Tegucigalpa.- El pasado fin de semana en un cabildo Abierto el  Municipio de Catacamas en el departamento de Olancho fue declarado libre de minería.

El alcalde de la segunda ciudad en importancia en el departamento de Olancho, Lincoln Alejandro Figueroa, accedió a las peticiones de los ciudadanos y en un cabildo abierto se sometió a votación si querían proyectos mineros o no.

Los pobladores dijeron no y el edil no tuvo más que acatar la decisión del pueblo y declarar a Catacamas libre de minería.

Los Cabildos Abiertos son Mecanismos legales de Consulta Ciudadana según la Ley de Municipalidad para tomar acuerdos sobre temas de interés e impacto municipal.

Hay en Honduras más de 50 municipios que la ciudadanía se ha declarado libre de minería por poner en riesgo los Bienes Naturales, el agua, el bosque, el aire, la agricultura, la cultura y la paz social.

Los últimos han sido San José en el departamento de La Paz y El triunfo en el departamento de Choluteca.

Las comunidades tienen el derecho legítimo y legal de las comunidades para garantizar la protección Ambiental y la vida de la flora y fauna, especialmente en áreas protegidas y mucho menos en Áreas Protegidas.

Muchos Municipios están en las exigencias de la declaratoria de sus municipios libres de Minería.

El municipio de Tocoa en el departamento de Colón es uno de esos municipios en exigencias, su Alcalde Adán Funes Martínez y la Corporación municipal se han negado durante mucho tiempo hasta generar un conflicto donde hay muertos y daños materiales, militarización, persecución y judicialización.

Las comunidades y barrios del municipio de Tocoa Colón siguen exigiendo Cabildo abierto municipal en espera de una respuesta que reclamado durante los últimos 3 años.

Fuente:https://criterio.hn/2018/12/09/catacamas-olancho-declarado-municipio-libre-de-mineria/

La Consulta Ciudadana celebrada el fin de semana anterior en el municipio de El Triunfo en Choluteca, al sur de Honduras, atrajo la participación de unas 8,606 personas que atendieron el llamado para decidir sobre la presencia de las empresas mineras en el municipio. El patrón electoral superaba las 22 mil personas.

El resultado fue contundente: con un 97.9%, la población que asistió a las 60 urnas instaladas en el municipio, rechazó de manera inobjetable la instalación de proyectos mineros. Solo un 0.73% votó a favor.

“Para nosotros ha sido muy satisfactorio este proceso, y no solo los resultados, sino todo el proceso porque es acumulación de fuerzas, de participación ciudadana que la población está haciendo, ejerciendo su derecho, y esto parecer ser que está poniendo muy nerviosa a las municipalidades inclusive al poder central porque son ejercicios de liberación, porque son ejercicios de la gente los va sintiendo y va retando a la autoridad establecida”, detalló José Luís Espinoza, investigador del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario, Cehprodec, y encargado del desarrollo de la Consulta Ciudadana.

Derecho a la consulta

El Triunfo, Choluteca, se vio en la necesidad y en la obligación de realizar la Consulta Ciudadana por las amenazas que representa la presencia de las empresas mineras, entre ella Los Lirios, para los bienes comunes y la vida misma.

La gente participó, en un 40%, en la Consulta. “Es un ejemplo para la zona sur, para el departamento de Choluteca y un ejemplo para el país para que podamos seguir con este ejercicio ciudadano”, manifestó Espinoza.

Para Luís Méndez, observador del proceso en representación del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, Ciprodeh, lo que ocurrió en El Triunfo, Choluteca, es la expresión de la fuerza, de alegría y de una decisión clara y contundente por la autodeterminación, por el derecho a la consulta como un derecho de los pueblos.

“Y eso repensando el sentido de la participación misma, el sentido de la democratización y creo que también los espacios comunitarios como punto de encuentro de los pueblos para decidir temas estratégicos como el agua, temas estratégicos como detener ese proyecto de muerte, extractivo que ha acaparado todo el sur de Honduras”, dijo Méndez.

Actores claves

La Iglesia Católica de El Triunfo y el Frente Triunfeño por la Vida, han sido los actores más importantes en la generación de conciencia y articulación de las comunidades en defensa de los bienes comunes.

“El Frente Triunfeño en Defensa de la Vida nace con el propósito de articular actividades que conduzcan a la declaración del municipio libre de explotación minera, eso fue el 12 de junio de este año cuando nos organizamos, 16 organizaciones no gubernamentales proponen ayudar técnicamente al proceso, esto significó generar una serie de actividades que condujeron a este gran triunfo del NO a la minería aquí en El Triunfo”, contó Fredis Mendoza, secretario del Frente Triunfeño.

Para José Luís Espinoza de Cehprodec, los actores claves han sido la ciudadanía misma, el pueblo y los liderazgos que se involucraron. “Sin esas nueve mil personas que asistieron a las urnas nada de lo que hubiéramos hecho nosotros hubiese sido posible”. aseguró Espinoza.

¿Qué sigue?

Con la amplia participación de las comunidades de El Triunfo que ha rechazado rotundamente la presencia de las mineras en el municipio, la pregunta que surge es ¿y ahora qué sigue?

“Es sólo una parte del proceso, es una parte legitimas donde el pueblo se enfrenta y dice sí a pesar de que sus autoridades dicen no, ósea, vamos adelante, vamos en contra de esto, ahora podemos opinar, ahora podemos decidir sobre nuestros bienes naturales y no serán otros, no serán unos funcionarios los que determinarán la forma de vida de las poblaciones en el futuro”, dijo José Luís Espinoza de Cehprodec.

