La Comisión Nacional del Agua posibilita dar concesiones a discreción por internet para explotar el agua de ríos, manantiales y pozos. Desde 2018, cuando Peña Nieto levantó la veda a 10 cuencas, se han otorgado casi mil concesiones sin informar a las comunidades locales.

Conagua en Línea, el sistema de solicitud de concesiones de agua por internet, que entró en vigor en abril, y la expansión de los decretos de agua, emitidos por el expresidente Enrique Peña Nieto a todo el país, podrían dejar a los pueblos originarios del territorio mexicano sin acceso al agua.

La plataforma de Conagua en línea permite que cualquier persona o empresa obtenga concesiones para explotar el agua de ríos, manantiales y pozos de estas comunidades sin su conocimiento o consentimiento de las comunidades locales.

El lunes pasado, Eugenio Barrios, director de concesiones de Conagua, aseguró que planea expandir la figura de reservas de agua a todo el país. Esta figura inició a finales del sexenio pasado, el 5 de junio de 2018, cuando Peña Nieto levantó la veda a 10 cuencas de agua.

Estos decretos eliminaron la prohibición para explotar 300 cuencas hidrológicas. Ahora, bajo la nueva figura de “reserva” que se les dio a estos cuerpos de agua, se pueden expedir concesiones a particulares para que exploten entre 70 y 65 por ciento del líquido, y el resto se mantenga en reserva para su cuidado y para el consumo de las comunidades cercanas.

Las vedas de agua que protegían estas cuencas equivalen al 55 por ciento de los lagos y ríos del país.

Durante su campaña electoral, Andrés Manuel López Obrador aseguró que echaría para atrás estos decretos, sin embargo, no ha sucedido.

El agua en pocas manos

“De acuerdo a como está configurada la actual ley de aguas nacionales, y sobre todo, por cómo se comportan los funcionarios, hace que las aguas se concentren y se privaticen”, advirtió Miguel Ángel Montoya, especialista del colectivo Agua para todos, una agrupación de ciudadanos que promueven el derecho al agua.

“Las vedas tienen una función ecológica para permitir que se exploten las cuencas, ésa es la mejor manera de conservarlas”, asegura. “Se nos vendió que el 35 por ciento era de reserva. De ese porcentaje una parte va al uso público urbano, de ese porcentaje destinaron 100 litros por habitante para las zonas indígenas y rurales, que desde luego, bajo este contexto de recorte, nunca van a poder acceder a él, porque no tienen la infraestructura que sí tienen el resto de los concesionarios. En pocas palabras, queda de adorno esa reserva de 100 litros por habitante por día”.

Para Miguel Ángel Montoya, las acciones que han emprendido los funcionarios de Conagua para reforzar este marco de operación constituyen una traición a la 4T y al presidente López Obrador.

Aunque su afirmación no es comprobable, lo cierto es que los funcionarios que ayudaron a crear los decretos de agua de Peña siguen en funciones en la Conagua, como el director de registro público de derechos de agua, Gerardo Reyes Juárez, o el subdirector general técnico, Víctor Alcocer Yamanaka.

Antes de que se abrieran a concesión, estas aguas formaban parte de la propiedad social, conformada a través de dotaciones de tierras, aguas y bosques por decreto presidencial. El cuidado de estas cuencas era algo que naturalmente realizaban los campesinos, pues, al no usar canales de riego y esperar al temporal para la siembra, ayudaban a recargar las cuencas y evitar la sobreexplotación, explica Julio César Cervantes, de la Central Campesina Cardenista.

“El Registro Nacional Agrario señala que gran parte de las aguas puestas a disposición se encuentran en las 23.4 millones de hectáreas que son propiedad de los 7462 núcleos agrarios, formados a través de decretos presidenciales que les dotaron de tierras, aguas y bosques”, explica Cervantes.

Un ejemplo de cómo podría afectar este tipo de concesiones se vivió en en la Costa Oaxaqueña, en el poblado de Paso de la reina, donde, por medio de amparos legales, vencieron los decretos presidenciales de Peña Nieto.

Al respecto, Claudia Gómez Godoy, abogada que ayudó con el proceso legal de esa comunidad, asegura que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se han sentado las bases para proteger el agua de las comunidades del país.

“No está asentado la protección que se requiere. Llevamos una discusión de muchos años sobre el agua y los derechos de los pueblos a nivel nacional, y aún no se llega a nada. En el caso de Paso de la reina, no se consideraron los derechos territoriales de los pueblos, que son reconocidos por diversos tratados internacionales, como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que defiende la consulta previa a los pueblos originarios antes de disponer de los recursos del lugar en el que habitan”, explica la abogada.

La misma ruta de concesiones que minería

La plataforma de Conagua en línea es muy parecida al sistema de concesiones mineras que creó la Secretaría de Economía hace unos años. A través de la página de internet, cualquier persona puede solicitar una concesión minera o de agua. Sólo basta llenar un par de formularios y hacer un pago de derechos en el banco y listo. En el caso de las minas, este sistema de concesiones terminó por desposeer a miles de personas de sus tierras sin que ellos se enteraran que el lugar en el que vivían había sido concesionado.

Lo mismo podría  pasar con Conagua digital, se va a dar acceso a la explotación del recurso a personas sin que se le avise a quienes originalmente habitan las cuencas y que son, por tiempo, primeros en derecho a esos recursos; a estos flujos de agua que durante años han tenido como derecho fundamental.

“Desafortunadamente vemos que, en este sistema de concesiones, el derecho al agua de estas comunidades y de estos ejidos les es retirado para poderlo meter en un mercado. Así va a ser lo que va a pasar con Conagua digital. Lo que hace este mercado es concesionar a través de estas personas, a quienes verdaderamente están interesados en pedirlas”, asegura Julio Cervantes.

