Comunidades indígenas de Oaxaca exigen al nuevo gobierno la cancelación de las concesiones otorgadas a empresas mineras extranjeras. Las poblaciones denuncian que las compañías provocan afectaciones irreversibles a los ecosistemas, criminalización de autoridades y defensores comunitarios e inseguridad.

Como resultado del procedimiento conocido como Juicio popular contra el Estado y las mineras, integrantes de organizaciones y comunidades indígenas de Oaxaca piden la cancelación de 322 concesiones otorgadas a empresas mineras en el estado, así como la revocación de las 41 vigentes.

La mayoría de las empresas son extranjeras y la exigencia que parte de la violación de derechos humanos de comunidades oaxaqueñas sólo es un ejemplo de lo que sucede en todo el país.

Más de 52 comunidades de Oaxaca denuncian que durante los gobiernos de los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se entregaron muchas concesiones para la realización de proyectos de exploración y explotación de minerales en territorio de pueblos y comunidades indígenas.

Alrededor de 10 millones de hectáreas del país fueron concesionadas principalmente para empresas registradas en Canadá, Estados Unidos, Perú, Australia y México desde enero de 2002 hasta abril de 2016, de acuerdo con solicitudes de información citadas en los resultados del Juicio popular contra el Estado y las mineras

Además, según la Subsecretaría de Minería de la Secretaría de Economía, en el país se encuentran registrados 988 proyectos mineros operados por empresas con capital extranjero, de los cuales 662 se encuentran en etapa de exploración, 45 en etapa de desarrollo, 107 en etapa de producción y 174 en etapa de postergación.

La información proviene del procedimiento judicial realizado el 11 y 12 de octubre en la ciudad de Oaxaca con la participación de 52 comunidades, quienes presentaron 22 casos de afectaciones ocasionadas por la minería en cinco regiones de la entidad: Valles Centrales, Sierra Sur-Costa, Sierra Norte, Mixteca-Cañada e Istmo.

El pasado 10 de diciembre, los pueblos indígenas compartieron el dictamen final del juicio emitido por el jurado integrado por expertos internacionales.

Los resultados de la investigación y el juicio incluyen afectaciones irreversibles a los ecosistemas, contaminación de ríos, criminalización de autoridades y defensores comunitarios, fractura del tejido social e inseguridad donde operan empresas mineras, principalmente extranjeras.

El representante del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Neftalí Reyes aseguró en la presentación de los resultados del juicio que el gobierno otorgó parte del territorio oaxaqueño a empresas mineras de otros países.

“La minería violenta sistemáticamente los derechos de los pueblos y comunidades de Oaxaca, puesto que el gobierno concedió el cinco por ciento del territorio estatal a estas compañías extranjeras”

– Neftalí Reyes

Integrante del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios

Además, las denuncias presentadas por las comunidades ante el tribunal dan cuenta de la presencia de un gran número de empresas mineras canadienses con proyectos de exploración y explotación en el estado de Oaxaca.

Hay más de 10 compañías canadienses en la lista de empresas que cita el documento y algunas de las mexicanas mencionadas ejecutan proyectos que son propiedad de firmas registradas en este país norteamericano.

Según información oficial de la Subsecretaría de Minería, en Oaxaca existían 41 proyectos mineros con participación de capital extranjero en 2017, 33 eran operados por empresas canadienses y 6 eran operados por consorcios de empresas canadienses con las de otros países.

Este fenómeno es internacional. En la actualidad, en más del 65 por ciento de todas las actividades mineras en América Latina tienen participación sociedades que cotizan en la bolsa de valores de Toronto, aunque no todas son de capitales canadienses, de acuerdo con datos de la página oficial del mercado de valores.

Denuncia en Oaxaca

Sin embargo, la denuncia se acota a Oaxaca. Hasta 2017, en este estado se encontraban registrados ante la Secretaría de Economía 41 proyectos mineros impulsados por 38 empresas registradas en Canadá, Estados Unidos, Perú, Australia y México.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, 36 se encuentran en etapa exploración, 2 en etapa de desarrollo, 1 postergado y 2 en etapa de explotación comercial.

Las últimas fueron señaladas por el gobierno de Oaxaca como dos de los proyectos mineros más importantes de la historia porque generaron una inversión privada por 6 mil 382 millones de pesos durante el periodo 2011 – 2015, lo cual colocó al estado en el séptimo lugar nacional en producción minera.

