Tres organizaciones sociales de la región de Aysén presentaron el pasado 15 de febrero un requerimiento de participación ciudadana en la evaluación de las declaraciones de impacto ambiental, correspondientes a nuevas prospecciones mineras en las comunas de Río Ibáñez, Lago Verde, y Coyhaique.

Una relevante omisión por parte de la Municipalidad de Río Ibáñez y el Gobierno Regional de Aysén (Gore) ha quedado de manifiesto en el proceso de evaluación de una declaración de impacto ambiental (DIA) para la instalación de 101 plataformas de exploración minera en las cercanías de Puerto Ingeniero Ibáñez.

El proyecto Terrazas es impulsado por la compañía Red Hill y fue presentado a análisis a principios de enero de este año. El 16 de febrero el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) envió a la empresa el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (Icsara), dándole plazo para responder hasta el  2 de abril. Pero luego de una solicitud del 16 de marzo, se amplió la fecha al 30 de mayo.

A pesar de ser de conocimiento público el alto impacto social y ambiental que ocasiona la minería, en el Icsara no se incluyeron las observaciones del Gore ni de la Municipalidad de Río Ibáñez. El motivo no se sabe, ya que simplemente no respondieron al requerimiento, a pesar de que se les solicitó expresamente sus  observaciones en coherencia con lo que estipula la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente.

“La Comisión (de Evaluación Ambiental) deberá siempre solicitar pronunciamiento al Gobierno Regional respectivo, así como a las municipalidades del área de influencia del proyecto, con el objeto de que éstos señalen si el proyecto o actividad se relacionan con las políticas, planes y programas de desarrollo regional y con los planes de desarrollo comunal, respectivamente”, señala la legislación.

En el caso del Gore, bajo la conducción de la ex intendenta radical Karina Acevedo, se le requirió establecer “si el proyecto o actividad se relaciona desde el punto de vista ambiental con políticas, planes y programas del desarrollo regional”.  Y en el del municipio, dirigido por el alcalde UDI Marcelo Santana, si este “se relaciona desde el punto de vista ambiental con planes de desarrollo comunal, que haya sido aprobados formalmente por la Ilustre Municipalidad”.

Este tema es relevante, toda vez que la zona en que se pretenden instalar las plataformas mineras (y eventual futura faena) es parte de la Zona de Interés Turístico Chelenko (decreto publicado el 5 de enero de este año), y cuya compatibilidad con la minería extractiva es discutible.

Asimismo, el Plan de Desarrollo Comunal 2012-2018 (Pladeco) de Río Ibáñez estipula, en su Política Estratégica de Salud y Medio Ambiente, que “la valoración del entorno natural como sistema para la vida humana y sostén de la cultura y desarrollo económico, será un eje estructural de la presente política. Se explicitará en la definición de programas y acciones que permitan reconocer los servicios ambientales (o ecosistémicos) del medio natural, su incidencia en el bienestar de las personas y generar una relación sociedad-naturaleza en un marco de equilibrio”.

En tanto, la Estrategia de Desarrollo Regional 2009-2030 señala expresamente que “la calidad medioambiental de la región de Aysén constituye una ventaja competitiva que debe ser resguardada para sustentar la producción de bienes y servicios de todo tipo, pero en particular, de aquellos vinculados a la industria turística de intereses especiales”.

Agrega el instrumento que “la región ha adoptado el eslogan ‘Aysén Reserva de Vida’, el mismo que invita a crear una sociedad sostenible, que pueda persistir a través de generaciones y que sea capaz de conseguir el bienestar de su población, relacionándose de forma armónica con el entorno natural, consiguiendo con ello satisfacer las necesidades materiales presentes y establecer las bases para que todo individuo pueda desplegar su potencial humano, sin comprometer la capacidad de desarrollo de las futuras generaciones”.

Por último, indica que “este principio de sustentabilidad debe estar presente en todo el accionar que demanda el proceso de desarrollo”. Más aún, uno de los ocho objetivos estratégicos de la EDR es “promover la valoración que tienen los habitantes respecto de su patrimonio ambiental a través de mecanismos adecuados para su protección y uso sustentable”.

Pero Río Ibáñez no es el único caso en que un municipio se resta de participar en la evaluación de impacto ambiental de un proyecto minero. La Municipalidad de Lago Verde, dirigida por el alcalde UDI Nelson Opazo, tampoco se pronunció con respecto al proyecto Santa Teresa, correspondiente a 97 plataformas de sondaje de la minera El Toqui.

