COMUNICADO

14 de febrero de 2018

A la población en general
El pasado 8 de febrero del año en curso el Subsecretario de inería Mario Cantú Suárez en el marco del evento
“México Mining Forum”, señaló que a raíz del impacto que ha generado el crimen organizado en la industria
minera que ha derivado en pérdidas de la producción del sector y en la reducción de inversiones de empresas
mineras afiliadas a la Cámara Minera de México, las autoridades mexicanas han establecido estrategias para
garantizar la seguridad de las minas en el país.
Ante las declaraciones descontextualizadas e imprudentes del subsecretario que intenta victimizar y poner como
un sector vulnerable a la minería, as y los integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería
desaprobamos las declaraciones y reafirmamos categóricamente que:
La minería en México no sólo explota los bienes naturales de poblaciones indígenas y campesinas de una
manera insostenible y violentando leyes y derechos, sino que las empresas mineras han incorporado como una
de sus estrategias aliarse precisamente con el crimen organizado. El vínculo se ha evidenciado en numerosas
ocasiones e incluso hay declaraciones de gerentes de las empresas afirmando su relación con los criminales,
para coaccionar, lavar dinero y desplazar o asesinar a población en contra de la explotación y sus efectos (véase
http://www.jornada.unam.mx/2017/05/09/opinion/017a2pol).
2. Las estrategias de seguridad que brinda el gobierno mexicano a través de la protección que da la Policía
Federal y la Gendarmería Nacional a las minas, en lugar de proteger a los territorios amenazados, refleja la
complicidad existente entre el gobierno, el crimen organizado y las empresas mineras que operan al unísono para
concesionar y explotar territorios que no sólo serán víctimas de las afectaciones a la salud y ambientales sino de
vivir la violencia directa que derivará en el abandono de sus tierras o la pérdida de la vida.
https://suracapulco.mx/impreso/2/resguardan 70 gendarmes federales la entrada media luna informa mando
policiaco/
3. Declaraciones de esta naturaleza, sólo muestran la falta de escrúpulos de las autoridades mexicanas que
priorizan la inversión minera por sobre la política social y en consecuencia actúan en contra de la vida de
poblaciones indígenas y campesinas.

ALTO A LA VICTIMIZACIÓN DE LAS NARCOMINERAS
ALTO A LA COMPLICIDAD ENTRE GOBIERNO, MINERAS Y CRIMEN ORGANIZADO
TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA YA
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERA
(REMA)

SAÚL ORTEGA Y MIRIAM SERRANO/NTRZACATECAS.COM 12-02-2018
Desde la entrada norte hasta la cabecera municipal, por la vieja carretera que conduce de Concepción a Oro a Mazapil, es posible ver un pueblo devorado por el tajo de la mina de oro más grande de Latinoamérica.
Los cerros de los desechos mineros llegan hasta donde la vista alcanza: enfrente sólo hay un paisaje devastado por las máquinas dedicadas a la extracción de oro, que acabaron con 6 mil hectáreas del semidesierto zacatecano.
A poco más de una década de la llegada de la minera Peñasquito, propiedad de la empresa canadiense Goldcorp, las calles de la cabecera de Mazapil lucen vacías y con casas derrumbadas.
Al menos una docena de restaurantes se encuentran abandonados. En el centro de la plaza se yergue la iglesia y, al costado, un par de columpios se mecen con el viento, junto a otros pocos juegos infantiles que poco uso reciben.
Unos metros después está la presidencia municipal y el único cajero automático de Mazapil, donde una fila de hombres y mujeres esperan su turno para retirar dinero.
Dentro del ayuntamiento, la mayoría de las oficinas se encuentran cerradas. Unas cuantas personas esperan en la recepción al alcalde Gregorio Macías Zuñiga, quien, de acuerdo con quienes lo aguardan, es raro que asista a sus oficinas.

En el olvido
El camino de terracería sigue hasta convertirse en una carretera de dos carriles que conduce a la comunidad de Nuevo Peñasquito, otro pueblo fantasma, al igual que la cabecera municipal.
El centro comunitario de salud que presuntamente operará el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está abandonado. En su interior hay varias sillas y un escritorio cubiertos de polvo.
También está una tienda de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) recién remodelada, con una placa que indica que fue inaugurada en diciembre de 2017; sin embargo, los comuneros afirman que no han ido las autoridades a ponerla en servicio.
María Guadalupe, quien vivió en la desaparecida comunidad Peñasquito, asegura que ésa no es la única promesa incumplida por la minera.
Con tristeza pasea la vista por la calle y recuerda que los directivos de la compañía prometieron que las calles de la nueva comunidad serían pavimentadas. “Ahora mire: ni eso, todo está sin pavimento y lleno de polvo”.
La mujer clava la vista en un solitario árbol de durazno y lamenta: “no nos dejaron traer nada. Allá tenía una nopalera muy bonita, pero ni un nopalito nos dejaron traer, nomás vimos cómo los arrancaron las máquinas”.
La tristeza es común en Nuevo Peñasco. Sólo quienes llegaron años después cuentan con el beneficio de tener alumbrado en sus calles y una vivienda digna, bien construida.
“Cuando nos trajeron a ver las casas pues se veían muy bonitas, bien pintadas, pero ahora tienen goteras y cuando llueve se mete por todos lados el agua”, agrega María mientras señala las grietas de su hogar.
A una cuadra habita otra familia que perdió la casa de adobe que tenía en Peñasquito. Ahí María Juana, recargada sobre los barrotes de su portón, recuerda que su anterior hogar era fresco y no tenía problema alguno.
“En esta casa tenemos que lidiar con la falta de agua y que está toda agrietada, con muchas goteras”, lamentó María Juana.
Supuestamente, la minera les entrega 200 mil pesos anuales para compensar la pérdida de sus tierras, pero los habitantes de la nueva comunidad desmintieron a la empresa.
“Dizque nos dan 20 mil pesos mensuales. ¡Bueno fuera! Así ni siquiera tendríamos de que quejarnos. No nos dan ni un peso”, sentenció María Guadalupe.
Ambas mujeres dicen que la única promesa que tienen es que Goldcorp arreglaría las casas que se les entregaron para evitar las goteras, pero eso se les prometió desde hace más de seis meses. Ahora la compañía presume que las reparaciones comenzarán en marzo.
“Dicen que de una en una, porque no pueden hacer todo al mismo tiempo”, reprocha María Juana.
Las dos Marías evitan ver hacia donde está el tajo de la mina: “si miro para allá, me desmayo, porque no queda nada”, explica con melancolía Guadalupe.

