Chicomuselo, Chiapas, México A 27 de noviembre del 2017 , 8 años del asesinato de Mariano Abarca, 8 años de impunidad.

El 27 de noviembre 2009, nuestro compañero de lucha y padre de familia Mariano Abarca Roblero fue asesinado afuera de su casa en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, por oponerse a la empresa canadiense Blackfire que explotaba una mina de barita en su pueblo. Anteriormente él y diferentes organizaciones de la sociedad civil, colectivos, movimientos, estudiantes y comunicadores/as de diferentes países advertimos al gobierno de Chiapas y al gobierno federal el peligro en el que se encontraba Mariano por defender a las comunidades de la extracción minera.

A ocho años de los hechos, la familia Abarca Montejo, Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, la Red Mexicana de afectados por la Minería (REMA) y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) exigimos una vez más a los gobiernos de México y de Chiapas que se haga justicia, fortalecidos por las muestras de solidaridad que se multiplicaron en el transcurso de todo el año 2017.

En junio, interpusimos entre los cuatro una denuncia contra el Estado Mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación al derecho a la vida de Mariano Abarca. Esta acción colectiva es de suma importancia tanto para los que exigimos justicia para nuestro compañero, como para todo/as lo/as defensore/as de los territorios y los derechos colectivos que sufren el patrón de criminalización y de muerte impuesto por el poder corporativo y
el modelo extractivo canadiense. Más de 200 organizaciones y personas nos han expresado su apoyo en este proceso legal de largo aliento al firmar nuestra petición en línea.
Este año hemos denunciado en reiteradas ocasiones el infame papel que tuvo el gobierno canadiense en el crimen. Antes del asesinato, Mariano y sus compañeros de lucha habíamos informado a la Embajada de Canadá en México que Blackfire mostraba intención de atentar contra su vida. Sin embargo él no fue escuchado, ni su familia ni quienes fuimos testigos/as de las amenazas que recibía: allanamiento en su casa, detención arbitraria, amenazas de muerte a su familia. Por ser promotora de la minería en México y América Latina, la Embajada no mostró disposición de tomar medidas para evitar una muerte humana.

Es hora de que la impunidad de la mineras canadienses, que solo traen muerte y contaminación en México y toda América Latina, acabe ya. El presidente canadiense Justin Trudeau debe prestar atención a las múltiples denuncias que le están llegando dede la REMA y de defensores latinoamericanos. Apenas el 19 de noviembre, dos trabajadores de la mina Media Luna de la empresa canadiense Torex Gold Resources fueron asesinados y no quisiéramos que se continuara derramando más sangre a nombre del mercado del oro y de la avaricia de las empresas mineras canadienses.

Nuestra denuncia ante la CIDH permitió que se reabriera el caso, sin embargo la Fiscalía del Estado de Chiapas no ha mostrado voluntad de llevar a cabo una investigación seria, profunda y objetiva que permita la consignación ante los tribunales de los autores materiales e intelectuales del crimen. Desde las primeras investigaciones, se negó a abordar la línea de investigación que sugiere que el crimen pudo haber sido ordenado por un alto funcionario del Gobierno de Juan
Sabines Guerrero en coordinación con la empresa Blackfire.

El esclarecimiento del homicidio requiere de las declaraciones de funcionarios de alto nivel en Chiapas, así como de los directivos de la empresa. Pero hasta ahora, la Fiscalía no ha querido obtener esas declaraciones, pese a que la esposa de Mariano, Mirna Montejo, ha solicitado formalmente que se les llame a declarar.

Solicitamos su apoyo para continuar haciendo presión hasta obtener esas declaraciones y encontrar a los asesinos materiales e intelectuales de Mariano Abarca Roblero. La solidaridad nacional e internacional es necesaria para lograr que las empresas mineras canadienses dejen de asesinar a más personas y despojar los bienes comunes naturales.

