Los indígenas me´phaa de San Miguel del Progreso, en La Montaña de Guerrero dijeron no a la destrucción que dejarían las minas en su territorio y llevaron la resistencia hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De la mano de Tlachinollan, pusieron contra las cuerdas la Ley Minera, que facilita a las empresas la ocupación de tierras. No modificaron la ley, pero cancelaron toda posibilidad de que una mina se instale en su San Miguel.

Malinaltepec, Guerrero. Al terminar el rosario en la iglesia, Valerio Mauro Amado Solano vuelve a casa para ofrendarles a los principales del pueblo el caldo de gallina y las tortillas de maíz que se cocieron en el fuego sagrado. Esta ofrenda busca proteger a los abogados de Tlachinollan y tener procesos judiciales sensatos. Los habitantes San Miguel del Progreso, en la Montaña de Guerrero, confiaron la defensa de su territorio en las instituciones y en su cosmovisión me´phaa.

Es 21 de junio de 2017, día en que los habitantes de esta comunidad, también llamada Júba Wajiín, cumplen con la creencia de sus antepasados: rezan para proteger al pueblo, incluidos los malos, para que cambien de parecer.

En esta mesa quedó la lista de nombres que el “tata” Donato leyó en la cocina. Lo mismo estaba Abel Barrera Hernández, el director de Tlachinollan; Luis María Aguilar Morales, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Enrique Peña Nieto. Ningún nombre sobra si se trata de cerrarle el paso a las empresas mineras. Sobre todo si Corazón de Tinieblas y Reducción Norte de Corazón Tinieblas, dos territorios de más de 40 mil hectáreas repleta de minerales, en los que reposa parte de San Miguel, están otra vez a la merced de los empresarios.

Las mujeres participan en las tareas de la cocina: sirven el caldo, envuelven tortillas, lavan trastes o reparten dulces de pan. A todas las invitó doña Guadalupe, la esposa de don Valerio, para sacar el compromiso de la ofrenda.

Don Valerio hace varias reverencias cuando le entrega la comida al “tata” Donato, su hermano mayor y el principal más longevo en la cocina. Así cierra un día de compromisos: la ofrenda de los rezos, el rosario como rezandero del pueblo; y la sesión del Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, en la comunidad de Ojo de Agua de Cuauhtémoc, en su faceta de presidente del Comisariado de los Bienes Comunales de San Miguel del Progreso.

Por la noche ve el documental El mineral o la vida, que le regalaron los abogados de Tlachinollan, donde se explica el plan de las empresas mineras de terminar con el corazón hidrológico de la región Costa Chica-Montaña. Valerio tiene más de 60 años, pero su energía aparenta la edad de un joven.

“Nací y crecí aquí y nunca me imaginé que íbamos a tener problemas por la minería. Que nos quisieran sacar de nuestra propia tierra”, dice Pedro Flores, un compañero de lucha de don Valerio, durante un recorrido entre las comunidades. Por eso a él y los otros pobladores, les interesa conocer los daños e intereses detrás de la mina.

La biodiversidad y el agua de la región Costa Chica-Montaña se concentran en las 157 mil 896 hectáreas donde el gobierno de Ángel Aguirre Rivero impulsó la Reserva de la Biósfera, un supuesto proyecto de conservación del ambiente que concentraba todo el territorio que en el 2016 llegaron a concesionar las empresas mineras.

En el camino hay un cerro grande y cubierto de bosque que cubre en sombra casi todo el pueblo de San Miguel del Progreso. Es el Tepilzahuac o el San Marcos mayor, uno de sus lugares sagrados.

Los habitantes de este pueblo me´phaa dejan en este cerro la petición de lluvias, las oraciones por rayos de sol, los ruegos por buenas siembras, las bienvenidas y despedidas de los años.

En las veredas que circundan la región hay matas de plátano, árboles de papaya y mango, sembradíos de maíz y plantas de café. Aquí cobra sentido lo que después dice Víctor Albino Agustín, el presidente del Consejo de Vigilancia de San Miguel: “nosotros tenemos tres climas. Allá abajo tenemos caliente, acá templado, y allá arriba frío. O sea, tenemos una tierra sagrada”.

La resistencia legal

Sí. La tierra de San Miguel es sagrada. Pero el valor que tiene para quienes la habitan y para quienes quieren comprarla no es el mismo. Unos quieren cuidarla para vivir aquí, otros quieren explotarla.

Miguel Mijangos, de la organización Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), explica por qué la tierra de San Miguel es motivo de deseo: “el problema es que abajo está el oro y la plata”.

Los primeros en darse cuenta de que el suelo de San Miguel es rico en oro y plata fueron integrantes de Tlachinollan, cuando en 2009 descubrieron que la Secretaría de Economía había otorgado 38 concesiones mineras en el territorio de Costa Chica-Montaña.

