En el cotidiano devenir de nuestros días, como zacatecanos/as predomina en nosotros/as un orgullo plausible emanado de la actividad minera, se ha generalizado la acepción hacia la misma como una idea-fuerza, incluso de quienes no son mineros/as. Orgullo histórico-nostálgico, expresado en el canto de sirenas que representa ser el principal productor de plata a nivel mundial, discursos arraigados y reproducidos con un sentido utilitarista de fondo, el cual, no logramos descifrar en lo común. Desigualdades complejas giran alrededor de este nudo, despojos y saqueos de años atrás y presentes a la par del blasfemo discurso gubernamental del progreso y desarrollo, modernidad marchita la que nos acoge, promesas y una multiplicidad de problemáticas en lo concreto que abarcan lo económico, social y sobre todo, lo ambiental.

Nos han heredado un esquema impositivo desde la colonia en los sensores del pensamiento, que ahora se alimentan por los nuevos embates subjetivos que expresa el interés capitalista, máxima ganancia a toda costa. Pasar por encima de todo y de todos/as, (neo)-colonizando y controlando no sólo los territorios terrestres, sino hasta los marinos y los territorios-cuerpo; atravesar con la razón productivista el ser y los saberes; re-imponer una forma universal, lineal y total de ver la historia; y constituir un esquema de relaciones donde la naturaleza y el ser humano-(deshumanizado) pasan a ser objetos de explotación total.

Desde las esferas del gobierno y algunos espacios públicos se pregona la defensa de la inversión privada extranjera y nacional en materia de extracción, como uno de los pilares de los planes de desarrollo (estatal y nacional), así como la vía de generar empleo y el ya citado progreso y crecimiento económico. Pero nada se dice del carácter altamente tóxico que guarda esta propuesta (necro)-económica, por ello la urgencia de preguntarnos sobre la minería en Zacatecas y lo que estamos hablando al referirla.

Hablamos indudablemente de un falso desarrollo en los términos convencionales con que se pregona y por ende, de la nula articulación social y bienestar entre las poblaciones donde se depositan los yacimientos minerales, las empresas y los gobiernos de los diferentes niveles involucrados. El modelo de extracción a cielo abierto, que actualmente va ganando más terreno, es sumamente devastador, utiliza mayores cantidades de energía, mayor espacio territorial y cada vez más elevados niveles de agua; para la vida y las comunidades esto representa la muerte, para el capital y los gobiernos dicho modelo ahorra costos y tiempos. ¿De qué nos sirve ser el primer lugar mundial de extracción de plata si no se refleja en las zonas de impacto? ¿Por qué desde el trazado de planes los gobiernos no se cuestionan el tipo de extracción, el tipo de mineral y las cantidades a extraer? ¿A quién beneficia la extracción y/o para qué se extrae? Ya que los costos ambientales no se justifican, se estima que en los últimos años la demanda mundial de oro se distribuye con un 60% para joyería; 30% para los bancos centrales y la constitución de reservas y sólo un 10% se utiliza en el sector industrial, médico y tecnológico.

En 2015 el valor de la producción total en Zacatecas en pesos corrientes fue de $63’136’504’388.53, aportando el 22.98% del valor total nacional; pero esto, de qué nos sirve; pongamos de ejemplo el drama minero que se vive en Mazapil. En el mismo año fue el principal productor de oro en el país con 21.2% de la producción total y el nivel de vida de sus habitantes es de los más deplorables, persisten sendas desigualdades socioeconómicas, a pesar de que el grado de marginación pasó de alto a medio de 2005 a 2010, es un indicador que abre muchos cuestionamientos, pues no se mide en su totalidad los amplios parámetros que exigen un bienestar social real, recordemos que las cifras son manejables para responder a las demandas de efectividad estatal.

