Desde hace siglos, la actividad minera configura un silencioso y encubierto territorio de sacrificio en la medida que aparecen restricciones de acceso a la tierra, problemas de salud, manejo de grandes cantidades de explosivos y en general transformaciones sociales con profundos impactos en la reproducción de la vida cotidiana. Este artículo aborda la estrategia de despojo que implementa la empresa minera Frisco en la mina Santa Fe, ubicado en un pequeño poblado del norte de Chiapas – sureste mexicano, para limitar la sobrevivencia de la población local y de esta manera, expandir el control de la explotación de minerales.

Introducción

La minería en México no es una actividad reciente, sino que data de cinco siglos de explotación. De manera histórica ha operado bajo cuatro ciclos de extracción según López Bárcenas (2017). El primer ciclo parte de la llegada de los españoles hasta la instauración de la República en el siglo XIX; el segundo con el Porfiriato y pasada la revolución mexicana de 1910; el tercer es la época de la mexicanización que comprende de 1960 a 1980 caracterizada una explotación controlada desde el gobierno nacional y, finalmente el cuarto es el ciclo de la globalización con la llegada de grandes corporaciones transnacionales, el retiro del Estado en la explotación y un marco jurídico ambiental y fiscal amigable para favorecer a las empresas privadas.

Por sus características de operación, la minería actual tiene seis características, de acuerdo Svampa y Viale (2014): la primera es la transición de la minería tradicional de socavón a la moderna de cielo abierto o tajo que requiere grandes cantidades de agua, explosivos y químicos; la segunda es la concentración en poca manos de la operación minera por parte de capitales extranjeros; la tercera es la operación a gran escala conectadas a otros mega-proyectos como presas hidroeléctricas o vías; la cuarta es el carácter excluyente de la minería en tanto que subordina económicamente otras actividades de la población en el territorio donde se implanta; la quinta característica es la estela de daños ambientales que genera en la biodiversidad y en la salud animal y humana, y finalmente, la sexta son los conflictos sociales que genera en la escala local.

Para Eduardo Gudynas (2015), la minería moderna se inserta en la lógica del neo-extractivismo por el uso intensivo de recursos naturales, tecnología, baja mano de obra y su carácter exportador, a diferencia de la minería tradicional que se realizaba mediante técnicas artesanales y sin elementos tóxicos. Por todos estos elementos y características, la minería no es una actividad sustentable como pretende presentarse en la nueva narrativa ambiental que promueven las empresas socialmente responsables.

En el plano social, la minería crea territorios vacíos o socialmente vaciables como zonas de sacrificio caracterizadas por áreas aisladas o de escasa densidad poblacional, de tal suerte que las economías regionales son devaluadas respecto de los impactos posibles de la actividad minera (Svampa y Viale, 2014). En el caso de México, podemos encontrar lugares históricos como Real de Catorce en San Luis Potosí y Salaverna, Zacatecas, devastados por la minería tras ser explotados. Hoy en día son paisajes de verdaderos pueblos fantasmas, o territorios de terror como ocurre con la minería ilegal en Madre de dios, Perú.

En el caso mexicano en las últimas dos décadas, el Estado intensificó el despliegue de la geografía minera hacia las zonas indígenas del país; Gracias al avance del desmantelamiento de la propiedad colectiva y un marco jurídico y fiscalad hoc, las compañías mineras han tenido un fácil acceso a los recursos minerales en territorios indígenas y campesinos, de tal suerte que bajo la narrativa del progreso y la gobernanza ambiental (empresas socialmente responsables) las comunidades son seducidas con empleos temporales, actividades lúdicas para la niñez y apoyos económicos para escuelas como una medida para resarcir los daños ambientales.

En el actual ciclo de la globalización minera, la actividad México se puede medir en términos de los permisos otorgados y la superficie asignada para exploración y explotación. El último mapa de indicadores mineros elaborado por la Cámara Minera Mexicana (CAMIMEX) en 2016 reveló que en el país existen 1,558 minas en explotación y 1,156 en proyectos de exploración, en una superficie concesionada de 22.3 millones de hectáreas (11.3% del territorio nacional), concentrados principalmente en los estados del norte como Sonora, Durango, San Luis Potosí y Chihuahua, de donde se extraen oro, plata, plomo y cobre, principalmente. Un total de 1,186 empresas extranjeras operan en el país, mientras que 1,848 son de capital mexicano.

Un lugar llamado Mina Santa Fe

Vayamos ahora a un caso mexicano donde puede ilustrarse el lento despojo territorial y las dinámicas de las transformaciones espacios rurales, donde la actividad minera subordina la vida cotidiana.

En 1879, los hermanos Zepeda, Enrique y Manuel, propietarios de la hacienda Zacualpa municipio de Solosuchiapa, encontraron unas vetas de oro y plata sobre los arroyos Los Pinos y Danta, lo cual bastó para que la compañía inglesa Chiapas Minning Company, con sede en Londres Inglaterra, se interesara en explorar el lugar casi inaccesible conocida como Mina Santa Fe. Al poco tiempo, una terrible inundación dentro de la mina hizo que varios obreros perdieran la vida en 1892, aunado a las difíciles condiciones para hacer llegar maquinaria, sepultaron las posibilidades de la explotación a gran escala hasta su cierre temporal en 1905. [1]

La zona en realidad es una gran región mineralizada que comprender dos grandes yacimientos que forman parte de un corredor mucho más amplio de 70 mil hectáreas de tierras del norte de Chiapas conocido ahora como corredor La Victoria- Santa Fe, que se extiende hacia otros municipios cercanos.