Sin respuestas
Aun cuando el presidente municipal de Mazapil conoce las necesidades de la comunidad Nuevo Peñasquito, no tiene respuestas para sus habitantes y reconoció, en entrevista con NTR Medios de Comunicación, que no existe un proyecto para mejorar sus condiciones de vida.
Gregorio Macías señaló que la minera sólo realizó algunos proyectos para mejorar las condiciones de tramos carreteros, pero hasta la fecha no se han formalizado.
Aceptó, además, que se carece de estudios sobre los efectos que tienen las presas de jales en la población de las comunidades aledañas.
Macías Zúñiga aseguró que, en coordinación con Goldcorp, se realizan instalaciones de agua potable, drenaje, pavimentación de calles en al menos 20 comunidades cercanas a la mina.
Sin embargo, aceptó que la compañía canadiense ha quedado mal a los ejidos. “Hemos intervenido para que se cumplan estos compromisos, tuvimos una reunión para que la minera llegue a acuerdos para cumplir con todo lo prometido”, excusó.
Un ejemplo de las fallas es la construcción de un nuevo centro de salud, pues a pesar de que el ayuntamiento donó el terreno donde se edificaría, la empresa no concretó su compromiso y, varias administraciones después, el tema de diluyó.

Afectados
Los problemas de salud, principalmente afectaciones en la piel e infecciones de ojos, han aumentado desde la llegada de la minera, pero la situación de las poblaciones aledañas puede ser más grave.
Personal médico del lugar expuso que las enfermedades se intensifican durante la temporada de estiaje, “porque es cuando los jales están secos y se levantan fuertes polvaredas”.
Los trabajadores del antiguo Centro de Salud lamentaron que a la fecha no exista un estudio sobre el impacto que tienen los desechos mineros en la población de Mazapil.
Por otro lado, Eduardo Manzanares Acuña, doctor en Ciencias e investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), alertó de que los riegos son mayores, “porque los residuos de las presas siempre contienen metales pesados que afectan a nivel del ADN”.
Una de las consecuencias del daño es que los niños del lugar nazcan con retraso mental y no puedan desarrollarse de manera adecuada.
Los más vulnerables son los menores de cinco años, porque “su principal contacto de juego es con el suelo, con la tierra y no existe la cultura de lavarles las manos constantemente”.
“Esta situación lleva a que los niños ingieran los metales pesados que contiene la tierra que llevan en sus manos”, advirtió el especialista en temas ambientales relacionados con la minería.
A estos problemas de salud se suma un incremento en la incidencia de enfermedades de la garganta y, en general, de las vías respiratorias.
Manzanares Acuña recalcó que es necesario realizar un estudio de los desechos para determinar el grado de riesgo que corre la población que vive a 200 kilómetros a la redonda de la mina, según los metales pesados que se encuentren. “Lo malo es que no dejan tomar muestras de los jales”, lamentó.
Reprochó que a nadie le importe esta situación, porque no se considera que, al estar los desechos de la mina a cielo abierto, toda la gente de la región del semidesierto sufrirá los efectos en su salud.

Pocas ventas
La señora Nelly es comerciante, dueña de una tienda que está a un costado de la parroquia. El negocio se lo heredó su abuelo, y, aunque casi no hay gente en el pueblo, vende “de a poquito”.
Ésta es de las pocas tiendas que están abiertas en Mazapil ante la falta de clientela. En un esfuerzo de mantener el sustento para su familia, Nelly remodeló su establecimiento y trata de abastecerlo lo mejor posible.
Atrás del mostrador, con una sonrisa forzada reconoce que los beneficios traídos por la minera son pocos y el empleo no es uno de ellos.
Refiere que lo que hace la compañía es proponer a las personas que se capaciten para montar un taller u otro tipo de empresa familiar, en la que los interesados deben invertir 50 por ciento de lo requerido.
Al preguntarle por qué su esposo no trabaja en la minera, la señora Nelly dijo que es muy difícil entrar; “el sindicato es el que decide ese tipo de cosas y sólo que haya algún hermano o pariente adentro es más fácil, de lo contrario no se puede”, explica.

Apoyo insuficiente
“La gente no se deja ayudar. Piden ayuda y se les da, pero no es la que esperan”, asegura Rafael Tiscareño Rivera, párroco de la iglesia de San Gregorio Magno, ubicada en la cabecera municipal.
Con voz muy baja, como si tuviera temor de ser escuchado, el religioso sostiene que la instalación de la minera Peñasquito trae beneficios a la población, “aunque no los esperados”.
Añade que Goldcorp otorgó fuentes de empleo; sin embargo, “desafortunadamente, la mayoría de las personas que trabajan ahí son de fuera y sólo muy pocos lugareños prestan sus servicios a esta trasnacional”.
De pie en el recibidor de su casa, como si tuviera prisa por terminar la entrevista, insiste en que los pobladores reciben algunos apoyos, “pero no los que ellos esperan, pues no se esfuerzan por mejorar y, aunque la empresa minera ha impulsado algunos proyectos, la gente no muestra interés en ellos”.
Otro aspecto que destaca el párroco es la inequidad con la que la empresa apoya a las localidades, pues reprochó que mientras en algunas construyeron carreteras o instalaron servicios básicos, “son las menos, pues el resto se encuentra en total abandono”.