Sin duda, el tipo de minería que vivimos en estos tiempos es diferente en amplias dimensiones a la minería subterránea convencional, es la muestra del agotamiento tanto del territorio y minerales como de las técnicas y formas de extracción, además, es la muestra latente de la crisis ecológica que se vive a nivel planetario. Entonces, ¿Hablar de minería bajo estas condiciones es un motivo para seguir sintiendo orgullo? Estamos a tiempo de cuestionar con un carácter más crítico, auto cuestionarnos y reflexionar sobre la vida, trascender esa idea maniquea de la ganancia a toda costa y pensar en la toxicidad y daño que este tipo de minería está causando a los ecosistemas, a las personas y los territorios en general.

Es momento de recapacitar y pensar en una salida a esta encrucijada ambiental y social, en el estado hay diferentes expresiones de que es posible, en Salaverna la esperanza sigue en pie, Don Roberto de la Rosa y su lucha incansable de construcción política desde abajo es ejemplo claro de ello, es momento de poner en la mesa un punto de quiebre ontológico y epistémico, uno que nos conduzca a un tipo de relacionamiento más humano. ■

Fuente:http://ljz.mx/2017/12/01/mineria-en-zacatecas-de-que-estamos-hablando/

Federico Guzmán López, investigador de la Unidad Académica de Estudios Críticos del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), advirtió que los megaproyectos mineros y otras actividades extractivas vulneran el derecho al agua de casi 12 millones de mexicanos.

En un foro que fue organizado por la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y otras organizaciones en esta ciudad, presentó su estudio “Vulnerabilidad del derecho humano al agua en México por Minería”, en donde explicó que el despojo hidríco en contra de 10% de la población del país es una problemática en varios estados, principalmente en donde hay minería, así lo informa La Jornada.

Federico Guzmán detalló que en México hay 106 acuíferos sobrexplotados, esto afecta a 11.9 millones de mexicanos que son proclives a la “ecomigración” no sólo por escasez de agua, sino también por la contaminación. En el país, “20% del agua subterránea ya está contaminada, también el 24% de las superficiales”.

Ocurre que desde el año 2000, la industria minera ha logrado cada vez más concesiones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para explotar ese recurso vital. Retomando un análisis del proyecto Cartocrítica y estadísticas de la Conagua actualizadas a 2016, son tres las principales mineras que “despojan” de agua al país:

Grupo México, tiene 142 concesiones para explotar hasta 90 millones 616 mil metros cúbicos anualmente. Luego esta la canadiense Goldcorp, con 74 concesiones para extraer 47 millones 656 mil metros cúbicos de agua, y la otra es Arcelor Mittal, con 11 concesiones para aprovechar 45 millones 844 mil metros cúbicos del líquido.

Guzmán López señaló a empresas trasnacionales que, ante la “laxitud “ con la que opera el gobierno mexicano, han emprendido proyectos para la financiarización del agua, como lo han hecho ya en otros países: JP Morgan, Citigroup, Allianz y HSBC, magnates chinos y filipinos y el ex presidente estadunidense George Bush, además de las empresas Suez (francesa); Iberdrola, Aguas de Barcelona y Unión Fenosa (españolas) y las inglesas Río Tinto y BHP Billiton.

También explicó que las empresas mineras usan cantidades “extraordinarias” de agua potable para la recuperación de oro, plata, cobre, plomo y zinc, entre otros minerales, mediante trituración de materiales, oxidación, patios de lixiviación, tanques de flotación, molinos de minerales, plantas de sulfuros y lagunas de recuperación de jales.

El investigador también destacó que en varias entidades, el despojo hídrico de las mineras ya supera el volumen de agua que consume el total de la población, señaló. En Sonora, ejemplificó, las empresas mineras consumen 107 millones de metros cúbicos de agua al año, que equivalen a 110 por ciento del consumo de la población, de 2 millones 955 mil 284 personas.

