minera canadiense First Majestic. Sin embargo la minera intervino para fomentar la confrontación entre ejidatarios.

First Majestic pretende expandir sus operaciones dentro del municipio de Chalchihuites, y que en conjunto, con otras empresas mineras que tienen concesiones mineras en la misma zona, pretenden ocupar 650 km 2 de los 903 km 2 en los que se extiende el total del municipio (OCMZac. 2018). Es decir, está concesionado el 72% de la superficie municipal; señaló la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

 ¿en dónde van a vivir las más de 10 mil personas que habitan el municipio? ¿vivirán en el 28% de superficie restante?

El relato de la Red de Afectados por la Minería es el siguiente:

Como siempre sucede en estos casos, la empresa minera, a través de su ingeniero encargado del Departamento de Responsabilidad Social Corporativa, ha estado generando un proceso de desinformación y mentiras sobre su proyecto de expansión/exploración.

Ello “con el claro propósito de ocasionar enconos y divisiones entre la población local, además de incitar a la violación la ley y del derecho agrario de las y los ejidatarios, quienes sin haber tenido un proceso suficiente, integral y adecuado de información sobre las ventajas y desventajas del proyecto de expansión/exploración, tengan que definir su destino aceptando un ofensivo e irrisorio convenio por 5 años en el que les ofrecen 20 mil pesos divididos en 73 pagos, es decir 273.97 pesos al mes, el cual, lo único que demuestra, es el valor real por el cual la empresa canadiense estima la vida de la población”.

La asamblea comenzó en medio de varias tensiones, destacando entre ellas, la presencia del personal de la minera antes de que la asamblea quedara instalada, tal como lo demanda el procedimiento descrito en la ley agraria vigente.

La tensión se incrementó cuando un grupo de ejidatarios negaron el derecho de participación de quienes, en uso de sus derechos manifiestos en el artículo 30 de la Ley Agraria, acudieron como representantes debidamente acreditados con su carta poder, al mismo tiempo de solicitar a la mesa se siguiera el procedimiento conforme a derecho, con el pase de lista que corresponde al padrón ejidal, la verificación de quorum y, sobre todo, verificar la acreditación de titulares y representantes de forma adecuada, toda vez que la empresa está dividiendo al ejido y tiene promoventes del proyecto a su favor, de los cuales, algunos se desconoce si son o no ejidatarios, pero hacen acto de presencia en la asamblea.

Ante las peticiones de respeto, tanto al debido proceso, como a la ley, la respuesta de algunos ejidatarios que están a favor de First Majestic fue agresiva y grosera, por lo tanto, ante la ausencia de argumentos legales que los respaldarán, arremetieron -sobre todo contra las compañeras en calidad de representantes, así como ejidatarias-, con comentarios machistas y misóginos, dejando muy en claro la falta de información que tienen respecto a los potenciales riesgos que tendrán si llegan a aceptar un proyecto de exploración minera en su territorio.

Es un hecho que aquellos ejidatarios a favor del proyecto minero, están negando -y por lo tanto violando-, todos los procedimientos descritos en la ley agraria, y en ese contexto, sin razón y sin fundamento legal, pretenden imponer un proyecto que traerá graves consecuencias a toda la población, al medio ambiente y a las principales actividades agropecuarias y económicas de la zona.

Cabe resaltar que, sin llevar acabo el debido proceso derivado de la primera y segunda convocatoria, sin realizar pase de lista, sin mostrar las acreditaciones correspondientes, violando los procedimientos descritos en la ley agraria, y sin argumentos para generar una discusión de altura por quienes están a favor de la mina, éstos abandonaron la asamblea y sólo se quedaron en el salón ejidal el grupo en contra de la minería y el presidente de la mesa de debates.

El evento finalizó con la elaboración de un acta de documentación de los hechos que fue encabezada, entre otras personas, por la Tesorera ejidal.

Al respecto REMA señaló que “es fundamental no perder de vista que las y los habitantes de San José son preponderantemente campesinos y su vida comunitaria depende principalmente de la ganadería y agricultura, misma que históricamente les ha proporcionado muchísimas bondades y sobre todo bienestar”.

Puntualizaron que “sin embargo, hoy están en grave riesgo de perderlas debido a la presión, hostigamiento y división social ocasionado por la empresa First Majestic.

Desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac) denunciaron y repudiaron “las acciones para el despojo del territorio que impulsa la empresa First Majestic”, señalaron.

Así mismo ratificaron “nuestro total apoyo y solidaridad para quienes se oponen a este proyecto minero de muerte, al igual que, de la misma manera nos dirigimos con respeto a toda la población y al ejido, a quienes invitamos generen las condiciones adecuadas para tener un proceso informativo suficiente y adecuado, que les ayude a dirimir de la mejor manera esta decisión sobre su presente/futuro”.