Esto, en circunstancias el Pladeco 2015-2019 señala en su estrategia productiva la necesidad de “potenciar todas las áreas de producción identificadas (agropecuario, turismo, artesanía), entregando herramientas a los productores”, no apareciendo en parte alguna la minería.

Señala asimismo en su imagen futura que “la producción agropecuaria -que se lleva en la sangre- y nuevas oportunidades económicas, como el turismo, son el presente y futuro de Lago Verde… el fomento a la producción y la estimulación del retorno a los campos permitirán construir una comunidad que camine hacia el futuro”.

Agrega el instrumento que “el cuidado y la preservación del medioambiente, seguirá siendo un sello de la gestión municipal. Se mejorarán las políticas de manejo de residuos sólidos y de aguas servidas, principales fuentes contaminantes de la comunidad. De esta forma, se asegurara la conservación de la pureza característica de la zona”.

El Gore tampoco se pronunció en esa DIA, teniendo la empresa plazo para responder al respectivo Icsara el 30 de mayo.

Fue en un proyecto similar, Katterfeld también de El Toqui, que la Municipalidad de Coyhaique, dirigida por el alcalde PS Alejandro Huala, sí emitió un pronunciamiento. En este, expresa claramente que “el proyecto no se relaciona directamente desde el punto de vista ambiental con los lineamientos estratégicos establecidos en el Pladeco”.

Esta iniciativa contempla la instalación de 100 plataformas mineras. En esta ocasión, el Gobierno Regional de Aysén reiteró su postura de los otros procesos: no emitió pronunciamiento. El plazo para responder al Icsara es el 18 de junio.

Las omisiones de los alcaldes de Río Ibáñez, Lago Verde y del Gobierno Regional se suman al rechazo, por parte del Servicio de Evaluación Ambiental, de las solicitudes de participación ciudadana en estos tres procesos que hicieran las corporaciones Costa Carrera y Codesa, además de la Agrupación Aysén Reserva de Vida. Luego de haber sido informadas de la medida, las entidades presentaron los correspondientes recursos de reposición para revertir la decisión.

La publicación “Radiografía del Agua: Brecha y Riesgo Hídrico en Chile”, presentada en el marco de Water Week Latinoamérica 2018, concluyó que la minería es el tercer sector con mayor volumen de derechos de agua consuntivos y permanentes registrados en Chile.

Miércoles 28 de Marzo de 2018.- “Radiografía del Agua: Brecha y Riesgo Hídrico en Chile”, es la primera publicación de la iniciativa Escenarios Hídricos 2030, en la que participan más de 40 instituciones y gremios chilenos. Es una radiografía de la situación del recurso hídrico en Chile a partir de toda la información existente a nivel nacional extraída de diversas fuentes oficiales y otorgadas por instituciones, tanto del Estado como privadas, universidades nacionales e internacionales, centros de investigación y estudios.

La publicación permite conocer la situación del agua en Chile,  muestra tendencias en uso del recurso para tomar decisiones estratégicas y descentralizadas en términos de políticas y asignación de recursos, priorizar las urgencias hídricas y alertar a los sectores productivos sobre factores críticos que pueden poner en riesgo su sustentabilidad. Analiza dos grandes aspectos: brecha hídrica –comparación entre oferta y demanda- y riesgo hídrico -déficit, exceso y calidad.

Brecha Hídrica

La metodología se aplicó en 25 de las 101 cuencas, donde se contaba  con buena información, las que fueron clasificadas en cuatro categorías de BH: bajo, moderado, medio y alto.

El análisis concluyó que de las 25  cuencas analizadas, nueve presentan una brecha hídrica alta, esto es, que tienen una fuerte presión sobre el recurso hídrico y cuya baja disponibilidad de agua es un factor limitante del desarrollo económico.

En el caso de la minería, si bien se logra suplir sus demandas de agua en las diferentes cuencas hidrográficas del país la competencia por el recurso con otros sectores pondría en riesgo la sustentabilidad de las actividades productivas de esta industria. Las cuencas donde esta situación se presenta en forma más clara serían, en orden decreciente, río Los Choros, río Salado y río Copiapó. De ellas, río Los Choros y Copiapó también son críticas para la actividad agrícola.

