Luego de más de 3 años de que los ciudadanos sudcalifornianos iniciaran una lucha en contra de la aprobación de la entrada de la minería a cielo abierto en la media península, finalmente este 16 de marzo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa les dio la razón, decidiendo que la autorización condicionada contenida en el oficio SGPA/DGIRA/DG-05124 que dio la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) al proyecto minero a cielo abierto en la Reserva de la Biósfera de la Sierra de la Laguna, “Los Cardones”, fue anulada.

Fuente:http://defiendelasierra.org/noticias/locales/tribunal-cancela-autorizacion-que-le-dio-la-semarnat-al-proyecto-minero-los-cardones-en-la-paz/

En el 2015 se reportó la intoxicación de casi todo un pueblo por su exposición a metales pesados en un municipio de Querétaro. Cerca de la localidad hay una minera que extrae artesanalmente mercurio y más cerca, en los traspatios, los pobladores tienen hornos para obtener el mercurio líquido

Querétaro, México. A contraluz, sobre el sendero, se ve la silueta de tres niños que vienen caminando a paso rápido. Han dejado 300 metros atrás la única escuela primaria que hay en el Llano de San Francisco, una localidad del municipio de Pinal de Amoles, uno de los cinco que conforman la Reserva de la Biósfera “Sierra Gorda”, la reserva más biodiversa de México.

Los niños saludan, y en un intercambio de líneas cortas me atrevo a preguntarles sobre sus intenciones profesionales, ellos solo ríen. Nos despedimos. Aún deben caminar cerca de media hora a paso normal para llegar a sus casas.

En el Llano hay también un centro preescolar y una secundaria comunitaria. Si los niños quisieran continuar sus estudios, tendrían que bajar a la cabecera municipal de Pinal de Amoles para estudiar el bachillerato, esto en taxi, de ride o caminando cerca de tres horas por la “vía corta”. No hay asistencia de transporte escolar y, a decir verdad, es de una suerte del diablo encontrar taxi por estos rumbos.

Ojalá hubiera obtenido una respuesta en lugar de risas: aquí no es común convertirse en profesional. Menos común es ver adolescentes en el bachillerato de Pinal de Amoles. En cifras de la Comisión Nacional de Pobreza, el 20 % de la población mayor de quince años del Llano San Francisco es analfabeta y solo el 45 % terminó la primaria.

En su mayoría, en el Llano de San Francisco las mujeres se dedican a labores domésticas —con o sin remuneración económica— y los hombres a la minería, a la extracción artesanal de mercurio.

Arsénico en el cuerpo

El 13 de junio del 2015, la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro comunicó haber atendido a 120 personas intoxicadas con arsénico en el Llano de San Francisco, “pacientes que no presentaban riesgo para la vida” —destaca el comunicado—. Aún con los análisis en mano, la Secretaría de Salud estableció de diagnóstico: sospecha de intoxicación crónica por arsénico. “Sospecha”.

Tiempo atrás, antes de llegar a ese diagnóstico, la unidad médica de la comunidad de San Gaspar había atendido paulatinamente a los vecinos del Llano, todos se quejaban de síntomas similares que no cuadraban con las enfermedades que estaban acostumbrados a tratar. Lesiones en la piel: ronchas, manchas, descamaciones y comezón. Infecciones respiratorias agudas, agotamiento, debilidad y pérdida de la fuerza en brazos y piernas.

Tras estos reportes, el 26 de mayo del 2015 la Subdirección de epidemiología localizó ocho casos agudos de intoxicación y trasladó a estas personas al Centro de Salud de Pinal de Amoles para hacerles unas muestras. Conforme a los registros de la Secretaría de Salud la sospechosa intoxicación crónica se encontró en 120 de 172 habitantes, los cincuenta y dos restantes fueron catalogados como asintomáticos. La mayoría de los afectados fueron niños de cinco a catorce años de edad.

Hoy, un año y nueve meses después, me encuentro con un grupo de serranas que niegan los hechos como si se tratara de un mito:

—¡No, no les crea! Aquí nada pasó, nada. Muchos nomás hicieron argüende porque ya no hallan ni qué inventar.

Argüende: así le dicen al escándalo, al chisme. Pregunté a mis interlocutoras si entonces había sido mentira que muchos se intoxicaran con arsénico. Su respuesta fue todo un eslabón:

—Mire ese viejito que viene caminando allá, es el señor José, él lleva toda su vida trabajando en la mina, tiene como ochenta años y está muy sano ¡Pregúntele para que vea!