Lucha apagada
Lauro Herrera Hernández, representante de los ejidatarios de Mazapil y presidente de la comisión reguladora, critica que, a pesar de que el gobierno estatal y la minera conocen los problemas ecológicos, “nadie hace nada para repararlos”.
Bajo la sombra de uno de los pocos árboles que hay al pie de la carretera que conduce la comunidad Cedros, Herrera Hernández se dice cansado de ver cómo se destruye el entorno y de denunciarlo.
El hombre tiene más de una década en la defensa del medio ambiente. Es consciente de que, durante la temporada de estiaje, el polvo que levanta el viento desde los jales afecta al menos a unas 450 familias de los ejidos de Mazapil, Cedros, Nuevo Peñasquito, Palmas y Mesas.
“Se hacen grandes nubes de polvo que tapan el cielo. Suponemos que le hace daño a la gente, pero nadie nos dice nada”, advirtió Herrera Hernández.
Coincide con médicos e investigadores en que urge realizar un estudio entre la gente de estas localidades para determinar si su salud está afectada; “los de la mina dicen que ya lo hicieron, pero nunca dan a conocer los resultados”, mencionó.
Este problema se agravó cuando la mina comenzó a expandirse para tirar los jales, pues “el acuerdo era por la explotación de 5 mil 200 hectáreas, pero invadieron más de mil 200”.
La expansión trae consigo otro consigo otro conflicto que es el del acaparamiento de la superficie, que reclaman los ejidatarios. “Todo eso que se extendieron no está en los convenios que firmamos originalmente y ahora no quieren responder por toda esa tierra”, recriminó el representante de los comuneros.

A medias
El albergue estudiantil del plantel del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) está en pésimas condiciones. Mejorar este espacio fue otro de los compromisos que Goldcorp incumplió.
Los jóvenes que acuden a esta institución duermen hacinados y entre mal olor de los baños que carecen de puertas. También hay un área de regaderas, donde sólo se ven los tubos que sobresalen de la pared, pues carece de divisiones para dar privacidad a los muchachos mientras se bañan.
La directora del plantel, Yurilia Juárez Juárez, informó que el compromiso de la minera era concluir la construcción del albergue, que quedó en sólo una nave de dormitorios y una bodega donde pernoctan 90 jóvenes, hombres y mujeres.
En ambos dormitorios las literas están convertidas en un laberinto que, en caso de una emergencia, muy probablemente se convertiría en una trampa imposible de sortear.
En el área de mujeres, la señora Rosita cuida que las estudiantes mantengan limpio el espacio, aunque la única diferencia con el dormitorio varonil es que las camas están tendidas. El hacinamiento vuelve claustrofóbico el lugar.
La directora del plantel explicó que minera Peñasquito aportó 8 millones de pesos para la obra del albergue y la adquisición de equipo para los talleres. A pesar de que se tiene el terreno para continuar la construcción, la escuela se quedó sólo con la promesa de que se les daría lo necesario para terminar.
Respecto al mantenimiento del lugar, Juárez Juárez dijo que los alumnos pagan 50 pesos por semana, lo que les permite pernoctar ahí y acceder a tres comidas al día.
“El recurso es insuficiente, la presidencia apoya con las tortillas diariamente y el resto lo asume la institución”.

Ocultos
En reiteradas ocasiones, NTR intentó establecer contacto con representantes de Goldcorp. Se buscó a Nelson Núñez, gerente de Sustentabilidad, y a Carlos Acevedo, coordinador de Relaciones Públicas, para conocer su postura sobre los problemas en las comunidades.
La respuesta de los directivos fue contundente: “todo tema a tratar será a través de Relaciones Interinstitucionales, con Doris Liliana Vega Pérez”.
Sin embargo, este medio también la buscó ella y no se obtuvo respuesta. NTR visitó las instalaciones de la minera y, pese a que se comprometieron a que se concedería una cita, la responsable de Relaciones Institucionales no atendió al medio.
En contraste, Vega Pérez ha otorgado entrevistas a revistas de sociales, en las que se presenta como una mujer exitosa en el mundo de la minera, con una tendencia al culto a su persona. Presuntamente, estas publicaciones fueron pagadas por ella misma o por la empresa.
Este tipo de entrevistas fueron reproducidas en un sinnúmero de artículos a nivel local, en los que se contrata un gran espacio para informar los logros de la representante de Goldcorp, en la esfera en la que se desenvuelve, con autopromoción de su imagen.
En estas publicaciones muy poco o nada se informa sobre los avances, beneficios y/o afectaciones que ha obtenido la comunidad desde la instalación de minera Peñasquito en Mazapil.
Sólo de vez en cuando se envían algunos boletines de prensa con supuestos beneficios que otorga la empresa a la población, sobre todo cuando se registran manifestaciones de los ejidatarios, transportistas y hasta proveedores.
Además, el silencio, la cerrazón y el hermetismo forma parte de la política de la empresa hacia los medios de comunicación, el área dirigida por Doris Liliana Vega.

