Abasolo, Guanajuato. Los pueblos indígenas resisten una guerra en su contra; otra más en 5 centurias. O la misma desde entonces. Pero lo que está claro para el concejal nahua Carlos González es que esta vez es definitiva. Las naciones, tribus y pueblos originarios darán la batalla por seguir existiendo. Para muchos de ellos, de no ganar, no habrá mañana. Su cultura y su historia quedarán sepultadas para siempre.

Carlos González luce un bigote espeso, abultado, y cabello cortado a casquete corto. Explica que la desaparición de los pueblos indígenas implicaría también el fin de México como nación: el fundamento cultural, social e, incluso, constitucional del país son los pueblos originarios.

Y va más allá. La lucha de los pueblos indígenas es también la lucha por lo que nombran Madre Tierra –de la que se consideran parte– y que la cultura hegemónica denomina, distante, “naturaleza” o “medio ambiente”. Si caen los pueblos indígenas del mundo, el planeta colapsará en el corto plazo.

Abogado especialista en derecho agrario, Carlos González es de discurso convincente, claro, argumentativo. Hombre de libros y documentos, trae a la memoria datos, conceptos, periodos históricos. Nunca dejó de ser indígena. También es hombre de milpa y monte, es decir, de coa, azadón y machete. Hoy, junto a María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), y otros concejales, recorre la geografía indígena mexicana: de la costa, a la sierra; de la montaña al valle; del desierto a la selva; del campo a la ciudad. Escucha, propone, dialoga… organiza.

Recuerda detalles de cada conflicto de los cientos que se desarrollan en los pueblos indígenas en México: las comunidades involucradas, la cultura, el tipo de despojo, el megaproyecto, la empresa capitalista señalada, las características de la lucha legal –si la hay– y las condiciones de la lucha política.

—De toda la geografía de conflictos en México, cuáles son los de más urgente atención –se le pregunta.

—En este momento es fundamental que la sociedad mexicana esté atenta a dos cuestiones que son de suma importancia. Una, la pervivencia de los pueblos indígenas ante proyectos que pretende impulsar el nuevo gobierno, como son el Corredor Transístmico [de la costa de Oaxaca a la de Veracruz]; el Tren Maya [por los cinco estados de la Península de Yucatán: Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas]; las Zonas Económicas Especiales [que a las entidades mencionadas se agregan Guerreo y Michoacán], que dicen que ya no van a continuar, pero sí van a continuar bajo otro formato; el Proyecto Integral Morelos [que afecta además de este estado a Tlaxcala y Puebla], y una multitud proyectos en materia de minería de explotación de hidrocarburos, de gas, de construcción de infraestructura vial e inmobiliaria. Y por otro lado, el impacto que estos proyectos van a tener sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente. Son dos puntos, dos temas que deben estar en la agenda, en la prioridad, de la sociedad mexicana.

—El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha determinado que todos esos proyectos se harán. No hay lugar para negociación o el diálogo. Y esgrime sus 30 millones de votos. ¿Qué capacidad de respuesta tienen los pueblos indígenas? –se le cuestiona.

Piensa la respuesta. No alardea ni hace propaganda. Analiza. Más que responder al reportero, se responde a sí mismo.

—En términos cuantitativos, de cantidades, puede que no sea significativa la resistencia [frente a los 30 millones de supuestos seguidores de López Obrador], pero en términos de quiénes resisten, de cómo han resistido y cómo van a seguir resistiendo, creo que es de tomarse en cuenta esta resistencia. Los pueblos indígenas han resistido y han pervivido durante siglos.

Reconoce que aunque el Congreso Nacional Indígena creció durante los 2 años más recientes, el lopezobradorismo sí generó división entre varias tribus, pueblos y naciones e, incluso, en las entrañas de algunas comunidades. Por ello, la resistencia ha iniciado desde el interior de los barrios, ejidos, encargaturas, tenencias.

“Ciertamente en la actualidad muchos de los integrantes de estos pueblos, por dinero, no por otra cosa, hay que decirlo como es, por un ‘progreso’, así entre comillas, mal entendido, han aceptado los proyectos [del lopezobradorismo]. Pero en los pueblos, en las comunidades, existen núcleos, existen personas, existen estructuras organizativas y existen referentes para la resistencia.”