Para efectos del análisis de la demanda, se dimensiona en tres aspectos: Derechos de Aprovechamiento de Agua (DAA), captación (agua extraída por los sectores) y consumo (agua que no retorna al sistema).

Para estimar el consumo de los diferentes sectores productivos se utilizó la metodología de Huella Hídrica directa, desarrollada por la Water Footprint Network (Holanda); se define “como el volumen de agua fresca apropiada o no devuelta al sistema, tomando en cuenta los volúmenes de agua consumida y contaminada” y se expresa en: Huella Hídrica Azul: volumen de agua provenientes de fuentes superficiales y/o subterráneas que no retorna al sistema por evaporación, evapotranspiración, incorporación del agua al producto o que se vierte al mar o queda retenida en el suelo, y Huella Hídrica Verde: volumen de agua lluvia consumida que queda temporalmente almacenada en la parte superficial del suelo o en la vegetación.

Respecto de los Derechos de Aprovechamiento de Agua, la minería ocupa el tercer lugar en volumen de DAA consuntivos, permanentes a nivel nacional registrados en el Catastro Público de Aguas -actualizado a diciembre de 2017-, con DAA equivalentes a un 24,95 m3/s; una captación de 10,16 m3/s, y un consumo de 10,14 m3/s (la devolución de agua al sistema es de 0,02m3/s). Asimismo, la minería presenta un coeficiente DAA/Captación  de 2,46 veces por detrás del sector de Agua y Saneamiento y el Agrícola que presentan un índice de 3,49 y 2,93 veces respectivamente.

Encabeza esta lista el sector agrícola con DDA correspondientes a 1.184 m3/s con una captación de 404,53 m3/s, una devolución de 217,69 m3/s y un consumo  de 186,84m3/s., seguido del sector doméstico con 192,29 m3/s de DDA, una captación de 55,29 m3/s, una devolución de 41,98m3/s y un consumo de 13,30m3/s.

El consumo de agua atribuido a la industria minera se concentra en Antofagasta, en línea con la actividad minera de la zona.

Riesgo Hídrico

El riesgo hídrico aborda déficit, exceso y calidad del agua. Para analizar la calidad del agua se desarrolló y aplicó el Índice de Calidad de Aguas Superficiales (ICAS). El análisis determinó que las regiones del norte, principalmente Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta se caracterizan por poseer una tendencia generalizada a los bajos niveles de calidad de agua e -independiente de la época del año-  domina una calidad insuficiente, lo que está relacionado principalmente al contenido de arsénico.

De acuerdo al análisis de la información existente, la tendencia a los bajos niveles de calidad del agua de la zona norte, se debe a la presencia de arsénico, cobre, cadmio, plomo, cobalto, mercurio y molibdeno.

Las regiones de la zona central, en tanto, evidencian una tendencia a presentar una buena calidad del agua, desde Atacama hasta O’Higgins.

Las regiones del norte, principalmente Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta se caracterizan por poseer una tendencia generalizada a los bajos niveles de calidad de agua e -independiente de la época del año-  domina una calidad insuficiente, lo que está relacionado al contenido de arsénico.

Las regiones de la zona central, en general evidencian una tendencia a presentar una buena calidad del agua, desde Atacama hasta O’Higgins. Las excepciones están en la región de Valparaíso, en verano, donde la calidad clasificada como insuficiente aumenta de una a 10 estaciones, producto del contenido de arsénico, y en la Metropolitana, en otoño, donde hay un aumento en las estaciones (de 2 a 4), que registran una calidad insuficiente producto del contenido de arsénico (5 se encuentran en el río Mapocho y una en el río Maipo).

Cabe señalar la falta de datos y estudios disponibles para el análisis de tendencia de los niveles de acuíferos y brecha hídrica en la región de Antofagasta. Análisis necesarios de complementar en el corto plazo para comprender y priorizar cuencas donde plantear soluciones.

Fuente:http://www.portalminero.com/pages/viewpage.action?pageId=151619013

La autoridad espera «que esto no vuelva a ocurrir», luego de que la compañía reconociera la rotura de ductos que transportaban relaves al embalse Las Breas, que fueron vertidos al río.

“Barrick está comprando una llegada al sistema político y al mundo empresarial que pueda respaldar las próximas acciones que pretende emprender tanto en Chile como en Argentina”, sostiene el ambientalista y director de OLCA, Lucio Cuenca.

