Ecuador

Militares de Ecuador destruyen campamento de minería ilegal controlado por banda criminal

28/06/2025
Militares de Ecuador. Foto: Minuto & Medio @MinMedio
EL NUEVO DIARIO, GUAYAQUIL, ECUADOR.- Las Fuerzas Armadas de Ecuador destruyeron un campamento de minería ilegal instalado en la provincia andina de Azuay que, según las investigaciones, estaría presuntamente controlado por el grupo criminal Los Lobos, uno de los más poderosos en el país andino, informó este sábado la institución.

El hallazgo se produjo durante un operativo realizado por el Ejército y funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) en el sector Cachi, del municipio andino Camilo Ponce Enríquez, una localidad en la que por años se ha denunciado la presencia de grupos criminales, especialmente Los Lobos, en actividades como la minería.

Según los militares, el área en la que se detectó el campamento de minería ilegal estaba concesionada, sin embargo, no se revelaron más detalles al respecto.

Tras la llegada de los soldados, los sujetos que estaban en el lugar, presumiblemente parte de la misma banda criminal, huyeron, por lo que no se registraron detenciones en este operativo.

En el sitio había una boca de mina, un compresor de aire, un generador, dos tanques con 250 galones de combustible y explosivos, que fueron destruidos por los miembros del Ejército.

Las operaciones militares contra la minería ilegal se han intensificado en los últimos meses en el país, especialmente después de que once soldados fueran asesinados el 9 de mayo en una emboscada mientras realizaban un operativo en la Amazonía, un ataque atribuido a los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

De acuerdo a las autoridades ecuatorianas, los Comandos de la Frontera se han asociado con Los Lobos para explotar varios enclaves de minería ilegal en Ecuador, entre ellos el de Alto Punino, a unos 60 kilómetros en línea recta de la frontera con Colombia, donde se produjo la masacre de los militares del pasado mayo.
https://elnuevodiario.com.do/militares-de-ecuador-destruyen-campamento-de-mineria-ilegal-controlado-por-banda-criminal/

Ecuador

Conaie y Frente Antiminero denuncian represión policial en rechazo a proyecto minero

En el sector de Las Naves se habría producido un enfrentamiento entre campesinos y la Policía Nacional.

En el cantón Las Naves (Bolívar), campesinos rechazan un proyecto minero desarrollado por la empresa Curimining S. A. Foto: Tomada de la Conaie. Foto: Cortesia
24/06/2025

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y el Frente Nacional Antiminero denunciaron una violenta represión por parte de efectivos de la Policía Nacional en el sector de Las Naves (Bolívar), en medio del desacuerdo por los proyectos mineros.
A través de sus cuentas de la red social X, este martes, 24 de junio, la Conaie denunció que pobladores de Las Naves habrían sido reprimidos violentamente al resistirse desde hace más de un mes al proyecto minero Curipamba-El Domo, concesionado a la empresa Curimining, parte del joint venture entre Salazar Resources Ltd. y Adventus Mining Corporation.

“Denunciamos la represión violenta contra las comunidades campesinas de Las Naves que resisten hace más de un mes al proyecto minero Curimining S. A., vinculado al Grupo Nobis, del presidente Daniel Noboa. Cientos de policías armados intentaron desalojar a la comunidad de La Unión, dejando varias personas heridas”, narra un mensaje publicado en X.

Aseguran que se busca callar la “legítima protesta de quienes defienden el agua, el territorio y la vida” y responsabilizan al Gobierno nacional por “esta agresión”.

El Frente Nacional Antiminero informó, en una misiva, que este martes ingresaron cientos de policías al recinto La Unión, en el sector de Las Naves, dejando dos personas heridas.

Según su relato, los campesinos impedían el ingreso de la maquinaria minera y la Policía Nacional acudió para resguardar su paso al proyecto.

Por el momento, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior no se han pronunciado sobre estos acontecimientos.

Según información oficial, la empresa Curimining tiene siete concesiones que abarcan 21.537 hectáreas, de las cuales 1.458 pasan a etapa de explotación para desarrollar la mina El Domo. (I)
https://www.eluniverso.com/noticias/politica/mineria-frente-minero-conaie-gobierno-daniel-noboa-policia-nacional-nota/

Ecuador

Marcha masiva en Las Naves rechaza minería y defiende el agua

La marcha, convocada por asociaciones de productores, juntas de agua, ganaderos, viveristas y comerciantes, recorrió las calles de Las Naves para visibilizar el impacto del proyecto minero El Domo-Curipamba, ubicado en la zona alta del cantón.
21/06/2025
Marcha masiva contra la minería de Curimining en Bolívar
Kathya Mero
Redacción ED.
Campesinos, productores y ciudadanos del cantón Las Naves, en la provincia de Bolívar, protagonizaron una caravana masiva para rechazar el proyecto de minería de Curimining S.A., denunciando una consulta ambiental fraudulenta y exigiendo la protección de sus fuentes de agua. La movilización, que unió a comunidades de Ventanas, Echeandía, San Luis de Pambil, Quimsaloma y Pangua, subrayó la defensa de la agricultura, la ganadería y el turismo como pilares económicos frente a la amenaza extractiva.

