A cuatro años de la tragedia ambiental ocasionada por el derrame de ácido sulfúrico en el Río Sonora, por parte de una factoría de la minera Grupo México.
Según la organización Acciones Colectivas, la resolución -emitida por un juez de amparo- se registró el pasado 13 de julio, publicó Reforma
“El efecto será que se recaben todas las pruebas, incluso las que están en poder de Grupo México y que las autoridades ambientales exhiban los documentos que acreditan la magnitud de los daños”, indicó la organización.
Lo anterior producto de la resolución de un tribunal federal mismo que ordenó reabrir la acción colectiva emprendida contra la empresa propietaria Grupo México.
Cabe mencionar que el dia 6 de agosto se cumplen 4 años, desde que Minera Buenavista subsidiaria de Grupo México, derramara miles de litros de ácido sulfúrico en el Río Sonora, dañando irreversiblemente la cuenca.
En el recuento Excélsior reseñó los hechos y subrayó: “Hoy a cuatro años del derrame de contaminantes de la Minera Grupo México en el Río Sonora, todavía existe polvo amarillo tóxico en las comunidades… sólo hay que raspar o patear un poco la tierra para ponerlo al descubierto”.
Y es que en una de las denuncias se expone que la mitigación de daño, consistió en un barrido superficial del contaminante, quedando a diversas profundidades del suelo.
Esto junto a una serie de calamidades como son la carencia de agua para beber, los daños irreversibles hacia la cuenca del río, la corrupción en la los directamente afectados, menos reciben.
Los pobladores señalaron, entre otras cosas que no todos los afectados están siendo atendidos.
Se menciona que alrededor de 300 personas tienen seguimiento médico, pero que existen afectados por acumulaciones de contaminantes en el cuerpo, mismos que se encuentran en el medio ambiente o en los alimentos.
Grupo México no ha reparado efectivamente a los pobladores de Sonora después del derrame de lixiviado de cobre en su mina Buenavista del Cobre hace cuatro años; sin embargo, ya anunció una inversión de 210 millones de dólares para su nueva mina El Pilar, en el mismo estado del país. La transacción de compraventa de esa mina hace tres años estuvo exenta de impuestos, se reportan cantidades diferentes a los organismos de control y guarda relación temporal con una sociedad en el paraíso fiscal de las Bahamas que se abrió a nombre de la mano derecha de Germán Larrea Mota Velasco -dueño real de Grupo México- una semana después de la compra de El Pilar, según datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) a los que tienen acceso Proceso y PODER.
Al este de la ciudad de Nogales, Sonora, está el municipio de Santa Cruz. Ubicada sobre una colina que domina el municipio, se encuentra la explotación minera de El Pilar. Sólo 15 kilómetros la separan de la frontera con Estados Unidos y 40 kilómetros de Buenavista del Cobre. Forma parte de la misma veta de cobre que se explota en Cananea y en zonas aledañas desde hace más de 100 años. A lo largo de la última década la mina ha sido objeto de varias operaciones de compraventa, que han reportado cuantiosos beneficios a las empresas involucradas.
Tras múltiples cambios de titularidad, en julio de 2015 la mina terminó bajo el control de Southern Copper Corporation, empresa propiedad de Grupo México, después de que la comprara a la canadiense Mercator, dueña de la mina desde 2009, cuando adquirió a Stingray Minerals y sus subsidiarias mexicanas Minera Stingray, S.A. de C.V. y Recursos Stingray de Cobre, S.A. de C.V.
Irregularidades en la compraventa
Una semana después de la compra de El Pilar, el 3 de agosto de 2015, Francisco Javier García de Quevedo Topete, directivo de Grupo México y mano derecha de Larrea, se hizo director de Cuprum Resort, Inc., una empresa constituida ese mismo día en las Bahamas. Cuprum significa cobre en latín. García de Quevedo Topete y Cuprum Resort aparecen en las bases de datos de empresas en paraísos fiscales de Bahamas Leaks, del ICIJ1.
Desde PODER se ha intentado esclarecer el objeto de dicha sociedad, cuya fecha de creación tiene el carácter de evidencia circunstancial que la vincula a la transacción de El Pilar. No obstante, el secreto bancario en torno a las empresas ubicadas en Bahamas dificulta saber más sobre la situación de dicha compañía.
Sí se ha podido detectar una diferencia de 400,000 dólares entre el importe de compra declarado a la Securities and Exchange Commission (SEC) y los reportes de la consultora Deloitte sobre la transacción. Según varios reportes a acreedores por parte de Deloitte, el precio de venta de Stingray (empresa propietaria de El Pilar) fue de 100 millones de dólares, abonados en efectivo por Southern Copper2.
No obstante, en reportes posteriores a la SEC el precio de compra se cifra en 100.4 millones de dólares. Los 400,000 dólares de diferencia aparecen especificados como “costes administrativos relacionados a la adquisición” en el reporte del tercer trimestre de 2015 de Southern Copper remitido a la SEC3.
La mano derecha de Larrea
García de Quevedo Topete es un hombre poderoso. Después casi 50 años en Grupo México ostenta múltiples cargos de gran importancia en el corporativo4. También tiene dos nombres. Alterna su uso a conveniencia, de acuerdo a un poder notarial que una vez firmó5. De cara al público y para dirigir empresas en México se hace llamar Xavier, pero para registrar compañías en el paraíso fiscal de las Bahamas prefirió el nombre legal: Francisco Javier.