?Pero a qué resisten las comunidades indígenas. Cuál es su lucha.

?Se está resistiendo a la ocupación, el despojo de los territorios indígenas, la destrucción de las culturas, de las lenguas, de las formas de gobierno [que llegan] a través de estos grandes proyectos. Y a la destrucción de la naturaleza. Eso lo quiero dejar bien claro, porque hay quienes nos acusan de ser “conservadores”, que nos oponemos al actual gobierno. No. No es una cuestión de que nos vayamos a la vieja dicotomía del siglo XIX de conservadores y liberales. Es una cuestión diferente. Es una cuestión que tiene que ver con la subsistencia, la existencia y la pervivencia al futuro de los pueblos originarios; y, por lo tanto, de la nación mexicana, que tiene su sustento y su fundamento en estos pueblos. Y repito que es fundamental de la Tierra. La Tierra está siendo destruida de manera inmisericorde por todas estas políticas de supuesto progreso, de supuesto desarrollo. Y estamos erosionando, estamos acabando con las condiciones de la vida humana en el país y en el planeta entero. Entonces, son cuestiones primordiales las que estamos planeando. No son cuestiones que tengan que ver con la política de ideologías gastadas, decimonónicas o con las trifulcas y pleitos de la actual clase política y sus partidos. Es algo que trasciende toda esta situación, que va mucho más allá y que tiene que ver con la pervivencia de los pueblos originarios que han vivido milenariamente, con la pervivencia de la nación mexicana y de la vida misma.

—Por qué los pueblos indígenas se encuentran hoy en una situación que amenaza ahora su supervivencia, si antes han resistido. Supervivieron a la Conquista, por ejemplo –se le inquiere.

—Porque ha sido paulatina. Nosotros hablamos de que, por lo menos desde el siglo XVI, desde la llegada de los europeos a lo que ahora es México, ha habido una guerra de invasión, de ocupación y de conquista. Nosotros decimos que esa guerra no se ha detenido, que esa guerra es permanente. Y [quienes hacen esta guerra] han ido destruyendo de manera determinante a los pueblos indígenas. En el siglo XIX se hablaba de cerca de 200 lenguas originarias en lo que ahora es México; actualmente son menos de 70. En el siglo XIX se decía que el 80 por ciento de la población del país hablaba una lengua distinta al español y era una lengua originaria. Actualmente esta población no llega ni al 10 por ciento, seguramente. Ha habido una política sistemática y perfectamente planificada para destruir y para exterminar a los pueblos indígenas. Y ha progresado esta política. Y a pesar de ella, han pervivido los pueblos; pero ha sido altamente destructiva esta guerra que se ha llevado.

En efecto, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) cuantifica 11 familias lingüísticas con 68 lenguas (y un número indeterminado de variaciones de esas lenguas). Y según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), esos idiomas son hablados por menos de 7 millones 400 mil personas.

—Cómo va a ser la resistencia: en las calles, en los tribunales. Qué tipo de resistencia será.

—La resistencia es múltiple. La resistencia se da primeramente en las comunidades y en las regiones, a partir de las formas de lucha, resistencia, de organización que cada comunidad tiene. Por otro lado, hay articulación política nacional, a través de Congreso Nacional Indígena, del Concejo Indígena de Gobierno y de otras múltiples expresiones indígenas y no indígenas que existen en el país.

Aclara que “el Congreso Nacional Indígena no es la única expresión de resistencia. Hay múltiples expresiones a nivel nacional. Y estas formas de lucha políticas que se basan en la movilización, en la organización comunitaria, en muchas partes están sustentadas también en recursos legales, jurídicos. Hay expresiones del movimiento indígena que ya no acuden a los recursos legales, que están totalmente ajenas al Estado mexicano, particularmente me quiero referir a las autonomías zapatistas. Pero hay muchas otras autonomías y formas de organización indígena que sí apelan a los recursos legales, a la legitimidad dentro del Estado nacional. Y todas esas formas de resistencia se suman, se agregan. No pensamos en una forma de resistencia única o una visión exclusiva”.