Una protesta unificada contra Curimining
La marcha, convocada por asociaciones de productores, juntas de agua, ganaderos, viveristas y comerciantes, recorrió las calles de Las Naves para visibilizar el impacto del proyecto minero El Domo-Curipamba, ubicado en la zona alta del cantón. Este proyecto, gestionado por Curimining S.A., filial de empresas canadienses, pretende extraer cobre, oro, zinc y plata. Sin embargo, pone en riesgo los ríos que abastecen a miles de familias dedicadas a actividades agrícolas y ganaderas. Según los manifestantes, la consulta ambiental realizada por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) incumplió principios de transparencia y participación, calificándola de “corrupta e ilegal”.

Las comunidades denunciaron que la minería, tanto legal como ilegal, amenaza su forma de vida. “No permitiremos que destruyan nuestra tierra ni nuestras fuentes de agua”, afirmó un representante de las juntas de agua durante la caravana. La movilización incluyó motocicletas y pancartas con mensajes como “Fuera Curimining” y “Las Naves no es territorio minero”.

Contexto de resistencia campesina
Las Naves, un cantón subtropical reconocido por su producción de cacao, cítricos y ganadería, depende de la fertilidad de sus suelos y la disponibilidad de agua. El proyecto minero, ubicado en el cerro El Domo, podría contaminar ríos vitales para la agricultura y el consumo humano, según advierten los pobladores. Desde 2006, Curimining opera en la zona tras recibir concesiones que abarcan 1,500 hectáreas. Sin embargo, la oposición comunitaria ha crecido ante la falta de estudios ambientales confiables y la criminalización de defensores del agua.

En julio de 2023, protestas similares en Las Naves derivaron en enfrentamientos con la fuerza pública, dejando heridos y detenidos. Este año, tras la aprobación de la licencia ambiental en enero de 2024, las tensiones se intensificaron. Los manifestantes presentaron una acción de protección contra el MAATE, argumentando violaciones al derecho de consulta previa. Aunque un juez local rechazó la demanda, las comunidades apelaron y planean llevar el caso a instancias internacionales.

Impacto regional de la minería
La resistencia en Las Naves no es un caso aislado. Comunidades de Ventanas, Echeandía, San Luis de Pambil, Quimsaloma y Pangua se sumaron a la marcha, destacando la importancia de los ríos que nacen en Bolívar para la región. Estas localidades comparten la preocupación por la posible contaminación de sus fuentes hídricas, esenciales para el turismo y la agroecología. Organizaciones como el Frente Nacional Antiminero y la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Bolívar apoyaron la movilización, llamando a la unidad entre campo y ciudad.

Por su parte, Curimining sostiene que la consulta ambiental cumplió con estándares internacionales. Sin embargo, los pobladores insisten en que el proceso excluyó a la mayoría de las 17 comunidades afectadas.

Marcha masiva en Las Naves rechaza minería y defiende el agua

Ecuador

Conoce la cartilla «𝐊𝐈𝐌𝐒𝐀𝐊𝐎𝐂𝐇𝐀, 𝐟𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐚𝐠𝐮𝐚 𝐚𝐦𝐞𝐧𝐚𝐳𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐚 𝐦𝐢𝐧𝐞𝐫í𝐚»

A través de esta cartilla educativa, podrás conocer el páramo de Kimsakocha y la amenaza que representa el proyecto minero Loma Larga para su principal función: fuente de agua para Cuenca, Girón y San Fernando.

En sus 14 páginas, con un lenguaje amigable, podrás comprender la problemática con la ayuda de ilustraciones, mapas, fotografías, testimonios y datos bien fundamentados.

La cartilla está dividida en las siguientes secciones:

 

1) ¿Qué es Kimsakocha?

2) ¿Dónde está ubicado el proyecto minero Loma Larga?

3) ¿Cuáles son los principales impactos del proyecto Loma Larga sobre el páramo de Kimsakocha? (basado en el informe técnico de ETAPA EP).

4) ¿Cuáles son los mayores sistemas de agua en riesgo?

5) El problema del arsénico en el proyecto Loma Larga.

6) Dundee Precious Metals ya contaminó una ciudad africana.

 

Tod@s en Cuenca debemos conocer esta información.
𝘋𝘦𝘴𝘥𝘦 𝘦𝘴𝘵𝘦 𝘦𝘯𝘭𝘢𝘤𝘦, 𝘱𝘶𝘦𝘥𝘦𝘴 𝘥𝘦𝘴𝘤𝘢𝘳𝘨𝘢𝘳 𝘭𝘢 𝘤𝘢𝘳𝘵𝘪𝘭𝘭𝘢 𝘦𝘯 𝘗𝘋𝘍 👉🏼 https://bit.ly/Kimsa
𝗖𝗢𝗠𝗣𝗔𝗥𝗧𝗘 💦

Con el respaldo del Cabildo por el Agua de Cuenca, la Junta de Agua Victoria del Portete-Tarqui, Fundación Savia Roja y Yasunidos Guapondelig.

