La recaudación de impuestos que logra el gobierno mexicano por parte de las mineras es casi simbólicos frente a los montos económicos que este sector logra en forma anual.

Más allá del impacto ecológico que la actividad extractiva representa para las diversas regiones del país, en donde se asientan 18 mil 874 minas muchas de ellas a cielo abierto, la recaudación de impuestos que logra el gobierno mexicano por parte de las mineras es casi simbólicos frente a los montos económicos que este sector logra en forma anual.

Lo anterior queda evidenciado en el informe “Las Actividades Extractivas en México: Minería e Hidrocarburos Hacia el Fin del Sexenio. Anuario 2017” presentado este día por Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., en donde se establece que esta irregular situación prevalece pese a que dos de las cinco mineras más importantes de América Latina, son mexicanas.

El aporte tributario de las mineras que raya en lo simbólico se revela al considerar que México, a pesar de su importancia minera, es el país que menos impuestos cobra a ese sector, comparado con otros países mineros de América Latina: en el periodo 2010-2014, en México apenas el 1 por ciento de los ingresos fiscales provinieron de esta actividad, mientras que en Chile, Perú y Bolivia la proporción fue de 13.8 por ciento, 6.4 por ciento y 2.8 por ciento, respectivamente.

Entre las causas que se reconocen que favorecieron a los bajos impuestos pagados por las mineras, se encuentran “la evasión fiscal, la existencia de privilegios e incentivos fiscales injustificados, o la ausencia de políticas tributarias que graven de manera efectiva la riqueza de personas y empresas”, señala el informe.

Así, aun cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó que en el 2017 la industria minera pagó por concepto de ISR (Impuesto Sobre la Renta) un total de 28 mil 805.6 millones de pesos, su contribución tributaria al erario en realidad fue menor, debido a que las industrias mineras lograron deducir saldos de IVA e IEPS (Impuestos Especial sobre Producción y Servicios), para dejar el monto de pago en un total de 4 mil 973.2 millones de pesos.

La tesis de la aportación tributaria del sector minero de manera casi simbólica, se fortalece con el hecho de que durante el periodo del 2006 al 2015 las mineras en su conjunto obtuvieron ingresos por el orden del Billón 714 mil 342.7 millones de pesos, pero solo pagaron de impuestos la suma de 22 mil 397 millones de pesos, esto debido a las condiciones tributarias laxas permitidas por la autoridad federal.

Otra de las razones que reconoce Fundar como la causa de la baja recaudación de impuestos mineros es la desorganización que en el sistema federal existe para saber siquiera quienes y donde están los depositarios de las concesiones mineras: la Secretaria de Economía (SE) no cuenta con un registro actualizado que relacione de manera precisa a los concesionarios mineros con sus concesiones, lo que ha imposibilitado el trabajo de fiscalización del SAT.

Ejemplo de lo anterior es el hecho de que hasta octubre del 2017 el Sistema de Administración Tributaria únicamente pudo ubicar a 3 mil 227 contribuyentes mineros, a quienes pertenecen 19 mil 174 concesiones de un total de 24 mil 961 registradas por la SE, lo que significa que el gobierno federal no sabe con exactitud a quién le pertenecen, ni cuáles son las características del 23.1 por ciento de las concesiones mineras que ha otorgado.

De la misma forma el gobierno federal ha sido omiso en el cobro del derecho adicional sobre minería, el que resulta en multas que van desde los diez a los 2 mil días de salario mínimo o la cancelación del permiso cuando los concesionarios no han realizado obras o trabajos de exploración durante dos años continuos sobre las minas entregadas.

En ese sentido la Secretaría de Economía ha sido omisa en sancionar a los titulares de Mil 918 concesiones mineras que se encuentran en ese parámetro, en donde Fundar señala que esa misma dependencia “incluso omitió entregarle al SAT la información básica de los concesionarios que se encontraban en esta circunstancia”.

Fuente:http://www.remamx.org/2019/07/mineras-ganan-millones-pero-pagan-impuestos-simbolicos-fundar/

El 15 de julio pasado, el cabildo del ayuntamiento de Huehuetán en la región del Soconusco aprobó por unanimidad el no otorgar ningún tipo de autorización a empresas para la construcción de centrales hidroeléctricas en el municipio chiapaneco.