—Desde el punto de vista de la legalidad, ¿hay posibilidades aún de defensa de las comunidades indígenas en los juzgados y tribunales?

—Sí se puede dar siempre y cuando exista organización colectiva, organización comunitaria. ¿Por qué? Primeramente, porque la Constitución y las leyes secundarias han sufrido transformaciones terribles que tienden en primer lugar a la privatización de la tierra, de los recursos naturales, tanto de las comunidades como de la nación; y en segundo lugar, porque contamos con órganos judiciales, con un Poder Judicial federal y poderes judiciales en los estados, profundamente corrompidos. Está reconocido a nivel internacional que, en lo que tiene que ver con la administración de justicia, México es uno de los países más corruptos y donde los jueces y los tribunales son contumaces con los grandes intereses empresariales. Entonces, tanto la estructura constitucional y legal como la corrupción endémica y profunda del Poder Judicial reducen la posibilidad de estos recursos legales.

“Pero creemos, y te lo digo porque soy abogado y llevo muchos años defendiendo a comunidades indígenas, cuando existe organización colectiva, cuando existe resistencia comunitaria, los recursos legales pueden ser complementarios a la lucha de las comunidades. En estos momentos se torna un poco más difícil porque las reformas estructurales, a las cuales al parecer no se les pretende dar reversa, en materia de hidrocarburos, en materia de energía eléctrica los regímenes de concesiones en materia de minería, de agua y de bienes nacionales, a lo que tienden es a privatizar, a poner en manos de quienes tienen el poder económico, tanto los recursos de las comunidades como de la nación.

—Desde la Otra Campaña, una iniciativa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena lanzada en 2006 para organizar una resistencia anticapitalista, se señalaba que México se encaminaba al caos y a su desintegración. ¿Estamos realmente en esa situación?

—Estamos. El caos ya se vive desde hace varios años. No es novedoso. No es algo actual. Eso hay que decirlo. Como lo señala el propio Andrés Manuel López Obrador, todo lo que está pasando no es algo que él haya ocasionado, generado. Fue ocasionado desde hace años por virtud de todas estas políticas y todos estos proyectos que han venido construyéndose desde arriba, desde el poder. Por eso nos preocupa que siga esta lógica; que en este nuevo gobierno lo que sigue imperando es la decisión de imponer a los pueblos proyectos y políticas.

Carlos González critica las supuestas consultas con las que López Obrador pretende imponer los proyectos ya pactados con el gran capital. Pero no sólo critica a ese tipo de consultas, sino incluso aquellas que pudieren realizarse bajo las directrices del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que garantizan una consulta libre, informada y previa a las comunidades. De lo que se trata, explica, es una nueva relación del Estado mexicano con los pueblos indígenas para que ellos decidan lo que quieren hacer con sus territorios y sus comunidades.

“Nosotros decimos que el derecho a la consulta es una pifia, es una gran mentira. No se les tendría que consultar a los pueblos indígenas sobre proyectos que se les quieren imponer. Lo que tendría que hacerse es construir una nueva relación donde los pueblos decidan cuáles son sus prioridades de desarrollo y qué proyectos deben desarrollarse en sus territorios. Llegar a los pueblos con la pretensión de imponerles proyectos desde arriba o desde afuera, legitimándolos con una consulta, sigue siendo lo mismo: en el fondo sigue existiendo la misma relación.

“Por eso desde hace meses en el Congreso Nacional Indígena se viene discutiendo lo que se conoce como el derecho a la consulta. Y decimos que aún así la consulta indígena se lleve de acuerdo con las estipulaciones que marcan los convenios internacionales, en particular el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, siguen siendo imposiciones, siguen formando parte de una estructura jurídica, internacional y nacional, colonial.

—Tenemos decisiones ya tomadas por el gobierno federal para hacer varios megraproyectos. Y por otro lado tenemos la decisión de varias comunidades para no permitir lo que consideran un despojo, una usurpación y una guerra. En este choque de trenes, ¿esperan desafortunadamente un baño de sangre? ¿Hay que preparase para algo?

