Las protestas de hace unas semanas contra el tranque de relaves El Mauro, uno de los más grandes de América Latina, volvieron a llamar la atención sobre el problema de los desechos mineros en Chile.

Los Pelambres Bergwerk Chile Damm El Mauro
La vía de acceso al tranque de relaves de El Mauro, en Chile fue, hace un par de semanas, el escenario de protestas de los habitantes de la comunidad de Caimanes, ubicada a 12 kilómetros.

Las particularidades de El Mauro han puesto al tranque en el punto de mira desde su puesta en marcha, hace casi dos décadas. “El muro de este relave mide más de 200 metros de altura, es del tamaño del edificio más alto de Latinoamérica. Su ancho es de aproximadamente 10 kilómetros”, dijo a DW Raimundo Gómez, director de la Fundación Relaves de Chile, que analiza la situación de los desechos mineros, que contienen grandes cantidades de metales pesados como plomo, arsénico y mercurio, entre otros.

Por ese motivo, organizaciones de la sociedad civil alertan sobre los peligros que puede acarrear. “Si estos relaves afectaran cursos de agua o llegaran a zonas habitadas, el daño podría ser irreversible, y, de hecho, las comunidades denuncian que este es el caso”, explicó a DW Gitte Cullmann, Directora de la Oficina Regional para el Cono Sur de la Fundación Heinrich Böll, cercana a Los Verdes de Alemania. Además, “en caso de colapsar, los habitantes tendrían menos de cinco minutos para escapar”, agregó, por su parte, Gómez.

A los riesgos medioambientales se agrega un aspecto cultural. “Cuando se construyó, se habló de la destrucción arqueológica más grande en la historia de Chile, ya que se sepultaron bajo lodo tóxico más de 1.500 hectáreas con petroglifos y riqueza arqueológica de alto valor”, recordó el experto chileno.

Infografik – Tranque de relaves El Mauro – ES
Un conflicto con largo recorrido

Ambos factores, entre otros, motivaron a la comunidad a llevar el caso a los tribunales. “La comunidad de Caimanes ha llevado a cabo un sinnúmero de batallas judiciales contra esta minera (Los Pelambres), hasta el punto de que hubo tribunales de justicia que dieron la orden de demolición del tranque. Sin embargo, gracias a las estrategias legales de la minera, posteriormente otro tribunal desestimó esa orden”, lamentó el director de la Fundación Relaves.

Eso forzó a ambas partes a entenderse. No obstante, “los movimientos territoriales acusan a la minera de haber dejado de asistir a las mesas de diálogo, donde se estaban discutiendo las medidas de compensación hacia las comunidades por los daños que han sufrido por El Mauro”, puntualizó Cullmann.

“La minera solamente se hizo cargo de la gente que había demandado, y no de la comunidad en general, como lo debería haber hecho con respecto a la conciliación que hubo en la Corte Suprema. Eso gatilló las protestas nuevamente, pero estas se vienen dando desde hace años, y no solo por ese episodio”, dijo Cristián Flores, vocero de la comunidad de Caimanes, en entrevista con DW.
Chile | Proteste in Caimanes

Corte de los accesos en enero. El vocero de la comunidad no descarta nuevas acciones si la empresa minera se queda «solamente con buenas intenciones».

“De partida nos cortaron el río. El agua que está pasando es minoritaria y contaminada porque el tranque está sobre el lecho del río, y en el aire apareció el polvo en suspensión en la comunidad con mayor o menor frecuencia”, subrayó el vocero, lamentando que “todo eso ha gatillado a un desencanto con la minera, con procesos de malos acuerdos y acuerdos incumplidos anteriormente”.

Fuentes de la Minera Los Pelambres indicaron a solicitud de DW que la compañía está construyendo una planta desalinazadora, la cual, además de permitir adaptarse al cambio climático, incorporará agua no continental a los procesos mineros, “de modo que al año 2025 Minera Los Pelambres ya no emplee agua del Río Choapa para sus procesos productivos”.

Igualmente, recordaron que “los procesos judiciales se encuentran cerrados” y que la compañía asumió una serie de compromisos, entre los que se encuentran medidas de compensación y mitigación de los impactos de la construcción del tranque El Mauro, entre ellas, el registro y rescate de petroglifos que se encontraban dispersos en los distintos sectores del Mauro, y la inversión de 1.100 millones de pesos en la comunidad local para el desarrollo de 75 proyectos».

