El Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio”, informaron que entregaron una solicitud a las autoridades municipales de Acacoyagua para pedir se comprometan a frenar la minería.

Al mismo tiempo, solicitaron se convoque a una asamblea de cabildo abierto en donde el Ayuntamiento establezca un acta de “Territorio Libre de Minería” y lo publique en el Periódico Oficial de Chiapas.

Los habitantes indicaron estar siendo amenazados por 21 concesiones mineras; de las cuales 13 están dentro de Acacoyagua, para la explotación de ilmenite, cobre, titanio, plomo y barita. Además de la amenaza de proyectos de dos mini hidroeléctricas y una plata geotermia.

El Frente ha denunciado en diversas ocasiones los múltiples actos de intimidación, ataques, compra de conciencia e intentos de división comunitaria a los cuales recurren estas empresas para imponer sus proyectos. También sufrimos daños a la salud y al medioambiente: irritaciones en la piel, los ojos y las vías respiratorias, enfermedades gastrointestinales, deforestación y contaminación del aire.

Al respecto,  el Relator Especial de la ONU sobre el derecho humano al agua y el saneamiento, escuchó cómo la minería contamina a los ríos Cacaluta, Chocolate y Cintalapa que nos abastecen de agua están siendo contaminados.

“Aquí vivimos principalmente del cultivo de mangos, arroz, cacao, frijol, café, maíz, ajonjolí, rambutan, entre otros, y no queremos que nuestra tierra siga perdiendo productividad a causa de la minería” indicaron.

Por tanto, los habitantes en nombre de su derecho a la vida digna, instaron que no dejaran que la minería avance en la region, por lo que pidieron al Ayuntamiento se comprometa en cuatro acciones concretas:

• Primero.- Se comprometa a no autorizar ninguna solicitud de permiso de uso y factibilidad para minería de ningún tipo, “a tajo o a cielo abierto” o “subterránea”.
• Segundo.- Se comprometa a actuar en caso de que alguna empresa minera ponga en operación la fase de exploración o explotación.
• Tercero.- Respete la decisión del Ejido Acacoyagua, de los Bienes Comunales de Acacoyaguay del Ejido 15 de Septiembre de no permitir que los camiones de carga y la maquinaria de los mineros dañen sus caminos ejidales y municipales.
• Cuarto. Se comprometa a dar aviso de inmediato tanto a la población como a grupos organizados y a los representantes agrarios que le compete, en caso de que algún empresario, directivo o promovente del ramo minero se presente ante su envergadura para establecer diálogo, pedir información, hacer trámites o solicitar el permiso correspondiente.

Así mismo, convoque a una asamblea de cabildo abierto, en donde esté presente la ciudadanía que vive en Acacoyagua, con el propósito de analizar, discutir y refrendar los hechos en un acta en la cual el Municipio sea declarado como “Territorio Libre de Minería”.

Se comprometa a realizar todas las gestiones que le corresponden en un máximo de dos meses a partir de la asamblea de cabildo abierto, incluyendo que el acta sea publicada en el POF del estado de Chiapas.

Exhorte a los H. Ayuntamientos de los Municipios “Escuintla”, “Acapetahua” con quienes colindamos a que se pronuncien en el mismo sentido y se declaren también como “Territorios Libres de Minería”

FInalmente, solicitaron que se explore los mecanismos legales conducentes para elaborar o, en su caso, modificar un ordenamiento ecológico territorial municipal, mediante el cual determine la protección de todo el territorio municipal de actividades extractivas que nos pongan en riesgo (minería, hidroeléctricas y geotermia).

Fuente:https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2019/01/habitantes-de-acacoyagua-piden-sea-declarado-territorio-libre-de-mineria/

La situación fiscal de más del 40 por ciento de los concesionarios mineros en el país se desconoce, derivado principalmente por la ausencia de un Estado fuerte que ha permitido prácticas poco éticas o abiertamente ilegales, señaló Aleida Azamar Alonso, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Ahora, con el nuevo acuerdo comercial alcanzado en octubre de 2018 entre Estados Unidos, México y Canadá, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto a discusión una iniciativa para modificar el marco legal de dicho sector, con el fin de cubrir los huecos existentes en la reciente negociación.

La propuesta del gobierno mexicano busca fortalecer los mecanismos de redistribución y exigencia a los titulares de las concesiones mineras para que inviertan en el desarrollo local donde realizan sus actividades productivas, así como establecer pautas para garantizar que toda operación se dé dentro de los parámetros de la sustentabilidad y el respeto a la autonomía de las comunidades indígenas, señala la profesora del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco, en comunicado de la UAM.