Se acaba el agua
Los problemas para Mazapil van en aumento. De acuerdo con el académico Federico Guzmán López, la minera Goldcorp es la que mayor volumen de agua concesionada tiene en la entidad.
El experto en el tema mencionó que la minera canadiense extrae en promedio cerca de 43 millones de metros cúbicos de agua anualmente.
En total, todas las industrias mineras establecidas en la entidad explotan al año, para sus procesos de beneficio, el agua suficiente como para abastecer a casi toda la población de Zacatecas, pero del total, tres cuartas partes son utilizadas por Goldcorp.
Guzmán López agregó que el mayor volumen de extracción por parte de la empresa es en Mazapil.
“Se documentó que de los 43.9 millones de metros cúbicos que extraen por año, sería posible dotar de agua a un millón 202 mil 773 personas, lo que equivale a 80.68 por ciento de la población del estado”, mencionó el universitario.
Ante tal situación, el especialista advierte que esto llevará a Zacatecas a tener un desabasto de agua en esta región en un promedio de 25 años, de acuerdo con análisis del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
Esto se debe a que la sobreexplotación de los mantos acuíferos genera un déficit hídrico de hasta 299 metros cúbicos de agua.

Sólo foráneos
El mayor reclamo de la población de Mazapil es la falta de empleos, pues una de las principales promesas de Goldcorp fue que dotaría de empleos a los habitantes del municipio. Nada más lejos de la realidad.
La directora del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez) revela que los egresados, aunque adquieren el conocimiento necesario para realizar distintos trabajos en la mina, “no son contratados, entonces los jóvenes buscan en otras empresas, donde el salario no es tan bueno”.
Estas compañías son las que subcontrata la minera para realizar trabajos fuera del tajo y los empleos que otorgan “principalmente son para la reparación de motores a diésel”.
Los habitantes de Mazapil explicaron que la empresa “trae gente de Coahuila, Chihuahua, Monterrey, Durango y de la capital del estado… pero a la gente de aquí no nos contratan”.
De acuerdo con especialistas en el tema, la planta laboral de la mina Peñasquito se compone en su mayoría por personal que la compañía contrata en otros estados y deja sin oportunidades laborales a los habitantes de Mazapil.
La realidad aplasta cualquier discurso, aunque la empresa presume en su página web que 80 por ciento de los empleados y proveedores se contratan de manera local y regional.
Una prueba más de la falta de oportunidades son los fraccionamientos que se encuentran en las entradas al pueblo. Las casas nuevas quedaron en total abandono, fracasó el proyecto que hace más de cuatro años impulsó una constructora de Monclova, Coahuila, que estimaba que los trabajadores de la minera contrataran las viviendas créditos Infonavit.
Ahora en el lugar se encuentra un velador, quien “cuida” que las pocas casas no sufran destrozos, pero ello no ha impedido que el paso del tiempo y las inclemencias climáticas hagan lo suyo. Hoy los inmuebles lucen desgastados.
Existen por lo menos 20 viviendas edificadas en el lugar y, aunque el terreno se encuentra totalmente fraccionado y listo para las conexiones de los servicios básicos, la empresa decidió no continuar la construcción.
En cambio, la mayoría de los trabajadores viven en el centro habitacional que les proporciona la minera. Laboran 15 días ininterrumpidos por una semana de descanso, tiempo que utilizan para regresar a sus hogares, que no están en Mazapil, sino en otros lugares, por lo tanto, no hay consumo en las comunidades y la economía se encuentra estancada.

Más conflictos
La minera no trajo ni prosperidad ni desarrollo al municipio, por lo que los habitantes del lugar reprochan que la falta de fuentes de trabajo es muy alta, al igual que la contaminación, la devastación de la tierra y las enfermedades.
Desde la cabecera municipal hasta la mina es necesario recorrer un trecho de 10 minutos, la mitad del camino está pavimentado y en las cercanías de la entrada a la excavación es necesario transitar sobre terracería.
Durante el trayecto el paisaje cambia dramáticamente: los cerros de desperdicio de la mina adquieren tonos que van del gris al negro, en otros puntos son color marrón claro.
Por las laderas de estas montañas se ven camiones enormes, con capacidad de 30 toneladas, que suben y bajan para dejar en la cima sus cargamentos de jales.
A lo largo de la carretera existe un constante ir y venir de vehículos procedentes del tajo, pero ninguno para Mazapil: la mayoría van a casas de la comunidad Nuevo Salaverna o bajan directo a Concepción del Oro para realizar compras.
Frente a la entrada principal de la mina, se encuentra un grupo de transportistas zacatecanos, los conductores dicen que es “para presionar a la minera (para que les dé cargas)”, pero desconocen cuánto tiempo deberán permanecer en el lugar para lograr su objetivo.
Los líderes sindicales buscan establecer diálogo con la minera que, en diciembre, se comprometió a no realizar más viajes de material hasta llegar a un acuerdo con los transportistas zacatecanos. Otro compromiso que la canadiense no cumplió.

http://ntrzacatecas.com/2018/02/12/acaba-goldcorp-con-mazapil/

Habitantes de las comunidades de Alto Lucero y Actopan, en Veracruz, entregaron a autoridades federales y estatales actas de asamblea en las que asientan su decisión de declararse pueblos libres de megaminería tóxica, amparados por el derecho de autodeterminación de los pueblos y por los convenios internacionales firmados por México.

Las autoridades notificadas son Presidencia de la República, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Economía, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a nivel federal; a nivel estatal se notificó a la Secretaría del Medio Ambiente y al Gobierno del estado.

Los pobladores denunciaron que la Secretaría de Energía ha entregado 21 concesiones de explotación de minerales en su territorio, a partir de las cuales las empresas Candelaria Mining y Almaden Minerals han intentado abrir las minas a cielo abierto conocidas como La Paila (antes Caballo Blanco) y El Cobre.

En octubre de 2017, Candelaria Mining suspendió el proyecto en La Paila pero no lo canceló. Es la segunda vez que un proyecto minero de extracción de oro a cielo abierto se suspende. En 2012, las comunidades pertenecientes a los municipios de Actopan y Alto Lucero se organizaron por primera vez y lograron la suspensión de este plan. Cinco años después, el proyecto fue vendido a otra empresa que decidió impulsarlo de nuevo.