Posterior al cierre de Chiapas Minning Companyse cuentan con escasos datos que revelen los efectos producidos por el retiro de explotación minera. Una pista es el censo levantado en 1930, cuando la población campesina estaba concentrada en la finca La Zacualpa (hoy ejido Agustín Rubio), contigua a la zona de explotación minera. Al parecer la hacienda atrajo a los trabajadores de la antigua mina. Otros campesinos fundaron el poblado El Beneficio con campesinos zoques de Ocotepec, Pueblo Nuevo y Tapilula, que llegaron a la zona en buscaban tierras de cultivo hacia 1950, empujados por el reparto de tierras que el gobierno había emprendido en la zona.

Por decreto, las tierras de las minas pasaron a manos del gobierno, quien se adjudicó la propiedad de 147 hectáreas por remate judicial, pasando a manos de la Comisión de Fomento Minero. Sin embargo, el 19 de abril de 1968, el gobierno ordenó la desincorporación del predio a favor de la para estatal Minera Corzo SA de CV [2] , para que iniciara nuevamente la explotación de oro, plata, zinc y wollostonita. Fue en este periodo que algunos campesinos sin tierras se convirtieron en obreros de los nuevos propietarios.

De manera oficial, el 28 de octubre de 1979, el gobierno mexicano amplió la asignación m inera sobre 875 hectáreas para la exploración de oro, plata, pl omo, cobre, zinc y wollastonita a la empresa Minera Corzo , y años más tarde – el 15 de junio de 1984- se amplió la explotación hacia el socavón La Victoria por un periodo de 3 años más [3] . Don Eliud Camacho Velasco, recuerda a esta época como periodo donde se extrajo la mayor cantidad de wollastonita, un mineral que servía para la cerámica del centro del país. Al poco tiempo, la paraestatal Minera Corzo quebró y cerró sus operaciones.

En pleno arranque del proyecto neoliberal en México que puso su acento en el remate de bienes nacionales, el 7 de junio de 1988la inmobiliaria Piedras Dorada, propiedad de Carlos Slim Helu adquirió las tierras de la mina Santa Fe, que para ese entonces, estaban ocupadas parcialmente por los campesinos de El Beneficio. La primera estrategia de la inmobiliaria fue obligar a cada familia campesina a firmar un contrato de arrendamiento por 5 años con una renta anual de 300 pesos a partir del 26 de mayo de 1989.

Los contratos de arrendamiento de la empresa con los campesinos terminaron con la irrupción zapatista de 1994, toda vez que campesinos tsotsiles de Pueblo Nuevo, Bochil y Jitotol afiliados a los Central Independiente, Obrera, Agrícola y Campesina (CIOAC) bajaron a ocupar las tierras dela finca La Zacualpa y con ello, el predio de la mina. En 1995 el gobierno se vio obligado a comprarla finca, pero no la mina, luego de movilizaciones campesinas, tensas negociaciones y conflictos. La fracción donde se encuentra la mina fue desalojada por la policía estatal y entregada a la inmobiliaria Piedras Doradas. Los campesinos fundaron el poblado Agustín Rubio sobre el caso principal de la antigua finca La Zacualpa.Eliud Camacho, un viejo obrero de la mina, recuerda que las maquinarias que aún permanecían dentro las minas fueron rematadas por los propios campesinos.

Mediante diversas maniobras legales de poca claridad la inmobiliaria Piedras Negras realizaba el traspaso de la explotación en plena efervescencia del movimiento armado del EZLN. En abril de 1995, Minera Cerro del Plata obtuvo la concesión minera por 50 años sobre 821 hectáreas, pero luego se traspasó el título a Minera San Francisco del Oro, y finalmente, en agosto de 2012 cedió sus derechos mineros a Minera Arroyo de la Danta, una subsidiaria de Minera Frisco e Inmobiliaria Frisco, esta última se fusionó con Inmobiliaria Piedras Doradas en octubre de 1997. Todas estas empresas propiedades de Carlos Slim, actúan como complejo consorcio con títulos en la Bolsa Mexicana de Valores.

No obstante, en febrero del año 2001, un total de 23 campesinos del grupo Mina Santa Fe solicitaron al gobierno la compra de las 147 hectáreas del predio Santa Fe La Zacualpa o Santa Fe, pero la respuesta fue negativa. A cambio, el gobierno ofreció reubicarlos en el predio La Argentina en el municipio de Bochil. Tras la respuesta, muchos campesinos sin tierras comenzaron por abandonar el sitio hacia los municipios vecinos. Este 21 de mayo de 2019, – tras 24 años – nuevamente campesinos de la CIOAC ocuparon aquella porción de tierras que el gobierno devolvió a la inmobiliaria Piedras Doradas, exigiendo la salida de la minera Frisco. Pero el fondo de las inconformidades campesinas tiene su raíz en la dinámica territorial que ha impuesto la minera en los alrededores del municipio de Solosuchiapa.

Limitar la sobrevivencia, estrategia de Minera Frisco

Una estrategia central que desarrolla la empresa Minera Frisco en el poblado El Beneficio es limitar la capacidad de sobrevivencia de la población local para vaciar el territorio, y de esta manera, expandir el control de la explotación hacia todo el corredor minero del norte de Chiapas. Hasta 1994, años en que termina el contrato de arrendamiento de los campesinos con la minera, El Beneficio sirvió como un pueblo de contención para evitar el ingreso de campesinos hacia el predio donde se encuentra la mina.