Luís Méndez de Ciprodeh destaca también que estos resultados representan una oportunidad para las organizaciones que están trabajando en el sur con procesos de acompañamiento en temas de defensorías, en temas de formación para no quitarles la palabra a las comunidades, imponer agendas o tomar las voces de los pueblos sino para ser verdaderos acompañantes de las organizaciones de base.

“Ver a tantas organizaciones nacionales e internacionales discutiendo, apoyando, aportando pequeños recursos, pequeñas solidaridades para que el Frente Triunfeño llegara, culminara con esta consulta donde hay un rotundo NO a la minería creo que es una gran victoria para las comunidades no solo del Triunfo sino del sur y para todo el país”, aseguró Méndez.

La gente de Cehprodec es clara y asegura que los alcaldes y las autoridades municipales tienen que ser muy inteligentes y escuchar la voz del pueblo porque si no el pueblo se las va a cobrar. “Y es desde esa óptica que nosotros exhortamos a la corporación municipal del Triunfo para que escuche esos resultados, que escuche lo que el pueblo habló para que en cabildo abierto logre ratificar los resultados de la opinión que ya dio la ciudadanía”, dijo José Luís Espinoza.

Luís Méndez también comparte esa mirada. “Ya que han visto los resultados, lo que se espera es que la alcaldesa, la corporación municipal junto al pueblo que ha ido a votar y otras comunidades se declare, oficialmente, desde esa parte institucional de la corporación municipal, El Triunfo Libre de Minería”.

Vienen más consultas

Fredis Mendoza del Frente Triunfeño compartió la alegría que produce consultar al pueblo sobre el futuro de sus recursos naturales.

“Jamás en la vida de los habitantes del Triunfo se ha había hecho una actividad democrática de esta forma, nos sentimos muy alegres porque son cosas que no ocurren a diario, al pueblo nunca se le pregunta nada, al pueblo siempre se le roba el dinero, se le saquean los bienes, se hace y deshace a través de los políticos, y el pueblo solamente va a votar cada cuatro años, entrega el poder absoluto a cuatro ladrones que hacen y deshacen con sus bienes y los resultados jamás se han visto en la historia de nuestro país”, aseguró Mendoza.

Según José Luís Espinoza de Cehprodec, la Consulta en El Triunfo, Choluteca es la octava que se realiza a nivel nacional. “Y vienen más, esperamos acompañar en el mes de enero, si es posible, creo que, con la Convergencia Contra el Continuismo, ir al municipio de San Nicolás, Santa Bárbara, también nos está invitando, y creo que lo vamos hacer de frente, con el municipio de Chinda en Santa Bárbara porque está peleando porque no ha sido consultado sobre el proyecto hidroeléctrico. “El Tornillito” que son más de 100 megas que van a inundar muchos poblados y que se ha hecho a espalda de ellos”, finalizó Espinoza.

Fuente:http://wp.radioprogresohn.net/presionar-a-autoridades-para-que-declaren-oficialmente-al-municipio-libre-de-minera-reto-para-el-triunfo-choluteca/

El hermoso paisaje de la montaña El Pacayal es brutalmente opacado por metros y metros de tubería que cruzan la verde y frondosa sierra. Los tubos instalados en medio de la montaña, que supera los 1,600 metros de altura, conducen al río Zapotal hasta las turbinas de la hidroeléctrica Aurora I, ubicada en el municipio de San José, en el departamento de La Paz.

En menos de 5 años de funcionamiento la hidroeléctrica ha dejado sin agua o con agua contaminada a varias comunidades de los municipios Santa Elena, San José, Marcala, Opatoro, Tutule, Santa María y Guajiquiro, ya que el río Zapotal es el afluente que unifica otros ríos de la zona.

Antecedentes

Fue en el 2009, durante el gobierno de facto de Roberto Micheletti, que se aprobaron 111 concesiones de ríos para represas hidroeléctricas. El gobierno actual pretende que la matriz energética llegue a ser 30% con base en combustibles fósiles y el 70% renovable. Sin embargo, se ha declarado incapaz de invertir para que la producción sea estatal y ha creado todo un marco jurídico para facilitar a empresarios nacionales y trasnacionales la generación de energía limpia.

El 2010 la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) cedió permisos a la Empresa Inversiones La Aurora S.A. de C.V. propiedad de la diputada Gladys Aurora López. En información oficial la empresa dijo que tendría una capacidad de 5,310.0 Km (5.21 MW) con una producción promedio estimada entre 34 722,000.00 KWh por año.

Sin consulta 

Las comunidades lencas del municipio de San José, nunca fueron consultadas si quería o no el proyecto. Muchas conocieron sobre la hidroeléctrica al momento en que la diputada junto a su esposo Arnold Castro, llegaban a las comunidades prometiendo proyectos. Diez años han pasado, y hasta ahora lo único que construyeron fue una iglesia.

“Son 10 años de mentiras, de estar sufriendo las consecuencias de ese proyecto. Uno de los principales problemas ha sido la destrucción del bosque, allí construyeron la cortina para entubar el agua, allí era un bosque grande que atraía mucha lluvia, ahora hay comunidades que se han quedado sin agua, estamos enfrentado la sequía”, dice Juan Francisco Vásquez, líder del municipio.