Ecuador, Perú

Los Charip y la lucha del pueblo Wampis contra la minería ilegal en la frontera entre Perú y Ecuador

Los Charip, relámpago en wampis, son la única línea de defensa frente a la minería ilegal de este pueblo indígena en el río Santiago, en Condorcanqui (Amazonas). Esta provincia fronteriza entre Perú y Ecuador ha vivido 8 estados de emergencia por minería ilegal pero la policía sólo ha detenido a 13 personas por este delito desde 2019. Convoca recorre el territorio wampis desde Huampami hasta Villa Gonzalo, en el distrito de Río Santiago, y documenta los daños ambientales y sociales de la minería ilegal. Ante esta situación, las autodefensas indígenas Charip se convierten en un ejemplo de resistencia frente a los daños sociales y ambientales de la minería ilegal, que contamina el Río Santiago, fuente de agua de comunidades sin acceso a infraestructuras básicas. Ejemplos como el de la comunidad de Chosica, en la que un proyecto de saneamiento permanece inconcluso tras casi una década, evidencian el olvido estatal y condenan a la comunidad wampis a beber agua contaminada por la minería ilegal.
María Goreti y Paul Tuesta
Reportero Gráfico: Gabriel García
16/01/2025

Ulises Sinhuani, lanza en mano, recuerda el día en el que los Charip, guardianes del territorio indígena wampis, detuvieron en el río Santiago una lancha en la que viajaban cinco mineros ilegales ecuatorianos y dos policías peruanos. Escoltaban dos motores de gran tamaño, destinados a la minería ilegal que opera en la frontera entre Perú y Ecuador, en la provincia de Condorcanqui.

“Atrapamos a unos policías escoltando mineros”, explica a Convoca Sinhuani, vicepresidente de los Charip, relámpago en wampis, “Al atraparlos, hemos visto que son autoridades, vigilantes de la patria peruana, pero están envueltos la corrupción de la minería ilegal”, cuenta sobre esta detención, que tuvo lugar el 18 de abril de 2024.

La entrega de los mineros y los policías a las autoridades peruanas fue la primera victoria de los Charip, un grupo de autodefensas creado con el apoyo del Gobierno Territorial Autónomo Wampis, una entidad que representa y agrupa a los integrantes de este pueblo indígena.

La nación Wampis se extiende a lo largo de más de 1 millón 300 mil hectáreas en los distritos de Río Santiago (Amazonas) y Morona (Loreto). Sus 22 comunidades tituladas viven asediadas por la minería ilegal.

En el vasto distrito fronterizo de Río Santiago no existe un sólo policía destacado y la comisaría más cercana se encuentra en Santa María de Nieva, a más de 6 horas en bote. Esta situación deja a las comunidades wampis en una situación de seguridad especialmente vulnerable y las obliga a organizarse para defenderse frente a actividades ilícitas.
Foto
Miembro de las autodefensas “Charip”. Foto: Gabriel García/Convoca

“Los mineros ilegales nos traen divisiones entre hermanos”

Los Charip nacieron el 18 de febrero de 2024 durante una asamblea comunal en la que el pueblo wampis decidió rechazar de manera contundente la minería ilegal en sus tierras y en el río Santiago, la principal fuente de agua de este distrito.

“Charip nació como un niño en una zona pobre, no tenía ni una casa, no tenía una canoa para vigilar, no tenía nada”, recuerda Ulises Sinhuani, vicepresidente de estas autodefensas.

Aunque sus recursos son limitados, Sinhuani asegura a Convoca que su misión es clara: combatir cualquier tipo de minería, formal o informal, que amenace el equilibrio social y ambiental de su territorio.

Rojas Wachapa, gestor del Gobierno Territorial Autónomo Wampis, explica cómo la minería ilegal rompe el orden social comunitario. “Los mineros ilegales nos traen divisiones entre hermanos; crean divisiones entre comunidades, divisiones entre organizaciones constituidas, divisiones en vínculos familiares, y esto es un peligro para nosotros”, admite a Convoca este dirigente. “Porque nosotros nunca vivimos enfrentados, pero ahora sí nos estamos enfrentando, por eso es que vemos la gran necesidad de seguir combatiendo a la minería a través de los Charip”.

El pasado 10 de octubre, líderes de los Gobiernos Territoriales Autónomos Wampis y Awajún se reunieron con presidentes de diversas comunidades de los distritos de Río Santiago y El Cenepa en la comunidad de Huabal. Durante el encuentro, surgió un tenso debate entre quienes rechazan la minería ilegal y quienes, aunque conscientes de sus impactos, defienden su continuidad argumentando el abandono estatal y la falta de servicios básicos en sus comunidades. Al finalizar la reunión, la mayoría de los asistentes, 68 en total, votó en contra de la minería ilícita, mientras que solo 7 se pronunciaron a favor.

Actualmente, los Charip operan desde la comunidad de Villa Gonzalo, donde disponen de un local comunal y una base que alberga a 10 de sus 30 miembros, quienes se turnan para realizar labores de vigilancia, a menudo sin remuneración.