Sin embargo, para la especialista es un hecho que el reciente acuerdo comercial alcanzado entre Estados Unidos, México y Canadá va a utilizarse como una herramienta para proteger a las empresas extranjeras que se han adueñado de gran parte del territorio para su aprovechamiento, por lo cual resulta útil el debate legislativo que tenga como centro la cantidad enorme de privilegios de este sector productivo, pero aún hay elementos pendientes que el gobierno debe retomar.

Azamar Alonso pidió estar atento al tema, pues tradicionalmente este sector ha ofrecido pocos beneficios económicos y sociales al país, aun cuando obtiene ingresos abultados para las compañías de las tres naciones, por lo que la renegociación del tratado fue continuista y evitó afectar a los empresarios.

Explicó que los permisos de concesión en México otorgan el derecho a la exploración y la explotación, mientras que en los otros dos países son diferenciados o se encuentran regulados por múltiples reglas que van desde la competencia privada en el escenario estadunidense hasta el sistema disímil de ingreso canadiense.

Las exigencias mexicanas para obtener el permiso son mínimas y no están homologadas, por lo que cada estado puede imponer o disminuir los requerimientos, además de que las concesiones no tienen una extensión máxima y el tiempo de duración es de 50 años, prorrogable por 50 años más, mientras que la renta de éstas se congela en el año 11.

En contraparte, en Estados Unidos las concesiones son indefinidas, pero se pagan derechos por cada 20 hectáreas que aumentan cada año sin tener un tope específico y en Canadá la situación es parecida, pues cada 8.4 hectáreas representa un solo permiso que puede durar de cuatro a 24 años, el cual puede cambiar el pago sin congelarlo en ningún momento.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/21/se-desconoce-situacion-fiscal-de-mas-de-40-de-concesiones-mineras-1479.html?fbclid=IwAR3YdexAemhdmR_GHX1x6iFV9Xa-34NRJzgq4_C1DCZMVn6MzMxE-T_Kw7I

Las minas que se pretenden instalar en el estado de Veracruz siguen trabajando y a pesar que el gobierno estatal ha dicho que no habrá minería a cielo abierto, los grupos defensores del medio ambiente no bajarán la guardia porque hay que considerar que sus concesiones duran 50 años, dijo Emilio Rodríguez, integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida).

En relación con las minas que están en etapa de exploración en el estado de Veracruz, Rodríguez Almazán refirió que Caballo Blanco, El Cobre Las Minas, Tatatila siguen trabajando, «las empresas cuentan con una concesión por 50 años y se renuevan con 50 años más, por lo que tienen los instrumentos legales construidos desde hace 20 años para que su operación avance».

Caballo Blanco ya en dos ocasiones ha intentado el permiso de explotación y el dicho del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, de que no habrá minería a cielo abierto, «nos genera una expectativa de poder en estos seis años contener la minería en seis años, pero las concesiones duran más. Pero vamos a trabajar por esa voluntad que se declaró se convierta en papel y ley, y buscaremos que Veracruz sea declarado libre de minería tóxica, sobre todo a cielo abierto, porque es una concesión que dura 50 años y es un gobierno que dura seis años, por eso el asunto no es tan fácil».

Asimismo, recordó que las declaraciones de los ayuntamientos de Alto Lucero y Actopan han acordado a través de cabildo que sus municipios son libres de minería tóxica y eso sigue vigente, no hay cambio de uso de suelo, por lo que las empresas no pueden continuar con su etapa de explotación.

Fuente:http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=190116_091325_749

La minería a cielo abierto no sólo podrá prohibirse en Veracruz con voluntad política, pues se requieren acciones legales para conseguirlo.

Así lo consideró Emilio Rodríguez Almazán, integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), quien además indicó que es necesario aprovechar la postura del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien se pronunció en contra de la minería tóxica.

«La minería está prevista en el artículo 27 de la constitución, es ámbito federal el otorgamiento de licencia de explotación y de las concesiones mineras como tal, para gobierno del estado existen dos instrumentos que son importantes y que pueden inhibir la minería».

El entrevistado detalló que los exgobernadores Javier Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Yunes Linares también rechazaron la minería; sin embargo, las empresas extranjeras continuaron sus trabajos de exploración en el cerro de “La Paila”, municipio de Alto Lucero.

Y es que en ese lugar la compañía Candelaria Mining Corp ocuparía 4 millones de metros cúbicos de agua para extraer 20 toneladas de oro.