Esta acción es parte de la lucha de comunidades de dicho municipio y de Tapachula, quienes desde 2012 se oponen a los proyectos hidroeléctricos Coatán y Cuilco, informó La Voz del Pueblo mediante comunicado de prensa difundido el pasado lunes.

Desde el año 2012, dicha organización donde confluyen comunidades de la región costa y sierra chiapanecas han exigido a autoridades locales la cancelación de permisos para la implementación de proyectos hidroeléctricos y mineros en sus comunidades.

Renovables en Chiapas, un atractivo negocio

El estado de Chiapas alberga el 30 por ciento del agua superficial en todo México y genera mas del 40 por ciento de la energía hidroeléctrica del país.

Esto se debe al impulso gubernamental del siglo pasado para la generación de energía “limpia” mediante gandes proyectos hidroeléctricos.

Actualmente, las energías renovables representan enorme rentabilidad para las inversiones privadas por lo cual han optado por “disminur” el impacto ambiental con la implementación de mini-hidroeléctricas en caudales de todos los tamaños en el estado del sureste mexicano.

“El problema de estas empresas limpias están ubicadas en zonas muy pobres que nunca recibieron el desarrollo que México hizo con esas presas grandes y ahora resulta que ellos tienen que pagar el desajuste de la ecología, los mismos que no recibieron el apoyo que dio México. ¿Cómo le vamos a poner todo encima a comunidades que jamás se beneficiaron de un desarrollo que destruyó el medio ambiente?”, cuestiona Claudia sobre el discurso con el cual las empresas se aproximan a las comunidades.

Específicamente, el proyecto de Cuilco presentado en 2012 planteaba la construcción de una cortina de 35 metros de alto, lo cual inundaría un área de nueve hectáreas de terreno donde los campesinos siembran café y plátano.

A pesar de que la empresa Hidrochiapas, S. de R. L. de C. V. argumentó desde la presentación del proyecto que “cuenta con la anuencia de la mayoría de los propietarios de la zona”, fue hasta el año de 2014 cuando representantes de las empresas Asergen S.C. y Comexhidro S.A de C.V. se dieron cita en el lugar para intentar comprar tierras para la instalación de mini centrales hidroeléctricas en los ríos Coatán y Cuilco.

 

El pasado 18 de julio, aniversario luctuoso de Benito Juárez, el presidente López Obrador (AMLO) declaró que la producción minera en México debe continuar, porque según él, esta actividad representa empleos y distribución de la riqueza (sic). Sin embargo, complementó su dicho señalando que no se puede destruir el medio ambiente en aras de la creación de riqueza: …sí queremos el crecimiento, pero sin destruir el medio ambiente, si se tratara de crecer por crecer podríamos decir ¡vamos!, ¡a seguir con las rondas petroleras!, ¡a seguir entregando concesiones para la minería, no le hace que sea a cielo abierto, no le hace que contamine!.. entonces, podríamos crecer en 6 por ciento anual, pero destruimos el territorio, y ¿qué le dejamos a las nuevas generaciones?, eso es muy irresponsable… Estas declaraciones se dieron en el contexto del reclamo ciudadano de sanciones contundentes a Grupo México por los criminales y reiterados daños ambientales que ha provocado su negligencia.

La postura de AMLO en defensa del medio ambiente frente al depredador modelo extractivo minero es una señal positiva, mas no deja de contrastar con las ambigüedades jurídicas que en la materia se ha mostrado. Por un lado, el gobierno suspende el otorgamiento de nuevas concesiones mineras y por otro se niega a la abrogación de la Ley Minera de 1992, la cual declaró la explotación de minerales como actividad preferente por sobre cualquier otro aprovechamiento del territorio. Se trata de una de las joyas jurídicas del neoliberalismo salinista que ha traído a México miseria, división social, violencia, muerte, desplazamientos, pérdida de soberanía y destrucción irreversible del patrimonio ambiental y cultural. Algo similar encontramos en las contradicciones de política pública: mientras las áreas responsables de la minería en la Secretaría de Economía fueron entregadas a empleados de la industria minera trasnacional, la Secretaría de Medio Ambiente ahora es dirigida por uno de los mayores defensores del territorio frente a la crisis civilizatoria que representa el neoliberalismo.