De acuerdo con el especialista, muchas empresas, desde agropecuarias, lecheras, mineras, cerveceras y de todo tipo, están empezando a promover que terceros pidan concesiones para después comprárselas y acaparar los derechos de explotación del líquido. Esto, con la intención de no ser identificados y ocultar de cuánta agua se hacen.

Hace una semana, el mismo día que el director de concesiones de Conagua, Eugenio Barrios anunció sus intenciones de expandir los decretos del agua de Peña, el Think Tank Ethos publicó un estudio sobre la corrupción al interior de Conagua que permite que este tipo de concesiones proliferen y se den al mejor postor.

“En el área de transmisiones y concesiones encontramos que entre 2015 y diciembre de 2018 se otorgaron 77 concesiones en lugares en donde ya no hay agua. Eso nos dice que no se está respetando el proceso ni se está garantizando la sustentabilidad de los recursos hídricos”, dijo Rodrigo Bolaños, uno de los investigadores encargados del estudio en una entrevista radiofónica.

Mil concesiones en un año

De acuerdo con la información que compartió el director de concesiones de Conagua, Eugenio Barrios, para defender su propuesta de ampliar los decretos del agua, desde que se levantó la veda, se han otorgado solo 362 nuevas concesiones de agua.

La mayoría de ellas, el 90 por ciento, fueron aprobadas para uso agrícola de pequeños productores, y que el volumen aprobado, no excede los 101 millones de metros cúbicos de agua por año, es decir, .25 por ciento del total que se permite explotar a terceros.

Sin embargo, información del colectivo Agua para todos revela que no son 362, sino 968 concesiones las que se han aprobado para explotar el agua que antes estaba vedada. Incluso, una de ellas, contempla una concesión de 127 millones de metros cúbicos.

“Esa es una mega mega concesión que se dio en el pueblito de Chilón, Chiapas, a nombre del gobierno municipal. Este municipio está bajo sitio por paramilitares, y el comité de agua del pueblo ha recibido amenazas de muerte por parte de estos grupos”, explica Elena Burns, de Agua para todos.

Elena acepta que el 90 por ciento de las concesiones se pudieron haber dado a campesinos, sin embargo, concesiones como las del pueblo de Chilón, quedan en ese 10 por ciento que queda, este tipo de procesos abren la puerta a disputas por el territorio que generan una violencia terrible, asegura Elena Burns.

En el siguiente mapa, elaborado con datos de la propia Conagua por Agua para todos, se muestran las concesiones otorgadas a partir de los decretos de Agua de Peña Nieto:

Fuente:https://piedepagina.mx/el-agua-de-mexico-disponible-via-internet/?fbclid=IwAR3yUyphsbm6kmyoi2RnNAyL8N5F_42NO-Bvw8br0b2Ug8eBZjoLbGPU284#.XaGEIdz0GxJ.facebook

En las entrañas del municipio de Cocula, en el estado de Guerrero, desde el 2010 la empresa minera canadiense Torex Gold Resources INC., por medio de su subsidiaria “Minera Media Luna S.A. de C.V.” opera, a través de las técnicas a cielo abierto y subterránea, el proyecto para la extracción de oro y plata denominado; “El Limón-Guajes”. Desde su llegada, ha sido una de las empresas “consentidas” de diversos operadores políticos del estado de Guerrero, en especial de los gobernadores en turno, así como también, recurrentemente es visitada por el cuerpo diplomático de la embajada canadiense en México, lo que le ha permitido al Sr. Fred Stanford, presidente, CEO y director de Torex Gold Resources Inc., transitar en total impunidad a pesar de los cientos de agravios cometidos por la empresa y sus violentos operadores, para con las y los pobladores principalmente de las comunidades de Nuevo Balsas, La Fundición, Real de Limón y Atzcala.

El historial de esta empresa en la zona, incluye varios cierres de operaciones por parte de opositores y trabajadores en donde siempre está presente algún acto violento perpetrado por los trabajadores de la CTM y el crimen organizado, el mismo que, desde hace años, opera abiertamente para la empresa controlando entradas y salidas, ofreciendo empleo y sometiendo a sus caprichos a la población. La lista de agravios de esta empresa es igual de grande que la impunidad en la que opera este país; desde los desplazados de la comunidad La Fundición que tuvieron que huir del país o rumbo a otros estados para no ser asesinados, la aparición de falsas escrituras de tierras para despojar a los dueños originarios, la reubicación forzada para cerca de 170 familias de La Fundición y Real del Limón, la contaminación del agua ocasionada por la minera que afectó para siempre la actividad económica y la salud de las y los pescadores de la comunidad de Nvo. Balsas, contaminación que fue distorsionada, por lo tanto falseada, por la Universidad de Guerrero, lo cual no es casualidad si entendemos que dicha Universidad está siendo financiada desde hace años tanto por la Torex Gold como en su momento por la Goldcorp que operaba en Carrizalillo.