Desde el año 2015, las comunidades indígenas denunciaron, a través de movilizaciones, la apropiación del río para represarlo y convertirlo en un jugoso negocio de venta de energía al Estado hondureño.

Según las comunidades, la empresa en colusión con la alcaldía de aquel entonces, violentó el Convenio 169 de la OIT, que establece el desarrollo de una consulta, previa, libre e informada ante la ejecución de cualquier proyecto en territorio de comunidades indígenas.

José Adán López, párroco de San José, lleva 23 años asignado en el municipio, recuerda como hace diez años las comunidades se movilizaron demandando la ejecución de la consulta para conocer si se estaban de acuerdo o no con el proyecto. “Nada de eso pasó, la influencia que tiene la diputada Gladys Aurora, hizo que no se desarrollara este proceso de consulta”, dijo el sacerdote.

Él recuerda que las comunidades se organizaron en aquellos años para un plebiscito, pero llegó una orden “de arriba”, del Tribunal Electoral, declarando improcedente

El párroco lamenta que una montaña tan hermosa, como el Pacayal, con clima fresco, que generaba abundante agua que abastecía a muchas comunidades, se destruyera producto de represar el río. “Se instaló el proyecto sin consulta sino a pura presión política. Lamentamos que los alcaldes sean borregos, porque hacen lo que de arriba les dicen, y allí sacaron a la gente de sus tierras, se las compraron a precios bajos para poder instalar el proyecto, se cuidaron los intereses de la diputada, pero no de las comunidades que ahora tienen la montaña deforestada y están sin agua”.

Juan Francisco Vásquez recuerda como el esposo Gladys Aurora llegaba a las comunidades prometiendo proyectos de energía y potabilización de agua, a cambio de que apoyaran la construcción de la represa. Les dijo que sería desarrollo para todas las comunidades, a través de la generación de empleos y proyectos comunitarios.

La gente sigue viviendo de lo que genera el café, la empresa nunca generó empleo ni desarrollo, dice el líder comunitario.

El pueblo toma la palabra

Una década después del inicio de la hidroeléctrica, las comunidades de San José se organizaron y junto a la Convergencia Contra el Continuismo, desarrollaron una consulta popular, en la cual una de las preguntas estaba destinada a saber si la población está de acuerdo con la presencia de empresas mineras e hidroeléctricas.

El domingo 18 de noviembre doce urnas se instaron en 4 centros de votación. Desde las siete de la mañana Juan Francisco Vásquez, llegó a la comunidad El Aguacatal, en el centro educativo se instaló la urna que recogió su opinión en los temas que se acordaron consultar.

Juan, a quien los encontramos el momento en que ejercía su voto, fue claro al manifestar que llegó con la ilusión que las voces de las comunidades se escuchen. “Si decimos que no queremos proyectos extractivos que eso se respete, que las autoridades no sigan vendiendo nuestros ríos, bosques, nuestra agua, que verdaderamente ésta consulta sea el inicio de lo que queremos para nuestra comunidad”.

La papeleta de consulta tenía cuatro preguntas, los resultados de las mismas fueron contundentes. Ante la pregunta ¿Está usted de acuerdo con el modelo extractivista y privatizador de los bienes comunes y servicios públicos? el 97.8 por ciento votó por el No; ante la pregunta ¿Usted cree que vivimos en un Estado democrático de Derecho? el 96.9 de los votos fueron para el No; ante la pregunta ¿Está Usted de acuerdo que continúe Juan Hernández con el control del Estado? el 96.1 se manifestó en contra; mientras que ante la pregunta ¿Está usted de acuerdo con la instalación de proyectos mineros e hidroeléctricos en el municipio de San José? el 97.3 votó por el No.

José Luís Espinoza del equipo técnico de la consulta e integrante de la Convergencia Contra el Continuismo a dijo: “El pueblo de San José de la Paz comienza a liberarse del yugo de los criollos que lo han sometido a fuerza de “bolsas solidarias”. ¡No a la minería ni a las hidroeléctricas en La Paz!”.

Los resultados son contundentes en cuanto al rechazo al actual modelo económico y al régimen del Juan Orlando y son iluminadores sobre la necesidad de construir un nuevo orden constitucional y un nuevo modelo económico. Pero más allá de los números, los resultados serán una herramienta para seguir fortaleciendo la conciencia de la gente en la defensa de los bienes naturales y servicios públicos, dijo Elvin Hernández de la conducción de la Convergencia.

Una declaratoria municipal

Los resultados de la consulta popular desarrollada en el municipio de San José, demuestran que la gente está consciente de la realidad que enfrenta, una realidad marcada por autoritarismos y despojos, dice el alcalde Roberto Vásquez Hernández.

Ante la consulta cuál es su compromiso luego de los resultados, el alcalde aseguró que podrían apoyar una declaratoria de municipio libre de minería e hidroeléctricas, aunque desconoce cómo quedaría la situación de proyectos que ya están en funcionamiento en el sector.

Para la Convergencia Contra el Continuismo, la consulta en el municipio de San José es una experiencia donde ganó toda la sociedad hondureña. Ganaron las comunidades porque dieron su palabra sobre el modelo económico y la institucionalidad del país, ganó el movimiento social al avanzar a prácticas horizontales sobre sus propuestas de nación, ganó la democracia participativa.