En Zacatecas, dijo, las mineras están autorizadas por Conagua para extraer cada año hasta 55 millones 780 mil metros cúbicos de agua, esto es el 102.5% del líquido consumido anualmente por un millón 528 mil 247 personas. El declive del derecho humano al agua en Zacatecas durante los 25 años recientes se agudizó en el periodo 2010-2015, que corresponde con el auge de la minería en el país y con nuevos métodos de extracción, como la explotación a cielo abierto.

En Zacatecas en el año de 1990 había 239 mil 541 viviendas habitadas, de acuerdo con el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En ese año se contabilizaron 233 mil 97 zacatecanos sin agua potable. Veinticinco después, el Inegi encontró que existían 418 mil 850 viviendas habitadas y 334 mil 792 personas que no tienen acceso al agua potable.

Fuente:https://regeneracion.mx/industrias-extractivas-quitan-agua-a-10-de-los-mexicanos-zacatecas-el-mas-afectado/

El pasado 26 de agosto, el proyecto minero Caballo Blanco-La Paila de la sierra costeña de Chiconquiaco (Veracruz, México) retiró el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) presentado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con la finalidad de comenzar la fase de explotación y extraer oro en un proceso a cielo abierto.

Tras una consulta pública, como establece la ley, en la que las comunidades de la región presentaron argumentos sólidos y mostraron una organización fuerte en contra del proyecto minero, finalmente, la empresa lo suspendió a finales de octubre de este año.

Es la segunda vez que un proyecto minero de extracción de oro a cielo abierto es cancelado en esta zona. En 2012, las comunidades pertenecientes a los municipios de Actopan y Alto Lucero se organizaron por primera vez y lograron la suspensión de este plan. Cinco años después, el proyecto fue vendido a otra empresa que decidió impulsarlo de nuevo.

Ascención Sánchez Vázquez, habitante de Los Baños (municipio de Actopan), explica que a las comunidades de esta región les preocupa mucho este tema: «Nos hemos estado organizando para manifestarle a la empresa Gavilán, subsidiaria del grupo financiero canadiense Almaden Minerals, que no queremos proyectos mineros en nuestro territorio». Sin embargo, no ha sido una lucha fácil y ha requerido, además de la organización de las personas, la participación de académicos, especialistas y hasta de la iglesia local.

El oro, un recurso largamente deseado

En 2010, tras un proceso de movilizaciones por parte de algunas organizaciones ambientalistas, entre las cuales se contó con la participación de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), se conformó la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), clave durante en el proceso de lucha contra las empresas canadienses mineras que insisten en desarrollar proyectos extractivos de oro en la región de la sierra costeña.

A finales de los años 80, el contexto regional no era muy prometedor: construyeron una planta de energía nuclear a pocos kilómetros de las playas que bordean la sierra de Chiconquiaco y se convirtió en un símbolo de la necesidad de organizarse aún más para defender el medio ambiente y la tranquilidad de la vida.

Entre 2011 y 2012, el grupo canadiense Goldgroup Mining retomó una prospección minera efectuada en 1995 para intentar desarrollar la fase extractiva de oro y las comunidades campesinas, ganaderas y pesqueras de los dos municipios afectados se organizaron, tomaron como referentes las luchas antimineras en Baja California y en San Luis Potosí y lograron frenar ese proyecto.

Minera Cardel, subsidiaria del grupo canadiense, retiró a fines de 2011 la MIA por inconsistencias en el estudio, que fueron denunciadas por las comunidades afectadas. A pesar de ello, la empresa volvió a presentar una MIA en 2012 para lograr sus objetivos.

Con una buena estrategia jurídica y una investigación independiente acerca de los daños ecológicos que se tendrían, los municipios de Actopan y Alto Lucero decidieron utilizar los mecanismos de consulta pública y reunión informativa para presentar sus argumentos en contra de la minera, a pesar de que consideran que «son espacios de simulación», en palabras de Emilio Rodríguez Almazán, integrante de LAVIDA.