Firman:
Familia Abarca Montejo

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)

Fuente: Comunicado de prensa de la Familia Abarca Montejo, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)

Los campesinos del sur de Chiapas que tratan de frenar 21 concesiones mineras, dentro de una zona de reserva en la Sierra Madre de México, llevan varios días y muchas horas hablando sobre cómo fue su última pelea con machetes y piedras contra un grupo de personas contratado —aseguran— por las empresas afectadas por su lucha.

Si los campesinos no olvidan esta pelea y no dejan de hablar de ella, es porque saben que después del último episodio violento, cualquier cosa puede pasar.

Esta disputa ocurre en la costa del estado de Chiapas, al sur de México, en un municipio llamado Acacoyagua. Allí, al pie de la Sierra Madre de Chiapas  —considerada como la última frontera minera del sur de México— viven más de 17 mil  habitantes rodeados de las reservas de la biósfera La Encrucijada y El Triunfo, en una región conocida como El Soconusco.

En el caso puntual de su último enfrentamiento, señalan directamente a la minera El Puntal SA de CV, desarrolladora de la mina Casas Viejas, pero también han tenido dificultades con otras más, como el Grupo Minero Male, Honour Up Trading, GTM Mineral o personas que han identificado como las beneficiarias de las concesiones.

Aunque la minera canadiense continúa operando en la región, en comunicación con el Gobierno del Estado y la complicidad de privados, el ejido Benito Juárez mantiene fuera la actividad minera, cuando por decisión unánime de la Asamblea General se votó por expulsar a Mag Silver del ejido por 99 años, trascurridos desde el 17 de noviembre del 2012, tras el asesinato de líderes barzonistas que sostenían la lucha contra la minera.

El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) alertó que de las  64.5 millones de hectáreas de bosques y selvas que hay en México, el 22.56% se encuentra concesionado o asignado para el desarrollo de actividades mineras.

Además, “las concesiones mineras otorgadas a empresas tanto nacionales como internacionales se empalman con al menos 42% de los núcleos agrarios forestales que hay en nuestro país”.

Con apoyo de Cartocrítica, CCMSS hizo un análisis espacial de las concesiones y asignaciones mineras vigentes a diciembre de 2015, lo que “evidencia la creciente amenaza que la actividad minera representa para las comunidades y ejidos forestales, sus medios de vida y sus territorios”.

“Las concesiones mineras han crecido considerablemente sobre áreas forestales de uso común, áreas de aprovechamiento maderable, áreas naturales protegidas y áreas que reciben pago por servicios ambientales, lo que coloca a las comunidades en una posición de vulnerabilidad. Si de por sí, la intervención gubernamental errática y contradictoria en las regiones forestales ha debilitado las iniciativas comunitarias de manejo sostenible de los recursos naturales, la minería como actividad preferente desestima y complica las estrategias de vida en las regiones”, afirmó Sergio Madrid, director del CCMSS.

La organización consideró que el acto de autoridad de otorgar una concesión sobre un territorio atenta en sí mismo contra los derechos de los legítimos propietarios de la tierra y genera una enorme incertidumbre, impactando las estrategias de manejo y uso por parte de la población local.

Los estados con mayor superficie forestal concesionada son Jalisco, Chihuahua, Durango, Sonora y Sinaloa, alcanzando en conjunto 8.4 millones de hectáreas. En los casos de Jalisco, Sonora y Sinaloa la superficie concesionada representa más de 40% de la superficie forestal de cada estado.

Avance imparable

Los medios de vida de cientos de comunidades se verían afectados si las concesiones otorgadas pasaran a una fase de producción. De los 11,843 núcleos agrarios forestales que tiene nuestro país, 4,997, (42%), tienen una fracción de su territorio concesionado, situación que afecta a cerca de 8 millones de hectáreas de los bosques y selvas de propiedad social. En estados como Sinaloa y Jalisco más del 50% de los territorios de propiedad social cubiertos por bosques están concesionados a empresas mineras, indicó.

La organización sostuvo que mineras y gobierno impulsan proyectos mineros sin importar que se vulneren los derechos de las comunidades locales.