 

¿Por qué entonces no desterrar la ambigüedad y dar pasos definitivos hacia la protección del territorio frente a la megaminería, principalmente la de tajo a cielo abierto?, ¿por qué no ha iniciado el proceso de desmantelamiento jurídico del neoliberalismo y su postura extractivista?, ¿por qué siguen vigentes las leyes y normas que lo han hecho inatacable, profundamente injusto y peligroso para la biodiversidad?, ¿no acaso elegimos a AMLO con estas esperanzas por delante? Es fundamental insistir en ello, sobre todo ante la llegada de un nuevo 22 de julio, Día Mundial contra la Megaminería a Cielo Abierto, fecha en que los pueblos se solidarizan con las poblaciones que padecen el desgraciado arribo de ésta a sus regiones. Pero también es vital recordarle al gobierno que mientras da balbuceantes pasos para intentar detener la destrucción que la megaminería a cielo abierto provoca sobre nuestros territorios, los corporativos mineros, con los canadienses a la cabeza, dan pasos firmes en sus objetivos de fracturar, con mentiras y dinero, a las comunidades para imponerles sus fugaces e irracionales proyectos.

 

En cuanto a la megaminería canadiense, su arrogancia no encuentra límite. No sólo tiene pendiente responder, entre otros, por el crimen que una de sus empresas realizó en el ahora desaparecido Cerro de San Pedro Potosí, sino que mantiene la presión y el chantaje sobre muchas comunidades. Ejemplos actuales de aguda amenaza minera los encontramos en Ixtacamaxtitlán, Puebla, y en Dolores Hidalgo, Guanajuato. En aquella población y su región, la canadiense Almaden Minerals lleva años dividiendo a los habitantes para imponer un megaproyecto de tajo a cielo abierto que le permita obtener el medio gramo de oro que por tonelada de subsuelo existe en la zona, en un proceso que duraría tan sólo 14 años y que dejaría como herencia perpetua más de mil hectáreas destruidas, incluyendo un enorme cráter de kilómetro y medio de diámetro y 400 metros de profundidad, además de la aparición de dos enormes montañas con más de 50 millones de toneladas de desechos contaminantes y la contaminación de millones de metros cúbicos de agua que se usarían en los procesos de beneficio del mineral.

 

Un panorama similar se presenta en San Antón de las Minas, municipio de Dolores-Hidalgo, donde la canadiense Argonaut Gold pretende imponer un proyecto de megaminería a cielo abierto para triturar, a punta de explosivos y en tan sólo siete años, el Cerro del Gallo y sus profundidades, lo que provocaría un ecocidio de grandes dimensiones en el territorio que vio nacer la lucha por la Independencia. Los canadienses, con sus serviles aliados mexicanos, pretenden extraer medio gramo de oro por tonelada de subsuelo dolorense, utilizando más de mil 500 millones de metros cúbicos de agua del acuífero de la Independencia, cuya cuenca hidrológica se encuentra en situación crítica.

 

Nada de esto tendría que estar sucediendo si la declaratoria de muerte del neoliberalismo fuese verdad. Por ello, las resistencias organizadas desde los pueblos son la única esperanza para detener esta depredación y heredar vida y dignidad a los que vienen.

*Investigador de El Colegio de San Luis.

Fuente:https://www.jornada.com.mx/2019/07/20/opinion/016a1pol?fbclid=IwAR0W6XKJXL8VBKt8OKjkRD_RyUAEL2pL5EjaIRl5bC_uE54GqVTeS_-nm2M#.XTNsNGuPnbA.facebook

Fuente:https://desinformemonos.org/clausuran-temporalmente-terminal-de-grupo-mexico-en-guaymas/?fbclid=IwAR2dRW6izMi462Ux3LqR6lYg1eykb8Vy6wCjAlE58Gj3JYgixGEnBeJlkZ4

#DíasdelFuturoPasado volumen 23

“Hay un par de muertes menores, pero nada de qué preocuparse señor” Hard Boiled, Miller, Darrow, Stewart

Hace unos días Grupo México volvió a ser noticia al derramar más de 3 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en la Bahía de Guaymas, Sonora, con todos los impactos negativos que esto conlleva a corto, mediano y largo plazo, donde el gobierno federal ya ha declarado que no existe peligro alguno de contaminación.

