Joshue Uriel Figueroa Blázquez
Los embates constantes de los gobierno estatales y gobiernos federales, que a pesar de la alternancia de partidos en el poder federal y los estados, mantienen el objetivo primordial de las políticas implementadas: no es la máxima de un estado rector y regulador de la economía; ni siquiera la planificación del desarrollo en beneficio de la población; es más bien la constante reiteración del neoliberalismo sobre las decisiones de la población. A estos proyectos no les importan la protección al medio ambiente, ni la salud y seguridad de los habitantes, simplemente se imponen de manera tajante y salvaje bajo la lógica de la inversión privada, el libre mercado, el desarrollo industrial, la modernidad.
Aprovechando el conflicto territorial entre Colima y Jalisco, el Consorcio italo-argentino-indio Benito Juárez Peña Colorada, SA de CV, perteneciente a la empresa Ternium-ISPAT y Mittal Steel, opera desde hace 44 años en total impunidad, causando severos daños ambientales, violando los derechos humanos de las comunidades indígenas nahuas y despojándolas de sus territorios, para explotar entre 250 y 300 millones de toneladas de hierro presentes en las entrañas de la Sierra de Manantlán, incluida la Reserva de la Biósfera.
En 2012, 5 mil habitantes de las 32 comunidades que se oponen a las actividades extractivas
Un grave desastre ecológico en la cuenca del río Atoyac, fue reportado por el Jefe del Distrito 06 de la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa) con sede en este municipio, Gabriel Sánchez Cortés, quien expuso que cientos de peces murieron de manera inexplicable en el afluente.