Las comunidades indígenas denuncian que dicha inversión no se traduce en mejores condiciones de vida para las comunidades y pueblos oaxaqueños, por el contrario generan un clima de incertidumbre sobre la integridad de sus territorios.

Un caso como ejemplo

El informe del Juicio popular contra el Estado y las mineras presenta los detalles de 22 casos en los que las mineras afectan comunidades indígenas. Uno fue presentado por las autoridades municipales de Magdalena Teitipac, Tlacolula, Oaxaca, comunidad integrada por zapotecos.

En esta región funciona la concesión denominada “Tlacolula”. Este permiso fue vendido por la empresa minera Radius Gold a Fortuna Silver Mines, una compañía minera de plata canadiense con sede en Vancouver.

Esta firma extranjera tiene dos minas en operación, una en Perú y una en México, así como otra en construcción en Argentina.

La operación implicó 150 mil dólares y 239 mil 835 acciones de Fortuna al cierre de la transacción. Esta es la misma empresa que opera en San José del Progreso y que generó una serie de conflictos y asesinatos.

Las actividades previas de exploración de la minera en la región entre 2009 y 2011 consistieron en barrenaciones, instalación de maquinaria y apertura de caminos con lo que afectaron algunos terrenos de cultivo.

En 2011, murió ganado por tomar agua de un pozo aledaño al río Dulce que está contaminado por la actividad minera, de acuerdo con la denuncia de la comunidad que se recoge en el informe.

Esta situación alertó a la población porque las personas consideran que al agua que llega a su municipio es tóxica.

Además, con el agua del río se preparan las tortillas que son una fuente importante de ingresos para las mujeres y las familias que comercializan en Tlacolula y la ciudad de Oaxaca.

Por otra parte, el informe revela que se abrieron diversos caminos en la región que provocaron daño ambiental a la flora y fauna.

Los otros 21 casos son similares. El informe enuncia que con estas acciones las empresas mineras violan los derechos de los habitantes indígenas de la región, tales como su garantía fundamental a la autonomía, al territorio, a la consulta previa, libre e informada, a un medio ambiente sano, a la salud, entre otros.

Ante este panorama, las comunidades y organizaciones que colaboraron en el juicio piden al gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador que cancele las concesiones a las mineras.

“Exigimos que se suspenda de forma inmediata la entrega títulos mineros hasta en tanto no se elabore un nuevo marco jurídico que respete de manera plena y efectiva de los derechos de los pueblos indígenas”, dicen las comunidades en comunidades

Asimismo, solicitan que se ratifique por parte del Senado el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe o Acuerdo de Escazú.

Entre otras peticiones, también demandan la creación de un mecanismo efectivo y culturalmente adecuado para garantizar el acceso a información oportuna para los pueblos indígenas, relacionada con planes y proyectos que pudieran afectar sus territorios y bienes comunes.

“En menos de treinta años, se ha profundizado la pobreza, la migración masiva, el deterioro del tejido social comunitario y ha habido una fuerte represión de quienes nos oponemos a este modelo económico. Todo esto al servicio de grandes corporaciones y caciques locales”, concluye el de los denunciantes.

Hasta ahora el único pronunciamiento del nuevo gobierno sobre este tema fue después de la toma de protesta. El nuevo presidente dijo que se pretende transferir a las comunidades mineras el impuesto que se cobre a las empresas que sustraen minerales.

“Se transferirá a las comunidades mineras el impuesto que se cobra a las empresas por la extracción del mineral”, sostuvo el mandatario el 1 de diciembre en el Zócalo de Ciudad de México.

Pachuca.- A pesar de que la minería es una actividad económica que genera millones de pesos en ganancias, sus trabajadores deben pagar un precio muy alto debido a los bajos salarios, prestaciones injustas y el impacto que genera esa actividad a su salud; además de la grave contaminación que deben afrontar las comunidades aledañas a esos megaproyectos.

En la minera Autlán, en Hidalgo, el personal se retira enfermo y con pagos miserables, porque, de acuerdo con documentos oficiales de la empresa, no existe la jubilación, solo el término “liquidación”, violando así la Ley Federal del Trabajo.