Asimismo, confirmaron la seguridad del tranque, “capaz de soportar terremotos mayores, al máximo esperable en la zona”, y se mostraron con disposición a “renovar compromisos”. “En el caso de Caimanes, los acuerdos alcanzados con la comunidad poseen un sistema de mutua verificación a través de las Comisiones de Seguimiento y el Comité de Desarrollo, en donde la comunidad ha escogido y designado a sus participantes”, pormenorizó.

No obstante, Cristián Flores criticó que, a pesar de que se han reanudado las conversaciones, que terminaron con las últimas movilizaciones que se llevaron a cabo durante dos semanas, “aquí no hay nada amarrado, solamente buenas intenciones, así que esto se puede retomar. Hay varios puntos sobre la mesa que no sabemos si la minera va a cumplir o no, como la erradicación voluntaria de la gente de la comunidad”, consideró.
Infografik – Relaves en Chile

“Por una tonelada de cobre, se generan al menos 150 toneladas de relaves”, recalca Gómez, recordando que “solo en 2020 se generaron más de 600 millones toneladas de relaves en Chile”.

El problema de los relaves

Según datos facilitados por el departamento de prensa del Ministerio de Minería de Chile, actualmente existen 757 relaves, de los cuales 117 están activos.

“La mayoría de la gran minería se desarrolla en el desierto o altiplano nortino, porque allí se hace más fácil la exploración y explotación, debido a que muchas de esas zonas se encuentran despobladas o tienen baja densidad de población”, explicó Gómez.

“Existen otros casos emblemáticos de un mal manejo, como los relaves de minera Choquelimpie en la Reserva Nacional Protegida Las Vicuñas, o los relaves de Cerro Chuño, que se importaron desde Suecia en los años 80, durante la dictadura, y que fueron depositados en la ciudad de Arica”, detalló el experto chileno, criticando que “no existe una ley ni regulación en Chile que se haga cargo de los cientos de relaves abandonados”.

“Conforme al último catastro del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), de agosto de 2020, existen 173 relaves en situación de abandono”, informaron a DW fuentes del departamento de prensa de Minería de Chile, agregando que para hacer frente a la problemática que estos suponen, se han desarrollado una serie de iniciativas, entre ellas el programa “Adopta un relave”. Recogida en el Plan Nacional de Depósitos de Relaves (PNDR), la medida “tiene como objetivo utilizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) como herramienta para remover y trasladar los relaves en situación de abandono y utilizarlos como medida de compensación de emisiones”, se indicó en el Ministerio de Minería chileno. De este modo, apuntaron que “dos empresas ya se han comprometido a remover y trasladar a un depósito autorizado 2 de los 102 relaves en situación de abandono que representan un mayor riesgo para la población”.

Aunque los relaves abandonados son los más problemáticos, Gómez también criticó la gestión que se está llevando con los relaves activos, ya que “tampoco hay fiscalización, ni un monitoreo real de parte del Estado”.

En este sentido, el Ministerio de Minería avanzó que se prevé modificar próximamente el decreto que regula la aprobación de proyectos de depósitos de relaves y se “exigirá a las empresas monitorear sus relaves de forma remota y en tiempo real”.
https://www.dw.com/es/chile-resistirse-a-convivir-con-desechos-mineros/a-60615624

Propuesta buscaba conservar en la Nueva Constitución aquellos aspectos que han sido fundamentales para otorgar certeza jurídica y que han posibilitado en las últimas décadas un dinamismo sin precedentes para la minería chilena.
27/01/2022
Minería Chilena
Esta iniciativa convencional constituyente había sido presentada por los convencionales Rodrigo Álvarez, Rocío Cantuarias, Martín Arrau, Carol Bown, Katerine Montealegre, Margarita Letelier, Eduardo Cretton, Marcela Cubillos, Constanza Hube, Ruth Hurtado, Harry Jürgensen, Felipe Mena, Alfredo Moreno, Ricardo Neumann, Pablo Toloza y, Arturo Zúñiga.