El poblado El Beneficio se fue construyendo como una comunidad débil en términos de estructura, organización social y baja población para hacer frente al proyecto minero. A lo largo de los años, la mina ha ganado terreno en tanto ha transformado el territorio, afianzado su relación con la población local y las relaciones de la vida cotidiana, sin que los efectos ambientales sean cuestionados.

Los habitantes de El Beneficio siempre refieren que son “pocos habitantes” “que están solos”, por tanto, “no somos unidos” frente a otros pueblos vecinos para hacer frente a la empresa. Desde su fundación, la mina ha impedido la articulación de las comunidades con el ir y venir de obreros. No es una comunidad estable en cuanto a población. Además, el régimen de propiedad privada de las tierras de las minas, el arrendamiento y la nula respuesta del gobierno para dotarles de tierras generó desarraigo entre los campesinos del poblado. Muchos migraron hacia otras localidades vecinas una vez que dejaron de rentar la parcela; otros, la minera les dio dinero para que adquieran otras viviendas fuera del predio y solo en algunos casos, tierras. Desde la lógica minera, era mejor ofrecer dinero a cambio de la salida de los campesinos. Así es como la mina y el poblado El Beneficio construyeron una relación de subordinación.

La minera restringe las actividades agrícolas para limitar la reproducción campesina. Los pobladores tuvieron que girar hacia nuevas actividades como extractores de arena y grava sobre el rio La Sierra como jornaleros o empleados de la propia mina porque la gente no tiene tierras, es decir, la población tuvo que buscar nuevas formas de sobrevivencia.

Actualmente, la mina desarrolla un sin de estrategias para vaciar a la población del lugar para limitar la sobrevivencia. Por ahora, no permiten ingresar al predio para recoger “leña” para uso doméstico; Desde que la mina entró, los campesinos dejaron de cosechar frutales que servían para la comunidad, y la alimentación. Una vieja construcción para almacenar agua quedó dentro de las tierras de la mina; se mantienen cerrados los caminos ancestrales y tradicionales que conectaban hacia otros pueblos, en particular con Chapultenango; persisten constantes amenazas de desalojo y de ocupar nuevas tierras hacia el rio La Sierra por parte de la mina.

Un problema actual que manifiestan los pobladores son los problemas de salud sobre todo casos de malformaciones y casos de diarrea entre la población infantil. No existen aún estudios específicos que demuestren la correlación con la actividad minera, pero el conocimiento popular refiere que tiene relación directa con la empresa.

Otro aspecto es el manejo de grandes cantidades de explosivos; hay demasiados polvorines como llaman los habitantes a los depósitos de polvora; las detonaciones de esos polvorines se escuchan hasta en los poblados de Chapultenango y en algunas comunidades de Ixhuatán y Solusuchiapa, donde culpan a Minera Frisco de los sismos y los cortes intermitentes de energía eléctrica.

La empresa apoya de manera preferente y diferenciada a las familias, sobre todo a quienes se muestran amigables con el proyecto de exploración, mientras excluye de beneficios sociales a la población que cuestiona su presencia. Así es como entregan materiales de construcción y alambres para los potreros a la población que muestra simpatía con la empresa. Estos tipos de apoyos causan tensiones y rivalidades entre Monte Horeb, La Constancia, El Beneficio y Agustín Rubio, quienes resultan beneficiadas por la empresa.

Al menos unas 20 mujeres se han marchado de manera gradual de la comunidad El Beneficio luego de que se casaron con los perforistas de la empresa que llegaron al pueblo y estos los abandonaron; algunas por “vergüenzas” ante el pueblo decidieron probar suerte en las ciudades. “Los perforistas dejan hijos por todos lados” dice un habitante.

Un elemento central que aparece con la presencia de la minera en El Beneficio, es un aparente mercado laboral que bajo la promesa de buenos salarios atrae a los campesinos y jornaleros del lugar. Esto está ligado con la preparación de la mano de obra local para el mercado minero mediante el apoyo del Centro de Capacitación Frisco (CECAFRI) donde se adquieren conocimientos de competencias laborales que favorezcan el crecimiento de los proyectos mineros. En 2017, estos cursos fueron llevados a 439 localidades, incluidas algunas de Chiapas. [4]

El cine es otro elemento discursivo que se pone en marcha como herramienta seductora para las nuevas generaciones de las comunidades vecinas, misma que se presenta como una actividad altruista y como un acto de reciprocidad. A partir de enero 2017, la población infantil de tres pueblos Agustín Rubio, El Beneficio y Siberia fueron seducidos por el arte del séptimo arte, por patrocinio de México Minero [5] cuyo esquema se repitió en otros estados mineros del país.

Apuntes desde el sur mexicano

La revisión del caso de la mina Santa Fe en Chiapas nos permite entender el despliegue del proyecto neoliberal y el extractivismo en América Latina como un proceso de relaciones de poder entre los gobiernos nacionales y las empresas, facilitando en gran medida por las profundas reformas estructurales iniciadas en la década de 1990.

A lo largo de estos años, las empresas mineras han construido un corpus y una praxis a veces heterogénea y otras veces homogéneas para apropiarse de la vida cotidiana de la población local, que tiene como fondo, limitar la capacidad de sobrevivencia de las personas a costar de ceder el territorio.

Pese a los intentos de las empresas mineras de construir una nueva narrativa basada en el discurso de la minería sustentable y la gobernanza ambiental, la población cercana a la zona de explotación percibe y expresa con mayor fuerza los efectos ambientales y de seguridad en torno a la actividad minera.