Fuente: http://noalamina.org/latinoamerica/mexico/item/38936-comunidades-veracruzanas-se-declaran-libres-de-mineria

Redacción AN 10/02/2018
José Luis Abarca y organizaciones que acompañan la demanda contra la embajada de Canadá en México recorren oficinas y universidades canadienses para mostrar pruebas.    Por Ángeles Mariscal
MONTREAL, CANADÁ.- La demanda contra la embajada canadiense en México abrió el debate sobre la protección sistemática que ha dado la diplomacia de ese país a empresas que poseen concesiones mineras en México, a pesar de las denuncias por contaminación y violación a los derechos de los pueblos que son dueños de la tierra donde se encuentran los yacimientos.

No se trata de protección o encubrimiento ocasional, sino acciones continúas que demuestran que “la embajada ha hecho suyos los intereses de las empresas”, sostienen las organizaciones sociales demandantes, académicos y activistas de México y Canadá.

Desde el 3 de febrero, José Luis Abarca, hijo del ambientalista chiapaneco Mariano Abarca Roblero, asesinado el 27 de noviembre de 2009 por oponerse a la minera Blackfire, recorre varias ciudades de Canadá para presentar ante ciudadanos de este país y sus autoridades los argumentos que sostienen la primera demanda formal que se presenta contra la diplomacia canadiense en México.

El joven es acompañado por integrantes de las organizaciones Mining Watch, la Red de Méxicanos Afectados por la Minería (Rema), Otros Mundos Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, y el Proyecto Justicia para la Integridad Corporativa de la Universidad de York, que son también partes demandantes.

La primera parada fue en las oficinas del Comisionado para Integridad de la Administración Pública de Canadá, donde se presentó la demanda. Esa institución tiene la función de investigar casos de conductas deshonestas de los servidores públicos canadienses.

En esa oficina, los familiares de Roblero y organizaciones demandantes presentaron argumentos y evidencias documentales que muestran que la diplomacia canadiense violentó las políticas del gobierno de Canadá al apoyar a la empresa Blackfire Exploration para imponer la operación de una mina en la comunidad de Chicomuselo, en Chiapas y que esas acciones desembocaron en el homicidio de Abarca Roblero, quien tres meses antes de su muerte había solicitado directamente la atención de la embajada en su sede en la Ciudad de México, pero fue ignorado.

Representantes del Comisionado recibieron la demanda e informaron que tienen 90 días para analizarla y decidir si investigarán el hecho.

Homicidios, desplazamientos, contaminación y envenenamiento

En los días consecutivos a la entrega de la demanda, la delegación mexicana y organizaciones canadienses que acompañan a Abarca tuvieron reuniones con estudiantes de diversas universidades, que organizaron foros a donde también acudieron otros ciudadanos canadienses. También se reunieron con representantes del Poder Legislativo, y directivos de los ministerios de Asuntos Globales y de Comercio Internacional de Canadá

En todas estas reuniones expusieron cómo las empresas mineras canadienses que operan en México han seguido un mismo patrón de conducta para imponer la extracción a pueblos y comunidades que rechazan estas acciones. Estas conductas han dejado una secuela de homicidios, desplazamiento de personas, contaminación medioambiental, enfermedades y muertes por el envenenamiento.

Un caso sobresaliente, señaló Miguel Mijangos, representante de la Rema, es el que enfrenta la comunidad de Carrizalillo, en Guerrero. Ahí le fue concesionado a la empresa Gold Corp la mina de oro más grande que posee México. Gold Corp, detalló Mijangos, “ha violado sistemáticamente los derechos ambientales, a la salud y la vida de las personas. Hoy la mitad de la población de Carrizalillo ha tenido que huir de la región. Lo mismo ha ocurrido en 81 poblados que componen lo que se llama El Cinturón Dorado de Guerrero”, conocido así por sus minas de extracción de oro.

Silencio de la embajada

En cada una de las reuniones y foros, la delegación que acompaña la demanda de justicia para Mariano Abarca explicó que uno de los factores que permiten y propician estas violaciones es el apoyo que abiertamente han tenido las empresas mineras por parte de la embajada de Canadá en México.

Y este apoyo ocurre aun cuando la diplomacia canadiense ha recibido peticiones concretas por parte de ciudadanos mexicanos para intervenir contra las violaciones a sus derechos. Por ejemplo el 12 de mayo de 2013, el Movimiento Morelense Contra las Concesiones de Metales Preciosos acudió a la embajada de Canadá en México para solicitar que el órgano diplomático intercediera ante la empresa Almaden Minerals, porque la mina de oro a cielo abierto que tiene en Morelos impactará el sitio arqueológico de Xochicalco; 17 mil campesinos de la región respaldaron la solicitud. Pero tras recibirla, la embajada no dio ninguna respuesta a los peticionarios y el proyecto de extracción sigue en puerta

El apoyo de la embajada canadiense a las empresas mineras ha pasado de ignorar las peticiones de la población afectada, hacer cabildeo político a su favor y brindar asesoría jurídica, hasta cometer actos que de manera evidente violan los preceptos éticos y administrativos que las leyes de su país les exigen.

Un caso que se comprobó con documentación obtenida de los ministerios de Asuntos Globales y de Comercio Internacional de Canadá –vía solicitudes de acceso a la información- señala que en 2012 la embajada canadiense entregó documentación privada de pobladores del ejido La Sierrita, de Durango, a la minera Excellon Resourses y su equipo legal, para que la empresa defendiera sus intereses en la demanda que enfrentaba la empresa.

Luego de analizar esos patrones de conducta, y en el caso particular de Abarca Roblero, la conclusión es que “la embajada ha hecho suyos los intereses de las empresas, y actúa en consecuencia”, señaló Miguel Ángel de los Santos, abogado de la familia Abarca y titular del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades de la UNACH.