En la propuesta se señalaba que, dada la enorme contribución de la minería tanto pública como privada al desarrollo y prosperidad del país, la que va mucho más allá de los recursos fiscales que genera, se propone en la propuesta de nueva Constitución conservar aquellos aspectos que han sido fundamentales para otorgar certeza jurídica y que han posibilitado en las últimas décadas un dinamismo sin precedentes para la minería chilena.

Es así como en concreto, se proponía lo siguiente:

Establecer, en primer lugar, que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas. Lo anterior, sin perjuicio de la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas.
Consagrar a nivel constitucional que el Estado podrá otorgar a las personas naturales y jurídicas las concesiones mineras necesarias para explotar y explotar las sustancias minerales contenidas en las minas del dominio del Estado.
Mantener que la constitución y extinción de las concesiones sea por resolución judicial.
Reservar a una ley de alto quórum (aprobada por las 4/7 partes de los diputados y senadores en ejercicio) la determinación de las sustancias concesibles, la duración de las concesiones y las causales de extinción del dominio sobre las concesiones.
Se eleva a nivel constitucional que el régimen de amparo se traduce en el pago de una patente.
Consagrar el derecho de propiedad sobre la concesión minera y su protección vía recurso de protección.
https://www.mch.cl/2022/01/27/nueva-constitucion-rechazan-iniciativa-convencional-que-buscaba-establecer-estatuto-constitucional-de-la-mineria/

La Convención Constitucional aprobó en general los artículos transitorios que permiten revocar permisos de explotación minera y mega proyectos de generación eléctrica otorgados “sin consentimiento previo” de la comunidad.
28/01/2022
Minería Chilena

La Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional aprobó en general la propuesta de restitución de los territorios indígenas. En ésta se establece el mecanismo de saneamiento, catastro y restitución de tierra, y anula las concesiones para proyectos mineros y empresariales ubicados en territorios que pertenezcan a pueblos indígenas “sin consentimiento previo”.

Un artículo transitorio de la normativa indica “decrétese la nulidad de pleno derecho de todos aquellos permisos, autorizaciones o concesiones de exploración y explotación mineras, áridos, aguas, forestales, mega proyectos de generación eléctrica y cualesquiera otros del mismo tipo que recayeren sobre bienes naturales ubicados en territorios indígenas”.

Esta nulidad deberá decretarse, “cuando estos 10 permisos, autorizaciones o concesiones hayan sido otorgados o implementadas sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas del territorio o la debida consulta, por tratarse de actos vulneratorios de los derechos a la integridad de las tierras y territorios indígenas, de los derechos culturales y de supervivencia, y de la libre determinación y autonomía de los Pueblos y Naciones Preexistentes al Estado”.

La normativa también señala que “se evaluará un nuevo otorgamiento de estos permisos, autorizaciones o concesiones en un plazo no mayor a 2 años, después de los correspondientes procesos de consulta y consentimiento previo, libre e informado, de acuerdo a las normas en la materia y estándares internacionales aplicables, velando, en cualquier caso, en conjunto con las comunidades, por la preservación del territorio bajo los principios de solidaridad y equidad intergeneracional”.

Luego de ser votadas en general, los constituyentes podrán presentar indicaciones para pasar a su discusión en particular. Finalmente, pasará al Pleno, donde deberá ser ratificado para formar parte del borrador de la nueva Constitución.
https://www.mch.cl/2022/01/28/concesiones-mineras-en-territorios-indigenas-podrian-ser-anuladas/

La acción se produjo en el marco de la demanda por reparación de daño ambiental interpuesta por organizaciones civiles locales, a raíz de la llamada contaminación histórica de la zona.
20/01/2022
Los ministros del Segundo Tribunal Ambiental visitaron las comunas de Quintero y Puchuncaví, donde recorrieron, durante dos días, diversos puntos de interés para el proceso de conciliación impulsado por esta judicatura en el marco de la demanda por reparación de daño ambiental interpuesta por organizaciones civiles locales, a raíz de la llamada contaminación histórica de la zona.

La diligencia fue encabezada por los ministros Alejandro Ruiz, presidente, Cristián Delpiano y Cristián López y la ministra Daniella Sfeir quienes fueron acompañados por un equipo de profesionales del Tribunal, junto con representantes de los demandantes y demandados.