En el caso mexicano, pese a la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obradora la presidencia de México, los proyectos mineros no parecen detenerse, por el contrario, amenazan con expandirse en gran medida por el marco jurídico y las relaciones de poder construidas por las empresas mineras, mismos que garantizan la continuidad de los proyectos por 25 años e incluso hasta por 50 años.  

Bibliografía

Gudynas, Eduardo, 2015, Extractivismos. Ecología, economía y política de   un modo de entender el desarrollo y la naturaleza, primera edición, Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES): Cochambamba, Bolivia.

López Bárcenas, Francisco, 2017, La vida o el mineral. Los cuatros ciclos del despojo minero en México . Primera edición, Akal Ediciones: México, DF.

Svampa, Maristella y Enrique Viale, 2014, Mal desarrollo: La Argentina del extractivismo y el despojo , primera edición, Katz editores: Buenos Aires Argentina.

Fuente:http://www.rebelion.org/noticia.php?id=257305&titular=la-mina-santa-fe-en-chiapas-y-la-estrategia-del-despojo-territorial-&fbclid=IwAR05rdOyzMxUm4k1Ah9M_8zUHv5bJKnpnOKS4y7wmXXpPGPbbf7Uhz-hT6Q

En el caso de México, el estudio destaca que cuatro mineras han amenazado con presentar demandas contra el Estado, en tres casos por medidas regulatorias relativas a conflictos socioambientales a nivel local, mientras que en un caso tiene como origen medidas tributarias. Una de estas empresas ya presentó su demanda.

Las empresas mineras han encontrado una nueva forma de violar la soberanía de los países de América Latinapara imponer sus proyectos: demandar con montos millonarios a los gobiernos ante un sistema de arbitraje supranacional cuando se implementan políticas públicas en respuesta a las exigencias de comunidades afectadas por la minería.

El informe “Casino del Extractivismo: las empresas mineras apuestan con la vida y la soberanía de América Latina usando el arbitraje supranacional”, elaborado por la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), el Instituto de Estudios Políticos (EU), el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (EU) y Alerta Minera Canadá (MININGWATCH), demuestra cómo el acudir al arbitraje supranacional es una oportunidad para que las mineras se enriquezcan a través de temerarias apuestas dentro de un sistema donde las probabilidades están en su favor.

“La facultad de éstas últimas de acudir a espacios de arbitraje supranacional representa otra amenaza a la autodeterminación de las comunidades y a las pocas protecciones a las que pueden acudir a través de sus cortes, sistemas regulatorios y gobiernos para exigir que se respete sus derechos humanos y hacer cumplir la ley”, dice Jen More Y Manuel Pérez-Rocha Loyo, autor del informe.

La proliferación del arbitraje entre inversionistas y Estados de parte de empresas mineras contra gobiernos en América Latina coincide con el aumento de conflictos y resistencias comunitarias en contra de la desenfrenada expansión de la minería metálica industrial en la región.

México, Argentina, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Chile, Guatemala, Uruguay, El Salvador, Paraguay, Nicaragua, Honduras, Granda y Guyana, son los países de Latinoamérica y El Caribe donde las mineras han presentado casos de arbitraje en contra de los gobiernos.

El estudio analiza 38 demandas en las que más de la mitad de las mineras tienen su domicilio en Canadá. Asimismo, la mayoría de estos casos los presentaron empresas de exploración que no cuentan ni con minas en operación ni con ningún otro proyecto minero, y realizan un último intento de extirpar millones e incluso miles de millones de dólares de gobiernos en la región a través del arbitraje supranacional sin importar si respetaron o no los reglamentos ambientales y mineros locales, y en casi todos los casos sin contar con el consentimiento de la comunidad para operar.

Las cláusulas sobre Solución de Controversias entre Inversionista y Estado (SCIE) que se incluyen en Tratados de Libre Comercio (TLC), Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y otros pactos, normas y contratos sobre inversiones les permite a los inversionistas evadir a los tribunales nacionales y presentar sus demandas ante un sistema de arbitraje supranacional. Este sistema les permite a los inversionistas extranjeros presentar demandas por millones, e incluso miles de millones de dólares, contra Estados soberanos ante “tribunales” privados de arbitraje, siendo el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial el más comúnmente utilizado, mientras que la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) se presenta como otra opción.

Estas demandas se realizan frente a un panel de tres abogados corporativos, altamente remunerados, quienes usualmente se encuentran en secreto sin la presencia de testigos.

LAS DEMANDAS CONTRA MÉXICO

En el caso de México, el estudio destaca que cuatro mineras han amenazado con presentar demandas contra el Estado, en tres casos por medidas regulatorias relativas a conflictos socioambientales a nivel local, mientras que en un caso tiene como origen medidas tributarias. Una de estas empresas ya presentó su demanda.

De acuerdo con el estudio, todos los sospechosos del asesinato tenían vínculos con la empresa, pero aún no se ha hecho justicia.

Años más tarde, una solicitud amparada en la Ley de Libre Acceso a la Información en Canadá reveló que la embajada de Canadá en México había asesorado a Blackfire Exploration sobre cómo iniciar una demanda, a pesar de que funcionarios del gobierno canadiense tenían un detallado conocimiento sobre las protestas con relación a la mina de barita de Blackfire, al igual que la criminalización, las amenazas y la violencia contra miembros de las comunidades que se habían pronunciado sobre los impactos de la mina, refiere el informe.

La empresa no llegó a materializar su amenaza de demanda y se disolvió en 2017.