En México desde 1994 no hay cifras oficiales sobre la producción de mercurio, por lo que no es posible ni determinar el número de minas activas. En 2011, al evaluar los suministros de mercurio en el país, la Comisión para la Cooperación Ambiental publicó el dato de que en el año de 1968 se tenían registrados al menos 1119 proyectos de explotación de mercurio por la Comisión del Fomento Minero. En 2010, con información de la Secretaría de Economía, solo se reportaron 314.

Para hablar sobre el mercurio mexicano los municipios de la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda son claves: según los registros del Servicio Geológico Mexicano en la década de 1970 dos de estos —entre ellos Pinal de Amoles—, colocaron a Querétaro como primer productor de mercurio a nivel nacional.

La extracción del cinabrio (sulfuro de mercurio) existe desde antes de la conquista española en el municipio de Pinal de Amoles, la prueba ideal para demostrarlo, de acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano, es la existencia de minas de azogue.

Hasta el 2007 el mismo Servicio Geológico Mexicano identificó solo en Pinal de Amoles 11 mineras que se han dedicado por ciertos periodos a la extracción de mercurio como producción primaria, es decir, se han dedicado a extraer mercurio como actividad principal. Esto sin tecnologías novedosas, más bien con métodos artesanales.

Le pregunté al señor José Hernández Aguas su edad, y me pidió que la calculara porque no la sabía, lo que me dijo fue que nació en el año de 1936.

—¿Tiene ochenta y un años?

—Así me dijeron.

—¿Usted no se ha enfermado por la minería?

—Sí me enfermo, pero de otras cosas.

Es mediodía y casi todos los hombres del pueblo están “abajo”, en la mina la Soledad, una minera con potencial geológico de reserva de 9500 toneladas, estimación calculada por el Servicio Geológico Mexicano en el 2006. La Soledad es la minera más importante de extracción de mercurio del municipio de Pinal de Amoles, y es ahora la empresa que da trabajo a casi todos los hombres del Llano de San Francisco.

En el Llano de San Francisco me encontré con las mujeres y con el señor José Hernández Aguas porque se habían reunido para hablar sobre los programas de asistencia social del Gobierno de la República: “Prospera” y “65 y más”, dos programas que, en términos prácticos, ofrecen ayuda en dinero a grupos vulnerables. La reunión estuvo presidida por Natalia Hernández, una joven dotada de autoridad por haber hecho familia con el delegado del Llano de San Francisco.

A simple vista, creí que Natalia era una niña, calculé seis años menos de los que tiene; este año cumplirá 22. Natalia fue una de las intoxicadas por arsénico, pero al igual que las mujeres que nos rodean, le resta importancia:

—Pues es que algunos dijeron que les salieron granos, a mí no me salieron granos, ni nada, solo se me desmayaban las manos y los pies y me caía, no me salieron granos ni nada de eso, a la demás gente sí y se les puso la piel como negra. Pero a mí no.

Aún sin confirmarlo, se cree que la sospechosa intoxicación crónica de arsénico que sufrió la población del Llano tiene que ver con la mina la Soledad, con posibles vertidos de esta en el Cedral, un manantial que tiene ubicación muy cercana a la mina.

Le pregunté a Natalia si sabía la causa de su intoxicación y ella me contestó que sabía que tenía altos niveles de arsénico en su organismo, pero que no podía culpar a la minera la Soledad porque el personal de la Secretaría de Salud les dijo que también podía haber causado esa intoxicación el contacto con los hornos de calcinación de cinabrio que hay en los patios de sus casas, a unos cuantos metros, a unos cuantos pasos de sus habitaciones. Aunque la Secretaría de Salud solo difundió que la población estaba contaminada por arsénico, este no es el único metal en sus organismos; también tienen mercurio.

“Aquí todas las familias están trabajando con el mercurio, porque es una zona de ese mineral”, dice una mujer. “Es zona minera aquí, todo. Y sale mercurio por donde quiera”, interrumpe otra. “Todas las aguas están infectadas, entonces no podemos decir que es de la mina porque no”, una mujer más se suma a los argumentos de sus vecinas y sucede el remate: “Aparte, la mina está lejos, y nuestros señores ni se enfermaron, no les pasó nada a ellos”.