En un recorrido de campo en Zitlaltepec, comunidad de Metlatónoc, ubicaron la mina de San Javier en desuso, propiedad de la familia guerrerense Larequi Radilla, dedicada al transporte. Entonces también Paraje Montero, otro núcleo agrario de Malinaltepec, tenía firmado un convenio de exploración hasta 2014 con la empresa Camsim Minas.

Los hallazgos los empujaron a las brigadas de información en las comunidades sobre los efectos de la minería.

Tlachinollan tenía la experiencia con Carrizalillo, una comunidad de Eduardo Neri, en la región Centro de Guerrero afectada por la instalación de una mina. En 2007 los abogados emprendieron una lucha y lograron un mejor pago anual de la canadiense Luismin (después absorbida por Goldcorp) para los ejidatarios por la renta de sus tierras: 13 mil 500 pesos por hectárea. Los ejidatarios reciben ahora un pago siete veces mayor, nunca tan alto como el nivel de la devastación de su ambiente.

San Miguel del Progreso es una de las tres primeras comunidades en rechazar la minería después de recibir la información de Tlachinollan: el 13 de septiembre de 2013 inscribieron su acta de rechazo en el Registro Agrario Nacional. Ahí comenzó la resistencia legal. “Si no hubiera sido por la información que nos dieron los licenciados de Tlachinollan… Son los que nos vinieron a informar, nos explicaron que sin darnos cuenta ya estábamos concesionados”, dice don Valerio esa tarde de junio.

Tlachinollan y San Miguel lograron revelar, a través de solicitudes de información, que la Secretaría de Economía concesionó más de 40 mil hectáreas en dos predios de su territorio: Corazón de Tinieblas, con el número 237861, y Reducción Norte de Corazón Tinieblas, con la serie 232560.

El primero abarca una extensión de 37 mil 531 hectáreas de verde bosque y cafetales a nombre de la minera británica Hochschild Mining, y el segundo concedía 3 mil 394 hectáreas a la empresa mexicana Zalamera, de acuerdo al mapa creado por la organización.

En los antecedentes de la Hochschild Mining figuran trabajos mineros en el Perú, con reporte de accidentes de empleados por falta de equipo en las minas que explota, como en la subterránea de Arcata, Arequipa. El trabajo de Zalamera se centra sólo en la exploración de los terrenos.

Con esta información y cuatro años de trabajo comunitario, los abogados de Tlachinollan y los habitantes de San Miguel presentan el 15 de julio de 2013 una demanda de amparo en el Juzgado Primero de Distrito con dos peticiones: la cancelación de las dos concesiones y una revisión a los artículos de la Ley Minera.

Siete meses después, el juez Jorge Eduardo Espinosa Luna resolcvó el amparo de manera parcial en favor de San Miguel del Progreso: anuló las concesiones mineras otorgadas a Hochschild y Zalamera porque no se garantizó a la comunidad su derecho a audiencia, pero omitió la revisión de la Ley Minera.

Los argumentos del juez para no revisar esta Ley los sostuvo en que los abogados de Tachinollan sustentan su tesis en omisiones legislativas, que en la Ley de Amparo resulta un recurso improcedente.

Maribel González Pedro, la abogada de Tlachinollan que llevó el caso, dice que nunca plantearon el amparo más allá de que los artículos 6, 10, 15 y 19 de la Ley Minera atentan contra los derechos de los pueblos indígenas.

Con esos artículos le asigna la ley un estatus de prioridad a la actividad minera, acredita a las empresas mineras concesiones hasta por 50 años y les garantiza derechos para expropiar tierras.

La cancelación de las concesiones tampoco procede de manera inmediata porque la Secretaría de Economía impugnó la resolución.

La resistencia llega a la Corte

Debido a que el juez decidió no revisar los criterios de la Ley Minera, Tlachinollan buscó que lo hacieran en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En febrero de 2015 consiguió que la ministra Olga Sánchez Cordero adoptara el caso e iniciara un juicio de revisión, lo que garantizaba un estudio de la inconveniente de la ley.

La intención de la organización era una modificación a la Ley Minera, donde quedara explícito los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados sobre cualquier ingreso a su territorio.

Pero la Secretaría de Economía pidió a la SCJN el 9 de septiembre de 2015 sobreseer este juicio de revisión, porque las dos concesiones en las tierras de San Miguel del Progreso estaban canceladas desde julio y septiembre pasado. El primer amparo a favor de la comunidad así lo dictó.

La percepción de la abogada Maribel González es que la dependencia de gobierno evitó a toda costa la revisión del marco normativo minero vigente, ante la posibilidad de que se asentaran criterios legítimos de los pueblos y comunidades indígenas del país sobre su derecho a la consulta para cualquier ingreso a su territorio. Con la modificación a la Ley Minera no sólo San Miguel podría decir no a las mineras, también cualquier pueblo indígena.