El recorrido del Tribunal incluyó las caletas de Horcón y Ventanas, el borde costero de Quintero y Puchuncaví, el estero Campiche, la ex escuela La Greda y el Santuario de la Naturaleza Las Petras.

“Hace unos años se presentó en nuestro Tribunal una demanda que tiene por objeto obtener la reparación por el daño ambiental, que distintos actores de la sociedad civil -incluyendo sindicatos de trabajadores del mar, pescadores, buzos mariscadores-, señalan haber sufrido durante todos estos años de actividad industrial en la zona de Quintero y Puchuncaví. Es a raíz de esa demanda, que se dirige contra 12 industrias emplazadas en el área y contra el Estado de Chile, representado por el Ministerio del Medio Ambiente, que el Tribunal está intentando un acercamiento entre las partes y durante este tiempo hemos estado conversando de buena fe entre las distintas partes de este conflicto, que sabemos que es un conflicto social que deriva de situaciones de contaminación ambiental ocurrida durante décadas”, explicó al respecto el ministro presidente del Tribunal, para luego detallar que “hemos planteado lo que se llama una conciliación, la cual contiene una batería de medidas que, si bien evidentemente desde el punto de vista del Tribunal no puede ser exhaustiva en cuanto a resolver todos los problemas existentes en el área, sí puede ayudar en la línea de revertir una tendencia, lograr mayores niveles de paz social y en ese sentido estamos haciendo este recorrido esta inspección con una visión de lograr esa conciliación en buenos términos”.
Objetivos y medidas

En relación con los objetivos que persigue el Tribunal al llevar a cabo el recorrido por la zona, el ministro Ruiz aclaró que “venimos a observar los territorios, cómo conviven con la actividad industrial, cuáles son las implicancias, hemos hablado con actores locales también en las caletas de Horcón y de Ventanas y eso evidentemente es información muy valiosa que a nosotros como jueces nos va a llevar a tomar una mejor decisión y en este caso, en aras a buscar un acuerdo entre las partes que siempre es la mejor salida para cualquier conflicto”.

Respecto de las medidas propuestas por el Segundo Tribunal Ambiental en las bases de conciliación, el ministro presidente destacó que si bien es cierto algunas tienen un perfil más técnico, pues procuran lograr, por ejemplo, una actualización tecnológica y que las actividades industriales que operan en Quintero- Puchuncaví tengan un estándar alto; también hay medidas que tienen características más ambientales, como reforestación, y otras que tienen como objeto mejorar la calidad de vida de las personas desde la perspectiva social.

“Si bien aquí hay muchos estudios creemos también necesario que se haga un análisis de riesgo de lo que significa este nivel de actividad industrial, sus implicancias, sus efectos, emisiones, efluentes, residuos que ermita evitar los tristes hechos ocurridos durante los últimos años”, agregó.

Finalmente, Ruiz recordó que, si las partes no alcanzan una conciliación, “evidentemente hay que retomar el juicio y ahí hay que abrir un largo término probatorio que nos llevará a concluir probablemente en un año si es que aquí hay daño ambiental y cuáles son las medidas para repararlo”.

“Nosotros esperamos que eso prospere y que llegado el momento en que nosotros les presentemos una versión definitiva -porque hoy día tenemos una versión preliminar de conciliación- sean la mayor, sino todas las partes las que suscriban esta conciliación de manera de sumarse todos a una nueva línea de acción que sea más bien mancomunada y no polarizada, no de acrecentar el conflicto, sino de revertir la tendencia que se ve ahora”, dijo.

Cabe recordar que en junio de 2021, el Segundo Tribunal Ambiental presentó a demandantes y demandados una propuesta de bases de conciliación, tras lo cual ha sostenido numerosas audiencias bilaterales con cada una de las partes a fin de aclarar sus dudas y atender comentarios respecto de la propuesta. En este marco es que el Tribunal resolvió decretar la inspección a fin de realizar una revisión en el territorio de las medidas contenidas en las bases propuestas.