También se suman a las agresiones múltiples extorsiones, levantones y secuestros, que nos hacen recordar la ocurrida a los 3 hermanos Víctor, Miguel y Modesto Rebolledo Salinas, miembros del ejido Real del Limón, quienes fueron levantados no sin antes haber sido balaceado, el otro hermano, Eligio Rebolledo Salinas, lo que también nos trae a la memoria el asesinato de otros dos hermanos; Víctor y Marcelino Sahuanitla Peña, trabajadores de la empresa que se opusieron a continuar siendo explotados por la empresa y el sindicato de la CTM. Lo “singular” del asesinato de ambos hermanos, es que suceden ante la mirada de unos “militares” adscritos a la patrulla número 0827327 quienes pocos días antes instalaron un reten de seguridad, porque ese proceso se encontraba en un momento álgido del cierre de la empresa ocasionado por poco más de 600 trabajadores quienes luchaban por ejercer su libertad de asociación, la libertad sindical y la libertad de negociación colectiva como derechos fundamentales. Poco después asesinaron a otro de los principales líderes de ese movimiento obrero patronal, el Sr. Quintín Salgado Salgado. La Limpia de Luchadores por sus Derechos, por parte de la empresa Torex Gold y sus sicarios, incluye por supuesto, despidos individuales y masivos, y persiste una persecución que raya en lo grotesco, porque continúan las desapariciones de opositores como le ocurrió a Óscar Hernández Romero este 23 de septiembre de este año, a quien desde entonces más de 100 personas salieron a buscarlo en diferentes rincones de Cocula. La causa de esta desaparición es porque 200 trabajadores que fueron despedidos de forma injustificada, sostienen una demanda contra la empresa. Ahora la seudopolicia comunitaria e integrada por sicarios que opera en la zona a favor de la empresa, ha decidido detener la búsqueda y mantiene amenazada de muerte a las y los amigos que buscan a su líder.

Aquí detenemos este breve relato de los recurrentes agravios de la violenta empresa minera canadiense Torex Gold Resources INC., porque se hace necesario poner en la mira del público una historia no contada o poco analizada, quizás únicamente por el Diario el Sur de Acapulco.

Desde el cierre de las operaciones de la empresa promovido por los poco más de 600 trabajadores de la mina, exigiéndole a la empresa canadiense DESCONOCER el contrato colectivo de trabajo que mantenían con el sindicato de la CTM, poco a poco se fueron presentando una serie de acontecimientos violentos que le fueron dando más y más notoriedad a este caso. Fue así que se intentaron visitas solidarias de diferentes actores, mismas que en el camino a las comunidades fueron detenidas por grupos de sicarios. También aparecieron los más altos niveles del gobierno del estado, el cuerpo diplomático canadiense, la policía estatal y municipal, la gendarmería y el ejercito, así como se presentó el Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (STMMSRM), liderada por el actual Senador Gómez Urrutia quien, utilizando la influencia canadiense de la que goza, hizo participes de este conflicto al Sindicato de los Trabajadores del Acero de Canadá (USW), quienes solicitaron la intervención del primer ministro Justin Trudeau para con las autoridades mexicanas, y detener la represión contra los promoventes del paro laboral. El sindicato canadiense también emitió un boletín denunciando “que la filial de Torex Gold Resources pactó una alianza con la CTM para afiliar a todos sus trabajadores en el sindicato -sin su consentimiento-, y recordó que esta “práctica corrupta” es ilegal, tanto en Canadá, como Estados Unidos”. La asesoría de estos sindicatos, pronto llevó el caso a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en donde por lo menos se efectuaron dos audiencias públicas y determinar fecha en la cual se llevaría a cabo la votación para la selección del sindicato, que claramente apuntaba a la creación de una sección a cargo del STMMSRM.

Por los medios se anunció la fecha en la cual se realizaría el conteo que finalmente definiría el cambio de sindicato. Sin embargo, un día antes de la fecha dispuesta por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la empresa movió por todos lados un comunicado, en el cual hacia manifiesto su gusto por finalmente las partes haber establecido un acuerdo interno, con el cual se levantó el bloqueo y así, de un plumazo, quedó en el “olvido público” el conflicto, los asesinatos, los secuestros, las extorsiones, al mismo tiempo que no se supo más tampoco del apoyo nacional que habían recibido los opositores por parte del STMMSRM o del apoyo internacional del USW. Las auto-loas del artífice represor el Sr. Fred Stanford, director de Torex Gold Resources Inc., fueron exuberantes y llenas del buen proceder empresarial, pero todo fue mentira, porque los relatos de los opositores citan que fue el crimen organizado a cargo de la empresa quienes concluyeron con el plantón, se presentaron y de golpe y porrazo las y los amenazaron con masacrarlos a todos, si no terminaban con el paro laboral. Todos se retiraron sin decir nada; sindicatos (nacional y extranjero), gobierno estatal y municipal, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, consulado canadiense en México, fuerzas armadas del estado y federales, mientras el Sr. Stanford salía en todos lados celebrando su “el gran acuerdo”.

Esta reseña sirve para ubicar que, la violenta realidad que viven los pueblos del Mpio. de Cocula y de los municipios del rededor, no ha cambiado a favor un sólo milímetro. El gobierno federal sigue ausente de la zona, aun a pesar del efecto creado por el caso de los muchachos de Ayotzinapa, por lo tanto, la impunidad sigue siendo el elemento central del poder corporativo empresarial que tiene sumisos, sometidos y comprados a cada uno de los operadores políticos del estado. El progreso y desarrollo minero, tal cual lo hemos documentado y denunciado hasta el hartazgo como REMA, es por decirlo suavemente una barbaridad.

REMA se solidariza con la lucha de las y los compañeros que viven la violencia sistémica en toda la zona conocida como el “Cinturón Dorado” del Estado de Guerrero. Sabemos que es una lucha que ustedes hacen en soledad absoluta, porque ahí El Estado tiene rato que le pertenece al crimen organizado y a las empresas mineras, y en ese contexto, reconocemos cada uno de sus enormes esfuerzos por mantener la cabeza erguida y seguir luchado por la vida.

¿CUÁNDO TERMINARÁ LA SIMULACIÓN Y LA IMPUNIDAD?

