1. Quienes SomosLa red Iglesias y Minería es una coalición ecuménica conformada por cerca de 70 entidades latinoamericanas. Somos comunidades cristianas, equipos de pastoral, comisiones pastorales diocesanas, equipos de las diversas congregaciones religiosas, grupos de reflexión teológica, laicos y laicas reunidos por causa del desafío común de los impactos y violaciones a los derechos socioambientales provocados por las empresas mineras en los territorios donde vivimos y trabajamos.
Creemos en la fuerza de la organización popular en los territorios, a partir del intenso trabajo de los líderes cristianos, de la mística y del compromiso de las comunidades de fe. Ellas defienden todos los días la existencia de las personas, su cultura y relación con la Madre Tierra, sus proyectos y estilos de vida frente a los proyectos que las impactan, expresión de grandes intereses externos y distantes de las comunidades. Comenzamos a sentir la necesidad de reunirnos y articularnos más a partir de la creciente criminalización y persecución de nuestros líderes, sea por parte de las empresas mineras o de los Estados, muchas veces al servicio de los intereses empresariales.
El presente documento es un esfuerzo de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policia Comunitaria (CRAC-PC) de la Costa Chica-Montaña de Guerrero, México. El texto contiene información general de la minería a cielo abierto, y principalmente de las concesiones mineras en el estado de Guerrero. En segundo lugar presenta una reflexión acerca de porqué no aceptar la minería en nuestros territorios y como defenderse frente a los intentos de despojo de las empresas. Finalmente da cuenta de cómo ha sido la organización en los pueblos de Guerrero; las asambleas, los acuerdos, las discusiones, a partir de los cuales enuncian cómo la estrategia de la CRAC.
El extractivismo es una forma de organizar la economía basada en la explotación de los bienes naturales que lleva a una reprimarización de las economías. Es un retorno a la explotación de materias primas como sustento de la economía nacional. Implica la reorganización de la política, las leyes, la cultura y hasta los imaginarios sociales
Malas noticias para los mineros en América Latina. El gigante del sector Anglo American anunció este martes que recortará en los próximos años hasta 85,000 empleos. Ante el desplome del precio de las materias primas, las empresas mineras anunciaron planes de choque.
América Latina es el continente que más explotación minera tiene y a su vez es la región que más conflictos mantiene. Ante esta realidad, entrevista a César Padilla, coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL).
El VI Encuentro de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales, que tuvo lugar en Quito Ecuador el mes de julio de 2015, uno de los temas que generó mayor reflexión fue el ecofeminismo, compartimos una entrevista realizada a Yayo Herrero luego de escuchar las luchas y procesos de resistencia de las mujeres en América latina e integradas en la red Latinoamericana.
Los tribunales de Zapala son desde el lunes el lugar de un juicio que puede marcar un quiebre en la relación Estado y pueblos originarios.
En audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), organizaciones muestran que empresas y estados no respetan derechos básicos de poblaciones. En el caso de Brasil, la agencia reguladora del gobierno federal ni siquiera fiscaliza a las empresas mineras.
Por primera vez en muchos años, la minería retrocede en América Latina. A la caída de los precios internacionales y al aumento de los costos de producción, con la consiguiente disminución de las ganancias, se le suma la creciente resistencia de la sociedad por los impactos ambientales y sociales. Es posible que la crisis de la minería sea una oportunidad para los pueblos, si se consiguen sentar las bases para un modelo económico diferente.
El Estado canadiense respalda a la industria minera globalizada de distintas formas, y facilita las actividades de las empresas de minería canadienses en América Latina y el Caribe, a la vez que tolera y contribuye a violaciones sistemáticas de derechos humanos individuales y colectivos.