“Sin duda, algo nuevo está naciendo, el 2019 será un año para seguir consultando a los pueblos y seguir creciendo en resistencia y dignidad que brota de una nueva cultura política ciudadana”, dijo Hernández.

Para enero la Convergencia desarrollará consultas ciudadanas en los municipios de San Nicolás, Santa Bárbara y Santa Fé en el departamento de Colón.

Fuente:http://wp.radioprogresohn.net/mediante-consulta-popular-municipio-de-san-jose-la-paz-rechaza-mineras-e-hidroelectricas/

La sociedad se mueve en los límites establecidos por los intereses de la clase social dominante. Una construcción tan antigua como el esclavismo mismo, pasando por el feudalismo y avanzando en el capitalismo. El pueblo ha sido y es arrastrado a consultas en las que no decide nada, cuando mucho le consultan sobre si elegir o reelegir quien lo oprima, normalmente mediante instrumentos de control y bajo una guerra mediática en los distintos órdenes de la estructura social e institucional y la respuesta está dada antes de la consulta. Es una cultura histórica impuesta por la enfermedad cordial del ser humano que desarrolla la egolatría y organiza el circo de la acumulación de capitales.

La enfermedad cordial alcanza límites extremos. Está definido el bloque dominante dispuesto a mantener su hegemonía sobre la sociedad hondureña y está representado por Juan Orlando Hernández y su equipo, pero el proyecto no es de personas, es de la clase social dominante orquestada a nivel mundial. El proyecto está tendido desde hace mucho, acentuado en 2009 con el golpe de Estado y profundizado en los últimos años con las medidas económicas impuestas, haciendo de Honduras su propiedad. En el proceso han entrado en una crisis profunda porque su carrera de acumulación los ha llevado a circular en ámbitos de los negocios más sucios posibles y el desenfreno más terrible en el vicio de corrupción. La fisura interna en la cúpula dominante deja caer sus destellos. Para salir de la crisis ahora buscan que el pueblo mueva la brocha y maquille el sistema, la propuesta de consulta es de forma, no de fondo y de esa manera garantizar que siga el sufrimiento económico, social, sanitario, ambiental, administrativo que expulsa a la gente del territorio. Para la elite opresora, la reelección es vital para asegurar la continuidad del proyecto neoliberal.

El proyecto popular antihegemónico es diverso y necesita mayor cohesión. Según la composición cultural, la única vía para dar la batalla hacia el control del Estado y desde allí avanzar hacia el poder, son las elecciones. La lucha social, territorial, la protesta y resistencia es fundamental como primer paso, pero no cambia las relaciones de poder estructuralmente, sino cuando esa resistencia social adquiere carácter y naturaleza de proyecto político para desplazar al opresor del control estatal. Ante esto, tenemos miradas diferentes que abren varios caminos a seguir. Lo primero es que el movimiento social agonice en brazos de un partido. Luego es la postura ante la reelección, un sector la rechaza, otro la acepta y otro la rechaza o acepta dependiendo de las condiciones. Sin embargo, hay coincidencia en que la superación de la crisis nacional pasa por una Asamblea Nacional Constituyente originaria. Como lograr una Asamblea Nacional con la naturaleza necesaria para transformar todo el aparato estructural es lo que debemos proponernos. Para eso es necesario superar antes la ilegitimidad gubernamental y luego pasar a diálogos y debates sectoriales territoriales, poblacionales y temáticos como mecanismos de discusión de lo que según el pueblo quiere y debe cambiar en el país hasta cristalizarse en la Asamblea Nacional Constituyente, camino único siempre que sea popular.

Sobre la reelección debe haber mayor discusión juiciosa. Hay una ruptura constitucional y por tanto la reelección es ilegal e ilegítima, un reglamento es un acto ilegitimo que alimenta el sistema de ilegitimidad. Pero si una Asamblea Nacional Constituyente originaria establece la reelección, entonces no se debe tener miedo. El punto no es si elegir o reelegir, sino quien y para que se elige o se reelige. Hay miedo a los dictadores déspotas por criminales y con razón, masacran a la mayoría. Miremos un poco las instituciones históricas empezando por la familia, pasando por las iglesias y los partidos, son ejemplo de reproducción de la cultura dictada. Las niñas y niños no deciden quien debe ser su Papá o su Mamá, la feligresía no decide quién será su pastor, y los adeptos de un partido no deciden quién es su líder, es dictado. Dictar es necesario cuando se dice la verdad, pero es peligroso cuando se miente.

El punto es que ser Papá, pastor o líder no se define por períodos de tiempo, sino por principios. El amor, la verdad y la justicia son principios que se rigen por la participación donde alcanza equilibrio el deber del Papá y la libertad de la familia, igual con la iglesia y el partido, etc. Un Papá bueno será acogido por las y los hijos siempre y evitaran a toda costa que lo separen de su lado. Un Papá criminal se mantiene por que intimida, castiga, amenaza e incluso puede matar. Este tipo de Papá debe ser sacado de la familia por el alto riesgo que representa para el colectivo. La sociedad debe contar con los mecanismos y órganos autónomos para cuidar y proteger a la mayoría, todo es producto del ejercicio de consulta y decisión popular en Asamblea Nacional Constituyente. Quien controla una ANC, controla todo, y solo hay dos sujetos enfrentados en ese órgano supremo, los ricos y los pobres.