SI LA 4T NO PONE EN PERSPECTIVA ESTE TEMA DE FONDO, TODO LO QUE DIGAN EN LAS MAÑANERAS, ES TOTALMENTE IRRELEVANTE

APARICIÓN CON VIDA DE ÓSCAR HERNÁNDEZ ROMERO

POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERIA

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Fuente:https://movimientom4.org/2019/10/la-empresa-minera-canadiense-torex-gold-resources-inc-arquetipo-de-la-violencia-en-guerrero/?fbclid=IwAR0Epo7l86oc-h_BNbtrca7r_cSG0XgJOyMG54sKYxDuwqi6wSGN-_PvoCk

Después de que decenas de ciudadanas y organizaciones civiles difundieron un comunicado denunciando la deplorable alianza entre el Oaxaca FilmFest y Minera Cuzcatlán, y tras la interrupción de la clausura del festival por activistas que alegan la responsabilidad de la minera en la contaminación del río Coyote, el Oaxaca FilmFest anunció su cancelación del patrocinio.

“Somos sensibles al exhorto de la sociedad y las comunidades que han manifestado la petición de retirar de nuestros patrocinadores a la empresa minera”, declaró el comité organizador del festival en un comunicado difundido en los medios de comunicación este miércoles. “Es importante reflexionar ante la voz de la sociedad civil y por ello se ha decidido terminar de manera inmediata y definitiva ese patrocinio”, precisaron. Para el jueves, el logo de Cuzcatlán ya no aparecía en la página web del Oaxaca FilmFest, y la compañía minera había iniciado su típica guerra propagandística a través de los medios sociales.

En Twitter y Facebook, donde el comunicado y los videos de la acción fueron ampliamente compartidos, Cuzcatlán se vio obligado a responder a las críticas una por una con el fin de salvar su imagen manchada.

También difundió una declaración titulada “Compañía Minera Cuzcatlán lamenta decisión del Oaxaca FilmFest”, destacando los grandes beneficios que ofrece al pueblo de Oaxaca en materia de empleo, derrame económico y desarrollo comunitario. Muchas, sin embargo, parecían no estar convencidas. “Qué cínicos. Oaxaca no necesita la ayuda de una minera para poner en alto el nombre de los pueblos”, respondió un usuario a la empresa en Twitter. Mientras otra participante en la conversación opinó: “Qué asco que vengan a justificarse en redes sociales”.

Fuente:https://www.educaoaxaca.org/tras-protest-oaxaca-filmfest-cancela-el-patrocinio-de-minera-cuzcatlan-video/

Los investigadores Sergio Uribe y Grecia Eugenia Rodríguez señalan que la empresa adquirió 7 mil 971 hectáreas de cuatro ejidos: Cedros, El Vergel, Mazapil y Cerro Gordo

■ Advierten que las norias relacionadas a la minera, actualmente a cargo de Newmont-Goldcorp, se agotaron

El conflicto en la mina Peñasquito, con la empresa Goldcorp, la cual este año se transformó en Newmont-Goldcorp y las comunidades que actualmente se sostienen como afectada por las actividades mineras bajo la técnica de tajo a cielo abierto, inicia en 2009.

Así, Sergio Uribe y Grecia Eugenia Rodríguez en trabajos académicos retomaron de investigaciones de Garibay que “entre 2006 y 2010, Peñasquito adquirió 7 mil 971 hectáreas de cuatro ejidos: Cedros, 5 mil, 790 hectáreas; El Vergel, mil 67 hectáreas; Mazapil 447 hectáreas; y Cerro Gordo, 657 hectáreas.

Los expertos en conflictos mineros exponen bajo rigor académico, que entre 2000 y 2006, el precio del oro acrecentó su valor 117 por ciento, lo que dio a lugar a que la empresa minera pasara de extraer en 1990, 41.5 kilogramos a 15 mil kilogramos en 2017. Asimismo, la plata aumentó su valor en el mercado 30 veces y el cobre 13, según investigaciones de Uribe y Rodríguez.

En consecuencia, para 2010 por cada mil dólares provenientes de la venta de minerales, Goldcorp obtuvo en ganancias, un aproximado de 998.82 dólares. La derrama para las comunidades afectadas por la industria extractiva fue de 18 centavos de dólar por cada mil. Mientras que Mazapil, a nivel nacional, aportó 8.7 por ciento del valor total de la actividad minera, según datos de la Secretaría de Economía de 2017.

Aunado a lo anterior, Uribe y Rodríguez contrastaron estos datos con los arrojados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en 2015, donde se señala a Mazapil como uno de los municipios con mayor población en pobreza extrema, es decir, cuenta con el 12.9 por ciento de su población en esta condición. Mientras que otro 63 por ciento vive en pobreza.

Otro de los conflictos que se libran en las comunidades que comprenden el proyecto Peñasquito es el agotamiento de agua, pues según fuentes consultadas por trabajos académicos de Uribe y Rodríguez, las norias relacionadas a la mina Peñasquito se agotaron.

Uribe por su parte, explica que para “2017 había más de 22 millones de hectáreas concesionadas en México y un total de 290 empresas de capital extranjero operando 988 proyectos en el país”. La presencia de las mineras canadienses es equivalente al 65 por ciento, la presencia estadounidense es de 16 por ciento y le siguen las empresas chinas con un 5 por ciento de actividad en el país. De acuerdo con datos del Servicio Geológico Mexicano publicados en 2018.