La acción de demanda por daño ambiental fue presentada en julio de 2016 por el Sindicato de trabajadores independientes, pescadores artesanales, buzos mariscadores y ramas similares de Caleta Horcón y el Sindicato de trabajadores independientes, pescadores artesanales, buzos mariscadores y ramas similares de Caleta Ventanas, además de vecinos de ambas localidades de la Región de Valparaíso en contra de Codelco División Ventanas, Aes Gener S.A., Catamutún S.A., Puerto Ventanas S.A., Empresa Nacional de Electricidad S.A., GNL Quintero S.A., Empresas Copec S.A., Gasmar S.A., Oxiquim S.A., Petróleos, Asfaltos y Combustibles S.A., Melón S.A., Enap y del Ministerio del Medio Ambiente.
https://www.mch.cl/2022/01/20/quintero-puchuncavi-ministros-del-tribunal-ambiental-visitan-zonas-clave-para-posible-conciliacion-en-demanda-por-reparacion-ambiental/

La nulidad se produce «cuando estos permisos hayan sido otorgados o implementados sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades».
25/01/2022 Cecilia Román, Emol.
La Comisión de Medioambiente de la Convención Constitucional aprobó en general una norma que declara la nulidad «de todos aquellos permisos, autorizaciones o concesiones de exploración y explotación mineras, áridos, aguas, forestales, mega proyectos de generación eléctrica» que recaigan sobre bienes naturales «ubicados en territorios indígenas, cuando estos permisos, autorizaciones o concesiones hayan sido otorgados o implementadas sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas del territorio o la debida consulta».

La iniciativa es una propuesta de artículo transitorio para la nueva Constitución, promovida por los convencionales del pueblo mapuche Natividad Llanquileo, Victorino Antilef y la machi Francisca Linconao, pero tiene las firmas de otros cuatro escaños reservados, dos integrantes de Chile Digno y otros independientes. En la comisión, se visó con 11 votos a favor, seis en contra de Jorge Abarca (INN), Rodrigo Álvarez (UDI) Trinidad Castillo (Colectivo Socialista), Bernardo Fontaine (RN), Pablo Toloza (UDI), Roberto Vega(RN), y dos abstenciones de Juan José Martin (INN)y Carolina Sepúlveda (INN).

Los permisos decretados como nulos se reevaluarán en un plazo «no mayor a dos años», y después de los «correspondientes procesos de consulta y consentimiento previo, libre e informado, de acuerdo a las normas en la materia y estándares internacionales aplicables, velando, en cualquier caso, en conjunto con las comunidades, por la preservación del territorio bajo los principios de solidaridad y equidad intergeneracional». La comisión de saneamiento, catastro y restitución Otro de los artículos transitorios que propone la norma y se aprobó es uno que establece la creación y el financiamiento por parte del Estado de una comisión encargada de desarrollar las bases de una «política de saneamiento, catastro y restitución de las tierras, aguas, territorios indígenas históricos y espacios sagrados».

Esta deberá constituirse dentro de los primeros cinco meses posteriores a la entrada en vigencia de la Constitución, tendrá representación «proporcional todos los pueblos y naciones preexistentes al Estado» y su función será informar al Gobierno sobre las demandas de restitución de tierras que cuenten con informe de factibilidad aprobado por la actual Conadi, pendiente de ejecución, «para que en el plazo de 8 meses se concluya su adquisición». El texto establece que «aquellas tierras indígenas históricas catastradas que estén en posesión del Fisco, serán transferidas a título gratuito a las comunidades indígenas respectivas dentro de un plazo máximo de dos años, una vez que presenten solicitud ante el organismo correspondiente designado por la Comisión a que hace referencia este artículo». La base de esta política tendrá que priorizar «preferencia y urgencia a la restitución de tierras que cuenten con espacios sagrados o de significación cultural». Este se aprobó con 13 votos a favor, cuatro votos en contra de Roberto Vega, Bernardo Fontaine, Rodrigo Álvarez y Pablo Toloza; más una abstención de Trinidad Castillo. Con esta aprobación, la norma queda habilitada para avanzar hacia la discusión en particular, lo que permitirá que se le ingresen indicaciones. De ser aprobada en esa instancia nuevamente, pasa al pleno de la Convención, donde necesitará de 2/3 de los constituyentes para integrar el proyecto de nueva Constitución.
Fuente: Emol.com – https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/01/25/1044913/comision-medioambiente-restitucion-tierras-permisos.html