Rodríguez Almazán recordó que el gobierno federal otorga las concesiones mineras por 50 años y pueden renovarse por otros 50 años.

«Sin embargo, nosotros estamos analizando las leyes, las normas para lograr generar candados más fuertes en la entidad y que logren materializar la voluntad política del gobernador para prohibir esta actividad».

Además, comentó que las comunidades de las zonas donde hay este tipo de proyectos están tramitando amparos, para evitar que se concreten.

«El Gobernador (Cuitláhuac) va a estar seis años, entonces tenemos seis años de una voluntad política que vamos a estar firmes para convertirla en papel, pero que tampoco hace confiarnos», remató.

Fuente:https://libertadbajopalabra.com/2019/01/15/mineria-ha-persistido-en-veracruz-pese-a-rechazo-de-gobernantes-activista/

Resumen

Este artículo se propone presentar un panorama general sobre los impactos que tiene en las autonomías indígenas el giro extractivista minero que se ha puesto en marcha en México y que se ha traducido en la entrega de vastos territorios indígenas en forma de concesiones de exploración y explotación a favor de grandes empresas nacionales y trasnacionales.

Me interesa mostrar el papel protagónico que ha tenido el Estado mexicano en el posicionamiento del territorio nacional como un espacio atractivo para las grandes corporaciones, a pesar de los altos costos en materia de violación de derechos humanos colectivos y ambientales. Este escenario es el telón de fondo que permite entender las estrategias de lucha y resistencia que los pueblos indígenas, junto con otros actores sociales, están librando para detener o revertir el proceso de despojo de sus territorios y exigir el cumplimiento de sus derechos constitucionales.

Laura R. Valladares de la Cruz,
Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, Ciudad de México, México https://orcid.org/0000-0002-7577-6300
ISSN: ISSN-0185-4259; e- ISSN: 2007-9176
doi: http://dx.doi.org/10.28928/revistaiztapalapa/852018/atc5/valladaresdelacruzlr

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Fuente:https://movimientom4.org/2019/01/el-asedio-a-las-autonomias-indigenas-por-el-modelo-minero-extractivo-en-mexico/

El agua es un Derecho Humano aunque los sectores de poder concentrado lo desconozcan y profundicen cada vez más las relaciones de sometimiento de los pueblos al punto de comprometer la supervivencia. Porque el agua es un bien finito. Y escaso.  Minería, agroindustria y desarrollo inmobiliario son los tres sectores que  comprometen en mayor magnitud este bien común. En México y en cualquier otro punto del planeta.

Los conflictos por el agua se multiplican por la escasez, contaminación, uso intensivo del líquido en sectores como la minería, hidrocarburos, agroindustria, refresquero y desarrollos inmobiliarios. No se cumple con el derecho humano del agua porque no se ha establecido la legislación para ello y cada vez hay menos recursos oficiales para brindar el servicio.

El sector minero, por ejemplo, en 2014 extrajo 437 millones de metros cúbicos de agua, suficiente para cubrir las necesidad de la población de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit, indica un análisis de CartoCrítica, iniciativa civil mexicana e independiente, sin fines de lucro, que promueve la transparencia y el acceso público a la información socioambiental georreferenciada.

La contaminación de los ríos Sonora, por la minería; el Santiago, por descargas industriales y municipales en Jalisco; el Lerma, en estado de México, por diversas causas, son otros de los casos.

El uso de plaguicidas en la actividad agroindustrial o la intención de realizar el fracking para la extracción de gas natural y que requiere la inyección de miles de litros del fluido, en detrimento de la calidad de los mantos freáticos, generan alta demanda hídrica. Esto es parte del origen de los conflictos, señala Claudia Campero, colaboradora de Food & Water Watch, organización no gubernamental que vigila la responsabilidad corporativa y gubernamental relacionada con la alimentación y el agua.

Cualquier clase de proyecto que se haga requiere agua, los volúmenes y lo que sucederá depende de cada uno. Es diferente un emprendimiento minero que un agroindustrial o de hidrocarburos, la dificultad que hay es que se prioriza una idea de desarrollo bajo el argumento de que dará riqueza y empleos que se quedan en pocas manos, pero los costos ambientales se reparten socialmente. Es el origen de los conflictos ambientales: no son particulares a México, agregó.