Fuente:http://ljz.mx/2019/10/10/conflicto-entre-mina-penasquito-y-comunidades-inicio-en-2009/?fbclid=IwAR1JQOJSFIZQxUmhxZ_dxSWxFhb1fcct-AD7MWfcaSQcYlIG70YyidOYsT4

Consideran que con esta propuesta sólo serán beneficiadas las empresas y los pueblos indígenas resultarán perjudicados

Fuente:https://www.elmanana.com/proyectos-de-amlo-afectan-a-indigenas-amlo-proyectos-indigenas/4934582?fbclid=IwAR06E9Vzq11Doz11h56wwcYpybeFRGkA4jjzynbzmeeixvgbccTn5HEihr8

El apuntalamiento del sistema económico capitalista en la minería y las políticas de dominación neoliberales han hecho del municipio de Mazapil, en el estado de Zacatecas, una de las caras más visibles del modelo extractivo minero en México. La creciente demanda de materias primas por los países centrales y las economías emergentes, así como el incremento del precio de los minerales, entre los que destaca el oro, al ser visto como un refugio para los grandes inversionistas ha significado un crecimiento en la centralización de tierras en forma de concesiones y, a la vez, un boom para la extracción de este metal.

Durante el periodo 2000-2006 el precio del oro creció 117 por ciento su valor, lo cual generó que a partir de 2009 se elevara significativamente el volumen extraído, alcanzando un aumento de 366 veces en los últimos 27 años, pasando de 41.5 a 15 mil 229.4 kilogramos. Por su parte, la plata aumentó el volumen de extracción 30 veces y el cobre 13 veces en el mismo periodo. Estos datos también reflejan el perfeccionamiento de las técnicas de extracción a través de la tecnología, que requiere cada vez más insumos para ser sostenida.

La llegada de la empresa canadiense Goldcorp, ahora Newmont-Goldcorp, a Mazapil, y la adquisición del yacimiento Peñasquito para operarlo bajo la técnica de tajo a cielo abierto en 2006, se anunció como el inicio de un auge económico importante para la región que traería progreso y desarrollo. Pero a 13 años de su llegada, la realidad no corresponde con lo prometido. El ejemplo de la farsa del “desarrollo minero” se observa al analizar los siguientes datos: en 2010, por cada 1 mil dólares de minerales vendidos Goldcorp obtenía de ganancias aproximadamente 998.82 dólares y las comunidades sólo recibían 18 centavos de dólar (Garibay, 2010); por otro lado, en 2016, mientras que Mazapil aportó el 8.7 por ciento del valor total de la extracción minera a nivel nacional (Secretaría de Economía, 2017), era reconocido como el cuarto municipio con mayor población en situación de pobreza extrema con el 12.9 por ciento, además, contaba con el 63 por ciento de la población en condición de pobreza (Cobeval, 2015). Es una paradoja: grandes ganancias para la empresa y gran pobreza para el poblado (Uribe y Rodríguez, 2019).

Como se puede observar, no hay simetría entre las ganancias de la empresa Newmont-Goldcorp y los impactos, tanto sociales, culturales, económicos, ambientales y a la salud que ha ocasionado su operación en la región. Otro tema de suma relevancia, es el despojo de tierras para la actividad minera, ya que, entre el 2006 y el 2010, la empresa despojó con engaños, chantajes y coerción más de 7 mil 971 hectáreas de tierra de los ejidos de Mazapil, Cedros, Cerro Gordo y El Vergel, generando el desplazamiento forzado de la comunidad de Peñasquito, además de poner en riesgo latente el desplazamiento de las comunidades de Mesas, Charcos y Palmas Grandes. A la par, el agotamiento del agua comenzó a sentirse rápidamente, en mayo de 2010 se constató que todas las norias relacionadas a la mina Peñasquito se secaron (Garibay, et. al., 2014). Algo más alarmante aún es que Goldcorp mintió a sus accionistas sobre las concesiones de agua y todo apunta a que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) fue cómplice de la empresa al poner a remate el acuífero, haciendo informes técnicos con sendas alteraciones que favorecen a la trasnacional (Garibay, et. al., 2014), lo cual, deja ver un claro entramado de corrupción.

En estos años, también se ha hecho visible la devastación ambiental y la transformación del paisaje que ha generado la minería a cielo abierto, misma que comenzó a visibilizarse y sentirse velozmente, debido a que tan sólo en el periodo de 2012-2017 la minera ha consumido 84 mil toneladas de cianuro y ha removido 396 millones de toneladas de materia rocosa para la extracción de oro. Lo cual ha repercutido en la contaminación del suelo y el aire por la transmisión de polvo con contenido tóxico, derivado de metales pesados y el uso de cianuro para el beneficio del mineral. Esto ha significado el surgimiento de distintas enfermedades dermatológicas y crónico-degenerativas como el cáncer. Los casos de los niños y niñas de Charcos son los más representativos. También se ha generado la muerte de ganado y la pérdida de cosechas.

La relación desigual con la minera Peñasquito ha desatado un conflicto eco-territorial de convivencia y bienes pecuniarios que se sobrepone a un conflicto laboral e intersindical entre ejidatarios, campesinos avecindados, transportistas y la empresa Newmont-Goldcorp. El saldo de los conflictos a lo largo de los años ha sido el aumento de la violencia en la región, la división comunitaria, el desplazamiento forzado, varios homicidios, criminalización a líderes y la presencia de un grupo armado.

La operación de Newmont-Goldcorp ha desencadenado una disputa por el control del trabajo y la vida humana, animal y vegetal del territorio, pero no hay mejor calidad de vida sino más conflictos mineros (Uribe, 2019). La esencia de estas tensiones muestra una contradicción de origen entre quienes manifiestan una mirada crítica sobre la forma de actuar de la minera y una postura que defiende la tierra, el agua y el territorio, pero, al mismo tiempo, aceptan que la empresa pueda seguir operando el yacimiento siempre y cuando cumpla el marco legal nacional e internacional que integra el principio economicista “el que contamina paga”, poniendo en peligro el futuro de toda la región.