La defensa a la mina la Soledad por parte de las mujeres que se toman el tiempo de hablar conmigo es impecable. Incluso la población, en un aspecto generalizado rechaza la presencia de medios de comunicación por temor a que sigan ejerciendo presión para que cierren esa minera. Y es que en septiembre del 2015, tres meses después de la exposición pública del caso del Llano de San Francisco, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, clausuró las instalaciones de la Soledad por no tener almacenamiento seguro de combustibles, no tener estructura segura para depositar los residuos de la extracción —la mayoría expuestos, propensos a dispersarse, a trasladarse por ejemplo, con las lluvias—; y por no tener estructura para evitar contaminar las cuencas de agua cercanas.

A decir de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la mina la Soledad representaba un riesgo inminente de desequilibrio ecológico para la región.

Antes de la intoxicación, los pobladores del Llano de San Francisco consumían agua directamente del manantial del Cedral, pero no solo ellos: el Cedral se conecta con las cuencas Poza Verde y Golondrinas, y estas abastecen de agua a 17 comunidades, 16 de Pinal de Amoles y la restante del municipio vecino Arroyo Seco, también parte de la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda.

Una de las principales notas del 19 de agosto del 2015 en los medios locales fue la reunión que tuvo el personal de la Secretaría de Salud con la mayoría de autoridades de esas 17 comunidades afectadas, más que nada por preocupación de los pobladores, ya que veían gente de la Comisión de Aguas realizando estudios. En la reunión, el personal de la Secretaría de Salud les pidió a los presentes extremar precauciones al consumir esa agua. Ya habían pasado casi dos meses después de dar a conocer la intoxicación en la localidad del Llano de San Francisco.

El director de Minería del Ayuntamiento de Pinal de Amoles, Leonardo Herrera, precisa que desde la intoxicación, hay pipas (camiones cisterna) que llevan agua a la comunidad del Llano, y además fueron colocados seis filtros para metales pesados en algunas de las otras comunidades. Hay una obra en proceso que abastecerá de agua potable a la región, sin embargo, ésta apenas concluyó su primera etapa por lo que todavía muchas comunidades consumen agua de las cuencas que se conectan con el Cedral.

Entre sus documentos bien ordenados, el director de minas tiene copia de solicitudes de información que ha hecho a la Secretaría de Salud del gobierno del Estado de Querétaro y a la Comisión Estatal de Aguas. A ambos organismos, les ha pedido —sin obtener respuesta, aún— información sobre los estudios hechos en el Llano de San Francisco a raíz de la intoxicación; tanto en la población como en las cuencas hidrológicas del Cedral, Poza Verde y Golondrinas.

—Ellos creen que es un dicho —me explica Leonardo Herrera, director de Minería del Ayuntamiento de Pinal de Amoles— uno les dice: es que el mercurio te va a hacer mal, y ellos responden que sus papás, que sus abuelitos, que todos siempre han trabajado el mercurio y que si no se mueren de eso, se mueren de hambre, y dicen “no pues le sigo”. Ahorita al fin estamos en el punto de poder decirles: mira, aquí están los análisis de tus niños, de su orina, ¡estás mal!

Reserva de la Biósfera

Pinal de Amoles, Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros y Peñamiller son los cinco municipios que abarca la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda. El problema de la extracción artesanal de mercurio no está solo en el Llano de San Francisco, sino en otras localidades tanto de Pinal de Amoles, como de Peñamiller, principalmente.

En 1997 estos cinco municipios de la Sierra Gorda que conforman un área biogeográfica relevante a nivel nacional por sus ecosistemas no alterados, fueron nombrados Reserva de la Biósfera, y por Ley, deben ser conservados.

De acuerdo al inventario del Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, existen siete tipos de vegetación entre bosques, selvas y matorral xerófilo. Es el hábitat de 131 especies de mamíferos, 23 especies de anfibios, 72 de reptiles y 363 de diferentes tipos de aves. También es el hábitat de casi 2000 especies de plantas. De cada categoría se cuentan especies en peligro de extinción, amenazadas, raras y endémicas.

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¿Cuáles son los signos vitales de la megaminería en México en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)? Este es un tema que debe tratarse abordando otra pregunta que ayuda a guiar la discusión: ¿Cómo se transformó el territorio mexicano con la megaminería a partir de la apertura comercial?

Durante los 34 años del periodo neoliberal del sistema capitalista, la etapa en la que se presentó un punto de inflexión en la megaminería fue a partir de 1994, con la puesta en marcha del TLCAN, que conllevó la privatización del territorio mexicano, expresado en incrementos acelerados de la superficie concesionada para la industria minera y de la inversión extranjera directa destinada a dicho sector, con incidencia directa en el agotamiento de los recursos naturales.