El mineral sobre la vida

Hablar de las personas que dedican sus vidas a las minas significa sufrimiento, enfermedad y pobreza. Para conocer la situación que vive ese sector fueron entrevistados trabajadores de la localidad de Chipoco, municipio de Tlanchinol, cuyos nombres
fueron cambiados durante las entrevistas, por temor a represalias..

“Un minero siempre sabe cuándo va a entrar a la mina, pero nunca sabe si saldrá”, dijo Antonio García, trabajador de la minera Autlán, “la verdad, en la mina se gana un poquito más que en superficie, pero es más peligro porque respiras puro humo por los disparos de pólvora”.

De acuerdo al último informe financiero no auditado 2018 de la minera, el balance general reportó ventas netas por más de 116 millones de dólares, lo que representa por segundo trimestre consecutivo las mejores ventas en los últimos 10 años.

En el apartado “Fondos para pensiones y prima de antigüedad”, la compañía no reportó ni un peso destinado para este fin, aunque los trabajadores que están por retirarse reciben una “liquidación”.

Roberto Medina, de 76 años, trabajó 36 años en la mina y se lastimó la columna al operar las máquinas perforadoras, por lo que tuvo que ser operado; aunque la empresa cubrió esos gastos, actualmente está de incapacidad y percibe solo 50 por ciento de su salario; la minera ya no cubre sus gastos médicos que ascienden a 5 mil pesos mensuales y lo puso en proceso de liquidación.

Ante ese panorama, es que para generar un poco de ingresos extras abrió una pequeña tienda en su casa, “estoy gastando arriba de 15 mil pesos cada tres meses por gastos médicos, precisamente por trabajar tantos años en la minera. Yo le diría a mi jefe que me siga dando incapacidad de aquí hasta que me muera, pero la minera siempre busca la manera de zafarse”.

En otro caso, Francisco Gutiérrez, de 47 años y 18 dedicados a la minería, narró que “hace como un año, algunos de mis compañeros que estaban en este proceso de liquidación les dieron a elegir si querían pensión médica o liquidación; como algunos están enfermos necesitan atención médica, entonces no recibieron ningún dinero. Aquí si te llegas a enfermar ya no le sirves a la mina”.

En ese sentido, al buscar la opinión de la delegación en Hidalgo de la Secretaría del Trabajo sobre la regulación de las condiciones laborales en las minas, la dependencia federal no respondió al llamado.

Pulmones de humo

El manganeso es un mineral importante para los seres humanos, pues cumple funciones vitales en el organismo, pero en exceso puede generar efectos negativos en la salud.

Icela Beltrán, doctora en ciencias con especialidad en biotecnología e investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, realizó un trabajo en Molango para indagar los niveles de contaminación de manganeso a través del aire y el suelo, y cómo afecta a la población alrededor de la mina.

La catedrática explicó que la manganosis es un trastorno provocado por la exposición al manganeso, sea por aire, agua o suelo, que a pesar de no estar considerada como una enfermedad, consume lentamente a la población hasta llevarla a una muerte “silenciosa” con síntomas tan comunes como desordenes psiquiátricos, conocidos como locura mangánica o manganismo, falta de memoria, alucinaciones, alteraciones del habla, conducta compulsiva y toxicidad aguda, desorientación, dolores de cabeza y estómago, náuseas, fiebre, gripe o tos; en algunas ocasiones llega a confundirse con Parkinson.

El manganeso tiene acceso directo al cerebro y los efectos negativos se ven desde la niñez, especialmente las más vulnerable son las niñas, “de acuerdo con la investigación que realizamos, el municipio de Molango registró mayor retraso cognitivo”, afirmó Icela Beltrán.

Muchas investigaciones realizadas en torno al tema solamente se quedan en papel, “aunque vayas a gobierno o sector salud con los resultados obtenidos, los presupuestos son cada vez más pequeños o simplemente no hay voluntad política para resolver la problemática”.

Historia de la minera Autlán

Hace 58 años, esa minera se estableció en seis municipios hidalguenses; hasta diciembre de 2017 tenía registrados 2 mil 17 empleados. De acuerdo con testimonios recopilados en la localidad de Chipoco, en Tlanchinol, los mineros se retiran con precarias liquidaciones después de varios años laborados.

La empresa fue fundada en 1953, su corporativo se encuentra en San Pedro Garza García, Nuevo León, y cuenta con oficinas en la Ciudad de México. El megaproyecto logró ser reconocido mundialmente y en la actualidad cuenta con tres unidades mineras y tres plantas de ferroaleaciones.