Equipados con lanzas y escopetas artesanales, los Charip suplen la falta de una embarcación propia con lanchas alquiladas con fondos gestionados por el Gobierno Territorial Autónomo Wampis. A pesar de estas dificultades, se han convertido en la principal defensa frente al avance de economías ilegales en el distrito de Río Santiago, provincia de Condorcanqui.
https://convoca.pe/investigacion/los-charip-y-la-lucha-del-pueblo-wampis-contra-la-mineria-ilegal-en-la-frontera-entre

Ecuador

Conflictos por la minería

DZM -22/08/2024
Las protestas continúan por la pretendida explotación minera en el proyecto Loma Larga, por ahora suspendido.

Un Estado dispuesto a obtener recursos a través de la explotación minera se enfrenta con la decisión popular de impedirla, por cuanto se afectarán las fuentes hídricas, fundamentales para la conservación del ecosistema.

Sobre aquel proyecto, una consulta popular efectuada en el cantón Girón en 2019, territorio donde se localiza, le dijo no a la explotación.

En 2021 se pronunció en otra consulta el cantón Cuenca: el 80% votó en contra de la explotación minera en todo su territorio.

Loma Larga está suspendido por resolución judicial mientras no se cumpla con todos los procesos normativos, como informes y la realización de una consulta previa, libre e informada; y también de carácter ambiental. Esto, pese al pronunciamiento popular.

En este punto radica parte del meollo del problema: para la empresa concesionaria debe ser consultada únicamente la población en cuyo territorio está el área a ser explotada. Los defensores del agua dicen lo contrario: debe pronunciarse todo el cantón Cuenca.

La elaboración de un informe sobre la sustentabilidad hídrica de Quimsacocha exigió, tiempo atrás, la Corte de Justicia del Azuay.

Empero, ahora el Ministerio del Ambiente pide a ETAPA EP delegar a técnicos para integrar un equipo encargado de tomar las muestras de calidad del agua e informar a la Corte sobre el Área de Recreación Quimsacocha y la Afección e Impacto del proyecto Loma Larga sobre las fuentes de agua.

No es igual dicen los defensores: no se compara un simple análisis de la calidad del agua con elaborar informes sobre la sustentabilidad hídrica, un concepto técnico mucho más amplio.

Al cierre de este editorial, se esperaba la respuesta del alcalde de Cuenca y de la gerencia de ETAPA sobre la pretensión del citado Ministerio; pero han sido advertidos: no deben aceptarla, pues sería desacatar la sentencia de la Corte.

Conflictos por la minería

Ecuador

Plantón para exigir fin a las concesiones mineras en el Chocó Andino

21/06/2024
Protesta. El colectivo Quito sin minería, entrega documento en la Corte Constitucional y luego hacen una marcha hasta el parque La Carolina. Foto :API
Grupos ecologistas protagonizaron una manifestación en Quito para exigir que se ponga fin a las concesiones mineras en la zona del Chocó Andino.

Representantes de grupos ecologistas participaron este 20 de agosto de 2024 en un plantón ante la Corte Constitucional, en la capital de Ecuador, para pedir a esa institución que vigile el cumplimiento de la voluntad popular expresada en las urnas el año pasado, para evitar la explotación minera en el Chocó Andino, una zona de alta biodiversidad de Quito.

La cita se convocó para presentar una carta y documentos con respaldos a la Corte Constitucional a fin de pedirle que cumpla con su misión de vigilar y exigir a las autoridades competentes que se aplique la disposición ciudadana de agosto pasado.

El lunes, organizaciones ecologistas ofrecieron una rueda de prensa para exigir a las autoridades de Ecuador la eliminación de las concesiones mineras de los mapas del Chocó Andino, donde una consulta popular en 2023 prohibió nuevas concesiones mineras en el sector.

La decisión contra la minería en el Chocó Andino
El 20 de agosto de 2023, la población de Quito, con un 68% de apoyo en una consulta popular, decidió prohibir la explotación de minería metálica en las 124.000 hectáreas que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino, compuesta por las parroquias rurales de Calacalí, Gualea, Nanegal, Nanegalito, Nono y Pacto.

Según la organización Acción Ecológica este mandato se ha cumplido sólo de manera parcial, y que sigue siendo necesario que el Ministerio de Energía y Minas actualice y publique la información sobre el estado de las concesiones mineras en la zona.

Además ven necesario proceder con la revisión de todas las concesiones mineras y la confirmación de que no se renovarán aquellas que ya caducaron o que no cuentan con la pertinente licencia ambiental.

Acción Ecológica exige a la Corte Constitucional que garantice el cierre de estos proyectos mineros y la reparación ambiental integral de los territorios donde actuaron.