La consulta es un ejercicio propio del ser humano que aspira a la verdad, y la instauración de la justicia y el derecho común. La verdad es el fruto de la contradicción y la cristalidad de los intereses colectivos.  La búsqueda de esa verdad es un ejercicio político e ideológico en una sociedad donde el control de la subjetividad es eclipsado por la ideología de la clase dominante. Es urgente que el pueblo hondureño decida el método para romper la hegemonía del dominio oligárquico y construir democracia. Una es la dictadura déspota del gran capital cristalizado en élites y hombres concretos, otra la dictadura de la democracia, del pueblo. Quizá suene duro, pero el poder del pueblo cuando entra en un proyecto de autonomía y soberanía política, económica, social, cultural, ambiental y espiritual se debe mantener, y en la elección, como no se hace fraude, prevalece la decisión popular. No existe democracia sin una dirección central que dirige el proyecto de vida en justicia, libertad y soberanía nacional. Allí deben estar mujeres y hombres incorruptibles, serios u humanos.

No hay que olvidar que cuando el pueblo desarrolla su poder, y la administración de ese poder está en manos de gente buena, el pueblo hace uso de su sabiduría. El pueblo es sabio. Lo que hace un déspota es inhibir la sabiduría del pueblo y mediante la intimidación, la amenaza, el castigo, la manipulación que produce miedo, lo somete. Queremos y debemos ser consultados, no insultados como lo propone la elite déspota del país. Hacer valer el derecho a la consulta de manera honesta y transparente, requiere organización comunitaria, información y movilización permanente.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/11/hablemos-de-la-consulta-y-de-quien-insulta/

Tegucigalpa. -Este domingo se realizó en el municipio de San José en el departamento de La Paz una consulta ciudadana sobre cuatro temas de interés para los ciudadanos de ese sector del país y los pobladores decidieron declarar su municipio libre de proyectos mineros y extractivistas.

La consulta incluía cuatro preguntas: 1 ¿Está usted de acuerdo con el modelo extractivista y privatizador de los bienes comunes y servicios públicos? 2 ¿Usted cree que vivimos en un Estado de Derecho? 3 ¿Está usted de acuerdo que continúe Juan Hernández con el control del Estado? 4 ¿Está usted de acuerdo con la instalación de proyectos mineros e hidroeléctricos en el municipio de San José?

Se ubicaron 12 mesas de consulta  en cuatro centros  en las aldeas Aguacatal, Pedernal, La Florida y San José.

En la consulta sobre si están de acuerdo con el modelo extractivista y privatizador de los bienes comunes y servicios públicos, el 97.8% voto por el si, un 0.3%, y el 1.2% votaron en blanco y el 0.7% fue de votos nulos.

Fuente:https://criterio.hn/2018/11/18/san-jose-de-la-paz-se-declara-libre-de-mineria-y-extractivismo/

Los pobladores de la comunidad de El Guapinol, en el municipio de Tocoa, Colón, aclararon este miércoles que su demanda gira en torno a la convocatoria de un cabildo abierto para declarar libre de minería al municipio y no un plebiscito para preguntarle a los pobladores sobre sí quieren o no la continuidad del proyecto minero que les está generando conflicto.

El planteamiento—según los líderes locales—es porque la empresa Inversiones Pinares tiene cinco años de estar implantada en la zona sin antes consultar a la comunidad.

Los líderes comunitarios de El Guapinol han convocado a una asamblea para el domingo 25 de  noviembre, en la que se abordará la  temática.

A raíz del conflicto, la corporación municipal de Tocoa, que encabeza el alcalde Adán Fúnez, propuso la convocatoria de un plebiscito a través del Congreso Nacional y bajo el arbitraje del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Sin embargo, los pobladores rechazan el planteamiento porque dicen que no creen en el máximo ente electoral porque en noviembre pasado—durante las elecciones generales—validó y perpetuó un fraude electoral.

Fúnez, se comprometió además a proceder con la cancelación de los proyectos mineros, lo que a juicio de Elsy Banegas de la Coordinadora de Organizaciones del Bajo Aguán (COPA), es un discurso nada más porque hasta el momento no ha mostrado voluntad política para hacerlo.

Banegas acusó a Fúnez de estar incumpliendo los estatutos de su Partido Libertad y Refundación (Libre) que establecen una oposición a los proyectos del modelo extractivo.

La líder comunitaria resumió que durante el conflicto se ha registrado el asesinato de uno de sus compañeros de lucha y otro resultó herido. Además, se contabiliza la muerte de dos militares, la quema de un bus y de una casa y el desplazamiento de varias familias.

También condenó la militarización de la zona y el establecimiento de cinco retenes, entre la comunidad de El Guapinol y Tocoa, donde hay una distancia de menos de cinco kilómetros.

Fuente:https://criterio.hn/2018/11/14/pobladores-de-el-guapinol-demandan-cabildo-abierto-para-declarar-a-tocoa-libre-de-mineria/

El alcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez, insiste en la realización de un plebiscito vía Congreso Nacional con regulación del deslegitimado Tribunal Supremo Electoral TSE, para solucionar el conflicto que ha desatado la instalación de una empresa minera Inversiones Los Pinares.

La ciudadanía de Tocoa, lleva meses exigiendo a la corporación municipal la realización de un cabildo abierto para declarar el municipio libre de explotación minera. A través de caminatas, plantones, caravanas y de un campamento de resistencia han dejado claro su rechazo a la instalación de la empresa minera propiedad del empresario Lenir Pérez y Ana Facussé, en la zona núcleo del parque nacional Carlos Escaleras.