La articulación y correlación de fuerza entre los diversos actores involucrados en el caso Peñasquito se vislumbra cada vez con mayor complejidad, lo cual genera cuestionamientos sobre lo que verdaderamente está en juego para quienes se han organizado y pelean contra la trasnacional. Recordemos que después de las primeras remuneraciones económicas, muchos ejidatarios lograron adquirir camiones e integrarse al trabajo con la minera para el acarreo de material, eso ha generado un cambio cualitativo en los conflictos, pues se pone en la mesa la tensión no sólo por la negociación de las retribuciones requeridas por la explotación territorial entre la empresa y los ejidatarios, sino una disputa entre sindicatos transportistas por el control de los contratos de acarreo de material.

Aunque en las constantes demandas de los afectados se exige el resarcimiento del daño por el agotamiento de los mantos freáticos en la comunidad de Cedros y de una auditoría ambiental, estos argumentos parecen secundarios frente a la exigencia de recuperar los contratos de acarreo para las asociaciones transportistas en pugna. Pese a que se ha corroborado que la empresa ha operado en la ilegalidad tras detectar diversas irregularidades para obtener los permisos de ocupación temporal de tierras como negar la participación de miembros opositores al comisariado, realizar asambleas sin la información necesaria, con anomalías en la determinación del acceso al voto y en los propios escrutinios, con dudas sobre las firmas, en algunos casos no se presentaron actas de no verificativo, entre otros aspectos. Los afectados por la mina Peñasquito apuestan por la negociación permanente antes que exigir el cierre de la mina, la rendición de cuentas y el resarcimiento de los daños ambientales, así como un proceso de reconstrucción del tejido social.

Es en este complejo marco que se juega el negocio y la vida de los ejidos y comunidades influenciados por el megaproyecto minero “Peñasquito” en la región de Mazapil, Zacatecas.

Fuente:https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/10/08/minera-penasquito-entre-el-negocio-y-la-vida-de-las-comunidades-de-mazapil/?fbclid=IwAR3K30Xw0g4zO-cSEZ0X0ZWsVLEtP7BlTmeX4lIw8XRGWjZvqL4fopcKuaM

Durante la reunión que sostendrán el próximo 11 de octubre con el subsecretario de minería.

La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), representantes de diversas organizaciones, de la iglesia e investigadores, solicitarán la cancelación de las concesiones mineras en el estado, durante la reunión que sostendrán el próximo 11 de octubre con el subsecretario de minería, informó el integrante de LAVIDA, Guillermo Rodríguez Curiel.

Detalló que en la reunión que se celebrará en Actopan, participaran habitantes de alrededor de 80 comunidades de diversos municipios que se han pronunciado en contra de dichos proyectos.

“El 11 de octubre estará presente en el salón estrella de la cabecera municipal de Actopan el maestro Francisco José Quiroga, que es el subsecretario de minería, concretamente es la secretaría de economía y esta subsecretaría de minería los que otorgan las concesiones a los mineros, logramos después de muchas movilizaciones que él venga a Actopan donde nos reuniremos aproximadamente 80 comunidades de Actopan, Alto Lucero, Úrsulo Galván, Paso de Ovejas, etcétera, le vamos a mostrar porque en Veracruz es inviable la minería toxica y le vamos a exigir que cancele todas las concesiones que han otorgado para Veracruz, estamos preparados para mostrarle con hechos.

Van a estar presentes los investigadores del INECOL, de la Universidad Veracruzana, van a estar presentes instituciones ambientalistas, la secretaría del medio ambiente, disputadas locales y federales, el arzobispo que había confirmado su asistencia pero está enfermo de dengue y va a acudir el presbítero Nabor, logramos que acudan una gran cantidad de técnicos que saben de daños ambientales a la salud y a la economía que provoca la minería toxica a cielo abierto, posteriormente lo llevaríamos a la costa para que vea los daños que provocaría en toda la costa veracruzana, a la playa de la Mancha y posteriormente lo llevaríamos a Huixtla, un sitio sagrado que muestra claramente los daños ambientales que provocaría la instalación de la minera”.

Destacó que en el estado son alrededor de siete municipios los que se verían afectados por la instalación de estos proyectos, ya que se tienen concesionadas alrededor de 200 mil hectáreas.

“Nosotros esperamos que el subsecretario de minería del gobierno federal traiga la encomienda de negarle a los mineros todos los permisos y de empezar los trámites para negarles las concesiones mineras, ya le dijimos al presidente que no basta con que nos diga que la minería no va, queremos que se exprese en un documento, en un decreto, en una ley, nosotros queremos un papelito que hable y que diga no a la minería toxica, no a las construcciones mineras en Veracruz.

Las concesiones mineras que han otorgado van de Alto Lucero, de Actopan y terminan en Tatatila y el municipio de las Minas, Chiconquiaco, Yecuatla, son como siete municipios donde ya hay concesiones mineras y serian 200 mil hectáreas las que están concesionadas, es decir arrasarían con toda la vida vegetal que hay en los territorios de Veracruz, se ha mostrado que solo nos queda el 4% de la corteza vegetal y la mayoría de esta se encuentra en los ríos Filobobos, Tecolutla, Nautla, que hace parte de la cuenca que conocen, esa región le otorga agua a más de dos millones de habitantes, si se instalan las minerías no habría agua para la población, no habría vida porque arrasan con todo para hacer grandes precipicios que acaban con toda la vida, por eso es que sí es urgente que los veracruzanos le exijamos al gobierno estatal y federal que no queremos la minería”.

Resaltó que aunque el gobierno del estado y federal ya se pronunciaron en contra de estos proyectos, se solicitará un documento que respalde su postura hacia la instalación de las mineras.