Cuando se ganó la consulta, el Ministerio ya tuvo que eliminar las concesiones que se encontraban en trámite, pero aún restan otras 10.000 hectáreas, de las cuales la mitad estuvieron siendo operadas por las empresas de Melina Chango, Enami y Ecuamin, según representantes de Acción Ecológica, de «manera ilegal». EFE

Plantón para exigir fin a las concesiones mineras en el Chocó Andino

Ecuador

El rostro oculto de Cascabel No todo lo que brilla es oro

Carlos Zorrilla, Alberto Acosta

“Las fábulas deben enseñarse como fábulas, los mitos
como mitos y los milagros como fantasías poéticas.
Enseñar supersticiones como verdades es de lo más terrible.
La mente del niño las acepta y las cree, y solo a través de gran dolor
y quizá de la tragedia él puede, después de años, aliviarse de ellas”
Hipatia, filósofa griega

Las serpientes de cascabel son unas de las especies de víboras más venenosas que se conocen. Son reconocibles por el característico sonido de su cascabel en la punta de la cola. Su utilización puede ser interpretada como una señal acústica para advertir de su presencia. Una suerte de anuncio de peligro. Quizás eso representa mejor la mina Cascabel en la provincia de los lagos: Imbabura; una explotación minera que ha recibido un primer beneplácito gubernamental.

Con un tremendo tronar de cascabeles, lo que equivaldría decir con bombos y platillos, el gobierno de Daniel Noboa anunció la firma del contrato de explotación con la empresa transnacional Solgold para el megaproyecto minero Cascabel el 5 de junio, justo el Día Mundial del Ambiente. El ruido con que se la presenta públicamente es enorme…

Sacudiendo aún más los cascabeles, con el consiguiente eco de la gran prensa, el viceministro de Minas Diego Ocampo, no dudó en afirmar que “este contrato representa una nueva era de desarrollo económico para Ecuador, demostrando nuestro compromiso con la promoción de la inversión y el desarrollo sostenible en el sector minero”. Ya lo experimentamos cuando se embarcó el primer barril de petróleo de la Amazonía en 1972. Desde entonces, este ritual de bombásticas declaraciones se ha repetido cuando se presenta “el descubrimiento” de nuevos yacimientos, ahora mineros mientras declinan inexorablemente las reservas petroleras.

De la propaganda cascabelera al veneno de la realidad

Bien sabemos, que cuando suena el cascabel de la víbora hay que estar advertidos o puesto en buen romance minero, no todo lo que brilla es oro. Con la información disponible, que no es suficiente, podemos auscultar algunas cuestiones de este proyecto ubicado en el cantón Lita de la provincia de Imbabura, con una superficie de casi 5 mil hectáreas de concesión.

Fue presentada como la mina de cobre más grande de Ecuador, con un enorme potencial de plata y oro. Se espera una inversión de aproximadamente 4.200 millones de dólares, durante los 28 años de vida útil del proyecto. Y, de acuerdo a los cálculos de la empresa, pero pobremente sustentado, se obtendrían unos 5.549 millones de dólares de ingresos para el Estado por concepto de impuestos durante la vida útil del proyecto. Las regalías totales se calculan llegarían a 1.611 millones de dólares (57 millones al año, como lo reconoció públicamente el ministro de Finanzas). Este proyecto no diferirá del resto de proyectos en marcha, que no cumplen con el artículo 408 de la Constitución, que establece que el Estado debe recibir más del 50 por ciento de los beneficios.

En cuanto al empleo, y dependiendo de las fuentes de información, generaría entre 3.000 a 3.700 puestos de trabajo durante la construcción de la mina, y bajaría a unos 1.200 puestos durante la operación.

Cabe indicar, por más mal que les caiga a los promotores de este concierto de cascabeles, que todo lo imaginado se basa en varios supuestos poco convincentes. Para empezar las cifras utilizadas por la prensa, gobierno y empresa, se sustentan en datos que no son totalmente confiables, pues, según la definición de normativas existentes, parten de un estudio de prefactibilidad, es decir de datos previos. Además, las cifras presentadas como ingresos, no solo que están sujetas a los normales vaivenes de la cotización de los minerales en el mercado, sino que, como se ha comprobado una y otra vez, en la práctica son susceptibles de diversas manipulaciones y acciones que terminan minimizándolas, tal como sucede cuando inflan los costos de los equipos que importan, para mencionar un punto concreto.

Hay unos cuantos detalles más que no pueden pasar desapercibidos. Según reportes de prensa, con la firma del contrato para la explotación la empresa consiguió que se le grave con el 20% al impuesto a la renta; un porcentaje menor del que pagan muchas empresas. El porcentaje de las regalías queda flotando entre del 3% y el 8% del valor de los minerales exportados; lo que, en realidad, si nos remitimos a la experiencia, significa que apenas pagarán el 3%. Mientras tanto, los pagos para mantener la concesión son de tan solo 46 dólares por hectárea (un 10% del salario básico unificado).

Se conoce que la empresa también se aseguró el derecho de acudir a tribunales internacionales para proteger sus inversiones, a pesar de la prohibición constitucional, ratificada mayoritariamente en la recientes consulta nacional.

La tecnología que se empelará en este proyecto merece una atención especial por sus impactos ambientales. Se propone realizar minería tipo block caving o de hundimiento de bloques, que es más cara que la de a cielo abierto y demora en recuperar la inversión; una actividad que demanda complejas tecnologías y no se conoce si esta empresa tiene experiencia con ellas.