Las comunidades afectadas por este proyecto denunciaron en su momento que Goldgroup Mining había dado ciertas dádivas económicas a algunas autoridades; de manera específica, a los presidentes municipales de Actopan y de Alto Lucero, pero también se acusó al entonces gobernador, Fidel Herrera, de ser beneficiario directo del proyecto, de ahí su declaración: «Veracruz se sacó la lotería, ¡tenemos oro!».

El 5 de junio de 2012, en el Día Mundial del Medio Ambiente y ya con la MIA retirada, el nuevo gobernador y ahora preso por enriquecimiento ilícito, Javier Duarte, se declaró en contra del proyecto minero y, con esto, aparentemente la región quedó libre de minería extractiva, manteniéndose el uso de suelo forestal.

La riqueza de la diversidad

Adán Ves Lira, integrante del proyecto ecoturístico La Mancha (municipio de Actopan), indica que se trata de «una región con mucha diversidad biológica», debido a que «existen varios ecosistemas que se forman a raíz de la cercanía de la montaña con la costa», así como «microclimas y microcuencas que, a su vez, se transforman en diversos ecosistemas como humedales, lagunas costeras o manglares; incluso, por estar cerca de la costa, también se forman dunas costeras».

Existen al menos seis lagunas que tienen diferentes usos, desde recorridos ecoturísticos hasta la pesca controlada, de las cuales un mínimo de dos tienen gran cantidad de manglares, que sirven para la reproducción de nutrientes necesarios para las especies animales que aquí conviven.

«La región de la Mancha —continúa Ves Lira— ocupa el primer lugar del estado de Veracruz en biodiversidady Veracruz ocupa el tercer lugar nacional. Nosotros nos encargamos de dar a conocer a toda la gente que nos visita la importancia de estos recursos y por qué debemos cuidarlos».

Gilberto Martínez Castellanos, agente municipal de Villa Rica —una playa importante e histórica, ya que Hernán Cortés desembarcó ahí por primera vez en tierras continentales— también se muestra preocupado por la insistencia en la extracción minera, que puede contaminar severamente las playas.

«Nosotros somos pescadores y vemos que ese líquido que usan para la extracción del metal nos escurre y nos puede afectar», también «en la contaminación del marisco y del pescado«. Las playas «están bonitas» y «tenemos miedo de que por esas afectaciones se acaben». Además, unas tortugas «vienen a poner sus huevos cada año», expone serio ese funcionario público local.

A pesar de la suspensión, las comunidades se mantienen organizadas

El proyecto minero Caballo Blanco-La Paila, así como todas sus ramificaciones, «acaba de ser suspendido porque ha retirado su Manifiesto de Impacto Ambiental al encontrar en Veracruz un pueblo organizado, un pueblo dispuesto a decirles: ‘no los queremos, se tienen que ir de aquí'», expresa con firmeza Sánchez Vázquez. Tanto LAVIDA como miembros de las distintas comunidades, campesinos, pescadores, ganaderos y gente que se dedica al ecoturismo argumentaron el gran destrozo ambiental como uno de los factores más importantes para frenar este proyecto.

Tanto Candelaria Mining como Almaden Minerals no pudieron contra los argumentos y las investigaciones independientes que se les presentaron. Así, decidieron retirar su MIA y suspender su iniciativa, aunque en la población ha quedado la enseñanza de que los proyectos se pueden vender a otras empresas, convirtiéndose en amenazas cíclicas.

Por ello, a pesar de la suspensión, la organización no se ha frenado y LAVIDA continúa haciendo labores de información. Entre los diferentes sectores productivos continúan las reuniones para prevenir nuevos proyectos extractivos o de otra índole que atenten contra el territorio. Por su parte, el Gobierno veracruzano mantiene aún concesiones equivalentes a 243.000 hectáreas (3,36 % del territorio estatal) para prospección y exploración mineras.

«Tenemos que aprender a decir no. Aunque el proceso es largo, el mayor esfuerzo es decirle al Gobierno federal que esas concesiones las tiene que cancelar […], no le traen ningún bien a Veracruz», concluye Ascención Sánchez Vázquez antes de llevarnos a recorrer las mejores vistas de las lagunas y las playas de esta región.