Este derrame se suma a una larga lista de “accidentes” que el grupo minero ha causado desde hace algunos años en el Estado de Sonora y me atrevo a decir que la situación es bastante similar en todo el país. El ocurrido hace ya casi cinco años en la cuenca del Río Sonora con el derrame de las presas de jales de la minera Buenavista del Cobre en la ciudad de Cananea, Sonora. Uno de los mayores desastres ecológicos en la historia de México y el cual aún no ha sido ni reparado, ni restaurado, demostrando con esto que la impunidad y la falta de justicia trasciende sexenios gubernamentales y proyectos de nación.

Antes de hablar de los daños a corto, mediano y largo plazo que este nuevo derrame dejará, ahora en el Mar de Cortés, que sumados a los daños sin reparar en la Cuenca del Río Sonora ponen al Estado en una situación tristemente histórica; en este aspecto es importante generar el debate sobre el impacto negativo de la industria minera que va en aumento en Sonora y que con esta administración estatal actual ha sido indiscriminada, pues es bien sabido de los nexos de la gobernadora con la industria minera.

Abramos el debate. Primero, en los últimos cinco años, Sonora pasó de tener concesionado aproximadamente el cincuenta por ciento de su territorio a más del setenta por ciento para este 2019; aunque no es lo mismo una concesión que un proyecto minero, si es un peligro latente de convertirse en uno y si entendemos que la minería es una actividad extractiva, que impacta negativamente en la naturaleza y las poblaciones humanas cercanas a donde se realiza, estamos ante costos socio-ambientales mucho mayores que las ganancias de la propia industria.

El mito de la minería sustentable es solo eso, un mito sin bases, ni fundamentos, sin embargo, esta cobertura mediática que se está dando de nuevo con Grupo México debe ser aprovechada para tratar de abrir el debate de cuan necesaria es la minería en este momento y si vale la pena los riesgos y los costos socio-ambientales que pagan la naturaleza y las comunidades. Los daños “accidentales” causados por Grupo México son la punta del iceberg de todos los daños que causa la industria minera en el mundo y donde el Estado de Sonora no es la excepción, de hecho si consideramos la cantidad de proyectos extractivos (minería incluida), la agro-industria, el turismo de sol y playa, las granjas acuícolas, entre otros, nos deja un Estado en plena devastación, como todo el país, como todo el Sur Global que está destinado a ser la zona de sacrificio del Norte y sus corporaciones, con gobiernos cómplices, que permiten todo bajo el discurso del derecho al desarrollo.

Hablar de los impactos que tendrá este nuevo derrame, es muy amplio. En corto plazo las afectaciones, principalmente en los mamíferos marinos, las tortugas y sobretodo en los marco-invertebrados bentónicos será muy evidente, va desde abrasiones en la piel hasta la muerte por quemaduras y/o envenenamiento, lo que a mediano y largo plazo se traduce en una disminución en las poblaciones de algunas especies, muchas de ellas con valor socio-económico -pesca- por lo que las acciones de reparación del daño deben de incluir un diagnóstico de la pesquería tanto artesanal, que será la más afectada hasta la industrial con mucho énfasis en la de arrastre por su impacto negativo ya de por si en el ecosistema del Golfo de California/Mar de Cortés.

Este diagnóstico debe de incluir planes de manejo y cuidado de los macro-invertebrados bentónicos, especialmente los bivalvos y crustáceos, mamíferos marinos poniendo énfasis en la zona de la vaquita marina que con esto el riesgo de su desaparición aumenta y en la disminución de algunas especies de peces. El Golfo de California ya de por si devastado por el mega turismo, la pesca de arrastre y los proyectos extractivos río arriba, está en una posición aún más vulnerable. Asegurar que el daño está controlado sin antes haber hecho este diagnóstico habla muy mal de SEMARNAT y sus dependencias encargadas de dictaminar el daño.

Si la 4T es coherente con su discurso tendría que comenzar cancelando todos los proyectos mineros de Grupo México, además de obligarlo a reparar y restaurar todos los ecosistemas afectados por esta empresa. También debe de hacer desde un análisis muy serio, con una investigación exhaustiva de la necesidad de la industria minera, evaluando los costos socio-ambientales y de justicia ecológica por sobre el concepto de desarrollo que se tienen y las necesidades reales de las comunidades de mantener los ecosistemas sanos y funcionales, de lo contrario es continuar con la farsa que tiene al país y al mundo al borde del colapso.