—No. Nosotros lo hemos dicho sistemáticamente. No hemos optado por la vía de la guerra. La vía de la guerra sí significaría un baño de sangre. Desde arriba sí hay una guerra. Pero los pueblos originarios, y lo han acreditado de múltiples formas, procuran evitar la vía de la violencia, la vía de la guerra. Pienso yo, los pueblos originarios van a insistir en esa resistencia pacífica, civil organizada.

—¿Pero sí ya hay violencia de arriba hacia abajo?

—Esa sí es permanente. La violencia de arriba hacia abajo ha sido permanente. No tiene que ver con un gobierno que se llame de izquierda, con uno que se llame de derecha, con una primera, segunda, tercera o cuarta transformación. Todas las transformaciones que ha habido en este país han implicado la violencia hacia los pueblos originarios y eso hasta el día de hoy no se ha detenido.

—Pero habrá una agudización de la violencia…

—En la medida en que se agudice el despojo, en que haya mayor presión sobre los territorios indígenas, en la medida en que la economía capitalista depende cada vez más de las guerras, de los cárteles delincuenciales, de los cárteles de las drogas, del tráfico de armas, pues evidentemente la violencia se recrudece no sólo contra los pueblos originarios, sino contra la humanidad entera y en todos los espacios de este planeta.

—Cuál es la aportación de la lucha indígena a la lucha anticapitalista –se le cuestiona.

Carlos González no es condescendiente. Hace una autocrítica a las propias comunidades y procura ofrecer un análisis honesto. Se aleja de la propaganda y del autoelogio.

“Los pueblos indígenas están inmersos en la economía capitalista, en el capitalismo. No hay que idealizarlos. Están inmersos en todo este mar de contradicciones propias del capitalismo. Sin embargo, en el horizonte, en la perspectiva histórica y en el sueño colectivo de los pueblos indígenas, todavía tiene un peso sustantivo la organización comunitaria, la organización colectiva de las comunidades y su relación de mucho respeto con la Madre Tierra, con la naturaleza. Creo que esos dos elementos son fundamentales y juegan en contra del capitalismo.”

Fuente:http://www.remamx.org/2019/05/la-lucha-indigena-de-hoy-puede-ser-la-ultima-carlos-gonzalez/

Chiconquiaco, – Enrique Peña Nieto,  a punto de concluir su mandato concesionó más de 4 mil hectáreas a minera Aurora. Pobladores y autoridades locales piden se derogue por faltas a consulta y devastación ambiental severa.

Marcelo Pérez Pérez, padre de la Parroquia de Simojovel quien ha acompañado las movilizaciones de los habitantes, mencionó que la toma del inmueble se hace para recuperar las tierras de las que se había adueñado Slim, después de haber hecho una reflexión profunda sobre las consecuencias de la actividad minera, por el uso del cianuro, por tanto, decidieron no continuar dándole permiso a que se trabaja en su tierra.

Comunidades y organizaciones de Oaxaca convocan a participar en el III Encuentro Estatal “Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería” que se realizará los días 18 y 19 de mayo en las comunidades zapotecas de Santa Catarina Lachatao y Capulálpam de Méndez, en la Sierra Juárez de Oaxaca. Las actividades se realizarán de la siguiente manera: Viernes 17 de mayo: Llegada de participantes a Santa Catarina Lachatao a partir de las 5 de la tarde. Sábado 18 de mayo: Foro de análisis en Santa Catarina Lachatao. Domingo 19 de mayo: ritual en el Cerro del Jaguar, en Lachatao y Festival de Tierra Caliente en el Paraje Agua Blanca, Capulálpam de Méndez. Cabe señalar que en Oaxaca existen 322 concesiones mineras, la mayoría de las cuales se encuentran en tierras de comunidades indígenas, mismas que fueron otorgadas violando los derechos de los pueblos indígenas reconocidos tanto en la Constitución mexicana como en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Cabe recordar que en marzo de 2019, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no se revocarán las concesiones mineras existentes, sin embargo, ya no se otorgarán más. Para participar en el encuentro estatal, es necesario confirmar la asistencia.

Fuente: https://educaoaxaca.org/la-minuta/2893?fbclid=IwAR2-sTuit7PxQqZTwdY3TuEP0KFT9AekxjAkK03COsLVEQSr6AMllZ9nS-E

La mina propiedad de Germán Larrea afectó el arroyo de la comunidad San Martín.