Otro caso es el de la empresa canadiense Primero Mining (que First Majestic Silver compró posteriormente). En junio 2016, unas semanas antes de la Cumbre de los “Tres Amigos”, entre México, Canadá y los Estados Unidos, México recibió la notificación de intención de someter a arbitraje internacional la reclamación de la minera por el supuesto incumplimiento de normas del TLCAN luego de que la autoridad impositiva mexicana presentara una acción legal para intentar incrementar el pago de impuestos de la empresa con base en sus ventas de plata.

Primero Mining era gravado sobre la base de sus ventas de plata a un precio muy por debajo del valor de mercado, conforme a un acuerdo con las autoridades mexicanas para el período entre 2010 y 2014. El precio por debajo del valor de mercado se remite al contrato entre Primero Mining y Silver Wheaton, a la cual le vende una parte de la plata proveniente de la mina San Dimas en Durango a través de una subsidiaria off-shore, es decir una subsidiaria ubicada en un paraíso fiscal. Luego, Silver Wheaton vende esa plata a un precio más elevado.

La empresa indicó que su amenaza con relación al TLCAN por un monto indefinido desembocó en un proceso de diálogo con las autoridades mexicanas y que por esta razón había suspendido el procedimiento arbitral a marzo de 2018.

Otro caso ocurrió en septiembre de 2018, poco después de que se hiciera público el texto renegociado del TLCAN (actualmente denominado Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá o T-MEC). La empresa estadounidense Legacy Vulcan LLC y su subsidiaria mexicana Calizas Industriales del Carmen (Calica), notificó su intención de someter una demanda en contra de México en el marco del TLCAN y con relación a una controversia ambiental sobre la extracción de piedra caliza en el estado de Quintana Roo.

La empresa está en disputa con el municipio de Solidaridad, cuyo Programa de Ordenamiento Ecológico Local y Programa de Desarrollo Urbano han impedido que la empresa explote dos predios.

El estudio indica que la empresa efectivamente presentó la demanda de arbitraje el 3 de enero de 2019, y el monto que reclama rondaría los 500 millones de dólares. En seguida de esta demanda, a inicios de 2019, la también estadounidense Odyssey Mineral Exploration entabló una notificación de intención de demandar a México por no haber aprobado los permisos ambientales para su proyecto de minería de fosfato en suelos marinos cerca de costas de Baja California Sur por la enorme cantidad de 3 mil 540 mil millones de dólares.

Fuente:https://www.sinembargo.mx/17-06-2019/3598209?fbclid=IwAR3A_3tsOL911EQlfvjcgDNZSPV-FU6zDx1-9Ozw9WZmRqimeaIfN4uZK7o

El movimiento Salvemos al Cañón del Sumidero y la asociación civil Otros Mundos Chiapas denunciaron que la empresa Minera Cales y Morteros del Grijalva, SA de CV, es responsable de causar enfermedades cancerígenas a las personas que habitan en Ribiera Cahuaré.

Además, señalaron que su operación implica daños ambientales muy severos al Cañón del Sumidero. Según las organizaciones, ese parque nacional enfrenta graves problemas ambientales por las actividades extractivas de la minera, que extrae desde hace 54 años piedra caliza las 24 horas al día, los 365 días al año.

“La operación de esta empresa también afecta la salud y la vida de la población de la Ribiera Cahuaré, donde los habitantes están expuestos día y noche a las emisiones contaminantes de la mina.”

Las organizaciones advirtieron que la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó que servidores públicos incurrieron en omisiones al permitir que la empresa minera continúe en operaciones(recomendación 12-2019, del 24 de mayo, dirigida a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas).

Alejandra Aldama Pérez, integrante de Salvemos El Cañón del Sumidero, afirmó que la maquinaria que utiliza la empresa es la misma con la que empezó, que es obsoleta, emite contaminantes a la atmósfera y es ruidosa. Además, dijo, los desechos industriales van a dar al río Grijalva, y las emisiones que salen por chimeneas causan impacto a la vegetación y a los habitantes.

Para la ingeniera industrial Claribel Pérez Anaya, integrante del movimiento, la contaminación causa desde enfermedades infecciosas respiratorias agudas hasta cáncer.

La empresa, denunció, utiliza la piedra caliza y un combustible que al coserse emana por las chimeneas metales livianos, los cuales se combinan con otros químicos y dan como resultado lluvia ácida.

Agregó que los seres humanos expuestos a esos residuos tóxicos presentan enfermedades como cáncer bronco-pulmonar y nasal, dermatitis, anosmia, sinusitis, asma, además de las enfermedades bronco-respiratorias y pulmonares.

Fuente:https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/06/13/denuncian-a-minera-cales-de-causar-cancer-a-poblacion-en-chiapas/?fbclid=IwAR1LumIBslcysxtVZbdSquI2GKdybEPfR4FOAUlIHYbHsWMFqiWGOXw3qio

Fuente:https://www.idimedia.com/gobierno-federal/amlo-respalda-proyecto-minero-de-pena-nieto-se-reune-con-el-magnate-lakshmi-mittal/?fbclid=IwAR1vSW3UZf8zfbRZS5NVZLuty379mnzOupAt5DWEpT5Dq6vQPPR0jJ7W4nY

El gobierno de México ha pagado a empresas trasnacionales 242 millones de dólares por proyectos extractivos cancelados. El sistema comercial internacional obliga a los Estados a indemnizar a las corporaciones por las pérdidas de sus inversiones y, ahora, las mineras buscan entrar a lo que investigadores llaman el “casino del extractivismo”: un juego de apuestas para aumentar sus ganancias a costa de empeñar el planeta.

