El llamado “legado ambiental” de la Presidenta Michelle Bachelet, no puede sostener esta enorme contradicción al terminar su mandato. Aprobar las tronaduras de la Mina Invierno, de propiedad del grupo Angelini y Von Appen, en Isla Riesco, significaría un subsidio a la extracción de carbón, perpetuando el uso de combustibles fósiles para la generación eléctrica, lo que se contradice con todos los acuerdos que ha firmado el país para reducir el cambio climático.

Este miércoles 10 de enero del 2018, la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes votará si aprueba o no el uso de tronaduras en la mayor mina de carbón de la historia de Chile, Mina Invierno, en Isla Riesco. Ante ello, declaramos que es imperativo rechazar el uso de explosivos para la explotación del carbón.

El llamado “legado ambiental” de la Presidenta Michelle Bachelet, no puede sostener esta enorme contradicción al terminar su mandato; aprobar las tronaduras, significaría un subsidio a la extracción de carbón, perpetuando el uso de combustibles fósiles para la generación eléctrica, lo que se contradice con todos los acuerdos que ha firmado el país para reducir el cambio climático.

Durante el mandato de la Presidenta Bachelet, el Gobierno ha firmado acuerdos internacionales como el Acuerdo de París y la Alianza contra el Carbón en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático-COP23, que buscan la eliminación de los combustibles fósiles de nuestras sociedades y economías, y que destaca el impacto que este ha generado en la pérdida de la biodiversidad y en la salud de la población.

En este sentido, el Gobierno ha impulsado la Agenda de Energía, con su hoja de Ruta 2050, que pretende asegurar una matriz energética que contenga un 60% de energías renovables para el año 2035, eliminando así gradualmente el carbón de la matriz eléctrica. Según cifras oficiales del 2016, el parque termoeléctrico a carbón en Chile está compuesto por 29 centrales, produciendo el 44% de la generación bruta total del país, las cuales están concentradas en cinco comunas, llamadas zonas de sacrificio, generando graves daños en la salud de la población, ecosistemas y en las economías locales.

Asimismo, con el objetivo de valorar y conservar nuestro patrimonio ambiental, este año se materializará el protocolo de acuerdo para la creación de la Red de Parques de la Patagonia, que abarcará 4,5 millones de hectáreas de áreas protegidas, en donde el futuro Parque Nacional Kawésqar aportará con 2.800 millones de hectáreas, parte de la cuales están en Isla Riesco.

Sin embargo, en la misma Isla Riesco se vive una enorme contradicción: mientras se protege gran parte de su territorio, otro es destinado como polo extractivo de carbón. Mina Invierno es la primera mina a cielo abierto de cuatro minas más proyectadas en Isla Riesco, por los grupos económicos Angelini y Von Appen.

Durante sus ocho años de operación ha incumplido sistemáticamente diversos compromisos adquiridos con el Estado de Chile y ha sido multada y sancionada por la Superintendencia del Medio Ambiente en dos oportunidades, por contaminar Isla Riesco desde el comienzo de sus operaciones. Hoy, a pesar de que Mina Invierno fue aprobada bajo una explotación eminentemente mecánica, ya que el titular negó en reiteradas ocasiones que usaría tronaduras, la empresa pretende incorporarlas por 15 años más, con el único objetivo de abaratar sus costos de operación, a costa de incrementar los impactos socioambientales.

Fuente:http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2018/01/09/tronaduras-en-isla-riesco-la-mayor-contradiccion-medioambiental-de-chile/

Una de las denuncias fue interpuesta por una de las comunidades vecinas a las faenas de extracción de cobre, quienes acusaron que no se hicieron los procedimientos necesarios para hacerse cargo de un eventual derramamiento de material tóxico.

La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) formuló cargos este martes en contra de la Minera Doña Inés de Collahuasi, faena de extracción de cobre ubicada en el Desierto de Atacama. Según el texto de la entidad gubernamental, la empresa habría cometido infracciones a lo establecido en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), lo que podría acarrear una multa que superaría los 60 millones de dólares.

El alcalde de Pozo Almonte –comuna cercana a las labores mineras–, Richard Godoy, comentó a Radio y Diario Universidad de Chile que, al igual que el superintendente Cristián Franz, prefiere no opinar previo a la investigación de este supuesto incumplimiento.