El reciente anuncio de la compañía canadiense Barrick Gold de nominar como “directora independiente” a la ex ministra de Medio Ambiente del primer gobierno de Sebastián Piñera, María Ignacia Benítez, fue calificado como una estrategia “muy agresiva” de nivel internacional para “incidir en las esferas más altas de los gobiernos”. Así lo expresó a El Ciudadano Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA).

Cuenca sostiene que Benítez probablemente tiene un bagaje técnico como consultora ambiental, pero que paralelo a ello cuenta con vínculos del mundo empresarial y políticos en el actual gobierno que “seguramente es lo que a Barrick le interesa tener a su disposición con la incorporación de la ex ministra en su directorio”, señala. En ese sentido, argumenta que Barrick Gold es “muy agresiva en manejar las influencias políticas, cooptar estos apoyos para aceitar sus proyectos y desactivar conflictos”.

El ambientalista releva igualmente que la conformación del directorio de la compañía canadiense es transversal, ya que se encuentran el primer ministro de esa nación, Brian Mulroney; José María Aznar, ex presidente de España, o personalidades como John Ruggie, ex asistente consejero y director de planificación estratégica en las Naciones Unidas del Secretario General, Kofi Annan, quien -dice- construyó los “principios relativos a la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos”, para luego pasar a ser parte de la transnacional. También se encuentra el chileno Andrónico Luksic en el consejo internacional, por lo tanto para Cuenca la incorporación de esta ex ministra responde a una estrategia “muy agresiva de cooptación para llegar a ciertas esferas del poder en nuestros países y resguardar los intereses de Barrick en la región”.

La incorporación de Benítez coincide con los intereses que tiene Barrick en América Latina, tanto con Veladero (Argentina) como con Pascua Lama (binacional), proyectos que están en la Cordillera de los Andes presentando graves problemas en el ámbito medioambiental. Pascua Lama se paralizó en la mitad de su construcción y la intención de la compañía canadiense –postula Lucio Cuenca- es “tratar de reflotar esos activos” porque la ex ministra Benítez “en su tiempo estuvo muy vinculada a estas grandes inversiones energéticas y mineras en nuestro país”.

De hecho, el ambientalista recuerda que María Ignacia Benítez en su rol como ministra “estuvo defendiendo Castilla” y que elaboró “toda la estrategia que intentaba revalidar el cuestionado y rechazado proyecto termoeléctrico en la evaluación ambiental”. Es más, denuncia que la ex secretaria de Estado estuvo detrás de todos los cambios de autoridades para tratar de revertir la decisión del ministerio de Salud. Hubo cambios de seremis y de directores de Salud en la región de Atacama, todo con la intensión -espeta Cuenca- “de cambiar la situación del proyecto Castilla”.

Fue tanto que la ex ministra Benítez en su momento se vio envuelta en una polémica con la Corte Suprema, pues a partir del fallo que rechazaba Castilla, Benítez acusó que el máximo tribunal se dedicaba a hacer activismo ambiental. Eso le valió una declaración de un pleno extraordinario donde calificaron sus dichos como una “intromisión indebida e inaceptable en las atribuciones que exclusiva y excluyentemente la Constitución entrega a los Tribunales de Justicia”.

En definitiva, para Lucio Cuenca, Benítez es una persona que no solo tiene redes de influencia en el sector empresarial, sino que -señala- “tiene fuertes vínculos políticos con el gobierno de Piñera de esa época y, por lo tanto, también con el actual”. En el fondo, el ambientalista plantea que “Barrick está comprando ese tipo de servicios: una llegada al sistema político y al mundo empresarial que pueda respaldar las próximas acciones que pretende emprender tanto en Chile como en Argentina”.

Las polémicas de la ex ministra

Benítez como secretaria de Estado enfrentó iniciativas emblemáticas de forma muy polémica. En febrero de 2011 defendió a los proyectos de Isla Riesco y Castilla, afirmando que Chile necesitaba que se desarrollaran pero “no a cualquier precio” y que su cartera velaría para que se hicieran de forma sustentable. Al tiempo, se vio envuelta en la disputa con la Corte Suprema por Castilla.