El directivo ha tenido responsabilidad directa en múltiples polémicas: desde el accidente en 2006 en la mina de Pasta de Conchos donde 65 trabajadores murieron sepultados hasta el derrame tóxico en la mina Buenavista del Cobre que contaminó los ríos Sonora y Bacánuchi en 2014, pasando por un intento de extorsión por parte de su hermano, Héctor García de Quevedo, al mismísimo Larrea6. Durante los desastres ambientales, García de Quevedo era presidente de Minera México, subsidiaria de Grupo México y dueña de Pasta de Conchos; y vicepresidente de la filial Southern Copper, propietaria de Buenavista del Cobre.
Héctor García de Quevedo Topete, hermano de Xavier y ahora ex director general de Asuntos Especiales de la empresa, fue protagonista de uno de los episodios financieros más extraños de Grupo México. Héctor realizó una operación de venta de acciones con el fondo británico Infund que Larrea nunca ejecutó. Después de 12 años de pleitos el caso terminó con las acciones en posesión de Larrea y Héctor García de Quevedo en arresto domiciliario7.
Exención de impuestos
En la transacción entre Mercator y Grupo México, las empresas estuvieron libres de cargas fiscales en México, debido a que la mina se ubica en la zona económica especial de Sonora. Ésta se estableció para facilitar la instalación de industrias maquiladoras en el área fronteriza, como forma de ofrecer trabajo a los migrantes que cruzan a Estados Unidos. Las mineras se beneficiaron de esta situación, sin que su actividad económica tenga el objeto que dio lugar a la creación de la zona económica.
Según el tercer reporte a acreedores de Mercator en el marco de su proceso de bancarrota gestionado por Deloitte, una carta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fechada el 17 de febrero de 2016 -con Luis Videgaray Caso como secretario de la dependencia-, permitió que la compraventa de El Pilar estuviera exenta de pagar impuestos en México. Sin embargo, la hacienda canadiense sí se benefició con 8 millones de dólares canadienses, al estar Stingray Copper domiciliada en este país8.
Por su parte, Mercator sí tuvo presencia probada en el paraíso fiscal de Barbados -Mercator Minerals (Barbados) Ltd., que se dio de alta en 2008- según ICIJ. La filial se deshizo cuando la matriz se declaró en quiebra.
Deloitte y Grupo México alteraron informes
Deloitte, una de las cuatro compañías auditoras más grandes del mundo, estuvo involucrada en ambos lados de la transacción de El Pilar. Auditó el proceso de bancarrota de Mercator9 -incluyendo la venta de la mina- y las cuentas de Southern Copper Corporation en el tercer trimestre de 201510, cuando se reportó la compra. El doble rol de Deloitte no se indicó ante la Securities and Exchange Commission (SEC), como solicitan las reglamentaciones de la reguladora para este tipo de casos.
La relación entre Southern Copper y la filial mexicana de Deloitte ya había demostrado en el pasado no ser del todo limpia, de acuerdo a la Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), organismo que verifica las auditorías de las compañías basadas en Estados Unidos.
El 6 de diciembre de 2016, la PCAOB publicó una resolución11 censurando a Galaz, Yamazaki, Ruiz Uquiza, S.C., la filial mexicana de Deloitte, por varias violaciones de sus reglas y estándares que se produjeron entre 2011 y 2015. Deloitte y Southern Copper estuvieron al tanto de las irregularidades desde 2011, sin hacer nada para remediarlas. Deloitte fue condenada al pago de 750,000 dólares y la PCAOB impuso medidas adicionales para garantizar y verificar el cumplimiento de la reglamentación, como la obligatoriedad de reportar cada cuatro meses.
Cuatro trabajadores de la firma también recibieron sanciones o reprobaciones debido a las irregularidades cometidas mientras trabajaban en las auditorías de Deloitte para Southern Copper. En la auditoría del ejercicio de 2010 de la subsidiaria Industria Minera de México, S.A. de C.V, eliminaron 26 páginas, modificaron 90 y añadieron 17, todas de forma fraudulenta. La auditoría de Southern Copper para el 2010 corrió similar suerte: 21 páginas eliminadas, 36 modificadas y 41 añadidas. Además, en ambos casos los empleados de Deloitte cambiaron las fechas de múltiples documentos para tratar de cubrir sus huellas en la alteración de los mismos.
Antes, el gobierno mexicano también encontró irregularidades en Galaz, Yamazaki, Ruiz Uquiza. El 30 de noviembre de 2016 el Tribunal de Justicia Administrativa inhabilitó a la empresa para participar en proceso de licitaciones o contratos por servicios y obra pública con la Administración Pública Federal y de los estados12, después de que le fue adjudicado un contrato para la implementación de un sistema de juicios en línea. La Auditoría Superior de la Federación declaró que el sistema no funcionaba y ya se había gastado 330 millones de pesos13.
Grupo México anunció este junio una inversión de 1,560 millones de dólares para El Pilar, Buenavista del Cobre y una planta fundidora en Sonora. Este importe es casi 12 veces el monto que la empresa depositó en el fideicomiso para la reparación de daños del derrame de lixiviado de cobre en los ríos Sonora y Bacánuchi. Según investigaciones de PODER solo el 10% del dinero del fideicomiso en salud se ha destinado directamente a personas afectadas por el derrame del 6 de agosto de 2014.
Historia de Alberto Arnaldo y Claudia Ocaranza, editada por Eduard Martín-Borregón.
Fuente:Regeneración.mx
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