Fuente:https://actualidad.rt.com/actualidad/256188-proyectos-mineros-veracruz-oposicion-comunidades

Cosoleacaque, Ver.- Cientos de personas, adheridas a las asociaciones Movimiento Regional Indígena y Resistencia Civil, se manifestaron la mañana de este lunes para exigir alto a las tarifas altas de luz y a las actividades de minería y gasoducto, pues las califican como “megaproyectos de muerte”.

Los quejosos iniciaron una marcha de la desviación de Oteapan hasta el puente de El Naranjito, sin llegar a las instalaciones del C-4. Otros iniciaron su movimiento por la carretera federal a Cosoleacaque, partiendo de la desviación de Oteapan con mantas, encabezados por la activista francesa Verónica Mournier.

Expresaron que “nos manifestamos por las tarifas de luz como un derecho humano; la no privatización del agua y otros bienes naturales; además no a los megaproyectos con fracking, minería, parques eólicos y gasoducto.

Con la leyenda Viva la Autonomía de los Pueblos, los manifestantes luego de hacer conocer su inconformidad en la cabecera municipal, cuando se dirigían hacia las instalaciones del C-4, a la altura de la desviación del primer puente del Naranjito, dieron marcha atrás y retornaron hacia la desviación de Oteapan donde concluyeron su protesta.

Fuente:https://www.diariodexalapa.com.mx/veracruz/activistas-protestan-contra-actividades-mineras-e-introduccion-de-gasoductos

Chicomuselo, Chiapas, México A 27 de noviembre del 2017 , 8 años del asesinato de Mariano Abarca, 8 años de impunidad.

El 27 de noviembre 2009, nuestro compañero de lucha y padre de familia Mariano Abarca Roblero fue asesinado afuera de su casa en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, por oponerse a la empresa canadiense Blackfire que explotaba una mina de barita en su pueblo. Anteriormente él y diferentes organizaciones de la sociedad civil, colectivos, movimientos, estudiantes y comunicadores/as de diferentes países advertimos al gobierno de Chiapas y al gobierno federal el peligro en el que se encontraba Mariano por defender a las comunidades de la extracción minera.

A ocho años de los hechos, la familia Abarca Montejo, Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, la Red Mexicana de afectados por la Minería (REMA) y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) exigimos una vez más a los gobiernos de México y de Chiapas que se haga justicia, fortalecidos por las muestras de solidaridad que se multiplicaron en el transcurso de todo el año 2017.

En junio, interpusimos entre los cuatro una denuncia contra el Estado Mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación al derecho a la vida de Mariano Abarca. Esta acción colectiva es de suma importancia tanto para los que exigimos justicia para nuestro compañero, como para todo/as lo/as defensore/as de los territorios y los derechos colectivos que sufren el patrón de criminalización y de muerte impuesto por el poder corporativo y
el modelo extractivo canadiense. Más de 200 organizaciones y personas nos han expresado su apoyo en este proceso legal de largo aliento al firmar nuestra petición en línea.
Este año hemos denunciado en reiteradas ocasiones el infame papel que tuvo el gobierno canadiense en el crimen. Antes del asesinato, Mariano y sus compañeros de lucha habíamos informado a la Embajada de Canadá en México que Blackfire mostraba intención de atentar contra su vida. Sin embargo él no fue escuchado, ni su familia ni quienes fuimos testigos/as de las amenazas que recibía: allanamiento en su casa, detención arbitraria, amenazas de muerte a su familia. Por ser promotora de la minería en México y América Latina, la Embajada no mostró disposición de tomar medidas para evitar una muerte humana.