En junio de 2012 se manifestó en contra de establecer restricción vehicular en la Región Metropolitana a los automóviles con sello verde, argumentando que “se restringe la libertad de uso”, pese a la calidad del aire que se estaba respirando ese invierno.

También fue parte de la crisis que enfrentó el gobierno de Piñera en Freirina, región de Atacama, con el proyecto de Agrosuper. Entonces, María Ignacia Benítez fue duramente cuestionada pues la consultora Gestión Ambiental Consultores (GAC) -donde trabajó como gerenta de Finanzas- le había realizado el Estudio de Impacto Ambiental a la faenadora de cerdos. Entonces, la ex ministra salió a desmentir cualquier relación con la tramitación de la iniciativa, expresando que “la empresa tramitó el estudio, pero no lo aprueba”. Junto con ello aseguró que como gerenta de Finanzas no tenía nada que ver con la evaluación del proyecto.

Tras dejar el cargo en junio 2014 -ya en el segundo gobierno de Michelle Bachelet-, Benítez manifestó que HidroAysén era muy relevante, calificándolo como uno de “energía limpia”. También señaló que el país debía tratar que estas iniciativas se pudieran desarrollar “compatibilizando el lugar donde se encuentran con medidas de mitigación y compensación adecuadas”. Tanto así que declaró: “no entiendo las razones del rechazo”. Además, apuntó a que si los grupos ecologistas se oponen a cualquier tipo de proyecto, “queda claro que no podemos seguir avanzando como país”.

María Ignacia Benítez ejerció como titular de la cartera cuando se paralizó Pascua-Lama por razones ambientales.

Una demanda de indemnización de perjuicios en contra de la Compañía Contractual Minera Candelaria presentaron cerca de 400 pescadores artesanales, recolectores de orilla y buzos mariscadores de la comuna de Caldera, por el derrame de concentrado de cobre proveniente de sus terminales en la bahía.

El recurso fue presentado, en el marco de la Ley de Navegación, por los pescadores del sector, quienes manifestaron su molestia por los daños a su fuente de trabajoproducto de los desechos mineros.

Acorde a lo manifestado por los trabajadores portuarios, el derrame de la sustancia podría provocar, además, daños físicos y psíquicos, por lo que estudian paralizar la pesca por el riesgo biológico.

El abogado de los pescadores, Cesar Barra, aseguró que los pescadores también se ven perjudicado por los daños a su fuente de trabajo producto de la contaminación.

El vocero de los pesadores, Enzo Checura, aseguró que la empresa no se ha manifestado respecto a la demanda impulsada por la colectividad, por lo que no descartaron continuar con la movilizaciones en paralelo al proceso judicial .

Las demandas ascienden a un monto de 16.500 millones de pesos, con la posibilidad de que aumente, ante la existencia de nuevos y posible pescadores que requieran demandar a la empresa.

Fuente:http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-atacama/2018/03/17/pescadores-de-caldera-demandan-a-minera-candelaria-por-derrame-de-concentrado-de-cobre.shtml

Comunidad Malalkawello de Pulotre, comuna de San Juan de la Costa, emitió una declaración pública dando cuenta del ingreso irregular de agentes quienes vienen realizando una serie de operaciones relacionadas a las fuentes de agua en el territorio, lo que estaría relacionado con fines mineros.

Declaración Pública Comunidad Malalkawello de Pulotre

La comunidad Indígena Malalkawello y sus vecinos de Pulotre, territorio mapuche huilliche hoy comuna de San Juan de la Costa en la Región de los Lagos, declara a la opinión pública lo siguiente:

Kiñe: Desde hace algunos días, personas ajenas y extrañas sin identificarse previamente, ingresaron a varios de nuestros terrenos, aduciendo que estos eran mandatados por la Municipalidad de San Juan de la Costa a específicamente medir puntos de aguas (tanto de pozo, con las que nos abastecemos) como los pequeños esteros y partes altas de los cerros de nuestra Ñuke Mapu. Estas personas además llevaban aparatos tecnológicos que aplicaban sobre el suelo sin ningún permiso por nuestra parte.