En los trabajos de apertura de calle en el sector La Ceibita, la empresa ha provocado daños severos al río Guapinol, principal fuente de agua en la zona. Se estima que en el núcleo del parque nacional Escaleras, el Estado de Honduras ha otorgado al menos seis concesiones mineras. Dos de ellas están en manos del empresario Lenir Pérez.

A la fecha, el conflicto ha provocado el asesinato de tres personas, 18 líderes comunitarios criminalizados, acusados por los delitos de usurpación y daños y más de 20 desplazados por amenazas a muerte. Dos de las personas asesinadas eran parte del ejército hondureño.

El alcalde, por miedo y presiones, más que por responsabilidad, propone la realización de un plebiscito para consultar al pueblo si quiere o no la explotación minera. Las presiones las ejercen las comunidades organizadas quienes se oponen a la minería, algunos simpatizantes de su partido Libertad y Refundación y su coordinador Manuel Zelaya Rosales.

Sin embargo, la población aglutinada en el Comité Ambiental Municipal rechaza la propuesta del alcalde. “No creemos en consulta regulada por un ente corrupto como el Tribunal Supremo Electoral”, expuso Esly Banegas dirigente de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, Copa. Ella es del criterio que el Tribunal es responsable del fraude electoral más grande en la historia de Honduras, que ha dejado como presidente a Juan Orlando Hernández.

Además, un plebiscito vía Congreso Nacional podría tardar meses incluso años en aprobarse, explicó el abogado Allan Alvarenga de la Fundación San Alonso Rodríguez, organización parte del Comité Ambientalista. Para el abogado, las autoridades han cometido abuso de autoridad al conceder permisos o licencias a empresas extractivas sin consultar a las comunidades afectadas.

Un plebiscito improcedente  

La figura del plebiscito municipal está contemplada a partir del artículo 18 al 32 en la Ley de Municipalidades, referente a los mecanismos de consulta popular. Este tipo de consulta tiene rango constitucional porque surge a partir de una reforma al artículo 5 de la Constitución de la República.

El debate se centra en la naturaleza de este tipo de consulta. Un plebiscito se emplea cuando ninguno de los poderes constituidos por el Estado ha tomado decisiones sobre la temática o situación a consultar.

En el caso de las concesiones mineras, existen instituciones o secretarias como Mi Ambiente, Instituto Hondureño de Geología y Minas, Inhgeomin, y el Instituto de Conservación Forestal ICF, que ya decidieron. Es decir, las concesiones fueron aprobadas por un poder constituido; el Ejecutivo.

“Bajo este análisis un plebiscito en Tocoa, sería improcedente, y corre el riesgo de convertirse en herramienta a favor de la empresa minera”, dice el ambientalista e investigador Pedro Landa, asegurando que, si los resultados de la consulta son a favor de las comunidades, el dueño de la minera Inversiones Los Pinares puede con facilidad puede impugnarlos, argumentando que no existe validez porque no procede hacer un plebiscito con concesiones ya otorgadas.

Juego político

En sesión de corporación municipal desarrollada el 08 de noviembre, los regidores y el alcalde mostraron ante el Comité Ambientalista desconocimiento de la problemática. Comenzaron a expresar que las concesiones fueron otorgadas en otro gobierno, y que ellos no son responsables. Incluso se atrevieron a decir que temen realizar un cabildo abierto o una consulta porque no quieren enfrentar consecuencias legales o sanciones administrativas.

Antes de comenzar la reunión llegó el regidor nacionalista Redín Lenin Chávez, acusado en Caso Pandora, uno de los casos de corrupción más sonado en el país. El funcionario dijo que son pocas las personas que se oponen a la minería en el municipio. Que desde la alcaldía nada se puede hacer porque hay leyes nacionales que promueven la inversión privada en las comunidades y tienen respetarse.

Por su parte el alcalde Adán Fúnez, durante la reunión se mantuvo firme en su propuesta de realizar un plebiscito, que puede ser con intervención del Congreso Nacional y TSE o garantizado desde la alcaldía. Él nunca se apartó de su teléfono celular e incluso para contestar las preguntas realizadas por el Comité leía textualmente lo que estaba en su móvil. Dando pie a interpretar que estaba en comunicación con sus asesores. Los nervios del alcalde también participaron en la reunión.

Al finalizar la reunión las autoridades acordaron una nueva reunión para definir qué mecanismo es el adecuado para consultar a la gente. El comité abandonó la sala de reuniones recalcando que su única demanda es la declaratoria como territorio libre de minería a través de cabildo abierto. El Comité también expresó su sospecha que las autoridades podrían dar largas al asunto, para jugar políticamente con el cansancio de la ciudadanía en lucha.

En Toque de Queda

Cuando cae la noche, el miedo invade a las familias de Guapinol quienes públicamente se declararon en contra de la minera. Un ladrido de perro, un carro en movimiento o la velocidad de las motocicletas en las calles son suficientes para que la gente pierda el sueño y esté a la defensiva. En una comunidad donde según sus vecinos y vecinas reinaba la tranquilidad y la alegría.