Fuente:https://www.msnoticias.com/news/256647?fbclid=IwAR3noPbEVFO4vte-Ub0P8hAsBW6Nhwat-QDDJz_AB7rCOZsZdaAbCIW4J-o

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) detectó que 60 por ciento de los adultos que habitan cerca de la zona de explotación de la minera Autlán, en la Sierra de Hidalgo, padecen síntomas similares al Parkinson. Además, 50 por ciento de la población estudiada presentó altas concentraciones de manganeso en la sangre.

Un dictamen recibido por la Cámara de Diputados en 2014 pidió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que estableciera diagnósticos de atención a las necesidades especiales en materia educativa de niños y jóvenes, con motivo de la disminución de capacidades de aprendizaje, intelectuales y daños físicos por altas concentraciones del material en sangre.

Desde el año 2000, autoridades estatales monitorearon los efectos en la salud y el ecosistema, y solicitaron ayuda de un equipo interdisciplinario de investigadores de instituciones de salud nacionales, universidades e instituciones públicas locales.

Los estudios arrojaron que 50 por ciento de la población presentaba concentraciones de manganeso en sangre por encima de los niveles recomendados internacionalmente.

Además, fue registrada una alta presencia de alteraciones en pruebas que miden la actividad motora en población infantil y juvenil, específicamente en las que requieren coordinación de movimientos, cambios de posición de manos y realización de dibujos secuenciales.

Encontraron que las concentraciones en cabello disminuyen significativamente el coeficiente intelectual de los niños; cada microgramo de manganeso en la cabellera reduce 1.5 puntos del coeficiente intelectual.

Asimismo, análisis del INSP arrojaron también que en promedio 60 por ciento de los adultos que habitan cerca de la explotación de manganeso tienen problemas neurológicos y temblores similares a los producidos por la enfermedad de Parkinson.

Si bien desde 1904 hasta 1950 México exportó más de 434 mil toneladas métricas de manganeso, fue hasta finales de esa década que geólogos localizaron el yacimiento de ese elemento más importante del país en Molango.

A partir de entonces, la minera Autlán convirtió ese en su proyecto más importante, explotándolo desde 1962 en una superficie de mil 250 kilómetros cuadrados.

El área de impacto directo radica en localidades de Molango, Lolotla, Xochicoatlán y Tlanchinol.

El manganeso es un metal que se encuentra en forma natural en diversos tipos de rocas. Se usa principalmente en la producción de acero para mejorar su dureza, rigidez y solidez. También puede usarse como aditivo en la gasolina para mejorar el octanaje.

Puede liberarse al aire, suelo o agua durante la manufactura de productos, por lo que ese material no puede ser degradado por el ambiente, únicamente puede cambiar de forma, adherirse o separarse de partículas.

La exposición a niveles excesivos puede ocurrir al respirar aire que contiene ese elemento. En altos niveles y periodos prolongados de exposición, puede provocar daño en el cerebro en el sistema nervioso central. Los efectos nocivos incluyen alteraciones del comportamiento y en la movilidad, que puede hacerse lenta y con falta de coordinación.

Análisis en niños revelaron que la exposición a niveles extremadamente altos de manganeso pueden alterar el desarrollo del cerebro, alternado así su comportamiento y restándoles capacidad para aprender y memorizar, agregó el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria de San Lázaro.

De lo anterior, la empresa enfrenta actualmente acusaciones del Movimiento Ambientalista de la Sierra Hidalguense por altos niveles de contaminación; los activistas exigen que la firma haga frente a sus responsabilidades.

A finales de septiembre de 2019, dentro de los compromisos asumidos por el subsecretario de Economía Francisco Quiroga con habitantes, fue establecido que sería realizada una auditoría ambiental a la empresa minera Autlán, ello bajo tres ejes rectores: responsabilidad ambiental, inclusión social y responsabilidad fiscal.

La productora enfrenta actualmente

acusaciones de activistas por altos niveles de contaminación y exigen que haga frente a sus responsabilidades

El manganeso se encuentra

en forma natural en diversos tipos de rocas y es usado principalmente en aceros; en altos niveles y periodos de exposición prolongados puede provocar daños en el sistema nervioso central

Fuente:https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/minera-autlan-enferma-a-habitantes-de-la-sierra/?fbclid=IwAR1-kOqtko9RC7eZksPUoZY_vwQniNpKlmOTIpxiEU1TyXUuZZx36zs71jY

Autoridades de los pueblos se reunieron en un foro en el séptimo aniversario del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio

Tlapa

El Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT) realizó un foro y celebró su séptimo aniversario contra la minería.

Ahí los municipios de Malinaltepec y San Luis Acatlán se declararon libres de minería, con lo cual suman tres con Iliatenco, que se les había pedido ratificaran como lo habían hecho las administraciones municipales que concluyeron sus periodos en el 2015-2018.
El foro se realizó el sábado 5 de octubre en la comunidad de San Miguel el Progreso, municipio de Malinaltepec, donde el CRAADT festejó su séptimo aniversario por la Defensa del Territorio en la región Montaña donde se concesionaron por el gobierno federal las tierras para la explotación minera, que generó una resistencia legal a su incursión en la zona.

A la actividad acudieron 13 comisariados de bienes ejidales y comunales de la región y 30 autoridades municipales; y una asistencia de cerca de 500 personas, mujeres y hombres.
En las participaciones del foro acudieron representantes del Ayuntamiento de San Luis Acatlán y de Malinaltepec quienes leyeron ante los asistentes las actas de Cabildo en que se declaran libres de minería.

Armando Galeana Méndez, del área de Fortalecimiento Comunitario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan contextualizó que con esas lecturas ya son tres los municipios que levantan su acta de Cabildo, porque Iliatenco ya la tiene, aunque no acudieron los del gobierno municipal, pero sí los agrarios.

