La trasnacional de capital canadiense Almaden Minerals irrumpió en terrenos ejidales de Ixtacamaxtitlán, provocando destrozos a un camino y afectaciones severas a árboles y otros elementos naturales, denunciaron ayer representantes del núcleo ejidal, quienes fueron apoyados por el Consejo Tiyat Tlali, que se opone a la actividad minera en la Sierra Norte de Puebla.
La invasión ocurrió el pasado domingo 22 de junio, la misma fecha en la que se realizó el foro más concurrido que haya sucedido hasta ahora en la entidad contra las mineras e hidroeléctricas.
Ante el abuso la gente se organizó, detuvo la maquinaria de la empresa y no la devolvió hasta que se hizo el compromiso de que una provocación de esa naturaleza y de ninguna otra volvería a suceder, relataron ayer el presidente del Consejo de Vigilancia del Ejido de Almeya, Fortunato Luna, y Pablo Cortés Hernández, ejidatario del mismo núcleo.
El paisaje marino de la Costa Grande contrasta olas majestuosas y pelícanos sobre la playa; del lado de los cerros se nota el avance de maquinaria pesada que escarba la tierra y los pobladores se han dado cuenta de que las mineras comienzan a llegar a sus pueblos, sin poder evitarlo. Son casi tres kilómetros entre arena y selva media baja lo que disfruta la vista.
Indígenas de la comunidad de San Miguel del Progreso, en la Montaña de Guerrero, pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determine la constitucionalidad de la Ley Minera y si ésta se apega a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Unas 50 empresas extranjeras en materia metalúrgica huyeron de Oaxaca, esto luego de que notaran que la entidad es un territorio no apto para la explotación minera y por efervesente conflictividad social.
Agentes de la policía estatal, con el apoyo de militares, capturaron en el municipio de Jitotol al activista y defensor de derechos humanos Braulio Gómez, denunciaron hoy organismos no gubernamentales.
El delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) Nereo García García, informó que la actividad minera en Natividad, Ixtlán de Juárez y Cuzcatlán enfrenta problemas con esta dependencia federal, al no cumplir con las normas ambientales establecidas para el desarrollo de esta actividad.
Pese a las críticas de grupos ambientalistas, la construcción de la mina de cobre «El Arco», propiedad de Grupo México, estará a finales de este año, aseguró el director de minería de Baja California, Víctor Nuza Montaño. 
Una de las más empresas más activas será Peñoles, pues ya tiene en marcha un proyecto en Perú llamado Racaycocha, el cual supone una inversión inicial de mil 300 millones de dólares. (Bloomberg)
La extracción de líquido de los mantos acuíferos por parte de empresas mineras e industriales asentadas en la entidad está acabando con el agua, lo que afecta, sobre todo, a la población cercana a estas compañías, cuya condición es por lo regular de pobreza extrema.
La Secretaría de Economía (SE) deberá dar a conocer las coordenadas geográficas de las concesiones mineras de la República mexicana, correspondientes al periodo del 4 de febrero de 2013 a la misma fecha de 2014.