Le llaman “cláusula de controversias entre inversionistas y Estado” y está incluida en prácticamente todos los tratados comerciales que se han firmado desde la década de los 60. Se diseñó para proteger, sobre todo, las inversiones, pues obliga a los gobiernos a indemnizar a las empresas por proyectos de inversión que no puedan concretarse.

En los últimos años ha cobrado fuerza y en todo el mundo se han multiplicado las demandas de empresas contra países que deciden cumplir sus leyes y no permitir sus inversiones. Las empresas que más usan este instrumento están asentadas en Estados Unidos y Canadá, los socios comerciales de México en el Tratado de Libre Comercio que en estos días se busca ratificar (T-MEC).

Por la aplicación de esta cláusula, que debe resolverse en tribunales comerciales internacionales que son parecidos a las cortes de derechos humanos, pero mucho más poderosos, porque sus sentencias son vinculantes (lo que significa que los Estados están obligados a cumplir), México ha tenido que pagar 242 millones de dólares en juicios perdidos contra distintas empresas transnacionales, entre ellas la española Abengoa y la norteamericana Cargill.

En otros ocho casos el Estado mexicano ha tenido resoluciones a favor, en tres más las demandantes desistieron y uno más llegó a un arreglo.

Todo esto está documentado en el informe “Casino del extractivismo”, elaborado en conjunto por Mining Watch Canada, Institute for Policy Studies y Center International Enviromental Law, y presentado este miércoles en Ciudad de México.

Los investigadores Manuel Pérez Rocha y Jennifer Moore explicaron que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversionistas (CIADI), del Banco Mundial, es el tribunal privado internacional más utilizado por las empresas para demandar; y lo que los faculta para hacerlo son las cláusulas sobre solución de controversias entre inversionistas y Estados que están en los acuerdos internacionales.

“Las empresas entran a apostar a este sistema para ver cuánto pueden ganar y van viendo qué países pueden ser más vulnerables y dónde pueden obtener más ganancias, planteando proyectos que ni siquiera llegan a desarrollar”, dijo Pérez Rocha.

En la presentación también participó Graciela Rodríguez Navarro, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, quien aseguró que las demandas contra países latinoamericanos ante tribunales de arbitraje internacional “son una trampa para los Estados”, que pone en riesgo a los pueblos indígenas y las comunidades campesinas.

En el mismo sentido, Pérez Rocha aseguró que las empresas apuestan con la vida de los pueblos y la soberanía de los países utilizando el arbitraje supranacional –un juicio internacional que sólo puede ser convocado por la industria extractiva–.

Por su parte, Moore, quien han investigado durante años el comportamiento de las mineras canadienses, dijo que las mineras están usando la amenaza de demanda para abrir espacios de diálogo, bajo coacción y arreglar disputas por fuera de un proceso de arbitraje.

De acuerdo con los investigadores, hay una tendencia cada vez mayor de las mineras de intentar usar este instrumento internacional para resolver controversias en México (de las 21 demandas que ha litigado el Estado mexicano ninguna había sido de mineras).

“Las empresas mineras están tratando de extorsionar a países de América Latina por cientos de millones de dólares, pero también están tratando de jalonear con proyectos y procesos que han sido rechazados”, afirmó Jennifer Moore.

Las mineras

En México cuatro empresas han amenazado con presentar demandas, aunque sólo una lo ha concretado. En tres casos las suspensiones han sido por medidas regulatorias relacionadas con conflictos socioambientales a nivel local.

El primer registro que se tiene es el de la minera Blackfire, quien en 2010 amenazó con llevar su caso a los tribunales comerciales y demandar al Estado mexicano por un monto de 800 millones de dólares, después de que las autoridades ambientales clausuraron la mina de barita La Revancha, a los pocos días del asesinato del activista Mariano Abarca. La información obtenida a través de una solicitud de acceso a la información reveló que la empresa fue asesorada por la embajada de Canadá en México sobre cómo iniciar la demanda.

En 2016, otra canadiense, Primero Mining, también amenazó al Estado mexicano con interponer una demanda por incrementar el pago de impuestos de la empresa con base en sus ventas de plata por la mina Magestic, en Durango; de acuerdo con el informe, la mera mención de la cláusula con relación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y una suma indefinida de dinero fueron suficientes para llevar a las autoridades mexicanas al diálogo. El proceso se suspendió en marzo del 2018.

El 3 de enero del 2019 la empresa estadounidense Legacy Vulcan demandó al Estado mexicano por un monto de 500 millones de dólares debido a que la aplicación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del municipio de Solidaridad en Quintana Roo y el Programa de Desarrollo Urbano impidieron que la empresa explotara dos predios por la extracción de piedra caliza. Ésta es, hasta ahora, la única demanda en curso de una empresa minera contra el Estado mexicano.

A inicios de 2019, sin embargo, la minera estadounidense Odissey puso a temblar al Estado mexicano cuando entregó la notificación de intención de demandar por no haber aprobado los permisos ambientales para su proyecto de minería de fosfato en subsuelos marinos cerca de las costas de Baja California Sur. La demanda, que aún se está evaluando, es por la cantidad de 3 mil 540 millones de dólares.