“Estamos recabando antecedentes para ver qué es lo que realmente sucedió respecto del incumplimiento y la sanción que está emitiendo la Superintendencia”, expresó.

Consultado respecto de los convenios que tiene la minera con el municipio, Richard Godoy indicó que este antecedente, que abarca la colaboración en materia educativa, no se presta para establecer una condicionante a la hora de sancionar públicamente el comportamiento de la empresa.

“Si acá una minera no cumple con su RCA vamos a ser tajantes nosotros y nos vamos a poner del lado que corresponde, que es cuidar el medio ambiente y también todo lo que viene a futuro para nuestra gente”, añadió.

Una de las denuncias realizadas ante la SMA fue presentada por la Comunidad Indígena Quechua de Huatacondo. Sus miembros se quejaron que el 27 de julio de 2016, Collahuasi “habría tenido un incidente menor de rotura en su mineroducto, a la altura del Camino a Quebrada Blanca y que el día 4 de agosto habría tenido un incidente mayor, cerca del poblado de Ujina y de un área de pastoreo ancestral, en la cual, según estimación del Servicio Nacional de Geología y Minería, se habría derramado un volumen de 4.500 metros cúbicos de material tóxico. Preocupa que no se haya aplicado el procedimiento debido”.

Alonso Barros, abogado de la Fundación Desierto de Atacama –representante de la comunidad–, explicó a este medio qué es lo que debería hacer la empresa ahora que se aceptó la reclamación.

“La idea es que la empresa ofrezca un plan de cumplimiento que se haga cargo de los daños o que mitigue los daños producidos a la flora y fauna, a la biodiversidad, lo que el derrame pueda haber provocado aunque sea dentro de sus instalaciones. Anduvo corriendo esta agua contaminada a pampa abierta y no sabemos hasta qué punto”, dijo.

La mitigación incluye estudiar y hacerse cargo de los problemas producidos. Acorde a las palabras de Alonso Barros, Collahuasi debería lograr con la comunidad un convenio de co-monitoreo respecto de los recursos hídricos compartidos en la cuenca de Huatacondo.

Por el momento, como afirmó el abogado, la empresa deberá presentar el programa de cumplimiento, y si eso no está a la altura de las expectativas de la entidad fiscalizadora, se podría dar paso a cursar multas y otro tipo de sanciones.

Fuente:adio.uchile.cl/2017/12/27/collahuasi-enfrenta-cargos-por-infracciones-ambientales/

Sergio Campusano, Presidente de la Comunidad Diaguita y Agrícola de los Huascoaltinos, escribió esta columna en El Desconcierto, donde relata la lucha constante que deben mantener frente a grandes proyectos mineros, que amenazan de manera constante la biodiversidad de territorio indígena ancestral del Valle de Huasco.

Lo que está ocurriendo en el territorio diaguita de los Huascoaltinos es de gran preocupación. Tras largas luchas en defensa del Valle del Huasco y nuestras tierras de uso ancestral y legal, habíamos logrado detener la amenaza de los proyectos mineros Pascua Lama y El Morro. Pero hoy están de vuelta, amenazando la sobrevivencia de los ecosistemas cordilleranos y del agua.

El proyecto El Morro se ha fusionado con la mina El Relincho, formando un solo mega proyecto llamado Nueva Unión. Aunque el proyecto ni siquiera ha sido ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, ya han comenzado con sus actividades de sondaje y están ampliamente desplegados en la zona; utilizan a diario y sin autorización una ruta que atraviesa nuestro Territorio de Conservación Indígena (la quebrada de La Totora), con todo tipo de vehículos, camiones y maquinaria pesada; y han intervenido el camino, generando impactos sobre los recursos naturales, flora y fauna que la comunidad protege.

Frente a estos hechos en febrero pasado hicimos una denuncia a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), entregando antecedentes y evidencias para que se investiguen todas estas situaciones altamente gravosas, ya que Nueva Unión es un proyecto distinto a El Morro y, por ende, no puede comenzar a operar sin haberse sometido a evaluación ambiental, ni tener aprobada una Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Con la que tampoco contaba, se debe precisar, el proyecto minero El Morro. Por eso nos resulta inexplicable e inexcusable, tanta actividad e intervención en los cerros Huasco Altinos.