Epu: Sabemos que estas incursiones corresponden a las empresas mineras que desde hace algún tiempo amenazan todo el territorio de San Juan de la Costa, con su industria de muerte para la ñuke mapu y las personas que habitamos este territorio ancestral. (más información en https://futawillimapu.org/2017/07/29/informe-indh-2015-concesiones-mineras-en-la-futawillimapu-y-eventuales-derechos-afectados/)

Küla: Somos una comunidad ancestral mapuche-huilliche que sabe y mantiene sus saberes con la ñuke mapu, los cuales fueron dejados por nuestros antiguos, por ello y bajo el kimün y el srakizuam mapuche (propias formas de conocimiento ancestral) entendemos a la mapu como una sola, y por tanto rechazamos la subdivisión de esta por la ilegítima constitución del estado chileno de 1980, la cual permite la entrada de las mineras que solo quieren acumular riquezas a partir de nuestros territorios.

Meli: Defenderemos nuestra ñuke mapu de la invasión capitalista-extractivista para proteger el territorio que nos sostiene la vida desde tiempos antiguos. La vida en nuestro Willimapu está siendo amenazada y ante esto no nos podemos quedar con los brazos cruzados. De enfrentar entre las lamien y los peñi de la comunidad y sus vecinos, y las comunidades aledañas a estas, depende el futuro de nuestras hijas, hijos, y toda la ñuke mapu del territorio Kunko.

Kechu: Llamamos a todos los peñis, lamien, wenuy, amigos de la causa mapuche a estar atentos a ante nuestra situación y a presionar desde distintos ámbitos a estas empresas que, con la venia del Estado chileno, solo vienen a destruir nuestra forma ancestral de vida.

Comunidad Malalkawello de Pulotre

Territorio Kunko Mapuche-Huilliche

actual San Juan de la Costa

Por dos años, minera sueca mandó a la periferia de Arica más de 20 mil toneladas de residuos mineros, que incluyeron plomo, arsénico y mercurio, desechos que fueron transportados por la empresa chilena Promell. Por lo mismo, un grupo de 796 demandantes acusó daños a su salud por la recepción de estos residuos y exigieron una indemnización de $7.500 millones. Pese a eso, la Corte del distrito de Skellefteå absolvió a la empresa de pagar este monto.

Desde la fábrica de fundición, la empresa minera sueca Boliden envió unas 20.000 toneladas de residuos que incluyeron plomo, arsénico y mercurio. Estos desechos fueron transportados por la empresa chilena Promell, que los depositó en la periferia de Arica.

Un grupo de 796 demandantes acusó daños a su salud por la recepción de estos residuos y exigieron una indemnización de $7.500 millones. Pese a eso, la Corte del distrito de Skellefteå absolvió a la empresa de pagar este monto.

Parte de la demanda documenta relatos de pobladores chilenos, los cuales en la década siguiente a la recepción de desechos tóxicos empezaron a constatar daños en la salud, como cáncer, tos crónica y dolores en articulaciones y huesos.

En esta ocasión, el juicio incorporó declaraciones de afectados desde tribunales en Chile, los cuales a través de videoconferencias dieron a conocer su testimonio, con la ayuda de traductores.

Fuente:http://www.relaves.org/2018/03/12/lamentable-tribunal-sueco-falla-a-favor-de-minera-que-envio-toneladas-de-residuos-toxicos-a-arica/

A más de un año del fallo histórico, que condenó a minera vinculada al Grupo Errázuriz a cumplir 11 medidas reparatorias tras colapso de relave luego del terremoto de 2010, ninguna de éstas se ha cumplido. Cabe destacar que este colapso mató a una familia completa y contaminó gran cantidad de hectáreas alrededor de la zona afectada por el derrame.

En un pequeño valle de Talca hacia la costa, una comunidad de cinco casas se ubicaba en las cercanías de una mina abandonada llamada Las Palmas, vinculada al Grupo Errázuriz. Nadie sospechaba que el cerro junto a la mina fuera un tranque relleno de tierra, arsénico, plomo y cianuro, entre otros materiales tóxicos. Durante el terremoto de 2010, el tranque colapsó y sepultó una de las casas, matando a los 4 integrantes de la familia Gálvez-Chamorro y contaminando una gran extensión de terrenos de la provincia.

Lo peor de esta situación es que ninguna de las familias afectadas fue advertida sobre el riesgo en el que vivían, pese a que SERNAGEOMIN había considerado el Tranque de relaves de Las Palmas como uno de los cuatro tranques con mayor riesgo de colapso del país.