Es hora de que la impunidad de la mineras canadienses, que solo traen muerte y contaminación en México y toda América Latina, acabe ya. El presidente canadiense Justin Trudeau debe prestar atención a las múltiples denuncias que le están llegando dede la REMA y de defensores latinoamericanos. Apenas el 19 de noviembre, dos trabajadores de la mina Media Luna de la empresa canadiense Torex Gold Resources fueron asesinados y no quisiéramos que se continuara derramando más sangre a nombre del mercado del oro y de la avaricia de las empresas mineras canadienses.

Nuestra denuncia ante la CIDH permitió que se reabriera el caso, sin embargo la Fiscalía del Estado de Chiapas no ha mostrado voluntad de llevar a cabo una investigación seria, profunda y objetiva que permita la consignación ante los tribunales de los autores materiales e intelectuales del crimen. Desde las primeras investigaciones, se negó a abordar la línea de investigación que sugiere que el crimen pudo haber sido ordenado por un alto funcionario del Gobierno de Juan
Sabines Guerrero en coordinación con la empresa Blackfire.

El esclarecimiento del homicidio requiere de las declaraciones de funcionarios de alto nivel en Chiapas, así como de los directivos de la empresa. Pero hasta ahora, la Fiscalía no ha querido obtener esas declaraciones, pese a que la esposa de Mariano, Mirna Montejo, ha solicitado formalmente que se les llame a declarar.

Solicitamos su apoyo para continuar haciendo presión hasta obtener esas declaraciones y encontrar a los asesinos materiales e intelectuales de Mariano Abarca Roblero. La solidaridad nacional e internacional es necesaria para lograr que las empresas mineras canadienses dejen de asesinar a más personas y despojar los bienes comunes naturales.

Firman:
Familia Abarca Montejo

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)

Fuente: Comunicado de prensa de la Familia Abarca Montejo, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)

Los campesinos del sur de Chiapas que tratan de frenar 21 concesiones mineras, dentro de una zona de reserva en la Sierra Madre de México, llevan varios días y muchas horas hablando sobre cómo fue su última pelea con machetes y piedras contra un grupo de personas contratado —aseguran— por las empresas afectadas por su lucha.

Si los campesinos no olvidan esta pelea y no dejan de hablar de ella, es porque saben que después del último episodio violento, cualquier cosa puede pasar.

Esta disputa ocurre en la costa del estado de Chiapas, al sur de México, en un municipio llamado Acacoyagua. Allí, al pie de la Sierra Madre de Chiapas  —considerada como la última frontera minera del sur de México— viven más de 17 mil  habitantes rodeados de las reservas de la biósfera La Encrucijada y El Triunfo, en una región conocida como El Soconusco.

En el caso puntual de su último enfrentamiento, señalan directamente a la minera El Puntal SA de CV, desarrolladora de la mina Casas Viejas, pero también han tenido dificultades con otras más, como el Grupo Minero Male, Honour Up Trading, GTM Mineral o personas que han identificado como las beneficiarias de las concesiones.

Aunque la minera canadiense continúa operando en la región, en comunicación con el Gobierno del Estado y la complicidad de privados, el ejido Benito Juárez mantiene fuera la actividad minera, cuando por decisión unánime de la Asamblea General se votó por expulsar a Mag Silver del ejido por 99 años, trascurridos desde el 17 de noviembre del 2012, tras el asesinato de líderes barzonistas que sostenían la lucha contra la minera.

El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) alertó que de las  64.5 millones de hectáreas de bosques y selvas que hay en México, el 22.56% se encuentra concesionado o asignado para el desarrollo de actividades mineras.

Además, “las concesiones mineras otorgadas a empresas tanto nacionales como internacionales se empalman con al menos 42% de los núcleos agrarios forestales que hay en nuestro país”.

Con apoyo de Cartocrítica, CCMSS hizo un análisis espacial de las concesiones y asignaciones mineras vigentes a diciembre de 2015, lo que “evidencia la creciente amenaza que la actividad minera representa para las comunidades y ejidos forestales, sus medios de vida y sus territorios”.