A la par, la Secretaría de Economía dejó al descubierto la predilección por la actividad minera: el 24 de noviembre de 2015 publicó en el Diario Oficial de la Federación la cancelación de estas dos concesiones y otra vez la liberación del terreno.

Es decir, que a los 30 días siguientes Corazón de Tinieblas y Reducción Norte de nueva cuenta estarían a disposición de las mineras en las ventanillas de la Dirección General de Regulación Minera.

Al final, la Corte acató la petición de la Secretaría y sobreseyó el caso el 25 de mayo de 2016. Dicho en otras palabras, terminó con el trámite de revisión y así la posibilidad, esta vez, de alguna modificación a la Ley Minera.

Después de saber la decisión de la Corte, Tlachinollan acuerdó con la comunidad buscar un segundo amparo ante el Juzgado Primero de Distrito contra la declaratoria de la libertad de las tierras, porque el gobierno federal no se detendría ahí. Este segundo amparo, presentado el 11 de diciembre de 2015, buscaba dejar sin efectos la decisión de la Secretaría de Economía de volver a poner a disposición de las mineras los dos predios liberados.

Tlachinollan y los habitantes de San Miguel no consiguieron modificaciones a la Ley Minera, pero tampoco dejaron ninguna posibilidad de invasión.

Mientras tanto, el caso avanzaba en otro sentido: las empresas desistían de 22 de las 44 concesiones en la región Costa Chica-Montaña, equivalente a 32 mil 616 hectáreas aún concesionadas. Y es que en 2016, según datos de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), la región de la Costa Chica-Montaña acumulaba 44 concesiones mineras, equivalente a 142 mil 430 hectáreas.

Hasta aquí San Miguel del Progreso se erige como la primera comunidad indígena en sentar la revisión de la Ley Minera en el ámbito judicial que, aun cuando no lo consigue, deja el antecedente para que cualquier pueblo del país que rechaza la minería siga este camino e insista en su modificación. Cualquier otra comunidad puede volver a pedir la Revisión de la Ley Minera.

Pero la lucha sigue. Una de las concesiones vigentes es Toro Rojo, un predio que incluye al San Marcos mayor, el cerro sagrado de San Miguel, y extensiones de otros pueblos de la Montaña.

La resistencia Me’Phaa

Con los rezos en casa de don Valerio, los principales del pueblo encargaron a sus antiguos buena conciencia para el juez que debía resolver este segundo amparo.

En esta lucha los habitantes de la zona han aprendido mucho. Don Valerio, por ejemplo, habla con mucha soltura de los conflictos mineros en Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Y  hasta conoce el caso de El Zapotillo, Jalisco, que explica en una frase: ricos embotelladores intenta llevarse el agua hacia Guanajuato sin considerar al pueblo. O don Víctor, quien está convencido que el cianuro utilizado en las minas a cielo abierto, como Carrizalillo, “es lo que más afecta a todos, a animales y a todo”.

Para el rezandero Alberto, la minería “todo lo destruye”.

En San Miguel destruiría árboles tropicales, neblina, flores, lluvia, pinos altos, el frío y el calor, café, tierra fértil, nubes cargadas de agua, maíz, pájaros, árboles curativos, cielo azul y sol brillante. Un paraíso de 4 mil 449 hectáreas (extensión del núcleo agrario, que forma parte del interés de las mineras) y 3 mil 800 personas. Quién podría cambiarlo por un infierno.

“Tiene mucho poder este rezo”, dice don Alberto sobre el ritual de invocar a las almas para pedir por el bien de su gente.

Desde la esquina de la mesa, sentado en dirección al fogón de la cocina, el “tata” Donato dice frases en me’phaa. Alrededor de él hay más hombres que mujeres. Son autoridades y principales del pueblo que las repiten. Se trata de plegarias con los nombres de la lista de los abogados, ministros y autoridades del país.

Siete días después de aquella tarde en la comunidad me’phaa Júba Wajiín, la jueza Estela Platero Salado les concedío el segundo amparo contra las facultades de la Ley Minera. Dicho de otra manera, canceló la posibilidad de que cualquier empresa minera pida concesiones en sus dos predios, si no hay antes una consulta a sus habitantes.

Fuente:http://ladobe.com.mx/2017/08/resistencias-la-lucha-juba-wajiin-la-ley-minera/

Diversos grupos en resistencia de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) contra la imposición del modelo extractivo y de los diferentes mega proyectos que se imponen en México y en el resto del mundo, se reunieron en la comunidad del Ixtepex, Oaxaca, donde se llevó acabo el foro nacional “El Extractivismo o la vida”, en el que participaron habitantes de nueve estados de la República y 23 municipios específicamente del Istmo de Tehuantepec. El intercambio de experiencias fue fundamental para continuar fortaleciendo los procesos de organización con el fin de detener los abusos en ejidos, comunidades y bienes comunales .