“En México hay 12.6 millones de hectáreas bajo aprovechamiento forestal; sin embargo, cerca de 3 millones de hectáreas, es decir, 23% se empalman con concesiones mineras. Los estados con mayor afectación son: Baja California, Coahuila, Baja California Sur, Jalisco y Chihuahua. Existen 72 proyectos mineros que ya están en fase de exploración, desarrollo o explotación en áreas de aprovechamiento forestal maderable”, apuntó.

El análisis subrayó que la minería es “una actividad de alto impacto que representa un enorme riesgo para las comunidades y ejidos forestales de México. Aunque no todas las concesiones tienen un proyecto de explotación inmediato, sí abren la posibilidad de coartar en el mediano o largo plazo los derechos y medios de vida de los campesinos que habitan esos territorios. Los bosques y selvas se conservan gracias al esfuerzo y el trabajo de estos ejidos y comunidades”.

Fuente:https://aristeguinoticias.com/1411/mexico/22-56-de-bosques-y-selvas-concesionado-a-actividades-mineras-ong/

■ Carta de la Tierra aborda cómo cambiar el modelo mental mecanicista a uno más humano

■ Representante dijo que no se exige una modificación legal, sino que se hacen llamados éticos

“Estamos en una línea muy delicada, muy vulnerable; entre la responsabilidad y la negligencia, porque vivimos una crisis de nuestra civilización”.

Así expuso la disyuntiva actual, Mateo Alfredo Castillo Ceja, representante en México para la iniciativa Internacional de la Carta de la Tierra, y miembro del Consejo internacional.

Por un lado hay liderazgos como los de los presidentes de Estados Unidos, Corea, Rusia, Japón o Venezuela que están generando una crisis global en la que una sola decisión es suficiente para lanzar una arma de destrucción masiva, y por el otro, están los más de 8 mil millones de seres humanos en el planeta que “no estamos protegiendo sus recursos naturales o conservando aquello que nos brinda la vida”, explicó.

Propuesto de esta manera el presente y futuro humanos, comentó que no sabe cuál de las opciones es más peligrosa, pero aseguró que no hay todavía la conciencia suficiente para transformar la manera en la que se están haciendo las cosas y el cómo “nos tratamos”  como seres humanos.

“Porque no tenemos un diálogo con el planeta, no tenemos un diálogo con nosotros mismos”.

La experiencia más cercana del ser humano con la naturaleza es el propio cuerpo, y si éste representa al planeta, porque de él depende el aire, el agua y los recursos minerales así como los procesos que se interconectan para generar la vida, no existe la sensibilidad para su protección, sostuvo.

“Desde la Carta de la Tierra lo que nos preocupa es la transformación de la manera de cómo nos tratamos (unos a otros) y cómo estamos abordando las causas para transformar el modelo mental mecanicista, materialista, a un modelo mental mucho más humano”.

Entre los 8 mil millones de seres humanos se encuentran otros liderazgos, los dueños y los directivos  de las empresas mineras, por ejemplo. De ellos se requiere un cambio de actitud, de modelo de pensar.

“Nosotros desde la Carta de la Tierra no exigimos una modificación legal, sino que hacemos llamados éticos”.

Lo que está haciendo la minería no es ético, dañando una población, al ecosistema; esto no contribuye al desarrollo de la regiones y del país, dijo.

“Son heridas que está dejando (la minería extractivista) no solamente en la Tierra sino en los seres humanos, entonces lo que tenemos que hacer es transformar la manera en la que estamos haciendo las cosas a partir de cuatro principios éticos fundamentales: respeto y cuidado de la comunidad y la vida, integridad ecológica, justicia social y económica, y democracia, no violencia y paz”.

Castillo Ceja reiteró que para esto desde su punto de vista, no se requieren modificaciones a la Ley Minera, en este caso de México, sino que se trata de un ejercicio de la voluntad de quienes dirigen las empresas para establecer modelos más empáticos con la naturaleza, ser más responsables con la sociedad, con el entorno y con sus trabajadores.