“Las concesiones mineras han crecido considerablemente sobre áreas forestales de uso común, áreas de aprovechamiento maderable, áreas naturales protegidas y áreas que reciben pago por servicios ambientales, lo que coloca a las comunidades en una posición de vulnerabilidad. Si de por sí, la intervención gubernamental errática y contradictoria en las regiones forestales ha debilitado las iniciativas comunitarias de manejo sostenible de los recursos naturales, la minería como actividad preferente desestima y complica las estrategias de vida en las regiones”, afirmó Sergio Madrid, director del CCMSS.

La organización consideró que el acto de autoridad de otorgar una concesión sobre un territorio atenta en sí mismo contra los derechos de los legítimos propietarios de la tierra y genera una enorme incertidumbre, impactando las estrategias de manejo y uso por parte de la población local.

Los estados con mayor superficie forestal concesionada son Jalisco, Chihuahua, Durango, Sonora y Sinaloa, alcanzando en conjunto 8.4 millones de hectáreas. En los casos de Jalisco, Sonora y Sinaloa la superficie concesionada representa más de 40% de la superficie forestal de cada estado.

Avance imparable

Los medios de vida de cientos de comunidades se verían afectados si las concesiones otorgadas pasaran a una fase de producción. De los 11,843 núcleos agrarios forestales que tiene nuestro país, 4,997, (42%), tienen una fracción de su territorio concesionado, situación que afecta a cerca de 8 millones de hectáreas de los bosques y selvas de propiedad social. En estados como Sinaloa y Jalisco más del 50% de los territorios de propiedad social cubiertos por bosques están concesionados a empresas mineras, indicó.

La organización sostuvo que mineras y gobierno impulsan proyectos mineros sin importar que se vulneren los derechos de las comunidades locales.

“En México hay 12.6 millones de hectáreas bajo aprovechamiento forestal; sin embargo, cerca de 3 millones de hectáreas, es decir, 23% se empalman con concesiones mineras. Los estados con mayor afectación son: Baja California, Coahuila, Baja California Sur, Jalisco y Chihuahua. Existen 72 proyectos mineros que ya están en fase de exploración, desarrollo o explotación en áreas de aprovechamiento forestal maderable”, apuntó.

El análisis subrayó que la minería es “una actividad de alto impacto que representa un enorme riesgo para las comunidades y ejidos forestales de México. Aunque no todas las concesiones tienen un proyecto de explotación inmediato, sí abren la posibilidad de coartar en el mediano o largo plazo los derechos y medios de vida de los campesinos que habitan esos territorios. Los bosques y selvas se conservan gracias al esfuerzo y el trabajo de estos ejidos y comunidades”.

Fuente:https://aristeguinoticias.com/1411/mexico/22-56-de-bosques-y-selvas-concesionado-a-actividades-mineras-ong/

■ Carta de la Tierra aborda cómo cambiar el modelo mental mecanicista a uno más humano

■ Representante dijo que no se exige una modificación legal, sino que se hacen llamados éticos

“Estamos en una línea muy delicada, muy vulnerable; entre la responsabilidad y la negligencia, porque vivimos una crisis de nuestra civilización”.

Así expuso la disyuntiva actual, Mateo Alfredo Castillo Ceja, representante en México para la iniciativa Internacional de la Carta de la Tierra, y miembro del Consejo internacional.

Por un lado hay liderazgos como los de los presidentes de Estados Unidos, Corea, Rusia, Japón o Venezuela que están generando una crisis global en la que una sola decisión es suficiente para lanzar una arma de destrucción masiva, y por el otro, están los más de 8 mil millones de seres humanos en el planeta que “no estamos protegiendo sus recursos naturales o conservando aquello que nos brinda la vida”, explicó.

Propuesto de esta manera el presente y futuro humanos, comentó que no sabe cuál de las opciones es más peligrosa, pero aseguró que no hay todavía la conciencia suficiente para transformar la manera en la que se están haciendo las cosas y el cómo “nos tratamos”  como seres humanos.

“Porque no tenemos un diálogo con el planeta, no tenemos un diálogo con nosotros mismos”.