La REMA aseguró en un comunicado que “con el falso discurso del progreso, han despojado del territorio y destruido los bienes comunales naturales de los habitantes”, iniciando un proceso de desplazamiento, forzando a familias enteras que pierden así su vida sana, procesos culturales y de identidad.

El encuentro de afectados por la minería actualiza la información de los diferentes mega proyectos que siempre están enlazados entre sí y que han alcanzado su máxima expresión con las Zonas Económicas Especiales (ZEE). “Se ha manifestado el cinismo del gobierno obediente y en conspiración con partidos políticos dispuestos a cambios constitucionales, leyes y reglamentos con el fin de saquear, contaminar, destruir de manera ‘legal’ el ambiente”, advirtieron en el encuentro.

En el resolutivo final, la organizaciones participantes indicaron que los “falsos gobernantes hacen el trabajo sucio a los empresarios dividiendo a las familias, quienes además de sufrir el hurto de sus tierras, son víctimas del desprestigio por medio de fuertes campañas en las que la persecución, el hostigamiento y la amenazas se hacen presente llegando al encarcelamiento, la desaparición y el asesinato por parte de el ejército, la marina y la policía federal”.

Los participantes de este foro concluyeron que los empresarios, gobiernos y la banca comercial son apoyados por estructuras internacionales y nacionales, definiendo como deben ser impuestos los modelos. La colaboración de la justicia incrementa la impunidad y fomenta la falta de justicia dejando a un lado los roles sociales que le corresponden al estado, transformándolo en una nación corporativa.

Las organizaciones expresaron la creación de espacios para mujeres, fortaleciendo la unión y organización además de poner en la agenda las luchas de problemática de género como una cuestión tanto económica y política.

En la declaratoria la REMA aseguraron “seguir luchando por nuestro territorio y nuestros derechos, decidiendo el futuro que queremos, lo que somos, lo que nos da esa identidad forjada a través de nuestras milenarias expresiones culturales, así como también entre todas y todos, asumimos el compromiso de continuar en conexión con la naturaleza a través del significado amplio que representa una de nuestras actividades milenarias”.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería concluye que “las asambleas agrarias, municipales son el proceso a la libre determinación que desde hace siglos asumen como un elemento fundamental de consentimiento pleno, libre, informado porque en esos espacio colectivos hacen ejercicio de sus derechos, fortaleciendo su autonomía y su capacidad para decidir sobre su territorio y sus bienes naturales”.

Fuente:http://www.liberaradio.com/gobiernos-hacen-trabajo-sucio-para-imponer-mega-proyectos-en-comunidades-rema/

Ciudad Ixtepec, Oaxaca 19-20 DE AGOSTO DE 2017

21 AGOSTO 2017

En dos días de reflexión y análisis, las y los representantes de 23 municipios y 9 estados de la república expusimos nuestro total rechazo al modelo extractivo que está alcanzando su peor expresión con la imposición de las denominadas zonas económicas especiales, porque representan los sitios en donde se entretejen megaproyectos mineros, eólicos, gasoductos, presas, maquiladoras o mecanismos REDD, entre otros proyectos, que sólo vendrán a maximizar los ya comprobados daños ambientales, a la salud, sociales, económicos y culturales que este tipo de proyectos genera y que afectan directamente la vida de los pueblos originarios que vivimos en los territorios que intentan explotar.

Las organizaciones integradas en el Istmo de Tehuantepec convocantes, en conjunto con la Red Mexicana de Afectadas por la Minería (REMA), nos oponemos al extractivismo y a la imposición de la zona económica especial por ser un modelo capitalista e industrial de apropiación y despojo de los bienes naturales que se ha impuesto a nivel mundial. Al mismo tiempo, este tipo de proyectos destruyen la naturaleza y los bienes comunes, afectan directamente la fuerza de trabajo local, se apropian de las semillas nativas que son base de nuestra cultura, salud y alimentación, a demás de trastocar todos los medios de vida que nos son indispensables como el agua y la energía.

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Fuente:http://www.remamx.org/2017/08/resumen-del-foro-nacional-en-ixtepec-oaxaca-el-extractivismo-o-la-vida/

La actividad minera que busca realizar un importante grupo en la Área Natural Protegida (ANP) Sierra de Lobos, pondría en riesgo a por lo menos 140 especies de animales que hoy habitan en esa región.

Según un estudio hecho por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales (Inderena) de Colombia, el impacto ambiental que causa la explotación minera es grande; en el campo biológico, el impacto sobre los bosques naturales y la contaminación del agua ocasionan la pérdida de recursos y especies diversas y en peligro de extinción; paralelamente, la construcción de vías y oleoductos para sacar el producto explotado produce alteración de suelos, fauna y flora en todos los ecosistemas por lo que necesariamente tienen que pasar; se puede presentar contaminación por derrames no previstos o accidentes causados por descuido o intencionalmente, así como contaminación visual o por emisión de gases o escape del polvillo en el caso del carbón, que es transportado desde las zonas de producción hasta los puertos de exportación, vía terrestre.