La Profepa no ha emitido algún boletín ni ha respondido a las solicitudes de entrevista de La Jornada Zacatecas.

Sección 201 del Sindicato Nacional de Mineros explica que entre las sustancias que fueron vertidas a este cuerpo de agua estaban cianuro, sulfato de zinc y cobre.

Desde que los pobladores de la comunidad San Martín, en el municipio de Sombrerete, denunciaron públicamente la semana pasada un derrame de jales de la mina de Grupo México que opera en esta localidad, las autoridades federales en materia ambiental no han emitido una postura ante esta situación.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no ha enviado algún comunicado oficial ni tampoco ha respondido a las solicitudes de entrevista que se han hecho desde La Jornada Zacatecas, para conocer cuál es el proceso que se seguirá para revisar la gravedad de la contaminación generada en el arroyo que atraviesa San Martín y las sanciones que, en su caso, recibiría la empresa responsable del derrame.

Fue a través de redes sociales como los vecinos de la comunidad hicieron público el derrame de jales de la mina en un arroyo que pasa por medio de la comunidad, es decir, que se encuentra rodeado de sus viviendas.

En ese momento, el líder sindical de la Sección 201 del Sindicato Nacional de Mineros, José Núñez Velázquez, informó que entre las sustancias que fueron vertidas a este cuerpo de agua estaban cianuro y sulfato de zinc y cobre, las cuales calificó como “contaminantes muy peligrosos”.

Asimismo, sostuvo que “ya es tiempo de que alguien pare a esta empresa porque de alguna manera es una empresa irresponsable, que sigue contaminando los arroyos y ríos y que perjudica a la comunidad y a las familias que están en riesgo”.

Sobre este caso también habló el líder nacional de este sindicato y actual senador Napoleón Gómez Urrutia, quien expuso en su cuenta de Twitter: “URGENTE: Nuevamente se presenta un derrame en mina de Grupo México en Zacatecas. El río contaminado afecta a la comunidad agrícola y ganadera de San Martín Sombrerete. Atención @Profepa, las autoridades de la región otra vez ocultan información y puede causar daños irreparables”.

También Grupo México publicó un comunicado en el que confirmaba el derrame y lo atribuyó a la falla de una válvula que se encontraba en mantenimiento, derivado de problemas que surgieron tras la puesta en marcha de la unidad minera después de más de una década sin funcionar a consecuencia de la huelga que se mantenía en el lugar.

En el boletín señalan que “después de este periodo hemos iniciado los trabajos de mantenimiento y rehabilitación del equipo. En una prueba de arranque de éste, el 8 de mayo a las 20:00 horas, se presentó una falla en una válvula de las tuberías. Como consecuencia, durante diez minutos, se vertieron aproximadamente 20,000 litros de agua de prueba con sedimentos acumulados, mismos que no son peligrosos. El líquido recorrió 200 metros fuera de la propiedad por un arroyo contiguo (sic)”.

Nuevamente, en letras destacadas en el comunicado publicado, reiteran que “la solución vertida está compuesta por agua con sedimentos y por lo tanto no es peligroso”.

Antes de finalizar el texto, la empresa señala que están trabajando con las autoridades competentes en la materia, además de que sostienen que “reiteramos nuestro compromiso de continuar fortaleciendo las medidas de seguridad y control ambiental” y que “seguiremos manteniendo un diálogo cercano con la comunidad para atender cualquier inquietud”.

Fuente: http://ljz.mx/2019/05/14/callan-autoridades-ambientales-sobre-derrame-toxico-de-grupo-mexico-en-sombrerete/?platform=hootsuite

■ Participaron transportistas, ejidatarios y habitantes de la comunidad Cedros

■ Denuncian el incumplimiento de diversos convenios que ha celebrado la empresa con ejidatarios 2008 y 2009

■ También se quejan de la contaminación y escasez de agua provocados por la minería

Unas mil 500 personas participaron ayer en la denominada Marcha por la Dignidad y la Vida, dijeron, para desmentir lo expuesto por la Mina Peñasquito de Goldcorp-Newmont y el diputado local morenista a la 63 Legislatura, Omar Carrera Pérez, respecto a que los inconformes con la problemática que se ha generado entre la empresa extractiva y comunidades del Valle de Mazapil, involucra sólo a 35 personas, entre ejidatarios y transportistas, y según el mayor consorcio extractor de oro en el mundo, son sus extorsionadores.