Luego de los desalojos violentos registrados el 27 y 28 de octubre del año en curso, militares y policías se han apoderado de la zona. Ha incrementado la presencia de trabajadores de la empresa minera y de maquinaria para seguir con los trabajos de explotación. Mientras se realizaba la sesión de corporación municipal con el Comité Ambientalista, la población se manifestaba a las afueras del edificio municipal, el empresario aprovechó a subir doce volquetas para continuar con su objetivo de explotar el cerro, según denuncia la ciudadanía.

“Nos auto recetamos Toque de Queda”, fue la primera expresión de Dalila Argueta, al consultarle cómo está el ambiente de Guapinol, a raíz de la instalación de la minera. “La vida nos cambió de golpe gracias al modelo entreguista del gobierno”, apuntó, reforzando que temen a los mineros, la policía, militares y el gobierno porque en Honduras no hay quien proteja a la gente pobre que defiende la vida.

Fuente:http://wp.radioprogresohn.net/6707-2/

La Alianza Centro Americana Frente a la Minería -ACAFREMIN-, denuncia la brutal campaña de represión desatada por la policía militar hondureña en coordinación con equipos de seguridad privada de la empresa Inversiones los Pinares contra lideresas y líderes comunitarios y defensores ambientales miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos del municipio de Tocoa, Colon.

Desde los primeros días del mes de agosto ciudadanos de Tocoa establecieron el «Campamento Guapinol en Defensa del Agua y la Vida» en protesta por permisos de explotación de óxido de hierro extendidos en el año 2014 a la empresa Inversiones los Pinares, antes llamada Emco Mining Company, de manera irregular.

La empresa es propiedad de Lenir Pérez, empresario vinculado a contratos otorgados de forma ilícita por el gobierno de Juan Orlando Hernández y quien ha sido previamente vinculado a crímenes ambientales por el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SERNA). Un reporte de SERNA en el 2012, encontró que el proyecto minero Buena Vista I, de la propiedad de Pérez, causo deforestación desmedida, contaminación de suministros de agua y la desaparición de peces de los ríos debido a residuos mineros que no fueron debidamente desechados.

Líderes de organizaciones sociales atribuyen a la empresa el establecer sus operaciones sin consulta previa a las comunidades del municipio de Tocoa y demandan que la municipalidad realice un cabildo abierto, requerido por ley, para determinar si las comunidades afectadas están de acuerdo con dicho proyecto.  La principal preocupación de los pobladores de Tocoa es la destrucción de reservas ecológicas dentro del Parque Nacional Carlos Escaleras, conocido previamente como Parque Nacional Montaña de Botaderos, donde nacen los ríos Cuaca, San Pedro, Guapinol, Ceibita y Tocoa; fuentes hídricas que alimentan de agua potable la región del Bajo Aguan y los departamentos Colon, Olancho y Atlántida.

El día 27 de octubre, a tempranas horas de la mañana, pobladores reportaron el desplazamiento de más de mil efectivos militares y patrullas policiales del gobierno hondureño acompañados con armas y tanquetas.  Las mismas fuerzas de seguridad estatal procedieron a desmantelar por la fuerza el campamento ocupado por unos 200 líderes comunitarios integrantes de la resistencia de Guapinol.  Según testimonios, cientos de bombas lacrimógenas y el uso desmedido de la fuerza fueron utilizadas en esta acción contra la población civil que resulto en decenas de heridos, intoxicados por gas lacrimógeno, tres personas detenidas por las autoridades y la muerte del defensor Levin Alexander Bonilla de 32 años, residente de la comunidad de Ceibita.

Esta acción militar se le suma a la campaña de criminalización liderada por políticos locales, medios de comunicación y empresarios contra defensoras y defensores ambientales y la campaña de represión liderada por miembros de la seguridad privada de la empresa, que desde inicios de la resistencia pacífica, ha sido responsables de amenazas, acciones de intimidación y ataques con armas de fuego contra miembros de la resistencia. El 15 de agosto de 2018, un defensor ambiental resulto herido de bala por miembros de la seguridad de la empresa. Hasta la fecha la policía local se ha rehusado a investigar el crimen.

Un día después del desmantelamiento del campamento, organizaciones de la sociedad civil denuncian el incremento de la represión y represalias por parte de la seguridad de la empresa. La lideresa Irma Serrano fue secuestrada por mas de veinte horas, junto a sus dos hijas, después que su casa fuera incendiada por individuos encapuchados.

Por lo establecido anteriormente, las organizaciones de la Alianza Centroamericana frente a la Minería expresamos nuestra profunda solidaridad a los miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos del municipio de Tocoa, ademas:

-Demandamos el cese inmediato de la campaña de criminalización y violencia contra defensoras y defensores ambientales de Tocoa.

-Hacemos responsables al empresario Lenir Pérez, al presidente Juan Orlando Hernández y al alcalde de Tocoa Adán Funes Martínez, por la seguridad física y daños materiales contra lideres y lideresas de Tocoa y denunciamos los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos contra dicha población.

-Nos unimos a las organizaciones sociales y comunidades de Tocoa y de la región del Bajo Aguan en demandar que se cancelen los 6 proyectos de explotación y  69 concesiones de exploración vigentes en el departamento de Colon.

-Hacemos un llamado a la comunidad internacional, principalmente a las instituciones que velan por el cumplimiento de los derechos humanos, a monitorear la situación en Tocoa y tomar las medidas necesarias para prevenir la pérdida de vidas humanas en este conflicto socio ambiental.