Pero más allá de eso, se trata de una mina subterránea que demanda brutales cantidades de agua. El proyecto requerirá bombear 16,8 millones de litros de agua cada día solo para mantener seca el área de extracción. El impacto será notable a las fuentes de agua de todas las comunidades del sector y más que todo, para las que se encuentran aguas abajo de la mina. Para tener una idea del volumen de agua que deberá ser bombeado, hay que tener en cuenta que supera lo que ciudad de Ibarra consume diariamente. Para esta actividad necesitarán 12 subestaciones de bombeo y 56 bombas operando las 24 horas al día, 7 días a la semana.

Esto implica que será necesario garantizar el suministro eléctrico sin interrupciones, un reto bastante complejo en nuestro país. Según el estudio de prefactibilidad, se requerirá de una potencia de no menos de 200 megavatios. La empresa cuenta con la construcción de nuevas hidroeléctricas en el sector. También espera que el gobierno colabore cobrando una tarifa 23% más baja de la establecida para las industrias. Y, esto sin mencionar las mejoras en infraestructura que necesitarán para transportar el material refinado a la costa y a una de las relaveras.

Aquí cabría incorporar los impactos a las actividades productivas de las comunidades adyacentes, en lo que se refiere a las pérdidas en agricultura, turismo, artesanías, a más de los impactos sicosociales que, como bien sabemos, son enormes e incuantificables: en suma, el monto de los subsidios perversos y ocultos crece de forma acelerada; costos que jamás son incorporados en los estudios de costo-beneficio de las empresas. El impacto que tendría en la red freática de agua es impredecible, sin embargo, si se puede esperar que las fuentes de agua de las comunidades cercanas y más aún las que se encuentran aguas abajo de la mina terminen siendo afectadas.

Es muy grave que en el estudio de prefactibilidad de la mina no se incluya ni un centavo para cubrir contingencias, que son normales en este tipo de actividad extractiva. Para tener un par de referencias, solo recordemos que en el caso del colapso de la relavera del proyecto minero Brumandinho, en Brasil, que provocó en el año 2019 una brutal devastación ambiental y social, con la muerte de 270 personas: las autoridades brasileñas exigen un pago de 7 mil millones de dólares En la catástrofe de Mariana, del año 2015, el gobierno de Brasil hace poco rechazó la oferta de las empresas Vale, Samarco y BHP de pagar por indemnización 25.000 millones de dólares, por los daños que provocó el tsunami de lodo que mató a 19 personas y que contaminó en 600 kilómetros al río Doce ocasionando una monumental avalancha de contaminación de decenas de kilómetros en el océano Atlántico. Para el cierre de la mina de Solgold se destinaría menos del 2% de la inversión total: monto ridículo frente a la magnitud de los impactos que ocasionaría este trabajo subterráneo, que puede provocar crímenes ambientales -no confundir con simples accidentes- de gran magnitud.

El volumen de la mena -masa de material que contiene el mineral de cobre u oro difuminado y que es de interés económico- podría fluctuar entre 540 y 1.575 millones de toneladas a ser extraídas y procesadas; volumen que no incluye la sobrecarga existente en entre la superficie y el depósito. Este es un tema medular. Para obtener un gramo o kilogramo de mineral hay que extraer cantidades enormes de material: la mena. Así, téngase presente que por cada 6,4 kilogramos de cobre se requeriría, en promedio, extraer y procesar unos 1000 kilogramos de mena; en el caso del oro, solo medio gramo por tonelada, y 1,6 gramos por tonelada en el caso de la plata. Tomando en cuenta que aparte de oro, plata y cobre, el yacimiento contiene plomo, mercurio, antimonio y arsénico, que provocan graves afectaciones ambientales, es muy irresponsable no designar un monto significativo para no solo el cierre y abandono de la mina, sino para contingencias.

Hay muchos más temas preocupantes. El lugar de las piscinas de relaves o relaveras es otra cuestión clave, en especial tratándose de una zona sísmica. Además, para extraer la mena de las enormes cavernas subterránea se necesita una cinta transportadora subterránea de casi 7 kilómetros, lo que implica, entre otras cosas, remover millones adicionales de toneladas de sobrecarga solo para llegar al sitio de donde se pretende extraer la mena. De allí surge otra pregunta: ¿dónde pretenden colocar las escombreras?; es decir esos millones de millones de toneladas de materiales sólidos que en contacto con el aire y el agua de lluvia provocan el drenaje ácido de mina que puede afectar el entorno por cientos de años…

Para cerrar este punto, cabe tener presente es que las empresas nunca divulgan toda la información que permitiría construir un cuadro más acotado a los impactos que producirá su actividad.

La Cascabel suelta en el territorio de Lita

Esta actividad minera generará múltiples impactos en las comunidades de la zona, que a más der ser una suerte de paraíso de la Naturaleza, tiene un enorme potencial turístico y tierras fértiles.