Hay también problemas con la forma en que se buscan soluciones y los conflictos se agravan. En una situación de injusticia e incapacidad del Estado de hacer cumplir reglas que son insuficientes, esto va a acentuar más el problema. Hay situaciones como el río Santiago, en Jalisco, altamente contaminado; las poblaciones que viven en los márgenes están enfermas de respirar en ese ambiente y habitar en una zona con ese grado de contaminación.

Advierte que hay un conflicto de acaparamiento de las fuentes hídricas que hacen diferentes actores, pero que básicamente se relacionan con los poderes locales, una embotelladora, la minería o el agricultor. También hay dificultades con el manejo de los sistema de suministro que proveen a los asentamientos humanos, hay incapacidad para hacerlo y el remate es la contaminación que están generando los mismos que acaparan el fluido y lo manejan mal.

Otro polo adverso es el desarrollo inmobiliario voraz en Morelos, estado de México, y muchas regiones del país. Ya se tiene el agua asignada o concesionada y esto está bajo supuestos de disponibilidad que no están basados en datos contundentes, advierte.

Está pendiente la Ley General de Agua, pero el presupuesto para el sector en la iniciativa presupuestal 2019 tiene reduce 8 mil millones de pesos, al pasar de 27 mil millones que ejerció en 2018 a 19 mil millones únicamente.

Además, se establecen dificultades en la operación de sistemas comunitarios como se puede observar en 90 de los 125 municipios del estado de México, explica Fabiola Vite, abogada del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero. Advierte que la legislación no los contempla, lo cual vulnera los derechos de los pueblos originarios.

Estas redes de suministro enfrentan conflictos con los municipales que invaden su competencia, buscan desaparecerlos con el argumento de que no funcionan y así llevar agua a inmobiliarias e industrias.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/mexico/item/42322-mineria-agroindustria-e-inmobiliarias-agravan-la-escasez-de-agua

La industria minera del país ha aportado más de 12 mil millones de pesos a obras de infraestructura social en los 25 estados del país en los que existe industria extractiva, recursos que fueron entregados al sector público vía el impuesto minero, constituido a partir del año 2014.

Lo anterior fue dado a conocer antes de que concluyera el 2018 por la Cámara Minera de México (Camimex), organismo que informó además que sólo en el año previo, la industria minera pagó además 28 mil millones de pesos en impuestos.

En un recuento general, la Camimex recuerda que derivado de la aplicación de los Impuestos Especial, Adicional y Extraordinario, constituidos por el Congreso de la Unión en el denominado Fondo Minero para el Desarrollo Sustentable, a partir del año 2014, en el primer año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recaudó 2 mil 589 millones de pesos, que se distribuyeron entre 199 municipios de 25 estados donde hay operaciones mineras.

Para el año 2015 el monto para el Fondo Minero ascendió a 2 mil 662 millones pesos; en 2016 la contribución del sector minero fue de 2 mil 700 millones de pesos y el año 2017, las mineras aportaron 4 mil 206 millones de pesos para obras sociales e infraestructura productiva para los estados y municipios mineros. Aún no se publica el monto total correspondiente al 2018.

La administración de los recursos del Fondo Minero “así como la selección y seguimiento a los proyectos y obras de beneficio social”, advierte la Camimex “son responsabilidad de las autoridades”. Aclaración muy oportuna, por cierto, a propósito de las múltiples obras y proyectos inconclusos por parte de gobiernos estatales y municipales, incluidos los de Zacatecas.

Al respecto, es oportuno recordar que aquel lejano 24 de Septiembre del año 2015, se instaló en Zacatecas el primer Comité Regional que decidiría qué proyectos públicos se construirán con los recursos el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de los Estados y Municipios Mineros del país (Fondo Minero).

Dicho comité quedó integrado, entre otros, por representantes de los consorcios mineros que operan en México, quienes exigieron desde entonces a los gobiernos local y federal, garantías para que sus impuestos sean aplicados con transparencia, en obras realizadas a costos razonables, que se fiscalicen y además, se reconozca públicamente a las empresas mineras que aportaron el dinero, vía impuestos.

Visitó en aquella fecha la entidad, la nada célebre Rosario Robles Berlanga, entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), -instancia que por ley administra el Fondo Minero en coordinación con la Secretaría de Economía y el BANCEFI-, quien atestiguó junto con –el tampoco nada célebre-, Miguel Alonso Reyes, en su carácter de gobernador de Zacatecas, la instalación de ese primer Comité Regional del programa.

El Fondo Minero se constituye económicamente con los recursos que provienen del impuesto especial a la minería, aprobado en octubre de 2013 por la cámara de diputados (vigente a partir del año 2014), que equivale al 7.5 por ciento de las ganancias que obtengan las empresas mineras del país en general, y un 0.5 por ciento adicional para las compañías del sector que extraigan oro, plata y platino.