Henry Jurgens, propietario de un terreno colindante al sector donde se produjo este trágico hecho, cuenta que “donde estaba el relave, no había ningún letrero que dijera “Peligro” o “Tóxico”, y eso estaba todo envenenado. En efecto, SERNAGEOMIN había estado 7 meses antes y habían manifestado que ese relave estaba a punto de caerse. Esa información fue guardada, y no hicieron nada para ponernos bajo aviso”.

Como consecuencia del derrame del relave, se generó una emergencia sanitaria que hizo necesario adoptar medidas urgentes, las que -pese a la obligatoriedad de ser realizadas por SMC Tambillos- fueron llevadas a cabo en su totalidad a cargo y costo por la Autoridad pública.

FALLO HISTÓRICO

De esta forma, y debido a que el derrame no sólo costó la vida de 4 personas sino que también produjo un colapso medioambiental de proporciones, el 15 de diciembre de 2014, el abogado ambientalista Iván Poklepovic junto a Henry Jurgens, presidente de Fundación Relaves (que nace tras el hecho), presentaron una demanda de reparación de daño ambiental en el Segundo Tribunal Ambiental, en contra de Sociedad Contractual Minera Tambillos.

Casi dos años después, el 24 de agosto de 2016, se produjo un fallo histórico, por ser el primer fallo ambiental enmarcado en el contexto de un Pasivo Ambiental Minero (PAM): el Tribunal Ambiental condenó a la minera a cumplir un Plan de Reparación Ambiental, compuesto por 11 medidas reparatorias destinado a remediar el daño causado.

Esta sentencia estableció que hubo incumplimientos al Programa de Cierre del Tranque de relaves y al manejo de residuos peligrosos por parte de la empresa.

“También es histórico porque se condenaron las conductas y omisiones reiteradas y negligentes de SCM Tambillos. Por otro lado, se acreditó la relación de causalidad próxima y necesaria existente entre los hechos, conductas y omisiones culposas en que incurrió SCM Tambillos y el daño ambiental generado”, explica Juan Pablo Sanguinetti, abogado de Fundación Relaves.

INCUMPLIMIENTO

Sin embargo, la situación tras el fallo no ha cambiado. Así lo explica Poklepovic, quien asegura que “a la fecha, la empresa no ha cumplido con ninguna de las medidas de corto y mediano plazo que debía ejecutar. El tema es que hay medidas de reparación cuyo plazo de ejecución aún no se vence, y, por ello, hay que evaluar la posibilidad de pedir al Tribunal un incumplimiento forzado parcial del fallo”.

En ese mismo sentido, Juan Pablo Sanguinetti explica que “se deben distinguir las obligaciones que se encuentran vencidas y aquellas que aún Las Palmas SpA tiene plazo para realizar. De esta forma, se podría solicitar al Tribunal un cumplimiento incidental parcial de las obligaciones del PRA vencidas que el titular no hubiera realizado, lo cual es un procedimiento de apremio para hacer cumplir a la empresa con las obligaciones contenidas en la sentencia”.

Entre las medidas de reparación más importantes que se exigió a la empresa llevar a cabo para remediar la situación, se encuentran:

– Efectuar un análisis de estabilidad del actual tranque y del área afectada por el derrame.
– Asegurar la total impermeabilidad de la carpeta HDPE existente y presentar un proyecto para implementar un sistema de recolección, conducción y descarga de aguas lluvia que escurran por la carpeta, con un programa de monitoreo de calidad del agua y medidas de control.
– Desmantelar todos los restos de instalaciones existentes y completar la disposición final de materiales y chatarra con autorización de las autoridades competentes.
– Plantar una franja arbórea con especies tolerantes a los relaves y de rápido crecimiento.

“Cabe esperar que la Minera en cuestión tome conciencia, y comience a cumplir con lo que dicta el fallo, para dar una señal potente de que la catástrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010 sí les importa, que sí se hacen responsables. Porque no hay que cerrar los ojos ante una realidad evidente: en Chile existen cientos de relaves mineros abandonados, y sabiendo que es uno de los países más sísmicos del mundo, esta tragedia podría volver a suceder. Sin embargo, está en manos de las autoridades y de las empresas mineras privadas poder evitarlas”, finaliza Henry Jurgens.

Fuente:http://www.relaves.org/2018/02/27/minera-scm-tambillos-no-cumple-con-sentencia-ambiental-tras-colapso-de-tranque-de-relaves-el-2010/