De la experiencia en Ecuador y el mundo entero podemos mencionar muchas amenazas y problemas ocasionados por la sistemática llegada de cientos, o miles de trabajadores que no son de la zona. En la conseción donde operaría la minera existe una población de 1.500 personas, unas 450 familias, en las seis comunidades campesinas. Eso significa que esas comunidades se verán literalmente invadidos por una nueva población que puede superar las 3 mil personas de fuera, compuesta de técnicos y trabajadores, cuya presencia afectará drásticamente el estilo de vida de las comunidades.

El consecuente aumento de población lleva a presionar la expansión de la frontera agrícola-ganadera en regiones vecinas y generará a su vez nuevas conflictividades sociales. Por no tener vínculos sociales o culturales con el resto de la comunidad, los nuevos moradores causarán graves problemas sociales de los cuales las mujeres y la niñez son las primeras víctimas por efecto de la delincuencia, violencias de género, incluyendo la explotación sexual y la trata de personas, drogadicción y alcoholismo, inseguridad. Si a estos procesos añadimos la militarización de los territorios (o para-militarización), se asiste -tal como ha sido documentado en otras zonas del Ecuador, en donde si impone la minería literalmente a sangre y fuego- a procesos de redefinición de los roles de género, una mayor masculinización de los espacios y una mayor re-patriarcalización de las comunidades, detonadores de nuevos y mayores procesos de inequidad de género que no se pueden soslayar.

A lo anterior habrá que añadir la criminalización, los desalojos, el hostigamiento, las persecuciones e inclusive asesinatos a opositores y opositoras. Basta ver cómo se ha impuesto la minería en muchas partes del país, como para poder anticipar que de la mano de la minería en Lita vendrán las violencias y la corrupción, que muchas veces son una condición necesaria para imposición de estas actividades extractivas. Además, como ha sucedido en toso los proyectos mineros, no se habrá realizado una adecuada consulta ambiental previa.

La Naturaleza, como es obvio, no saldrá indemne de este terricidio. En la zona se identificaron un total de 81 especies de mamíferos (de las cuales 38 son especies de murciélagos), 295 especies de aves, 51 especies de anfibios, 38 especies de reptiles y 28 especies de peces. Muchas de estas son endémicas de la región. La mayor concentración y diversidad de especies se encuentran en los parches remanentes del bosque original; sobre todo de especies de roedores. El monitoreo continuo de la flora y la fauna ha identificado especies de interés para la conservación según se define a nivel nacional en las Listas Rojas de Especies de Vida Silvestre del Ecuador y a nivel internacional según lo define la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Un total de ocho especies de vegetación, seis especies de mamíferos, 11 especies de aves y 29 especies de anfibios y reptiles están catalogadas como vulnerables o en peligro de extinción.

En síntesis, no nos olvidemos que se trata de territorios de bosques tropicales y bosques nublados que la Constitución los define como ecosistemas frágiles, los cuales protegen las cuencas hidrográficas y almacenan agua; con una gran biodiversidad que incluye especies en peligro de extinción; todo en una región sísmica y de alta pluviosidad (lo que exacerba los riesgos de contaminación del agua); donde la roca esta contaminada con metales pesados y tiene altas concentraciones de compuestos sulfurosos (que generan contaminación por drenaje ácido de mina), entre otras.

Con cascabeles no se cambia la historia

Cerremos esta primera aproximación al ensordecedor concierto de cascabeles desplegado por el presidente Noboa, la empresa australiana Soldgol, la gran prensa y los mercenarios de la mega minería, desmontando aquello que afirmó el viceministro de Minería, cuando al presentar el proyecto durante la firma del contrato, afirmó que se trata de una actividad sostenible. Aceptar que puede haber minería sostenible o incluso responsable (con quién, cabría preguntar), sería como pretender que nos traguemos una rueda de molino.

En fin, es el momento de distinguir el sonido fabulador de estos cascabeles, que anuncian más destrucción y desolación. Estamos advertidos.

FUENTES:

– NI 43-101 Technical Report on Pre-Feasibility Study For the Cascabel Project, Imbabura Province, Ecuador SolGold Plc

https://minedocs.com/25/Cascabel-PFS-03082024.pdf

– Ecuador firma contrato para la construcción de la mina a gran escala Cascabel

https://www.recursosyenergia.gob.ec/ecuador-firma-contrato-para-la-construccion-de-la-mina-a-gran-escala-cascabel/

– Reglamento de calificación de recursos y reservas mineras

https://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/09/Reglamento-Recursos-y-Reservas-Mineras.pdf

(#) Calculos según Informe de Reserva del yacimiento Alpala 31-12-2023 (Pre-feasibility Study for the Cascabel Project)

Activista, dirigente comunitario de Intag y miembro de la organización Defensa y Conservación de Intag (DECOIN). ↑
Economista ecuatoriano. Ministro de Energía y Minas (2007). Presidente de la Asamblea Constituyente (2007-2008). ↑

Ecuador

Organismo de derechos humanos denuncia «criminalización» de protesta antiminera en Ecuador

22/03/2024
La Cedhu condenó «el uso abusivo del derecho penal» para condenar con sentencias de prisión y pagos pecuniarios a grupos de campesinos que se oponen a proyectos mineros en sus territorios

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) de Ecuador denunció este viernes 22 de marzo de 2024 la «criminalización» de la protesta que llevan adelante indígenas y campesinos opuestos a proyectos mineros de compañías canadienses en yacimientos ubicados en varias zonas andinas del país.