La experiencia más cercana del ser humano con la naturaleza es el propio cuerpo, y si éste representa al planeta, porque de él depende el aire, el agua y los recursos minerales así como los procesos que se interconectan para generar la vida, no existe la sensibilidad para su protección, sostuvo.

“Desde la Carta de la Tierra lo que nos preocupa es la transformación de la manera de cómo nos tratamos (unos a otros) y cómo estamos abordando las causas para transformar el modelo mental mecanicista, materialista, a un modelo mental mucho más humano”.

Entre los 8 mil millones de seres humanos se encuentran otros liderazgos, los dueños y los directivos  de las empresas mineras, por ejemplo. De ellos se requiere un cambio de actitud, de modelo de pensar.

“Nosotros desde la Carta de la Tierra no exigimos una modificación legal, sino que hacemos llamados éticos”.

Lo que está haciendo la minería no es ético, dañando una población, al ecosistema; esto no contribuye al desarrollo de la regiones y del país, dijo.

“Son heridas que está dejando (la minería extractivista) no solamente en la Tierra sino en los seres humanos, entonces lo que tenemos que hacer es transformar la manera en la que estamos haciendo las cosas a partir de cuatro principios éticos fundamentales: respeto y cuidado de la comunidad y la vida, integridad ecológica, justicia social y económica, y democracia, no violencia y paz”.

Castillo Ceja reiteró que para esto desde su punto de vista, no se requieren modificaciones a la Ley Minera, en este caso de México, sino que se trata de un ejercicio de la voluntad de quienes dirigen las empresas para establecer modelos más empáticos con la naturaleza, ser más responsables con la sociedad, con el entorno y con sus trabajadores.

Dijo que quienes se integran a la iniciativa de la Carta de la Tierra hacen su labor como sociedad civil a nivel internacional, “estamos en todos los países del mundo, nuestro trabajo es construir sociedades más justas, más sostenibles y pacíficas”, apoyados en los 16 principios del documento de carácter universal, que hoy por hoy es el más consensuado entre las naciones.

Mateo Castillo Ceja también apuntó que la explotación minera es una necesidad para el desarrollo de los países, pero a medida que sea más coherente y responsable con el manejo de los recursos naturales y tenga principios de equidad e igualdad, “entonces va a ser una minería que va a contribuir para el desarrollo efectivo del país o de la región, aquella minería que es irresponsable con el medio ambiente, que es irresponsable con sus trabajadores y con el entorno, que no tiene una responsabilidad social, es una minería que no está abonando al crecimiento del país”.

Propuso que la minería tiene que dejar de ser extractivista, “solamente extraer y extraer y llevarse del país -sus riquezas-, no dejar nada; tiene que contribuir al enriquecimiento del ecosistema del que está extrayendo; nosotros no estamos en contra de la minería estamos en contra de los procedimientos que la minería desarrolla para extraer los minerales”.

Dijo entonces que esta actividad debe replantearse y respetar y cuidar tanto a las comunidades como el entorno natural.

“Y tiene que ser una minería justa, sostenible y pacífica, justa social y económicamente, pero también incluyente”, lo que significa incluir a la comunidad en el proceso, que no solamente las empresas se enriquezcan sino también la población.

Observó que los ejemplos históricos conocidos exponen que esta actividad  la empobrece y genera violencia entre las comunidades.

“Hoy por hoy la minería se encuentra vulnerable porque no está incluyendo principios de sustentabilidad. Y es ahí donde la Carta de la Tierra le puede permitir diseñar modelos más sostenibles, más responsables con el entorno”.

Sostuvo que existe la tecnología y formas para su transformación a una minería “más empática con el medio ambiente, más humana, más responsable social, económica ambiental, cultural y políticamente”.

Fuente:http://ljz.mx/2017/11/15/vivimos-una-crisis-de-civilizacion-no-hay-un-dialogo-con-el-planeta-castillo-ceja/