La movilización fue organizada por el Frente de Comunidades Afectadas por la Minería (FCAM) y el Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ).

Involucró según el parte oficial, 40 autobuses materialistas de la Unión de Transportistas de Mazapil CAVA, S.A. de C.V., 15 autobuses de pasajeros, 2 sprinter y 25 vehículos particulares, en los que se trasladaron transportistas, ejidatarios y habitantes de Cedros, comunidad donde se asienta la Mina Peñasquito, e integrantes del FPLZ procedentes de entre otros, los municipios de Vetagrande y Pánfilo Natera, y algunas pocas, empleadas y madres de familia de los centros de desarrollo infantil del FPLZ.

Durante el recorrido por las calles del Centro Histórico las consignas demandaban entre otros reclamos, “¡si no cumplen que se vayan!”, en relación a diversos convenios que ha celebrado Mina Peñasquito con los ejidatarios de Cedros en 2008 y 2009, de los que los han entregado copias a la prensa.

Los convenios
En uno de ellos se señala que la empresa se obliga a “capacitar y contratar a personas originarias del Ejido de Cedros” que manifiesten este deseo, de acuerdo a su nivel de escolaridad y capacitación, y que se constituya una empresa de transporte o “adquieran en lo particular góndolas”, comprometiéndose la minera “a celebrar contratos de acarreos” de manera preferente en su caso.

En un cuarto punto del convenio celebrado el 10 de junio de 2008 y signado en representación de Mina Peñasquito por Bill Humphrey y Armando Escárcega, se consigna algo señalado como parte fundamental de las razones de su movilización, que la empresa se comprometió “a no afectar el manantial del Ejido de Cedros y en caso de hacerlo rehabilitarlo, siempre y cuando no se trate de causa naturales”.

Un trago de agua
Ayer al arribo del contingente a la sede de la Legislatura del estado, al momento de entregarle su pliego petitorio al diputado morenista, Omar Carrera Pérez, a quien han acusado de dar voz en esa tribuna a textos preparados por Doris Vega, encargada de comunicación social de Mina Peñasquito, lo invitaron a visitar la comunidad de Cedros para que verifique que efectivamente que el manantial referido se ha agotado.

El comisario ejidal lo instó asimismo, a beber de una botella que le entregó en el momento, agua de la que ellos consumen; el gesto del legislador fue darle un único trago viendo a los ojos a Rigoberto López Martínez, para luego cerrar el recipiente.

El diálogo entre ambos fue difícil de distinguir entre los gritos que desde atrás señalaban a Carrera Pérez de “vendido” y “priista”.
El legislador les informó que en la sesión de ayer leería el documento que le fue entregado y un punto de acuerdo propuesto por él sobre el que les pidió poner atención pues, “son sus exigencias también”.

“Omar te invitamos a que antes de declarar una cosa, conozcas a fondo los problemas que tenemos en Mazapil, porque yo sin temor a equivocarme te digo que no has puesto un pie en Mazapil, ni ningún legislador de ustedes. Yo te pido que antes de que declares una cosa constates las cosas como son, no como te viene a decir la minera”, le dijo en ese momento Ascención Carrillo, presidente de la Unión de Transportistas de Mazapil CAVA, S.A. de C.V.

Solicitud de apoyo 
a diputados locales
Los manifestantes encabezados también por Felipe Pinedo Hernández, líder del FPLZ solicitaron hablar con los integrantes de todas las fracciones partidistas integradas a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP) de la Legislatura.

El texto fue leído públicamente al arribo del contingente a la sede del Poder Legislativo del estado, antes de su entrega a los diputados; expone que desde el pasado 27 de marzo la Asamblea General del Ejidatarios de Cedros determinó bloquear los accesos principales de Mina Peñasquito “porque no atiende a sus compromisos pactados con nuestra comunidad y con la Unión de Transportistas y Trabajadores de Mazapil”.