Fuente:http://www.acafremin.org/es/noticias-regionales/honduras

La coordinadora de organizaciones populares del aguan(COPA).
Tocoa Colón Honduras Centro América

Desalojo en marcha después de campaña de criminalización, difamación y desprestigio

En marcha un plan para Violentar los derechos Fundamentales de las comunidades, ciudadanos y ciudadanas desde el Estado de Honduras contra quienes estamos en campamento en defensa del derecho fundamental al agua.
Las comunidades en el campamento Guapinol en defensa del agua y la vida han estado de manera pacífica en defensa de los ríos Guapinol y río San Pedro y así como las fuentes de agua para consumo humano, pero está en marcha un plan para desalojar y violar el derecho de las ciudadanas y ciudadanos del municipio de Tocoa Colón sin dar una respuesta a la demanda legítima que desde el 1 de Agosto nos encontramos en Campamento sin ser atendidos de manera responsable ante la problemática.

Las familias han estado recibiendo agua totalmente sucia producto de los daños de la empresa minera Inversiones los Pinares y que ahora se está sub sanando esa situación grave a 59 días de campamento pacífico en defensa del agua y la vida pero se ve amenazada nuevamente cuando las instancias estatales garantes de la protección de la ciudadanía se han puesto del lado de la Empresa minera Inversiones los Pinares y dejando indefensos a las comunidades para que se cometan crímenes ambientales y de personas defensoras de los derechos humanos y Ambientales.

Denunciamos que las instituciones del Estado se prestan para confabularse con las empresas mineras aunque estas estén destruyendo ambientalmente los municipios poniendo en riesgo el bienestar y los derechos de las comunidades, aunque se demuestre que han cometido delitos ambientales, aunque se demuestre que hubo actos de Manipulación y supuestos actos de corrupción en los procesos para otorgar las concesiones, aunque se demuestre que esas concesiones fueron solicitadas en 2008 y que posteriormente fueron investigadas e incautadas supuestamente continúan con otros dueños sin tomar en cuenta las comunidades.

Hacemos un llamado internacional para estar pendiente con lo que puedan hacer ya que se ha dado una campaña de criminalización, desprestigio y difamación contra organizaciones, líderes y liderezas en la defensa de los derechos humanos y BIENES comunes y que van con el objetivo de capturar personas que luchan pacíficamente por sus derechos y las comunidades, dejando en impunidad todo acto cometido por la Empresa minera Inversiones los Pinares y el grupo armado de choque contratado para confrontar y asesinar líderes y liderezas de las comunidades.

Exigimos detener dicho desalojo ilegitimo y plan en marcha para capturar personas, criminalizar y quitar el campamento Guapinol, que está en legítimo derecho a la defensa de los ríos, cuencas y microcuencas, así como la flora y la fauna en el Parque Nacional Montaña Carlos Escaleras Mejía antes Montaña de Botaderos por el equilibrio y

Tocoa Colón es altamente vulnerables y pondríamos en riesgo los más de 90,000 habitantes , cultivos y viviendas que pueden ser destruidos ante desastres de fenómenos naturales.

Exigimos la cancelación de las concesiones y licencias ambientales ya que ponen en riesgo el derecho fundamental al agua y la vida, se han cometido delitos ambientales y están en zona núcleo del parque Nacional Montaña Carlos Escaleras Mejía antes Montaña de Botaderos, donde no se permite la explotación de minería y ninguna actividad económica ya que es el patrimonio nacional y pulmón de la región y del país garantizando las fuentes de agua para consumo humano de la región y protección de todos y todas.

El Estado debe garantizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, y hemos observado que se han inclinado con la Empresa minera Inversiones los Pinares y pretende violentar las comunidades negándose a dar respuesta a las peticiones de las comunidades y sectores del municipio de Tocoa Colón en primera instancia el Alcalde Adán Funes Martínez de LIBRE en realizar un Cabildo abierto municipal con la convocatoria de participación de todos ciudadanos y ciudadanas, las autoridades de Mi Ambiente, INHGEOMIN han negado la información y documentación íntegra de los expedientes.

COPA somos co peticionarios de Medidas Cautelares de protección ante la Comisión Interamericana de derechos humanos CIDH y en el Campamento se encuentran beneficiarios de las MC 5014 líderes y liderezas, defensores y defensoras de derechos humanos de nuestra organización, de organizaciones campesinas y exigimos su protección y garantías tanto de los beneficiarios y de las comunidades,las fuentes de agua y el Parque Nacional Montaña Carlos Escaleras Mejía.

Exigimos se respete el campamento y las personas beneficiadas que allí se encuentran por estar en su legítimo derecho. Un desalojo solo pone en riesgo la vida de los beneficiarios por lo tanto responsabilizamos al mecanismo de protección y al gobierno de Juan Orlando Hernández ante la Comisión Interamericana de derechos humanos CIDH por lo que puedan hacer en ése momento ó posterior los empleados de la Empresa minera Inversiones los Pinares y activistas del Alcalde Adán Funes Martínez que son quienes han criminalizado y se han armado contra quienes defendemos nuestros derechos legítimos contenidos en las leyes nacionales e internacionales así como en el hecho mismo de la existencia de nuestra vida y la comunidad por miles de años en esos territorios.

Se pretende imponer la ilegalidad y negación de Justicia

Coordinadora de organizaciones populares del aguan, COPA

Fuente:http://www.acafremin.org/es/noticias-regionales/honduras/311-desalojo-de-comunidades-en-tocoa