Durante aquel acto protocolario de instalación del primer Comité Regional del país, Octavio Alvidrez Ortega, director ejecutivo de la compañía “Fresnillo PLC” (propiedad al igual que Peñoles del magnate Alberto Bailleres)  -la primer productora de plata primaria del mundo, que cotiza en la Bolsa de Londres-, encabezó la exigencia de las empresas mineras del país, para que los gobiernos local y federal hicieran un uso transparente y eficiente de los recursos del Fondo Minero.

Solicitó además la aplicación prudente de los recursos del Fondo Minero en la inversión física, “para lograr el mayor impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, solicitando que se eviten obras que conlleven un gasto operativo para su mantenimiento, o contratación de deuda”.

En aquella sesión de constitución del Comité Regional del Fondo Minero, intervino además en representación de las Comunidades Agrarias donde existe actividad minera en Zacatecas, el campesino José Pérez Martínez, quien recordó que “las necesidades de los pueblos mineros, nunca se han cubierto en su totalidad, y cada día, a pesar de la generación de empleos y minas, estas necesidades crecen”

Leyendo con problemas el discurso que -fue evidente él no elaboró-, el campesino José Pérez Martínez, pidió a la titular de la SEDATU, Rosario Robles Berlanga, “que además del beneficio del impuesto minero creado con la reforma hacendaria, los ejidatarios contemos con la orientación y apoyo de la SEDU (sic), en la negociación de terrenos que puedan ser de utilidad para la extracción de gas, petróleo, o para la generación de energías limpias, como la solar y la elótica (sic)”.

En aquella reunión Alfonso Cantú, entonces coordinador general de minería en la Secretaría de Economía, dijo que se buscaría que los recursos del Fondo Minero “beneficien a las localidades y regiones donde se desarrolla la minería”, esto es particularmente en los 600 municipios de todo el país que tienen actividad minera.

“Este Fondo evidentemente va a ayudar de una manera importante, a la reducción de los conflictos (sociales) que hemos estado viviendo en el país en estos últimos años, que alcanzó a llegar a 60 conflictos en el territorio nacional. Y ello ¿por qué? Porque no todas las empresas eran responsables socialmente. Algunas sí compartían parte del beneficio a las comunidades, pero otras no. Con esta nueva regalía, eso cambiará, pues solo México y China eran los dos países que no cobraban este impuesto en el mundo”.

Han  transcurrido desde aquella fecha más de tres años, y miles de millones de pesos que han sido recaudados por el impuesto del Fondo Minero, fueron distribuidos y “ejercidos”, por los gobiernos estatal y federal del PRI, en los estados del país con actividad minera.

Entre mayor actividad minera y riqueza se genere con esa actividad económica, mayores serán los recursos que se le asignen a esa demarcación. Y Zacatecas, hay que recordar, está entre los primeros tres estados de la república mexicana con más producción minera.

Pero al finalizar el año 2018, las obras que se debieron realizar con bolsas multimillonarias al final del sexenio de Miguel Alonso Reyes y en los dos primeros años de gobierno de Alejandro Tello Cristerna, son obras realmente miserables, pequeñas en comparación con los cientos de millones de pesos asignados a Zacatecas. En algún lugar se están quedando los recursos que aporta la industria minera, y no llegan a las comunidades.

Antes de que concluyera el año 2018, en una gira de trabajo por Mazapil, Alejandro Tello Cristerna inauguró obras por un monto de apenas 13.4 millones de pesos, “de los cuales una parte corresponde al Fondo Minero”, aclaró.

Ente las obras se informó, están la inauguración del entronque carretero Mazapil-Estación Camacho; un aula construida en el kínder Frida Kahlo en la comunidad Palmas Grandes, así como un domo de 20 por 40 metros de superficie, para la cancha deportiva de la escuela primaria de la misma comunidad. ¿Cómo está trabajando el Comité Regional del Fondo Minero en Zacatecas? ¿Quién lo fiscaliza? ¿Saldría limpio de una auditoría al Fondo Minero, el delegado federal de SEDATU, Arnoldo Rodríguez Reyes, quien coordinó y operó dicho programa?… La respuesta, quizá, nunca la sabremos.

Fuente:http://periometro.mx/2019/01/03/fondo-minero-en-zacatecas-cientos-de-millones-de-pesos-para-obras-liliputienses/