Fuente:https://piedepagina.mx/trasnacionales-apuestan-el-planeta-en-el-casino-del-extractivismo/?fbclid=IwAR1liASxmxPIRQRcfmOLfmRQdPtYDJ3nuokra0eFW_2Vuns1OEjd7fllaD8

Las comunidades de Ixtacamaxtitlán, Puebla, exigieron hoy a la Semarnat la suspensión de la reunión.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció del día 10 de junio la suspensión de la reunión pública de información sobre el Proyecto Minero Ixtaca, después de que la Unión de Ejidos y Comunidades por la Defensa de la Vida y el Territorio Atcolhua denunciara ante el secretario Víctor Toledo un proceso viciado y manipulado por la empresa Minera Gorrión, y solicitara la cancelación del evento.

En la Gaceta Ecológica, la Semarnat anunció la reprogramación de la reunión pública sin dar más detalles. El evento quedó fijado para el próximo martes 25 de junio.

Minera Gorrión es subsidiaria de la empresa canadiense Almaden Minerals y promovente de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de una mina a cielo abierto de oro y plata en Ixtacamaxtitlán.

La reunión pública de información fue solicitada a la Semarnat por las comunidades, como un recurso posterior a la presentación de la MIA. Sin embargo, “en este caso no ha pasado así. La empresa estuvo interviniendo de manera directa en estos días previos al evento”, denuncia Francisca Zamora, vocera de la Unión de Ejidos.

Francisca señala varias irregularidades, entre las que destacan que la minera hizo perifoneo y pega de carteles con los que llamaban a acudir a la reunión y dar un “sí al proyecto minero”, usando el argumento de “no dejarse manipular, presionar ni desinformar”, y que colocó agentes de seguridad privada en la comunidad de Santa María Zotoltepec, donde se llevaría a cabo el evento.

Las integrantes de la Unión también denunciaron que la empresa estuvo haciendo trabajos de remozamiento del auditorio de la misma comunidad de Santa María, lugar de la reunión; que Minera Gorrión se ofreció a pagar los alimentos de los asistentes durante la jornada de consulta, y a proveer de mesas, sillas, pantalla y equipo de sonido para que ésta se lleve a cabo. Las comunidades notificaron inmediatamente de esta situación a las autoridades responsables.

La propaganda de la minera sobre la reunión pública de información empapeló muros y postes de las comunidades.

«Exigimos que ahora la Semarnat tome en cuenta todas las irregularidades que hemos denunciado en el proceso, cancele definitivamente una reunión que ya está viciada y que no autorice la MIA a Almaden Minerals».

Desde hace más de 10 años, las comunidades de la Sierra Norte de Puebla han manifestado que no otorgan consentimiento para la realización de este proyecto y han construido un proceso organizativo e informativo en la región, gracias al cual han podido documentar las violaciones cometidas por la empresa en contra del derecho humano a la salud, el agua y el medio ambiente.

Fuente:https://www.elpopular.mx/2019/06/10/municipios/semarnat-suspende-reunion-publica-sobre-proyecto-minero-ixtaca-206428?fbclid=IwAR3KJGfoiPbH1DfTWizyk-I0tJ6j5rs4Ibbtv2Q73DysS6Ko1KXC-ZIdG8M

De acuerdo con información de la asociación civil Otros Mundos Chiapas, el parque nacional El Cañón del Sumidero enfrenta graves problemas ambientales por las actividades extractivas de la minera Cales y Morteros del Grijalva, empresa que extrae desde hace 54 años piedra caliza las 24 horas al día, los 365 días al año. La operación de esta empresa, tambiénafecta la salud y vida de la población ubicados en la Ribiera Cahuaré, donde los habitantes están expuestos día y noche a las emisiones contaminantes de la mina.

Según el movimiento Salvemos al Cañón del Sumidero, la empresa calera es la causante de enfermedades cancerígenas entre la población. Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos – México, destaca las omisiones en las que incurrieron el funcionariado público al permitir que la empresa minera continúe en operaciones.

En conferencia de prensa, Alejandra Aldama Pérez, integrante del movimiento ciudadano afirmó que la maquinaria que utiliza la empresa es la misma con la que empezaron, que es obsoleta, emiten contaminantes a la atmósfera y es ruidosa; además, que los desechos industriales va a dar al rio Grijalva, las emisiones que salen por chimeneas causan impacto a la vegetacióny a las casas de los habitantes.

Una información de la red de comunicadores Boca de polen, Vladimir Contreras Escamilla

Fuente:https://aler.org/node/5877?fbclid=IwAR0IfffBBj4uOeMnYhgTzbY1p1SHweYA5EomXz1yjtUSJrI_C3lywtg03CQ

El ayuntamiento de Guadalcázar, San Luis Potosí, aprobó por unanimidad declarar este municipio libre de minería metálica, a fin de proteger su territorio de los inversionistas que durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto obtuvieron 103 concesiones para explotar esa localidad, informó el presidente municipal, Francisco Pérez Zapata.

La declaratoria fue resultado de la lucha comunitaria que emprendieron hace más de dos años ciudadanos de este municipio respaldados por autoridades del ayuntamiento, así como por la pastoral social de la iglesia diocesana de Matehuala, la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas y la Red Mexicana de Afectados por la Minería.

El primer paso fue «dar a conocer la existencia de las 103 concesiones mineras. Posteriormente se debatieron en reuniones las potenciales afectaciones a la salud, el territorio y los bienes naturales que traen consigo las actividades mineras, las cuales alteran para siempre el estilo de vida campesino y comunitario que, para nosotros, son un referente histórico de esta apacible y apreciada región».

Los habitantes de Guadalcázar se pusieron en alerta a principios de 2018, cuando nuestro territorio fue amenazado por una empresa minera que inició trabajos con fines de explotación. Esto orilló a que el ayuntamiento tomara medidas para frenar a esta empresa, cuya incursión era ilegal.