En el caso de Blackfire –dijo- la embajada Canadá en México tuvo conocimiento a tiempo y de manera suficiente sobre las actividades que realizaba la empresa y decidió continuar su apoyo, omitiendo el dar a conocer a las autoridades de su país los actos de corrupción. Su apoyo a la minera comprometió la seguridad y la vida del activista.

“La violación a los derechos de los pueblos donde están asentadas las empresas mineras canadienses, y la impunidad con que actúan no puede entenderse sin la protección que reciben de su embajada”, afirmó Miguel Mijangos, de Rema.

Mecanismos de sanción blandos

Las leyes canadienses indican que si el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá encuentra elementos suficientes para iniciar la investigación y comprobar que su diplomacia en México violó las normas del código de conducta que rige el servicio público, e incluso incurrió en otros delitos –como señala la demanda-, tendría que recomendar un procedimiento sancionatorio de sus conductas.

La normatividad señala que, en su caso, el Comisionado presentaría un informe al Parlamento (Poder Legislativo canadiense), el cual puede incluir recomendaciones para tomar medidas correctivas, atender las infracciones y prevenir que vuelvan a suceder actos como el señalado.

Es decir, pese a el logro que significó buscar y encontrar en el caso de Mariano Abarca Roblero, las evidencias para iniciar una demandar ante el Comisionado –un proceso que llevó más de 8 años-, el dictamen al que podría llegar esta institución se enmarca más en sanciones de tipo administrativo.

Por ello, José Luis Abarca y las organizaciones que lo acompañan se reunieron también con representantes de Parlamento canadiense –con los partidos Social Demócrata y la líder del Verde, Elizabeth May-, a quienes plantearon el vacío legal que hay en las leyes canadienses para poder sancionar las conductas de las embajadas, y les pidieron legislar con mayor rigurosidad las conductas de los diplomáticos en el extranjero.

“Hay un problema muy amplio en relación al contexto de violación a los derechos humanos por parte de la embajada, y prácticamente el recurso que tienen para detenerlo es el establecimiento de un mecanismo para interponer quejas o denuncias, cuyos resolutivos quedan en códigos voluntarios de conducta, con poca responsabilidad jurídica, dijo Mijangos.

“Creemos que medidas más fuertes pueden ayudar a disuadir y erradicar conductas violatorias de los derechos humanos y ambientales de las personas donde se encuentran las concesiones mineras”.

¿Un ombusdman para comunidades afectadas por la minería?

Los señalamientos contra las empresas mineras y la diplomacia canadiense no son exclusivos de México. El gobierno de ese país ha recibido denuncias de habitantes de Guatemala, Honduras, EL Salvador, Perú, Chile, Argentina, Filipinas, Colombia, El Congo, Nueva Guinea, entre otros países donde empresas de Canadá explotan minas.

Un día después de que se presentó la denuncia, directivos de los ministerios de Asuntos Globales y de Comercio Internacional de Canadá -encargados de las políticas de comercio y de relaciones internacionales- aceptaron recibir a representantes de la familia Abarca. A la reunión llegaron una docena de representantes de la División de Políticas Públicas y Relaciones Internacionales de Norteamérica; de la División de Planificación y Cooperación de Comercio Internacional y Prácticas Empresariales Responsables; de Programas Comerciales de Norteamérica; representativas del Punto de Contacto Nacional de Canadá para la administración de las directrices de la OCDE para empresas multinacionales; y de la oficina del Consejero de Responsabilidad Social Empresarial para el Sector Extractivo.

Jen Moore, de Mining Watch, y Miguel Mijangos, de Rema, plantearon nuevamente la situación ante los directivos, quienes respondieron que asistían a la reunión solo para escuchar, pero que ya habían “tomando medidas” para atender demandas como las de México y el resto de los países donde empresarios de Canadá tienen minas.

Se trata –dijeron- de la creación de un Defensor del Pueblo Canadiense para Negocios Responsables, un ombudsman que, señala la normatividad que lo regiría, “emitirá recomendaciones no vinculantes (no obligatorias) frente las empresas, sobre la posible suspensión de servicios gubernamentales –como financiamiento y apoyo diplomático- y sobre posibles cambios en las leyes y las políticas canadienses”.

Los funcionarios entregaron a Moore y Mijangos el boletín de prensa que el 17 de enero pasado habían dado a medios de comunicación, cuando hicieron pública la nueva figura administrativa, que al momento no ha sido creada formalmente.

En reuniones posteriores a ese encuentro, ante con organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos de Canadá, Mijangos analizó los alcances de esa nueva figura administrativa canadiense: “Todos los ombudsman actúan con acciones tenues y recomendaciones que generalmente no se atienden, porque las instituciones de gobierno no están obligadas a hacerlo. La prueba son los relatores de la ONU, que hacen recomendaciones a los gobiernos, sin que con ello se detengan las violaciones a los derechos de las personas”.

Sin embargo, frente al tamaño y la gravedad de las violaciones que cometen las empresas extractivas canadienses, “no queremos una ventanilla de quejas, queremos una ventanilla con dientes y que los responsables sean llevados ante la justicia”, sostuvo el activista.

https://m.aristeguinoticias.com/1002/mundo/encubrimiento-sistematico-de-canada-a-violaciones-legales-de-sus-mineras-activistas/?utm_source=OneSignal&utm_medium=PushNotification&utm_campaign=Notificaciones