Fuente:https://regeneracion.mx/minera-canadiense-divide-y-confronta-a-ejidatario-de-chalchihuites/

Mexico

San José de Buenavista dice no a la empresa minera First Majestic

Compañía buscaba celebrar un convenio para la exploración de minerales

Advierten que el acuerdo afectaría las principales actividades de su sostenimiento, la agricultura y ganadería

Señalan que la minera canadiense ha desinformado y mentido a los ejidatarios respecto de las implicaciones del proyecto, “con la intención de ocasionar enconos y divisiones”

El pasado 2 de julio el Ejido San José de Buenavista, ubicado en el municipio de Chalchihuites optó por el no, en respuesta al interés de la empresa First Majestic por celebrar un convenio para la exploración de minerales en sus tierras.

Efraín Arteaga Domínguez, representante en el estado de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), que ha ofrecido acompañamiento a diversas comunidades de la demarcación en sus conflictos con empresas mineras, informó que entre las 2 y 3 de la tarde del pasado 2 de julio se instaló la asamblea ejidal y siendo la segunda convocatoria, legalmente se celebró con quienes acudieron a la misma.

En esta ocasión la mayoría de quienes se presentaron fueron mujeres, que a la par son las que se han negado a la celebración del convenio que implica para ellas afectar las principales actividades de su sostenimiento, la agricultura y la ganadería.

Luego que se le complicó a su contraparte la discusión, pues no tenían argumentos para sustentar que el acuerdo resulte beneficioso para el ejido, abandonaron la asamblea, dijo, lo que implicó que la tesorera de la organización asumiera el control de la misma para desahogar el orden del día.

Así, cuando se consideró suficientemente discutido el asunto se sometió a votación obteniéndose un resultado de 11 votos contra cero, en contra de que se celebre un acuerdo con First Majestic para la exploración de minerales en territorio del Ejido San José de Buenavista, definición que fue firmada y sellada por el delegado municipal.

Efraín Arteaga también mencionó que uno de los puntos de conflicto en la asamblea fue la presencia de representantes de la minera canadiense, a quienes incluso se pretendía dar la palabra, cosa que es violatoria de la normatividad, pues sólo los integrantes del ejido pueden debatir y decidir.

En ese sentido quienes estaban en contra de la renta de tierras a la empresa, exigieron que si se permitía la presencia de los voceros de la minera, se hiciera lo mismo con integrantes de la UNTA y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), por lo que tuvieron que sacarlos, aunque permanecieron todo el tiempo afuera del salón ejidal.

Por su parte en un comunicado emitido este 4 de julio y titulado “Comunidad de San José de Buenavista contra el despojo de la empresa minera First Majestic”, la Rema señaló que el pasado 2 de julio “se pretendió llevar a cabo una asamblea agraria” para discutir y en su caso aprobar o rechazar el proyecto de exploración de la empresa.

Precisa que la expansión que busca lograr la trasnacional, conjuntamente con mismos intereses que tienen otros consorcios, implicaría la ocupación de 650 kilómetros cuadrados de los 903 en total que representa la superficie del municipio. 

Luego de exponer que esto representa el 72 por ciento del territorio de Chalchihuites se pregunta, dónde van a vivir las más de 10 mil personas que habitan la demarcación.

Expresó que a través del Departamento de Responsabilidad Social Corporativa, First Majestic ha desinformado y mentido a los ejidatarios respecto de las implicaciones de su proyecto de exploración de minerales.

Señaló que esto se ha hecho con la intención de “ocasionar enconos y divisiones entre la población local”.

Agregó que el dato del ofrecimiento que les ha hecho es un “ofensivo e irrisorio” convenio por 5 años en que les daría 20 mil pesos divididos en 73 pagos, “es decir, 273.97 pesos al mes, el cual lo único que demuestra, es el valor real por el cual la empresa canadiense estima la vida de la población”.

Cabe mencionar que la Rema y otras organizaciones reunidas en el estado de Zacatecas recientemente han expuesto que la experiencia de las comunidades enseña que cuando se permite a las mineras hacer trabajos de exploración es ya imposible sacarlas, pues obviamente no los harán sin la expectativa posterior de extraer los minerales con los efectos de devastación ambiental y socio económica que se han registrado tanto en la entidad como en otras parte del país.

El comunicado de la Rema describe la confrontación entre ejidatarios varones y mujeres, en la que los primeros “arremetieron con comentarios machistas y misóginos”.

La Red agrega que quienes han sido convencidos por la empresa han desacatado el debido proceso para emitir las convocatorias a las asambleas, “violando los procedimientos descritos en la ley agraria”.

“Desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac) denunciamos y repudiamos las acciones para el despojo del territorio que impulsa la empresa First Majestic, al mismo tiempo que ratificamos nuestro total apoyo y solidaridad para quienes se oponen a este proyecto minero de muerte, al igual que invitamos generan las condiciones adecuadas para tener un proceso informativo suficiente y adecuado, que les ayude a dirimir de la mejor manera esta decisión sobre su presente/futuro”, concluye el boletín.