Además, en el plano social, en cualquier zona de explotación minera, se da un aumento de la demanda de los servicios, migraciones masivas de población, cambio de actividades económicas y sociales y por ende el abandono del campo.

Sierra de Lobos un valor natural de León

Ubicada al noreste del estado de Guanajuato, entre los municipios de León, San Felipe, Ocampo y Silao, la Sierra de Lobos, una de las 174 áreas naturales protegidas que en el país resguardan más de 126 millones de hectáreas con la finalidad de mantener la representatividad de los ecosistemas de México y su biodiversidad, estaría en riesgo.

De acuerdo con información del Instituto Estatal de Ecología (IEE) esta zona serrana se compone por más de 127 mil hectáreas de extensión y está cubierta por diferentes tipos de vegetación como el bosque de encino, chaparral, matorral subinerme y matorral espinoso, cada uno cumple con diversas funciones tales como la regulación del flujo de agua hacia las partes bajas, la recarga de aguas subterráneas y la retención de suelo, entre otras.

La diversidad biológica que se puede encontrar en esta zona son 181 especies de aves como halcón peregrino y búho, 39 especies de reptiles como víboras de cascabel, tortuga de pantano y 34 especies de mamíferos como ardillas, murciélagos y venados de cola blanca, los cuales se encuentran en peligro de extinción.

Instituto de Ecología tiene un plan de manejo diferente para Sierra de Lobos

El programa de manejo que realizó el Instituto de Ecología del Estado para esa área tiene determinado que en ese espacio se pueden impulsar acciones de agricultura sustentable, el aprovechamiento controlado de los bosques, la introducción de especies de fauna silvestre, establecimiento de viveros y reforestación, actividades recreativas entre otras, aunque no se contempla la minería.

El Gobierno de México ya ha autorizado minas en áreas naturales protegidas

Es importante mencionar, de acuerdo con datos públicos de la Cámara Méxicana de Minería (Camimex), en la actualidad el Gobierno de México ha otorgado un total de 1 mil 282 concesiones mineras dentro de áreas naturales protegidas con una superficie intervenida que equivale a 0.81 millones de hectáreas del suelo nacional.

Fuente:https://www.elsoldeleon.com.mx/local/pone-en-peligro-la-mineria-a-especies

En un proceso plagado de irregularidades, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la SEMARNAT indebidamente autorizó, el pasado 8 de mayo 2017, el Proyecto “Chemours Laguna”, a ubicarse en la Localidad “El Siete Pueblo Nuevo” del Municipio de Gómez
Palacio en el Estado de Durango. El Proyecto de la empresa ”The Chemours Company” comprende la instalación y operación de una planta química dedicada a la producción de 65,000 toneladas de Cianuro de Sodio al año en una superficie total de 11.7 hectáreas. El cianuro de sodio es uno de los venenos más potentes del mundo y genera daños irreversibles a la salud y al medio ambiente y su producción en La Comarca Lagunera podría afectar a los ecosistemas circundantes y poner en riesgo a las poblaciones vecinas.
The Chemours Company presentó, el 2 de marzo de 2017, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA-P) del Proyecto “Chemours Laguna” con el propósito de obtener, por parte de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), la autorización para la realización de las obras y las actividades contempladas en dicho proyecto, lo que implicaría la remoción de vegetación, el
cambio de uso de suelo forestal, el uso de sustancias tóxicas en grandes cantidades y, en consecuencia, la afectación de ecosistemas.
Sin embargo, la autorización debió ser denegada por parte de la autoridad ambiental ya que el predio en el que se pretende llevar a cabo el Proyecto está ubicado dentro de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) N° 49 del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Durango que establece una política ambiental de restauración del territorio y de la UGA 19 del Ordenamiento Ecológico y Territorial del Municipio de Gómez Palacio que establece una política ambiental de conservación del territorio; además el uso de suelo para ese territorio no contempla las actividades que se pretenden llevar a cabo.
Adicionalmente, la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por The Chemours Company contiene irregularidades que incumplen con lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) con relación al procedimiento de evaluación de impacto ambiental presentando información inconsistente, incompleta, omisa y, en consecuencia, falsa, con
relación a los impactos ambientales, a los documentos consultados, a las fuentes y a los riesgos a la salud pública.