Comunicado de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) – Xalapa, Veracruz, a 7 de febrero 2018
Asambleas agrarias y populares presentan citas por medio de las cuales se declaran como territorios libres de megaminería.
Manifiestan a autoridades estatales y federales la decision autónoma de no permitir actividades que pongan en riesgo la vida, la salud y el medio ambiente.
Establecen que la libre autodeterminación se encuentra plenamente respaldada en el derecho agrario y los convenios internacionales firmados por México.
Este miércoles 7 de febrero de 2018, habitantes de los municipios de Alto Lucero y Actopan, Veracruz, manifestaron que entregaron a dependencias del gobierno del estado de Veracruz y del gobierno federal copias de Actas de Asamblea que constatan que los pueblos organizados de múltiples localidades de estos municipios se declaran como “pueblos libres de megaminería tóxica”. Representantes de la Unión Veracruzana de Pueblos Libres de Minería Tóxica (UVPLMT) y el colectivo Pueblos de Veracruz Unidos por la Dignidad y la Vida (PVUDV) – organizaciones que encabezan la defensa del territorio en estos municipios de la región central-costera de Veracruz – declararon que esta decisión se empata en el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, así como la legislación agraria y los convenios firmados y ratificados por México, entre los cuales destaca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“La entrega de las Actas a las dependencias del gobierno federal y estatal es para mantenerles al tanto sobre una decisión que hemos tomado, con plena libertad y autonomía, sobre nuestro territorio (…) para proteger la vida, la salud y el medio ambiente”, dijo Ascención Sánchez Vásquez, quien preside la UVPLMT. “Esperamos que nuestros gobernantes respeten la decisión que hemos tomado.”

La inconformidad de los pobladores de Alto Lucero y Actopan tiene su origen en la entrega, por parte de la Secretaría de Economía del gobierno federal, de veintiún concesiones mineras para realizar actividades de exploración, explotación y beneficio de los minerales del subsuelo. A partir de estas concesiones, las empresas canadienses Candelaria Mining y Almaden Minerals han procurado, desde 2011, desarrollar los proyectos de megaminería por tajo a cielo abierto denominados “La Paila” (antes “Caballo Blanco”) y “El Cobre”, respectivamente.

06/02/2018
Minera canadiense Cuzcatlán, en Oaxaca. Imagen de archivo. Foto María Meléndrez ParadaTuxtla Gtz, Chiapas.
Organizaciones mexicanas y canadienses presentaron una denuncia contra la embajada de Canadá en México por supuestamente incidir en el caso de un líder ecologista que fue asesinado en el sureste de México en medio de protestas contra la minera Blackfire Exploration, informó este martes una ONG.

La denuncia fue presentada el lunes en Ottawa ante el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá (PSIC por sus siglas en inglés), informaron la familia del difunto líder ecologista Mariano Abarca y una de las organizaciones, Otros Mundos, A.C. de Chiapas.

Esta y otras organizaciones, como MiningWatch Canada y el Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL), impulsaron la querella, pidiendo «una investigación sobre las acciones y omisiones de la embajada canadiense en México, mismas que consideran incrementó el peligro que enfrentaron el Sr. Abarca y otros habitantes de Chicomuselo», en el estado de Chiapas.

Abarca fue asesinado en 2009 cuando recibía amenazas por parte de empleados de la minera canadiense Blackfire Exploration.

Documentación obtenida bajo la ley de transparencia en Canadá demuestra «el conocimiento significativo» que tuvo la embajada canadiense sobre el caso, indica el comunicado.

«Mi papá acudió directamente a la embajada canadiense para solicitarles su apoyo, porque él y otros habitantes estaban recibiendo amenazas por parte de empleados de la empresa Blackfire», dijo el hijo del activista, José Luis Abarca, quien viajó a Ottawa para presentar la demanda.

Y poco después, prosiguió «fue arraigado bajo acusaciones falsas hechas por la empresa. La Embajada tuvo conocimiento de todo esto, sin embargo, dio su aval a la empresa, al incidir con autoridades chiapanecas para proteger los intereses de la Blackfire».

En vez de facilitar un diálogo sobre el conflicto minero, la embajada canadiense «prefirió acudir al gobierno estatal de Chiapas solicitándole controlar las protestas», según el comunicado.

«Dada la importancia de la inversión canadiense en el sector minero mexicano, estamos sumamente preocupados sobre el papel que juegan las autoridades canadienses», dijo Libertad Díaz, activista de Otros Mundos A.C. Chiapas.

Días después del asesinato de Abarca, la mina de barita de Blackfire fue clausurada por violaciones ambientales.

«Sin embargo, la embajada seguía respaldando a la empresa, al proporcionarle asesoría para que ésta demandara al Estado mexicano utilizando los términos del Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN)», asegura Otros Mundos.

México ocupa el primer lugar mundial en producción de plata y es el primer destino de inversión en exploración minera en América Latina, según el gobierno.

Muchas de las minas en México son canadienses y varias han estado involucradas en escándalos.

Dos personas murieron en noviembre pasado durante un enfrentamiento cerca de una mina de Torex Gold en Guerrero (sur), un caso que resonó en las negociaciones del TLCAN que están llevando a cabo México, Canadá y Estados Unidos.

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5 Febrero 2018

El 27 de noviembre 2009, el defensor chiapaneco Mariano Abarca Roblero fue asesinado por personas vinculadas a la empresa minera canadiense Blackfire Exploration, por encabezar la resistencia de su pueblo a la mina de barita «La Revancha» en el ejido Grecia, en el municipio de Chicomuselo, Chiapas.

Hoy, a más de ocho años de este crimen, la familia del activista antiminero, miembro fundador de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), tomó un nuevo paso en su búsqueda de justicia en Ottawa, Canadá.

Su hijo, José Luís Abarca, participó en un acto de conmemoración, realizado en frente del famoso Monumento Canadiense a los Derechos Humanos de la ciudad, en homenaje a su padre y a todas la víctimas de los crímenes cometidos por la minería canadiense en América latina. «Mi padre encabezaba la lucha contra el despojo minero en Chicomuselo porque le indignaban los daños al medioambiente que generaba la Blackfire y le indignaba la corrupción de los gobiernos mexicano y canadiense que permitió a la empresa instalarse en el pueblo generando un conflicto social», declaró José Luís Abarca durante el evento.