Los mercados a los que se dirige son la industria siderúrgica, la de pilas secas, cerámica, micronutrientes para animales y fertilizantes. En 1960 llegó a Hidalgo e inició la explotación del distrito manganesífero.

Fuente:https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/sin-dinero-ni-salud-mineros-jubilados-de-autlan/?fbclid=IwAR1TnNXzPEyaTtgl-nMEhI7efTmVplsL7VBIuNZ0NVmieL9F-rIL-vBzDcg

La organización Familia Pasta de Conchos interpuso quejas que por fin fueron escuchadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien este pasado 9 de diciembre, en su Comunicado de Prensa CDG417/18, dio a conocer la Recomendación 62/2018, en la que definió que la extracción de carbón en las poblaciones del Municipio de Sabinas y en al Área Natural Protegida en la Región Carbonífera del estado de Coahuila son ilegales, que no cuentan con concesiones, ni con Estudio de Impacto Ambiental; que violan los usos del suelo y los derechos humanos; la seguridad jurídica, el medio ambiente, la vivienda adecuada, la salud, la vida, la integridad personal, al agua, la propiedad, el saneamiento, la circulación y residencia. Del mismo modo se violan disposiciones de las leyes Minera, de Aguas Nacionales, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de Bienes Nacionales, así como otras disposiciones relativas con el asentamiento humano, ordenamiento territorial, desarrollo urbano y el Plan Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Sabinas. No nos sorprende que entre los dueños de estas minas ilegales aparezcan exfuncionarios públicos y funcionarios actuales como; el ex regidor de Sabinas, Álvaro Jaime Arellano, el actual senador de MORENA, Armando Guadiana Tijerina, así como el gobernador del estado que se presume compraba a través de la desaparecida Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila (PRODEMI) el carbón extraído ilegalmente, según confirma la Organización Familia Pasta de Conchos.

En diversos discursos, los políticos actuales nos piden tener confianza en la clase empresarial, ahora algunos de ellos, con cargos políticos dentro del gobierno, y viceversa, políticos que cuando dejan el cargo se suman a las huestes empresariales. Sin embrago, este tipo de actos que salen a la luz pública, demuestran una clara tendencia a la defensa de sus propios intereses  y se aprovechan de un estado alicaído, viciado que sin duda alguna cada vez es menos fiable para ofrecer servicios adecuados a la ciudadanía.

La CDNH reconoce las ilegalidades en que se ha incurrido y lanza una serie de recomendaciones dirigidas a; la Secretaría de Energía, SEMARNAT, CONAGUA, PROFEPA, CONAP, así como al gobierno del Estado de Coahuila, su Fiscalía y al Presidente Municipal de Sabinas. Desde REMA señalamos que todas las instancias federales mencionadas han sido denunciadas múltiples veces por las y los ciudadanos, debido a su actuación opaca en el cumplimiento de la ley, son sumisas ante los empresarios, falsifican la información para ocultar los desastres ambientales en la que recurrentemente incurren las empresas mineras, además de, en el cinismo de lo absurdo, hasta les entregan certificados de industrias limpias. Las recomendaciones de la CNDH muestran la abierta colusión que sabemos existe entre el estado federal, estatal y municipal y las empresas. Sobresalen también las dudas que genera la propia CFE al tener contratos por grandes cantidades de toneladas de carbón con minas que no alcanzan dicha producción, lo que hace suponer que el resto del mineral lo compran en minas ilegales.

La REMA felicita la gran lucha que ha realizado la Familia Pasta de Chonchos por desenmascarar a funcionarios, exfuncionarios, empresarios y empresas que actúan en contubernio para saquear al país. Nos solidarizamos con la población afectada en Coahuila por la actividad extractiva de carbón que afecta sus medios de vida.

Por ello, los Territorios Libres del Modelo Extractivo Minero son una estrategia de prevención que favorezca la búsqueda de otras formas de vida.

 ¡BASTA DEL MODELO EXTRACTIVO MINERO!