Desde la rebelión contra la extinción

Zinacantepec, julio 2019.

Fuente:http://www.liberaradio.com/el-ecocidio-permanente-de-grupo-mexico-la-punta-del-iceberg-de-la-industria-minera/?fbclid=IwAR2Z1Z3eP_GiLGD4nRvfyYWYx_2w170zUPSYXDSUh-fDC0QzuggyMStkVn8

Se contaminaría el acuífero que surte a municipios como Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende.

La Coalición en Defensa de la Cuenca de la Independencia y el colectivo Guardianes de la Cuenca, advirtieron que el proyecto minero de la empresa Argonaut Gold va a contaminar el acuífero que surte a siete municipios del Estado de Guanajuato.

El proyecto, conocido también como de San Antón de las Minas, representa para los ambientalistas un ecocidio que ocasionaría afectaciones en la salud para los habitantes de los municipios de San Felipe, Dolores Hidalgo, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Doctor Mora, San José Iturbide y San Miguel de Allende.

La explotación minera a cielo abierto que pretende la empresa canadiense tendrá una respuesta el próximo domingo con la marcha que saldrá a las 9:30  horas del Parque Álvaro Obregón de Dolores Hidalgo y que demandará detener cualquier actividad minera que dañe el acuífero de la Cuenca de la Independencia.

En contraste, esta semana la ciudad de San Miguel de Allende, por cuarto año consecutivo, recibió el reconocimiento como la “Mejor Ciudad de México”, por la influyente revista de viajes “Travel and Leisure.

Fuente:https://lacoperacha.org.mx/cuenca-independencia-amenazada-proyecto-minero/?fbclid=IwAR27r8ipZk2vXjIJBO47WgvbGGOYABy2SS2kPj7OHl5Wf-OAelhkrZv2vDk

Sus aguas albergan el 39 por ciento de los mamíferos marinos conocidos en el mundo y un tercio de los cetáceos, además de peces como el tiburón ballena, la totoaba, la mariposa limón, la morena castaña, tigre o pargo pitero, además de 3 de las 13 colonias reconocidas de lobos marinos en California, se encuentran dentro de la biosfera de la Bahía de los Ángeles , en las costas de las islas de Ángel de la Guarda y Granito. Ahí también habitan pelícanos, delfines y muchos peces.

En el mar de Cortés o golfo de California habitan animales únicos en el mundo. Fue declarado patrimonio natural mundial en 2005. Es uno de los espacios naturales de mayor protección en Norteamérica ya que la comunidad científica internacional la considera el laboratorio más grande del mundo.

Geológicamente, es una parte de la corteza terrestre que se ha ido separando del continente americano por el movimiento de placas, mismo que ha formado el golfo de California, también conocido como el mar Bermejo, por el color de sus aguas.

A sus costas arriba la ballena gris para reproducirse, y más de 56 especies de aves marinas, 26 de ellas migratorias, y seis casi endémicas, además de 154 especies de aves terrestres de 30 familias.

En México existen alrededor de 26 mil 500 concesiones mineras vigentes, tanto territorio indígena y agrícola ha sido entregado a empresas o particulares como concesión minera y representa del 13 al 30% del territorio del país, señaló Gustavo Lozano.

El integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) mencionó que esta actividad es el megaproyecto más violento que existe contra la salud, el territorio y el medio ambiente a nivel nacional y mundial.

“Hay un discurso oficial de los últimos tres gobiernos de que la minería puede ser socialmente responsable, nosotros consideramos que no es así, la extracción de minerales no tiene que ver nada en lo absoluto con las relaciones que las sociedades hemos construido”, dijo.

TEXTO COMPLETO Y VIDEO EN: https://proyectopuente.com.mx/2019/07/16/2-mil-comunidades-en-mexico-son-afectadas-con-26-mil-concesiones-mineras-vigentes-rema/

Fuente:http://www.remamx.org/2019/07/2-mil-comunidades-en-mexico-son-afectadas-con-26-mil-concesiones-mineras-vigentes-rema/