Dijo que quienes se integran a la iniciativa de la Carta de la Tierra hacen su labor como sociedad civil a nivel internacional, “estamos en todos los países del mundo, nuestro trabajo es construir sociedades más justas, más sostenibles y pacíficas”, apoyados en los 16 principios del documento de carácter universal, que hoy por hoy es el más consensuado entre las naciones.

Mateo Castillo Ceja también apuntó que la explotación minera es una necesidad para el desarrollo de los países, pero a medida que sea más coherente y responsable con el manejo de los recursos naturales y tenga principios de equidad e igualdad, “entonces va a ser una minería que va a contribuir para el desarrollo efectivo del país o de la región, aquella minería que es irresponsable con el medio ambiente, que es irresponsable con sus trabajadores y con el entorno, que no tiene una responsabilidad social, es una minería que no está abonando al crecimiento del país”.

Propuso que la minería tiene que dejar de ser extractivista, “solamente extraer y extraer y llevarse del país -sus riquezas-, no dejar nada; tiene que contribuir al enriquecimiento del ecosistema del que está extrayendo; nosotros no estamos en contra de la minería estamos en contra de los procedimientos que la minería desarrolla para extraer los minerales”.

Dijo entonces que esta actividad debe replantearse y respetar y cuidar tanto a las comunidades como el entorno natural.

“Y tiene que ser una minería justa, sostenible y pacífica, justa social y económicamente, pero también incluyente”, lo que significa incluir a la comunidad en el proceso, que no solamente las empresas se enriquezcan sino también la población.

Observó que los ejemplos históricos conocidos exponen que esta actividad  la empobrece y genera violencia entre las comunidades.

“Hoy por hoy la minería se encuentra vulnerable porque no está incluyendo principios de sustentabilidad. Y es ahí donde la Carta de la Tierra le puede permitir diseñar modelos más sostenibles, más responsables con el entorno”.

Sostuvo que existe la tecnología y formas para su transformación a una minería “más empática con el medio ambiente, más humana, más responsable social, económica ambiental, cultural y políticamente”.

Fuente:http://ljz.mx/2017/11/15/vivimos-una-crisis-de-civilizacion-no-hay-un-dialogo-con-el-planeta-castillo-ceja/

El pozo de donde se surte de agua a los habitantes de la comunidad de El Cubo, está contaminado con polvo de los Jales, desechos del proceso de separación de los metales, que genera la minera canadiense Endeavour Silver.

Lo anterior lo constató Zona Franca por una visita que se hizo al lugar, la que se realizó por una denuncia que hicieron Angélica Olguín y Víctor Larios, militantes de MORENA, quienes proporcionaron videos en los que se evidencia la contaminación del pozo.

Los activistas pretendían que sus nombres no se publiquen, porque no quieren que el problema se politice, sino que se dé una solución a los vecinos de la comunidad; los habitantes de El Cubo han denunciado lo que sucede a otros partidos políticos, PAN, PRI y PRD, buscando apoyo y no ha servido de nada.

Lo que es cierto es la contaminación del pozo, al que se visitó guiado por una mujer vecina de la comunidad, quien pidió que no se publicara su nombre, aunque aceptó que se tomara un video en el que se queja de los daños que ha estado causando la minera canadiense a la comunidad y de la falta de apoyo del gobierno.

“La gente de la minera ha aceptado que el pozo está contaminado con jales, pero dicen que no pasa nada, que el polvo no es contaminante, que no hace daño, eso es lo que nos han dicho”, señaló la señora, quien contó que ella nació en El Cubo y que toda su vida la ha pasado en el pueblo del que dice, le parece un pueblo mágico.

“Cuando sopla el viento fuerte levanta los jales, el polvo de la presa de jales e inunda el pueblo, además de que contamina el pozo, la ropa, los trastes, todo se llena de polvo, en los meses que hay ventarrones quedamos todos tiznados por el polvo”, señaló la mujer quien comentó que ella cree que deberían de buscar el apoyo de alguna organización de lucha como Antorcha Campesina, para hacer que los dueños de la minera atiendan los problemas que generan.