Agrega que “desde hace siete años no contamos con agua por al agotamiento de nuestro manantial” debido a la actividad minera, y solicita que se verifiquen en aquel lugar “los alarmantes niveles de contaminación y estragos en el agua, en el territorio, en el medio ambiente y en la salud”.

Con ese sustento quieren que los diputados locales les apoyen ante la Federación “para que se tomen cartas en el asunto”.

Proponen a su manifestación como “un llamado a la legalidad y respeto a los derechos humanos y normas ambientales que se estipulan en nuestra Carta Magna, y que al día de hoy de manera sistemática son violentados por esta empresa trasnacional”.

El documento concluye con un mensaje en el que conminan a que “asuman los intereses de Zacatecas y especialmente de quienes padecemos de manera directa estos métodos extractivistas de Minera Peñasquito”.

El texto fue dirigido en copia asimismo, a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el gobernador Alejandro Tello Cristerna; y los senadores José Narro Céspedes, Napoleón Gómez Urrutia y Geovanna Bañueños.

Mesa de negociación en 
Segob y Godezac como garante
Felipe Pinedo informó que se espera para hoy la instalación de una mesa de diálogo con la presencia del subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, y a la que se sienten entre otros por parte de Mina Peñasquito, Michael Harvey, director de asuntos institucionales de Newmont-Goldcorp, así como una comisión negociadora integrada por el comisariado ejidal de Cedros, Rigoberto López Martínez, y él mismo.

Las demandas principales, reiteró, es que se restablezca el agua “que no existe ni en el pozo de agua potable de la comunidad ni en el manantial”, se indemnice a la gente por el agotamiento de los mantos friáticos, y se regrese el empleo a los 200 trabajadores de la Unión de Transportistas de Mazapil.

Dijo que “nunca han roto” el diálogo con Gobierno del Estado, pero ayer declinó la invitación a una mesa para ello convocada por Jehú Eduí Salas Dávila, secretario general de Gobierno, señalando que luego de haber sido ignorados por las autoridades estatales en su demanda de la solución de este conflicto por meses, decidieron buscar las instancias federales, donde Olga Sánchez Cordero ya instaló una mesa de negociación, por lo que acudir con Gobierno del estado sería “un retroceso”.

No obstante agregó que Salas Dávila es bienvenido a esa mesa en caso de que quiera constituirse como garante de lo que allí se acuerde.

También con la Federación se están revisando dijo las actuaciones en este asunto de Profepa y Semarnat, “porque entendemos que en anterior gobierno la corrupción permeaba y otorgaba reconocimientos que no existen en favor de estas empresas ecocidas”.

Dijo que están pidiendo que se les verifique de nueva cuenta ahora por el gobierno de la 4T, y solicitó que se norme a la empresa extractiva mediante auditorías ambientales y administrativas.

Mencionó al respecto que tienen en su poder para estudios ambientales tanto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como del Centro del Agua del Tecnológico de Monterrey, que han puesto sobre la mesa de negociación que se ha abierto por la Segob en la Ciudad de México, “demostrando que sí tenemos la razón”.

Sobre el señalamiento de que el cerco a Peñasquito afecta 20 mil empleos, según el dicho de la empresa, Felipe Pinedo dijo que en ella trabajan 6 mil 300 personas, 450 de las cuales proceden de los cuatro municipios de la región, y únicamente 140 del Ejido de Cedros.

En la marcha de ayer hubo un conato de bronca al momento en que el reportero Andrés Vera, de Periómetro, se acercó a la vanguardia del contingente. En esa zona ya se manifestaba mediante pancartas el rechazo con el manejo informativo del periodista sobre este conflicto. El comunicador señaló el hecho como un acto de represión.

Sobre la ausencia ayer de José Narro, líder histórico del FPLZ, en la manifestación, se informó, que se encuentra en Washington en una comisión referida al T-MEC.

Fuente: http://ljz.mx/2019/05/08/marchan-mil-500-personas-en-contra-de-la-mina-penasquito-de-goldcorp-newmont/?platform=hootsuite