Se trabajaron cinco mesas con los temas de autoridades agrarias donde coincidieron que es necesario que les sigan dando información sobre los proyectos extractivistas que se pretenden implementar o existen para generar conciencia en las personas y que se siga fortaleciendo el Consejo para seguir con el cuidado del territorio de manera colectiva.
En la mesa de autoridades municipales donde estuvieron comisarios y delegados se le pidió al Consejo que dé seguimiento a los presidentes municipales que, si ya aprobaron en Cabildo estar libres de minería, ahora las inscriban en el Diario Oficial del Estado y que se siga invitando a que más presidentes se sumen a declararse contra la minería.

En la mesa, plan para el desarrollo alimentario coincidieron en que es necesario generar nuevas formas de producir sus alimentos para generar soberanía alimentaria y se debe hacer de una manera orgánica para no dañar la tierra, el ambiente, los ríos ya que también sembrando la tierra se defiende y poco a poco hacer a un lado y no permitir la entrada a la Montaña de alimentos que no los benefician.
En la mesa, de participación de la mujer en los núcleos agrarios, se mencionó que se le reconoce su participación en la defensa del territorio y se exigió mayor espacio para que sean tomadas como sujetas de derechos propietarios agrarios.

Y que se vayan integrando al CRAADT y se enfatizó que se debe respetar su participación.
En la mesa sobre los jóvenes en la defensa del territorio se acordó que deben adherirse a la defensa de sus territorios y acercarse a sus asambleas; dotarse de mayor información y formarse para ayudar a sus pueblos.El Consejo Regional de Autoridades Agrarias se formó con el objetivo de organizar los núcleos agrarios para la defensa del territorio ante las políticas económicas del gobierno de Enrique Peña Nieto ante el impulso del modelo económico extractivista a través de las empresas mineras para explotar los recursos naturales de los pueblos.

El pueblo de San Miguel el Progreso o Júba Wajiín en 2011 inició un proceso de resistencia contra la empresa minera Hochschild luego de que la Secretaría de Economía entregó una concesión para realizar trabajos de exploración sin que lo tomara en cuenta.
Por eso se organizó contra las decisiones del gobierno federal e inició la defensa jurídica con la que frenó la embestida parando las concesiones, durante el gobierno del priista Enrique Peña Nieto y ahora esperan el tratamiento que hará el gobierno del morenista Andrés Manuel López Obrador a este tipo de proyectos extractivistas que se dan en los territorios indígenas.

En el foro donde se celebró el séptimo aniversario estuvieron la Red de Afectados por la Minería (Rema), Centros de Estudios Ecuménicos, la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG), Antropología y Lingüística Aplicada. https://suracapulco.mx/impreso/2/se-declaran-libres-de-mineria-malinaltepec-y-san-luis-acatlan-suman-tres-con-iliatenco/

Fuente:http://www.remamx.org/2019/10/se-declaran-libres-de-mineria-malinaltepec-y-san-luis-acatlan-suman-tres-con-iliatenco/

* Tienen bloqueadas los accesos a las comunidades de Real del Limón y la Fundición, municipio de Cocula, donde habrían desaparecido al activista Oscar Hernández, denuncian comisarios.

La policía comunitaria bloqueó las entradas a las comunidades Real del Limón y La Fundición, y amenazó de muerte a los pobladores de ambas localidades para que detengan la búsqueda del líder sindical y activista Óscar Hernández Romero.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) alertó que el grupo de civiles armados que opera en la zona del Balsas se adjudicó la desaparición de Hernández Romero y amagó con desaparecer a más personas.

Los pobladores redactaron a mano una denuncia sobre estos hechos y la enviaron a Rema, organización civil que la hizo pública a través de las redes sociales.

En la denuncia se indica que el martes 1 de octubre, los comisarios de Real del Limón y La Fundición fueron “mandados a traer” a la localidad de Nuevo Balsas por la policía comunitaria que opera en la zona.

Se señala que los comisarios fueron citados por Saludito Villalobos y Marcelo Ríos, comandantes de las policías comunitarias de Nuevo Balsas y La Fundición, respectivamente.

Sin embargo, ninguno de los comisarios asistió a la cita, razón por lo que supuestamente fueron amenazados de muerte por la policía comunitaria.

Según la denuncia escrita, les exigieron “que desistieran de la búsqueda del compañero Oscar Hernández Romero”, o de lo contrario “vendrían por más ciudadanos” para desaparecerlos.

Aseveraron que dicha policía comunitaria opera en favor del crimen organizado y que sus ramificaciones en Azcala y Valerio Trujano mantienen asediadas a las comunidades.

Incluso dijeron que los obligan a trabajar “cuidando las entradas” de La Fundición y Real del Limón y por realizar esa actividad les pagan 250 pesos diarios.

El líder sindical y activista Oscar Hernández Romero desapareció desde el lunes 23 de septiembre, cuando salió de su casa en Real del Limón hacia Nuevo Balsas.

Hernández Romero se opuso a la compañía minera canadiense Torex Gold Resources, porque en 2018 prohibió una campaña de sindicalización de sus trabajadores del proyecto Media Luna.

La campaña de sindicalización fue suspendida después de que tres partidarios fueron asesinados y hasta ahora nadie ha sido arrestado por esos crímenes.

Fuente:https://elsoldechilpancingo.mx/2019/10/04/comunitarios-amenazan-a-habitantes-del-alto-balsas/?fbclid=IwAR0Lv1ZBfinw8JgX0JS7KjTpPLnmtXYCkDbNBtfbOi0FWuI6M9x7NagoFcE