El pozo que surte a la población está a unos metros de la presa de jales, en la que se estuvo descargando desperdicio de la actividad minera hasta los primeros meses del año, lo que se habría suspendido después de una denuncia que presentó Alberto Silva, presidente de la Asociación Civil Renacimiento del Mineral del Cubo Pueblo Mágico, ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, pues esa actividad se estaba realizando sin contar con el permiso correspondiente.

Fuente:http://noalamina.org/latinoamerica/mexico/item/37850-minera-endeavour-silver-contamina-pozo-en-el-cubo-y-pretende-reubicar-el-pueblo

A pesar que el Servicio Geológico Mexicano ha dado a conocer que en Chiapas, más de un millón 125 mil hectáreas están concesionadas para la explotación minera, el delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, informó que no existe la minería en Chiapas.

El funcionario federal fue cuestionado sobre el informe trimestral que publicó el INEGI, el cual indica que la actividad minera repuntó en un 10 por ciento, sin embargo desmintió dicha información.

Actualmente el valor de la producción minera en la entidad, supera los 696 millones de pesos al año, lo que representa una participación del 0.25 por ciento del valor total nacional.

Según los observadores canadienses que acompañan a la organización REMA, Chiapas explota ámbar lateritas, caliza, cuarzo, barita, cobre, plomo, zinc, zhanghengita, oro, hierro, titanio, arcilla, arena, caliza y azufre, entre otros, y genera una derrama económica por más de dos mil millones de pesos al año.

A pesar de que las comunidades cercanas a la zona de explotación de la empresa canadiense Blackfire lograron su salida, la empresa Brigus Gold Corp, también de origen canadiense, opera en el municipio de Ixhuatán donde cuenta con un permiso de exploración de oro.

Fuente:https://www.meganoticias.mx/tuxtla-gutierrez/ultimo-minuto-tuxtla-gutierrez/61008-niega-semarnat-practicas-mineras-en-chiapas.html

Huauchinango, Puebla.Indígenas de la Sierra Norte de Puebla denunciaron ante la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas, las violaciones a derechos humanos y la imposición de proyectos que amenazan la vida de sus territorios.

Miembros del Consejo Tiyat-Tlali denunciaron ante la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas, las violaciones a los derechos humanos que se han cometido por la imposición de megaproyectos y le pidieron que conmine al Estado mexicano a cumplir su obligación de respetarlos y garantizar su vigencia.

Para dar la bienvenida a la funcionaria del organismo internacional, Victoria Tauli-Corpuz, que realiza una visita oficial, los indígenas de la Sierra Norte de Puebla señalaron que tras la aprobación de la Reforma Energética se han incrementado los conflictos sociales especialmente en territorio de los pueblos originarios a los que se pretende despojar de sus bienes naturales.

A partir del 2011, precisaron, en la región se empezó a identificar una alta concentración de proyectos extractivos: “minería, hasta diciembre del 2016, la Secretaría de Economía había otorgado 189 títulos de concesiones mineras en la región, lo que equivale a 372 mil 408 hectáreas, la mayor parte de capital canadiense, de los cuales el más avanzado es el proyecto minero a cielo abierto de la canadiense Almaden Minerals en el municipio de Ixtacamaxtitlán”.

Apuntaron que también la minería no metálica ha causado fuertes impactos por la extracción de feldespatos en la región de Zacatlán por parte de la empresa Materias Primas de Ahuazotepec, filial de la empresa Belga, Sibelco.

Además las hidroeléctricas proyectadas en las cuencas de los ríos Zempoala, Ateno, Apulco y Ajajalpan, que cruzan la Sierra Norte de Puebla, suman 14 y se sabe que generarán energía para empresas privadas, “como es el caso que el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 que pretende generar electricidad para Walmart.