Lo insólito es que la SMA no entregó ninguna respuesta formal respecto a nuestra denuncia. Únicamente se nos dijo, por teléfono, que minera Nueva Unión solo estaría llevando a cabo actividades propias de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y que la denuncia había sido enviada a Santiago, lo que quiere decir, en otras palabras, que fue archivada y la investigación no fue llevada a cabo.

Pero nosotros somos testigos y tenemos evidencias de que minera Nueva Unión está operando, realizan sondajes y perforaciones a diario, además construyen nuevos caminos e intervienen los existentes, todo aquello generando impactos que no han sido evaluados ambientalmente. Más aún cuando se está interviniendo y afectando un Territorio Indígena de Conservación, declarado Sitio de Conservación en la Estrategia de Biodiversidad de la región de Atacama, donde existen ecosistemas únicos, flora y fauna en categoría de conservación y numerosos vestigios arqueológicos que hoy están siendo impactados por estas obras y actividades.

Todos estos hechos, nos comprueban una vez más que la institucionalidad ambiental en Chile no está funcionando. No es posible que las mineras entren a un territorio indígena con tanta desfachatez y se crean libres de hacer lo que se les antoje sin ni siquiera haber evaluado ambientalmente su proyecto. Con ello se pasa a llevar a comunidades enteras que hemos habitado ancestralmente este territorio, que no contemplamos a la minería como desarrollo.

Nosotros protegemos y conservamos los recursos naturales y el agua. Queremos dejarles a nuestros hijos un ambiente limpio, sin contaminación. No somos dueños de la tierra, solo administradores de ella por el tiempo que esté a nuestro cargo, para entregársela en buenas condiciones a las generaciones venideras, esa es nuestra cosmovisión.

La minería saquea, destruye y contamina todo. Llena los bolsillos de algunos, generando pobreza y muerte para la biodiversidad y los humanos, en un futuro no muy lejano. De todos depende hacer algo para evitarlo.

Fuente:http://www.relaves.org/2018/01/02/la-mineria-no-da-tregua-al-territorio-diaguita/

“Los salares tienen una microfauna que depende de las concentraciones de sales que están en estos. Si se alteran por aumentar las tasas de producción de litio, la preocupación es cómo se va a mantener dicha microfauna”, sostiene el académico Usach Domingo Ruiz.

Una de las denuncias fue interpuesta por una de las comunidades vecinas a las faenas de extracción de cobre, quienes acusaron que no se hicieron los procedimientos necesarios para hacerse cargo de un eventual derramamiento de material tóxico.

El proyecto minero-portuario Dominga fue rechazado con polémica por el Comité de Ministros, pero aún le queda la instancia del tribunal ambiental para decidir su futuro.

Sin embargo, en la práctica se podría ver bloqueado si se aprueba un área de protección y conservación marina en la Región de Coquimbo, en las costas de La Higuera, que podría afectar al terminal de exportación de mineral ideado por Andes Iron.

El proyecto de Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) comenzó a discutirse en 2010 luego de una propuesta de la ONG Océana, pero su discusión bajó de intensidad.

Eso, hasta que en octubre de este año —al mes de ser rechazado Dominga por el Comité de Ministros—, el intendente de Coquimbo, Claudio Ibáñez, instruyera al seremi de Medio Ambiente retomar y acelerar esta discusión.

Según una presentación de la Seremi de Medio Ambiente de la IV Región —a la que accedió “El Mercurio”—, se planea presentar la propuesta final de esta área protegida para la aprobación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad a fines de febrero, ya en la etapa final de la actual administración.

Fuente:http://www.relaves.org/2017/11/29/proyecto-de-area-marina-costera-protegida-de-multiples-usos-se-acelera/

Grúas, salas eléctricas, galpones, contenedores, entre otros equipos, sacó a remate Barrick hace algunos días. Estos serían utilizados por la minera canadiense en su proyecto binacional Pascua-Lama, iniciativa que por el lado chileno, está paralizada.

Esta es una nueva subasta que realiza la empresa, considerando que el año pasado vendió sus equipos de mayor valor, entre ellos, los camiones que utilizaría la faena. Una parte de estos fue adquirida por Antofagasta Minerals (AMSA) -brazo minero del grupo Luksic- a Komatsu (firma que los recompró a Barrick). Esta maquinaria operaría, por ejemplo, en Antucoya.

Sobre la subasta, desde Barrick comentaron que se trata de equipos, maquinaria y materiales «que no son necesarios para esta fase del proyecto. Estamos en Cierre Temporal Parcial hasta septiembre del 2019».