La diligencia judicial se efectuará este lunes 31 de enero y estará a cargo de la ministra presidenta del Primer Tribunal Ambiental, Sandra Álvarez Torres.
21/01/2022
En el marco de la solicitud de alzamiento de la medida cautelar determinada por el Primer Tribunal Ambiental, que prohíbe a la Minera Cerro Colorado la extracción de agua del acuífero Lagunillas por el nivel de incertidumbre existente respecto a la condición del lugar, el órgano jurisdiccional decretó la visita inspectiva al sistema lacustre de Lagunillas.

La medida fue anunciada por el tribunal luego de la audiencia de revisión que se efectuó, en la que los abogados de la empresa y del demandante entregaron nuevos antecedentes a los ministros.

La diligencia judicial se efectuará este lunes 31 de enero y estará a cargo de la ministra presidenta del Primer Tribunal Ambiental, Sandra Álvarez Torres, quien junto al ministro en ciencias, Cristián López Montecinos y asesores jurídicos y en ciencias del organismo, serán los encargados de recabar los antecedentes necesarios para decidir si se acoge la solicitud de alzamiento de la medida cautelar, se mantiene o se modifica.

Además, se solicitó la presencia de funcionarios de la Dirección General de Aguas (DGA), y del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
Causa

Esta visita inspectiva se enmarca dentro de la demanda por daño ambiental efectuada ante el tribunal por Luis Jara Alarcón, en contra de la Compañía Minera Cerro Colorado por el eventual daño ambiental al acuífero Lagunillas por la extracción de agua realizada por la minera con fines productivos.
https://www.mch.cl/2022/01/21/primer-tribunal-ambiental-decreta-visita-inspectiva-a-cerro-colorado/

Así lo señala el reporte del Ministerio del ramo, donde también se da a conocer la evolución de la oferta total de energía primaria y la participación de las energías renovables en el consumo final total de energía.
18/01/2022
Minería Chilena
El consumo de energía final en Chile llegó a 2019 a 301.629 teracalorías, donde el sector industrial y minero se llevan el 38%, seguido por el transporte, con 37%, según indica el Sexto Reporte del Estado del Medio Ambiente, publicado por el Ministerio del ramo, en que se dan a conocer 130 indicadores de desempeño ambiental.
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La minería del cobre es una de las principales demandantes energética del país, llevándose por sí sola el 13,7%, siendo también el sector productivo más electrificado, pues cerca del 60% de su consumo es con energía eléctrica, seguida de petróleo diésel, gas natural y petróleo combustible.

Otros sectores que tienen el segundo mayor consumo eléctrico para sus procesos productivos, con alrededor del 40% son industrias varias y el sector energético de auto consumo. Después viene el sector comercial, público y residencial y el de papel y celulosa.
Energía

El balance del Ministerio también aborda la participación de las energías renovables en el consumo final de energía, señalando que se ha mantenido estable desde 2010: «La proporción de energías renovables en el consumo final total alcanza su mayor valor el año 2014, representando un 23,2% del consumo final total. Luego, se observa un decaimiento para los años 2015 y 2016, para posteriormente el 2017 y 2018 experimentar un alza, alcanzando un 22,2% y 23% . El año 2019, el porcentaje de participación equivale a 22,2% donde los tipos energéticos predominantes son biomasa (13%) y energía hídrica (1,8%)».

Además, el documento indica que la oferta total de energía primaria en 2019 llegó a 345.647 Teracalorías (TCal), cifra encabezada por el petróleo y sus derivados, seguida por la biomasa y el carbón.

«Por otro lado, la energía eólica y solar presentan un incremento desde el 2013, en el cual se ofertó 333 TCal a partir de energía eólica, y 5 TCal de energía solar, mientras que para el 2019 la energía eólica cuenta con 4.210 TCal y la energía solar con 5.519 TCal, sin embargo, la participación de estas energías en la oferta total es solo de un 3% al 2019», se precisa.
https://www.mch.cl/2022/01/18/balance-medioambiente-2021-cobre-es-el-sector-que-mas-electricidad-consume-en-el-pais/