Mientras que al menos 35 municipios de la región, están amenazados por la extracción de hidrocarburos; y se pretende construir obras complementarias como líneas de alta tensión o gasoductos como el instalado por la empresa Gasomex o el gasoducto “Tuxpan-Tula” a cargo de TransCanada y que transportará 886 millones de pies cúbicos diarios de gas extraído con fracking desde Texas, en los Estados Unidos.

Aunque reconocieron que los proyectos se encuentran en etapa inicial o de evaluación, si se concretan habrá una desplazamiento de los habitantes de los pueblos indígenas, además de devastación ambiental, social y cultural, y los únicos beneficiaros serán “empresas privadas, que no busca solventar las necesidades de las comunidades, sino seguir ensanchando sus bolsillos a costa de los campesinos e indígenas en esta región”.

Tras indicar que en la Sierra Norte hay un movimiento de resistencia pacífica a estos proyectos, denunciaron que la respuesta gubernamental y empresarial a la defensa de sus derechos ha sido la criminalización de los indígenas por ejercer su derecho al territorio y a la libre determinación, derechos reconocidos en la constitución mexicana y en tratados internacionales.

Por ello pidieron a la Relatora de la ONU su intervención y que recomiende al gobierno mexicano que cumpla con su obligación de respetar y proteger y los derechos de los pueblos indígenas amenazados por los proyectos de la industria extractiva.

Fuente:https://regeneracion.mx/gobierno-mexicano-viola-los-derechos-indigenas-denuncian-ante-la-onu/

Están inspirados en las ZEE instaladas en Asia: especialmente en China. En ese país el Partido Comunista abrió desde los años noventa a la inversión extranjera grandes zonas de China continental: especialmente el gran polo industrial de Guandong en la que opera la Foxconn. Las ZEE hicieron que la bucólica y campesina China se convirtiera en un país de megalópolis.

La novedades económicas de las ZEE son varias: se evitará a quienes inviertan el pago del ISR en 10 años, se construirán polos de capacitación de universidades públicas para la industria, se harán reducción de pagos fiscales de los inversores​, se permitirá que las empresas hagan uso exclusivo de la zona y de la fauna de la región y se garantiza una mano de obra barata en cada región a explorar y el gobierno se reserva el derecho de expropiación de terrenos para estos polos. Prácticamente es un regalo: ¿Qué empresa podría negarse a este trato?

Plan estratégico de despojo imperialista a comunidades indígenas

En el mapa de las ZEE México considera que serán prioritarias los Estados de mayor “rezago”. Dicen que dan prioridad a Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla y Guerrero.

Guerrero es sintomático. Es un estado con altos niveles de inversión de las mineras canadienses y del narcotráfico. En distintos medios se destacó recientemente la colaboración del narcotráfico y las grandes mineras.

Los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz son los de mayor composición indígena del país. En ellos se busca implementar planes de inversión furtiva en principio ejidales o comunales es ahí donde se concentra el EZLN y el CNI.

El gobierno federal quiere liquidar a la comunidad indígena y convertirla en un espacio de acumulación capitalista. Textileras, metalmecánicos, químicos, petroquímicos, plásticos son las ramas que se instalarán en la zona.

De los 53 proyectos hay 4 lugares que concentran la inversión:

1-Puerto Lázaro Cárdenas, en Michoacán y Guerrero -dedicada ahora a la producción de minerales y transportes.
2-Corredor Interoceánico de Tehuantepec, que incluye Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca
3-Puerto Chiapas, Chiapas -hoy especializado en exportación agroalimentaria.
4-Corredor Coatzacoalcos-Tabasco-Campeche.

Resistencias: en defensa de la vida

En Oaxaca, en Ixtepec, 8 mil 150 hectáreas que el gobierno federal de Felipe Calderón concesionó a las empresas mineras Plata Real -filial de la estadounidense Sunshine Mining and Refining-; y a la japonesa Dowa, como parte del corredor minero de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) están en disputa.