Lo acompañaban la organización canadiense MiningWatch Canada (Alerta Minera Canadá) y tres organizaciones mexicanas (Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, la REMA y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos de la Universidad Autónoma de Chiapas-UNACH). «El trabajo de Mariano Abarca en Chicomuselo nos ha inspirado y nos continúa inspirando para la defensa del territorio en el estado de Chiapas y en el país para denunciar a la empresas mineras, especialmente las canadienses», expresó Libertad Díaz Vera, integrante de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México y de la REMA.

Después del homenaje, la delegación entró a las oficinas del Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá (PSIC, por sus siglas en inglés), para presentar una denuncia administrativa ante esta institución a nombre de la familia Abarca, MiningWatch Canada, Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, la REMA y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos de la UNACH.

En esta denuncia, los demandantes exigen que se investigue a la Embajada de Canadá en México y su apoyo a las operaciones de la empresa Blackfire Exploration en Chicomuselo. Argumentan que las acciones y omisiones de la Embajada pueden haber contribuido a poner en peligro la vida de Mariano Abarca, y que la Embajada puede no haber seguido la política que la obliga a informar a las autoridades de Canadá sobre actos de corrupción cometidos por empresas canadienses.

Ahora, el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá tiene 15 días para anunciar si tomará en cuenta la denuncia y si investigará o no a la Embajada de Canadá.

Integrantes del Ejido y de Bienes Comunales del municipio de Acacoyagua, ubicado en la Sierra Madre de Chiapas, establecieron en dos actas de asamblea la prohibición de la actividad minera en su territorio. Por los menos 21 concesiones mineras pueden afectar los mantos acuíferos de la región entre el municipio de Acacoyagua y Escuintla, quienes utilizan el agua para el cultivo, para los alimentos y para el uso domestico.

El acta del Ejido fue firmada con la aprobación del 57% de los firmantes el 24 de septiembre del 2017 durante una asamblea ordinaria. Así mismo el acta de los Bienes Comunales fue firmado el 1 de octubre del 2017 con la presencia de la mayoría de comuneros.

“Con estas actas, que han sido notificadas al H. Ayuntamiento de Acacoyagua, hacemos valer nuestra decisión de defender nuestros bienes comunes naturales de la depredación minera. Estamos organizados para proteger las montañas de la Sierra Madre de Chiapas que nos dan de comer y los ríos Cacaluta y Cintalapa que nos dan vida, amenazados por las 21 concesiones mineras ubicadas en los municipios de Acacoyagua y Escuintla”, argumentan en su declaración los miembros del Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS), ejidatarios y miembros de los Bines comunales del municipio de Acacoyagua.

I. El gobierno parlamentario de Canadá no permite que sus empresas contaminen ni el aire y mucho menos el agua potable y para riego. Pero en nuestro país, los concesionarios de capital canadiense como la compañía Torex, hacen de las suyas. Y es que los directivos de esta empresa, a cambio de entregar mensualmente un soborno de hasta 200 mil pesos al presidente municipal de Cocula, Guerrero, está vertiendo sus desechos, altamente tóxicos, en el río Mezcala, en la presa el Caracol y en el Río Balsas. Los mineros, a quienes la Secretaría del Trabajo no atiende sus demandas por la injusticia laboral de que son víctimas de inversionistas canadienses, han denunciado la cantidad de desechos que sus directivos ordenan verter en esos lugares; contaminando todo lo que ese veneno encuentra a su paso: tierras, agua, sembradíos y al ganado. Y lo más grave es que los pobladores de esa región están padeciendo terribles daños a su salud, sin que el desgobernador Héctor Astudillo intervenga.

II. Este personaje nada ha hecho pese a las constantes denuncias para que esa minera deje de arrasar con sus prácticas gran extensión de terreno en esa entidad; aparte de que se llevan directamente en su transporte a Canadá, el oro y la plata por toneladas sin ser revisada en nuestro país. La reportera Patricia Muñoz (La Jornada: 3/I/18) fue a recabar información de esos hechos y los ha consignado en su nota; en la que expone, detalladamente, cómo esa minera Torex lleva años dañando el ecosistema de esa región guerrerense, y cómo ningún funcionario municipal del estado de Guerrero, ni federal, interviene. Ese intencional abandono de los gobernantes se debe a que reciben sobornos y a que son indiferentes para con los asuntos del pueblo, quienes, como los mineros de Sonora, Chihuahua, Zacatecas, etcétera, una y otra vez presentan sus denuncias ante los ministerios públicos. Como ante la Secretaría del Trabajo sus paros y huelgas por otras injusticias, sin que reciban respuesta alguna a sus legales peticiones, a lo más que llegan esos temas es como información en los medios de comunicación, mientras prevalece la total injusticia para los trabajadores.

III. Ahora es el caso en el municipio de Cocula, también en el estado de Guerrero, donde dominan los narcos y su sangrienta violencia de cientos de homicidios al mes, desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y desgobernantes llegan y se van enriquecidos y no cumplen con sus obligaciones. Así que la empresa Torex se lleva sin control el oro y la plata a Canadá y deja, tras esa explotación mineral, una contaminación que ya causa estragos humanos, envenenamiento de tierras y agua potable. Y ni por piedad intervienen los funcionarios, mucho menos los del municipio que reciben cuantiosos sobornos. Por lo que a esos mineros no les queda más remedio que actuar en defensa de sus vidas, ante la violencia sangrienta y secuestradora que impera. Peña-Navarrete y el tal Astudillo han ignorado ese drama. Y permiten a esos canadienses continuar dañando irreversiblemente la zona, a pesar de las denuncias y quejas de sus pobladores.

Fuente:http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2018/01/23/minera-canadiense-contamina-agua-tierras-guerrero/