El alcalde Pérez Zapata y los regidores aprobaron la declaratoria de municipio libre de minería metálica, que ayer mismo fue publicada en Plan de San Luis, el periódico oficial del gobierno del estado.

El texto precisa los alcances del acuerdo: La voluntad popular de no permitir la minería metálica en Guadalcázar es de obligatorio cumplimiento tanto para autoridades como para particulares. Además, el ayuntamiento manifiesta de forma pública y abierta que por ningún motivo se autorizarán u otorgarán licencias y/o permisos de uso de suelo para llevar a cabo la extracción de minerales metálicos bajo cualquiera técnica o modalidad posibles.

Con la aprobación de esta declaratoria y su publicación se sienta un precedente muy importante para las resistencias en México porque es una muestra fehaciente de que los pueblos organizados podemos defender de manera pacífica y legal nuestro territorio, nuestros bienes naturales y nuestra forma de vida pese a las amenazas del poderoso modelo extractivo, informaron el ayuntamiento y las organizaciones que promovieron la declaratoria.

Fuente:https://movimientom4.org/2019/06/proscriben-la-mineria-metalica-en-guadalcazar/?fbclid=IwAR1jjQbD0DLNKYhS5wK5m_8AJUO8OOBX9UlHOfBPVVg7U_sl-jE2crdyEOA

Los habitantes de San Martín Sombrerete denuncian que desde hace días se han derramado químicos como cianuro, sulfato de zinc y sulfato de cobre; denuncian que el daño ya es irreversible.

El río de la comunidad San Martín Sombrerete, en el estado de Zacatecas, es contaminado desde hace unos días, por un derrame de químicos producidos por una mina de Grupo México, propiedad de Garmán Larrea Mota.

La contaminación del río afecta directamente la actividad agrícola y ganadera de San Martín Sombrerete, además de causar un daño irreversible al agua, flora y fauna de la región.

Los habitantes de San Martín informaron sobre la situación al Sindicato Nacional de Mineros (SNTMMSySRM) y detallaron que, desde hace al menos tres días, la empresa ha derramado desechos tóxicos en el río, como cianuro, sulfato de zinc y sulfato de cobre.

A través de una carta, los afectados dicen que el río contaminado atraviesa la comunidad y desemboca en sembradíos frutales y cultivos de granos básicos. Acusan que las autoridades locales tratan de detener “inútilmente” este derrame con maquinaria cuando el daño ya es irreversible.

En el texto denuncian que el subprocurador de medio ambiente de Zacatecas, Salvador Esaú Constantino Ruíz, se comprometió a atender la contaminación de arroyos provocada por minas y hasta el momento no lo ha cumplido.

De acuerdo con el portal NTR Zacatecas, el daño no es solo para la comunidad de San Martín, habitada por unos dos mil habitantes, sino también resultan afectados otros municipios como San Antonio de Belén y Carretas, los cuales hacen uso del río para consumo humano.

Los habitantes de San Martín han buscado, en reiteradas ocasiones, un diálogo con las autoridades locales pero hasta ahora no han sido atendidos. Denuncian que la empresa Grupo México siempre ha callado y tratado de ocultar estas afectaciones ambientales.

Napoleón Gómez Urrutia, senador y presidente del Sindicato Nacional de Mineros, denunció el hecho en su cuenta de Twitter pidiendo a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que atienda la contaminación del río en San Martín y acusando que las autoridades de la región ocultan información.

El río de la comunidad San Martín Sombrerete, en el estado de Zacatecas, es contaminado desde hace unos días, por un derrame de químicos producidos por una mina de Grupo México, propiedad de Garmán Larrea Mota.

La contaminación del río afecta directamente la actividad agrícola y ganadera de San Martín Sombrerete, además de causar un daño irreversible al agua, flora y fauna de la región.

Los habitantes de San Martín informaron sobre la situación al Sindicato Nacional de Mineros (SNTMMSySRM) y detallaron que, desde hace al menos tres días, la empresa ha derramado desechos tóxicos en el río, como cianuro, sulfato de zinc y sulfato de cobre.

A través de una carta, los afectados dicen que el río contaminado atraviesa la comunidad y desemboca en sembradíos frutales y cultivos de granos básicos. Acusan que las autoridades locales tratan de detener “inútilmente” este derrame con maquinaria cuando el daño ya es irreversible.

En el texto denuncian que el subprocurador de medio ambiente de Zacatecas, Salvador Esaú Constantino Ruíz, se comprometió a atender la contaminación de arroyos provocada por minas y hasta el momento no lo ha cumplido.

De acuerdo con el portal NTR Zacatecas, el daño no es solo para la comunidad de San Martín, habitada por unos dos mil habitantes, sino también resultan afectados otros municipios como San Antonio de Belén y Carretas, los cuales hacen uso del río para consumo humano.

Los habitantes de San Martín han buscado, en reiteradas ocasiones, un diálogo con las autoridades locales pero hasta ahora no han sido atendidos. Denuncian que la empresa Grupo México siempre ha callado y tratado de ocultar estas afectaciones ambientales.

Napoleón Gómez Urrutia, senador y presidente del Sindicato Nacional de Mineros, denunció el hecho en su cuenta de Twitter pidiendo a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que atienda la contaminación del río en San Martín y acusando que las autoridades de la región ocultan información.

Fuente:https://www.animalpolitico.com/2019/05/mina-grupo-mexico-contamina-rio-zacatecas/