Añadieron que se encuentran respondiendo a las inquietudes manifestadas por las comunidades, ya que la compañía está realizando estudios de optimización del proyecto «para evaluar un posible desarrollo subterráneo que reduzca sus impactos ambientales y sociales».

Consultados sobre la opción de nuevas subastas de materiales adquiridos para operar Pascua-Lama, respondieron que «seguiremos haciendo gestión de activos que no son necesarios para esta etapa del proyecto. No tenemos programado nuevos remates en el corto plazo».

Avances en Argentina

Mientras en Chile rematan equipos, desde el lado argentino están iniciando trabajos para determinar el potencial del área y la opción de ejecutar la faena de manera subterránea, acciones que se extenderían hasta abril. Las perforaciones las realizan junto a profesionales de la china Shandong Gold, expertos en este tipo de desarrollos.

Desde la canadiense explicaron que la campaña de perforación por el lado argentino se enfocará en mejorar el conocimiento del mineral en esa zona del yacimiento, donde se necesitan más datos para validar los planes de desarrollo subterráneos y la metalurgia. «La perforación previa en el depósito se realizó principalmente en apoyo de los planes de explotación a cielo abierto», añadieron.

Fuente:http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=425515

El vertimiento de aguas no tratadas al río, junto al volcamiento de camiones e incluso una alarma nuclear, fueron las situaciones descartadas por la Corte Suprema, validando en un fallo dividido la resolución de la Corte de Apelaciones, ante las denuncias de comunidades de la zona contra el proyecto minero Pascua Lama.

Esto luego de un colapso de parte de las instalaciones ante avalanchas entre mayo y junio del año 2016 consideradas “eventos meteorológicos extremos” que, sin embargo, no habrían variado los niveles del agua, según el fallo del máximo tribunal del país.

Desde Barrick, aseguraron que no hubo evidencias de las acusaciones y que se generó una alarma pública sin fundamentos, ya que contaron con mediciones avaladas por instituciones estatales.

Ana Timm, doctora en Derechos Humanos y abogada de la Asamblea Huasco Alto, aseguró que quien tiene que dirimir esta situación es el Tribunal Ambiental -donde presentaron alegatos hace un año- y que si esto no ocurre no descartan acudir a instancias internacionales si el fallo es adverso.

Actualmente el proyecto Pascua Lama en la región de Atacama, se encuentra paralizado temporalmente, sólo operando las plantas de tratamientos de agua.

Un proyecto que la empresa busca repotenciar, considerando errores cometidos en el pasado, e incluso indicando que están analizando una mina subterránea para disminuir externalidades negativas al medio.

Fuente:http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-atacama/2017/12/13/corte-suprema-desestimo-acusaciones-de-dano-ambiental-contra-proyecto-minero-pascua-lama.shtml

El Primer Tribunal Ambiental declaró como “admisible” la reclamación de la empresa Andes Iron, para revertir el rechazo al proyecto minero Dominga, que se iba a instalar en la Región de Coquimbo.

Según consigna Soy Copiapó, la instancia acogerá el recurso de la firma, que busca desechar la determinación del Comité de Ministros, que rechazó el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la minera.

En la resolución, citada por dicho medio, se señala que “conforme lo dispuesto por el articulo 27 de la Ley 20.600, habiendo sido la reclamación interpuesta en tiempo y forma, admítase a tramitación. Informe el reclamado sobre la materia requerida dentro del plazo de 10 días, adjuntando copia física autentificada del expediente administrativo que dio lugar a la reclamación, en forma que lo dispone el artículo 29 de la Ley de Tribunales Ambientales”.

Al respecto, Pablo Miranda, secretario del Tribunal, puntualizó que “se declaró admisible la reclamación interpuesta por la empresa Andes Iron SpA en contra del Director (s) del Servicio de Evaluación Ambiental, por lo que hoy se despachará el oficio que tiene que ser enviado al Servicio para que evacue el informe dentro de 10 días”.

Asimismo, desde el Tribunal informaron que una vez que esté listo el informe, se fijará una fecha para una audiencia entre las partes involucradas.

Fuente:http://www.elciudadano.cl/medio-ambiente/justicia-declara-como-admisible-la-reclamacion-de-andes-iron-para-revertir-rechazo-a-minera-dominga/12/05/