La Cedhu, una de las ONG humanitarias más representativas de Ecuador, condenó «el uso abusivo del derecho penal» para condenar con sentencias de prisión y pagos pecuniarios a grupos de campesinos que se oponen a proyectos mineros en sus territorios.

El organismo humanitario se refirió al caso del proyecto Curipamba-El Domo, ubicado en el sector conocido como Las Naves, en la provincia de Bolívar, en el corazón de la sierra andina del país.

En esa zona el Estado ecuatoriano ha entregado una concesión a la empresa Curimining, formada por una alianza entre las compañías Salazar Resources Ltd. y Adventus Mining Corporation, ambas con sede en Canadá.

Según la Cedhu, un tribunal penal de Bolívar condenó el pasado jueves a seis defensores del agua opuestos al proyecto minero en Las Naves a tres años de prisión y a pagar 4 600 dólares (diez salarios básicos) de multa tras ser denunciados por una supuesta asociación ilícita por la firma Curimining.

«Estos hechos ratifican como el uso abusivo del derecho penal es utilizado por las empresas mineras para criminalizar la labor de defensores del agua, naturaleza y derechos humanos, y como se ha convertido en una actuación sistemática por parte del Estado ecuatoriano», añadió la Cedhu en su comunicado.
https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/organismo-derechos-humanos-denuncia-criminalizacion-protesta-antiminera-CX7055598

Ecuador

Ecuador: protestas contra explotación minera dejan 46 heridos en una comunidad del centro andino

ASSOCIATED PRESS 27/03/2024

QUITO — La confrontación entre militares y comunidades indígenas que rechazan la explotación minera en un poblado andino de Ecuador dejó 46 heridos, en su mayoría, uniformados, daños a propiedad privada y el ataque a una tubería de distribución de agua, según cifras actualizadas el miércoles por el ministerio de Gobierno.
El grupo de comuneros que protesta desde hace dos semanas en la pequeña población de Palo Quemado, en la provincia de Cotopaxi, acusa a las autoridades de represión ante sus movilizaciones en defensa de la conservación ambiental de esa zona rica en minerales.

Mientras el gobierno acusa a algunos de los manifestantes de no pertenecer a la agrupación y de avivar en la confrontación. Los calificó de terroristas.

Los incidentes de los últimos días, con choques y también momentos de calma, condujeron el miércoles a la suspensión del servicio del agua en ciertos sectores, aseguró el Ministerio de Gobierno, debido a un “ataque a la tubería”.

“No permitiremos que estos actos se disfracen bajo una supuesta lucha por los derechos ambientales”, señaló un comunicado de esa cartera, que agregó que “actores ajenos a la zona” buscan sembrar el caos, dejando hasta el momento nueve ciudadanos y 37 uniformados heridos, además de dos vehículos incinerados y daños a la propiedad privada.

La parroquia rural de Palo Quemado, tiene algo más de 1.000 habitantes, se asienta en una superficie de 12.780 hectáreas, en las riberas del río Toachi, a 137 kilómetros al sur de Quito.

Sus habitantes rechazan la realización de una consulta ambiental en la zona por parte del Ministerio del Ambiente, que es un requisito previo para la entrega de la licencia ambiental a la empresa canadiense Atico Mining, interesada en explorar cobre, plata, oro y zinc.

Las exportaciones mineras de Ecuador en 2023 generaron 3.324 millones de dólares, un 19% más que en 2022, y una recaudación tributaria de 762 millones de dólares, según datos de la Cámara de Minería.

Marco Guatemal, secretario de Pueblos y Nacionalidades, un representante indígena nombrado por el gobierno, rechazó en un video difundido a los periodistas que, por un conflicto de “intereses personales”, se prive del “derecho al agua” a los pobladores.

La única herramienta para evitar el conflicto es “el diálogo con los actores directos que están en el lugar”, añadió Guatemal.

Por su parte, el presidente de las juntas parroquiales de Cotopaxi, Édison Yánez, desmintió la versión oficial y negó que quienes protesten pertenezcan a grupos ajenos a la población o terroristas.

“No pueden hablar de terroristas, son campesinos, dirigentes, yo mismo he estado hasta el día de hoy y no me pueden tildar de terrorista”, declaró Yánez a The Associated Press.

“Exigimos que se desmilitarice el territorio”, agregó el líder comunitario, quien asegura que la presencia de la fuerza pública genera “miedo de las personas”.

Yánez afirmó que existe un miembro de la comunidad herido de gravedad por un impacto directo con bomba lacrimógena en el rostro.

Rubén Balseca, dirigente de la comunidad Las Palmas, colindante con Palo Quemando, dijo a la AP que si bien se dieron enfrentamientos de menor intensidad el miércoles no puede confirmar la versión sobre la suspensión del servicio de agua en la zona.
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2024-03-27/ecuador-protestas-contra-explotacion-minera-dejan-46-heridos-en-una-comunidad-del-centro-andino