 RED MEXICANA DE AFECTADOS/AS POR LA MINERÍA (REMA)

Fuente:http://www.remamx.org/2018/12/comunicado-gobierno-y-empresas-trafican-en-contubernio-carbon-ilegal-en-coahuila/

En este capítulo de la serie Extractiv-Istmo. El desarrollo del México imaginario y la resistencia del México verdadero, se analizan los impactos del modelo de desarrollo basado en la extracción intensiva de recursos naturales, a costa del terreno en donde se encuentren localizados, de los ecosistemas existentes y de los pueblos que habiten ese sitio.
Los daños que estos modelos de desarrollo causan siempre son para las comunidades a las que se despoja de su territorio, bienes naturales, paz social y salud, mientras que las enormes ganancias económicas que produce esta explotación ni siquiera se quedan en el país.
El desarrollo se entiende desde esta óptica en una forma de modernizar la pobreza, no de acabar con ella, mientras los grandes capitales .

Fuente:https://www.nvinoticias.com/nota/106607/piden-garantizar-consulta-en-reforma-ley-minera

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) detectó anomalías en la expansión de la actividad extractiva del carbón en varias zonas de Coahuila, las cuales afectan a la población, por lo que emitió una recomendación dirigida a ocho dependencias y autoridades.

Indicó que la actividad extractiva del carbón se ha expandido en poblaciones del municipio de Sabinas, Coahuila, y en el interior de áreas naturales protegidas en la Región Carbonífera de ese estado, pero sin las concesiones que amparan esas actividades, sin las autorizaciones de impacto ambiental o en contravención de los usos de suelo previstos.

Representantes de una organización no gubernamental presentaron escrito de queja ante la CNDH, que durante su investigación observó que se infringieron disposiciones de la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales, las leyes generales del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, al igual que sobre Bienes Nacionales, además de las relativas a los asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano del ámbito general, del estado de Coahuila y del municipio de Sabinas, particularmente su Plan Director de Desarrollo Urbano.

El organismo observó que en los lugares donde se ubican las excavaciones no existen medidas de seguridad y señalización para evitar accidentes, lo que implica riesgo para los habitantes ante las deficiencias de las autoridades para hacer efectivos los ordenamientos señalados, lo cual también da cuenta de su ineficacia en la Región Carbonífera.

Señaló que esas omisiones repercuten seriamente en los componentes ambientales, además de afectar la salud y las condiciones de vida de las personas que viven o transitan por los alrededores de obras mineras.

Para la CNDH, las irregularidades de las autoridades ante ese problema implican violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, medio ambiente, vivienda adecuada, salud, a la vida e integridad personal, propiedad, agua, saneamiento, circulación y residencia.

Por este caso emitió la recomendación 62/2018, dirigida a las secretarías de Economía (SE) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), al gobernador de Coahuila, al fiscal General de la entidad y al presidente municipal de Sabinas.

En general, recomendó a las autoridades mencionadas llevar a cabo acciones como efectuar la reparación integral e inscribir en el Registro Nacional de Víctimas a las personas afectadas; iniciar los procedimientos de inspección para verificar las condiciones en que se llevan a cabo dichas operaciones extractivas; emitir circulares y llevar a cabo actividades de capacitación a servidores públicos cuya actuación, en el ámbito de sus atribuciones, se relacione con la minería, además de colaborar con la CNDH en los procedimientos que se instruyan ante los respectivos órganos internos de control.

Fuente:https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/1012949.emite-cndh-recomendacion-por-extraccion-de-carbon-en-coahuila.html

Al menos unas 13 empresas mineras han sido denunciadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente(Profepa), por irregularidades y ocasionar problemas ambientales en el estado de Chiapas, información que fue denunciada por el activista chiapeneco Mariano Abarca Robledo, asesinado en 2009, notificó la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

Miguel Ángel Mijangos Leal, integrante de la REMA, indicó que la Profepa anunció el cierre de 13 mineras que afectan el 14 por ciento del territorio de Chiapas en la zona y hasta la fecha no hay resultados informó la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

A nueve años del asesinato del activista chiapaneco, Mariano Abarca Robledo, puntualizó que las empresas mineras originarias de China y Canadá siguen extrayendo barita y diversos minerales afectando el ecosistema y la salud de los pobladores cercanos a estas minas.

Fuente:http://www.diariodechiapas.com/landing/al-menos-unas-13-empresas-mineras-han-sido-denunciadas-por-la-profepa/?fbclid=IwAR2O3LdhNxO4h59ke1fXAXFHgar8Ld7gpo4Knz7kyV_Xbd62X3w_9LBn7RA