Así, considerando las irregularidades del Proyecto “Chemours Laguna”, la laxitud de las Normas Oficiales Mexicanas, la incapacidad material de las autoridades ambientales responsables de su aplicación y el hecho de que no existe manera de garantizar la falta de errores o de accidentes , la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) debió negar la autorización que le fue solicitada.
Es por eso que el día de hoy, un grupo de ciudadanos de las comunidades que resultarían afectadas con la construcción y puesta en marcha del proyecto denominado “Chemours Laguna”, han acudido ante el TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA a demandar la nulidad de la resolución administrativa contenida en el Oficio No SGPA/DGIRA/DG03273 de fecha 8 de mayo de 2017, dictada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
Al incumplir lo dispuesto en la LGEEPA, así como en diversos instrumentos de política ambiental que la misma regula, la resolución administrativa que hoy se impuga viola los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, así como el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de nuestros pueblos consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
De iniciarse las obras comprendidas en el proyecto denominado “Chemours Laguna” promovido por la empresa The Chemours Company se ocasionarían daños irreparables a los ecosistemas, a los bienes comunes naturales de la zona y a la biodiversidad del lugar, además de ocasionar riesgos graves a la salud pública. Por ello, en la demanda ante el TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
se le solicita a las autoridades jurisdiccionales la suspensión de la ejecución de la resolución administrativa impugnada, toda vez que aquellos serían de difícil o de imposible reparación.
Existe, además, peligro en la demora, pues de no concederse la medida cautelar que se solicita, la empresa The Chemours Company intentará, como ya lo hace, la ejecución de la resolución que se combate y del proyecto que en ella se autoriza, con irreversibles daños ambientales y riesgos graves a la salud pública en detrimento del orden público y del interés general.

22 de agosto del 2017, Goméz Palacio, Durango

”Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el

Territorio”
”Acción Colectiva”

”Red Mexicana de Afectados por la Minería” (REMA)

#Ixtepec 20 Agosto (#istmopress) –  Integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y  más de 15 organizaciones sociales además de especialistas  y académicos en el tema de la minería reafirmaron en el marco del foro nacional “El extrativismo o la vida” que las Zonas Económicas Especiales  (ZEE) son una amenaza para la vida de los pueblos indígenas de esta zona oaxaqueña.

 Este foro nacional que agrupó diversas voces de hombres y mujeres indígenas de todo el país se realizó en Ciudad Ixtepec organizado por los integrantes del Comité Ixtepecano por la Vida y el Territorio quienes desde hace dos años viven en resistencia ante la imposición de un proyecto minero en su comunidad zapoteca.

 Asimismo cada uno de los representantes de las agrupaciones y organizaciones expusieron sus vivencias en sus comunidades, de cómo han enfrentado algunos con éxitos y otros con fracasos la defensa de su tierra y territorio y la necesidad urgente de unirse para que sus recursos naturales sigan vivos y no se acaben con el extractivismo que amenaza las ZEE.

 El pasado mes de junio, el gobierno federal promulgó la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales con la finalidad de proteger las inversiones de los empresarios nacionales y extranjeros y donde también se les exentará por diez años de pagar impuestos una vez que funcione este modelo económico en los cinco estados (Veracruz, Tabasco, Michoacán, Oaxaca y Guerrero).

Miguel Ángel Mijangos de la Red Mexicana de Afectados por la Minería expuso que las Zonas Económicas Especiales  (ZEE) son un espacio o área calificado como “excepcional y propicios para realizar negocios” a empresas privadas, nacionales y extranjeras  y dotarles de “privilegios” en zonas que tienen ciertas ventajas tanto logísticas como naturales con potencial para convertirse en regiones altamente productivas.

 Detalló que la ZEE de Salina Cruz incorporará  proyectos industriales, de transporte de mercancías, energéticos y extractivos asociados, en los cuales contempla 19 nuevos parques eólicos, 2 gasoductos , el de Jaltipán Veracruz- Salina Cruz y el de Salina Cruz- Tapachula- Escuintla (Guatemala) además de explotación minera.

Aclaró que esta ZEE no es un mandato del gobierno mexicano sino va más allá de las fronteras y desencadena al Banco Mundial y a otras instancias con mucho poder económico bajo el modelo industrial llamado extractivismo.

 “El extractivismo es un modelo industrial de apropiación de los recursos naturales que se está imponiendo en toda América Látina bajo un denominador común, que es la destrucción de la naturaleza y los bienes comunes, que se enfrentan las comunidades en México porque afecta la fuerza de trabajo, las semillas tradicionales y los medios de vida como el agua y la energía”, expresó.

 Mijangos señaló que “El extractivismo” que en conclusión son las ZEE generan una economía de explotación donde las únicas beneficiadas son las empresas, mayoritariamente extranjeras, es decir una industrialización en donde se eliminen costos y se aumentan las ganancias a costra de extraer materia prima y explotar a los trabajadores.

 Rubén Valencia, uno de los organizadores del evento e integrante del Comité Ixtepecano “Vida y Territorio” recalcó que lo que se busca es que los pueblos y comunidades indígenas del Istmo entiendan y comprendan que los nuevos parques eólicos, la explotación minera, el gasoducto, las nuevas empresas y todo lo “bonito” que se ha dicho acerca de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) se reduce a erradicar con los recursos naturales  y la vida alimentaria de los pueblos y comunidades  de esta zona.

 “Aquí con la voz de expertos, de especialistas, académicos  y también de los mismos habitantes estamos preparándonos ante la llegada de este modelo de extractivismo, es necesario reflexionar los caminos para una vida digna y sostenible, de analizar que será nuestra vida sin alimentos y granos, sin nuestra naturaleza y cultura”, recalcó.

 En este foro participaron pueblos de San Miguel Chimalapa, Juchitán, Unión Hidalgo, Calpulalpam de Méndez, Laollaga, San Mateo del Mar, San Blas Atempa, Ixtepec, entre muchos otros más.

Fuente:http://www.istmopress.com.mx/istmo/zonas-economicas-especiales-una-amenaza-para-la-region-del-istmo-ongs/

Tlapacoyan, Ver.- El proyecto de explotación de minera a cielo abierto de Caballo Blanco en Alto Lucero, es inviable y altamente peligroso por su cercanía con la central nucleoeléctrica de Laguna Verde, de apenas 2.5 kilómetros de distancia, además del impacto ambiental grave que dejaría en la región.

Beatriz Olivera, integrante del Centro de Análisis e Investigación (Fundar), y experta en el tema, señaló que se debe analizar qué hace viable este proyecto cuando ya fue rechazado por el propio gobierno estatal en 2012, por considerarlo contaminante.

Cabe recordar que apenas en la gaceta del 17 de agosto, la empresa Minera Caballo Blanco, SA de CV, solicitó el permiso 30VE2017M0136, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para las explotación de minería a cielo abierto de oro y plata en once polígonos del cerro La Paila en un total de 361.85 hectáreas.

Esta minera es parte de Candelaria Mining Corp, de origen canadiense y apenas el 3 de agosto pasado había solicitado a Semarnat un permiso por seis meses para actividades de exploración minera.

La investigadora señaló que se desconoce qué hace rentable este proyecto ahora, cómo se modificó el polígono de impacto y cuáles son los argumentos de la minera para mitigar el daño ambiental.

El impacto ambiental grave para Veracruz

La investigadora señaló que la minera a cielo abierto trae impactos más agresivos que la minería subterránea o a gran escala, pues el desgaje de los cerros se hace a través de explosivos, lo que parece descabellado si se encuentra apenas a unos kilómetros de la Laguna Verde.

Para extraer el oro y las plata, es necesario la combinación de grandes cantidades de agua con sustancias químicas altamente contaminantes, como el cianuro, con la cual hay riesgo de contaminar los mantos acuíferos a través de la tierra, y el agua para consumo humano.

La investigadora alertó que no hay acciones de remediación eficientes para estos daños, y aunque las empresas alegan que ocupan una geomembrana que evita filtraciones, la experiencia en otros proyectos mineros señala que el cianuro ha contaminado suelos y agua.

Una vez que estas minas, ya cerraron terminaron su vida útil, -una concesión puede durar hasta 100 años-, la remediación es prácticamente imposible, de regresar esta biodiversidad que se perdió, es una minera con altos impactos al medio ambiente.

Mineras también traen violencia y nulo crecimiento económico para las regiones

Un informe sobre la minería en México, reveló que el 60 por ciento de las concesiones mineras son de empresas de Canadá en proyectos para la extracción de oro, plata y cobre, y pese a los argumentos de fomentar el empleo y aumentar la derrama económica, lo que se encuentra es que la minería contribuye con menos del uno por ciento del Producto Interno Bruto y no deja una derrama económica, ni a través de la Secretaría de Economía, ni a través del Fondo Minero, mecanismo para hacer llegar beneficios a las comunidades.

Además, un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), señala que el pago de derechos e impuestos de estas mineras no llega ni al uno por ciento, de las 1 mil 200 razones sociales registradas, un mínimo porcentaje había realizado pago de impuesto, porque no tenía datos fiscales.

“No se está demostrando que las empresas mineras estén aportando la derrama económica que dicen, más allá de pequeñas fuentes de empleo local, no hay otro tipo de beneficios”, dijo.

Consideró que la reactivación de este proyecto es similar a otros en el país donde las empresas cambian el nombre o venden la concesión para impulsar estos proyectos, y generalmente los dueños de las empresas están vinculados con actores de la clase política.

La investigadora reveló también que un informe sobre estudios de caso de la minería canadiense en México, señala que la presencia de mineras genera otros impactos además de los ambientales.

“En zonas mineras como Oaxaca genera una cadena de violencia, inclusive violencia intrafamiliar, se incrementa el comercio sexual y la prostitución, en Perú en Colombia y el país, esta actividad se asocia una escalada de violencia”.

¿Cómo es la minera a cielo abierto?

Esta actividad es una práctica altamente contaminante debido a la utilización de tóxicos como el cianuro, el plomo, el cromo, el mercurio y el envenenamiento de los nacimientos de agua provenientes de las montañas, que en gran medida abastecen el país.

El proceso para la extracción de materiales es primero retirar la capa vegetal provocando la deforestación, después se hacen explosiones con dinamita para remover la tierra, se clasifica la roca resultante de las explosiones en minerales y escombros, las rocas que no tiene minerales son transportadas a escombreras, las cuales tiene altas posibilidades de drenar ácidos.

En la trituración se reduce la roca, que después se rocía con una mezcla de agua y cianuro, el oro se sedimenta y se recupera en tanques de carbono, cada kilo de oro necesita 849 kilos de cianuro.

Fuente:http://www.e-veracruz.mx/nota/2017-08-20/ecologia/minera-caballo-blanco-inviable-y-peligrosa-fundar

Una empresa minera dedicada a la extracción de oro y plata y un particular que busca material químico a cielo abierto, pretenden explotar terrenos aledaños al Área Natural Protegida (ANP) Sierra de Lobos, confirmó el delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)  en la entidad, Israel Cabrera Barrón.

En entrevista exclusiva con El Sol de León, el funcionario federal señaló que “hasta ahorita tenemos de conocimiento de una compañía minera y tenemos un particular que está solicitando exploración para banco de materiales para la extracción de materiales precursores químicos que se utilizan en la industria petroquímica, este tipo de empresas explotan materiales que hay en la zona y que están a cielo abierto”.

Dijo que en este momento Semarnat se encuentra en el procedimiento de evaluación, “es decir ni se los hemos negado ni se los hemos autorizado, no podemos decir los nombres pero en cuanto la información se genere ya desde el punto de vista de la resolución entonces ya podremos decir quiénes son”.

El Delegado explicó que para lograr la exploración o explotación del territorio nacional, los trabajos deben hacerse exclusivamente en áreas permitidas.

“Los propios mineros, quizá, pudieran desconocer cuáles son las zonas restringidas o aducir que desconocen cuáles son las zonas permitidas, pero cuando llegan con nosotros, nosotros sí tenemos la obligación de saber dónde sí se puede y dónde no se puede y hacerles saber a los solicitantes toda esa información”.

Indicó que en este momento la normatividad en materia de ordenamiento territorial tiene una ambigüedad, es en cuanto a explotación de tierras para fines de minería.

“En algunas zonas nosotros podemos autorizar la exploración pero puede ser que en esas mismas zonas no está autorizada la explotación, ahí es una cuestión legal que habría que modificar dentro de los planes de ordenamiento del estado”.

Todo apunta a una negación de permisos

El Delegado de Semarnat dijo que por parte de la dependencia federal la solicitud de explotación minera, prácticamente está condenada a no tener éxito.

“Yo te puedo anticipar que va a ser negativo, sí, yo te puedo anticipar que es negativo porque (la explotación) aunque no necesariamente está dentro del Área Natural Protegida, muchas veces los impactos sí se generan dentro del Área Natural, aunque te encuentres a una distancia  porque las actividades antropogénicas que tú generas, sí impactan en el Área Natural”.

“Vamos a suponer el caso de retención de aguas, que estas empresas se encuentren aguas arriba y entonces no permiten que escurra agua de manera natural en la parte baja de las áreas naturales o bien si hay un corredor biológico donde se desplaza alguna especie animal, ellos pudieran generar alguna interrupción para su desarrollo, entonces de alguna forma tenemos que ver esto al evaluar, son los impactos locales y los impactos regionales y de entrada tenemos que proteger las áreas naturales”, aseguró.

En ese tenor recalcó que “cuando nosotros (Semarnat) negamos los procedimientos de explotación es cuando ellos ya tienen conocimiento pleno de que no pueden y si no pueden explorar mucho menos pueden explotar”.

El agua del Zapotillo será exclusivamente para consumo humano

Cuestionado sobre las versiones que aseguran que el acueducto del Zapotillo sería adecuado para permitir a una empresa minera, aún desconocida, para que utilice agua para sus procesos, el Delegado federal negó rotundamente las versiones.

“Hasta donde yo tengo sabido esa agua sería solamente para consumo de la ciudad de León, no para la minería”.

Incluso detalló que la Semarnat está revisando que la construcción del acueducto cumpla las normas para consumo humano.

“En el procedimiento de evaluación lo tenemos única y exclusivamente para distribución y abastecimiento de agua potable en el municipio (de León), ya se evaluó el tramo de Jalisco y ahora ya estamos en el tanque de Venaderos y estamos en el procedimiento de la red de distribución interna en los cruces federales que baja a la ciudad y no hay solicitud para atender una industria minera”, concluyó.

Fuente:https://www.elsoldeleon.com.mx/local/piden-explotar-mineria-y-quimica-junto-a-la-sierra