Este análisis se presenta como respuesta a la necesidad de ofrecer una contribución mexicana a las discusiones que, a nivel global, se tienen sobre las alternativas de transformación social que surgen desde los conflictos sobre la minería; y que además sirva como referencia empírica para la comparación internacional de resultados en otros estados nacionales con presencia de esta actividad empresarial: la megaminería.

El artículo se divide en tres partes, en la primera se analiza el comportamiento de la superficie del territorio mexicano concesionado a la industria minera, en la segunda el seguimiento a la inversión extranjera directa en la minería, y en la tercera se revisan los signos vitales de la megaminería en el marco del agotamiento de los recursos naturales.

Las concesiones mineras en el territorio mexicano

La megaminería a cielo abierto en México ha generado, durante el periodo 1982-2016, impactos sociales mediante el desplazamiento de las comunidades y la sobreexplotación del trabajo; así como afectaciones ambientales en los territorios donde se agotan los mantos acuíferos y se generan altos volúmenes de residuos sólidos. Por ello se sostiene que la megaminería a cargo del capital privado transnacional no ha generado desarrollo en las comunidades mexicanas donde está presente la extracción de metales preciosos.

La institucionalidad que brinda soporte a las empresas mineras de capital transnacional presentes en territorio mexicano es principalmente el gobierno federal de México que, mediante reformas al Artículo 27 de la Constitución y el Artículo 6 de la Ley Minera, ha facilitado la expropiación de tierras consideradas de utilidad pública para destinarlas a la extracción de minerales, por considerarse en términos legales como preferentes sobre cualquier otro uso de las tierras. Mediante dichos mecanismos, el Estado mexicano ha subordinado sus decisiones en respuesta a la presión lobbística de la Cámara Minera de México, la Embajada de Canadá en México y el Comité de Minería de la Cámara de Comercio de Canadá.

En México, de acuerdo con el Artículo 15 de la Ley Minera, se otorgan concesiones mineras por un periodo de 50 años con derecho a prórroga por otros 50 años. De esta manera, la legislación minera vigente ha permitido, a mes de marzo de 2016, la privatización de 112’82 millones de hectáreas, el equivalente al 57’4% del territorio mexicano durante el periodo neoliberal del sistema capitalista (1982-2016). Durante estos años se observó una tendencia general de crecimiento pero, con el fin de realizar un análisis más riguroso, vemos que dicho espacio temporal se presenta en dos subperiodos: el tiempo previo al TLCAN (1982-1993) en el que se concesionaron 9’46 millones de hectáreas; y el periodo posterior, en el que fueron 103’36 millones de hectáreas de territorio las concesionadas a la industria minera durante los 23 años del TLCAN (1994-2016).

Tales cifras también indican que en los 12 años previos a la entrada en vigor del TLCAN se concesionaron en promedio 0’78 millones de hectáreas por año, mientras que desde la irrupción del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, se han concesionado 4’49 millones de hectáreas de suelo mexicano por año, es decir seis veces más (véase gráfica 1).

La dinámica del capital privado transnacional en la minería en México

Desde el Estado mexicano se ofrece un discurso pro-minería resaltando que la industria extractiva de la megaminería utiliza tecnología de vanguardia en sus procesos de exploración, explotación y beneficio de los minerales; que entre 2010 y 2016 México lleva seis años consecutivos posicionado en el primer lugar mundial de producción de plata; o que en 2013 México se ubicó como el séptimo productor de oro a nivel mundial. De acuerdo con información de la Secretaría de Economía del gobierno federal, la inversión extranjera directa en minería captada en México durante el periodo 1982-2015 fue de un total de $24.118’8 millones (de dólares estadounidenses), equivalente al 4’7% de los $504.816’7 millones de inversión extranjera directa total captada en México durante el mismo periodo.

Al desagregar dicha información en dos subperiodos, previo y posterior al TLCAN, vemos que en la primera fase (1982-1993) se captaron únicamente $348 millones de inversión extranjera directa en minería, cifra que contrasta con los $23.770’8 millones que han entrado durante el periodo del TLCAN (1994-2015) (véase gráfica 2). Dichos datos también indican que en los 12 años previos a la entrada en vigor del TLCAN se recibió un promedio de $29 millones por año y se obtuvo un 822’3% de incremento durante dicho periodo, equivalente al 68’5% de incremento anual. Mientras que en los 22 años del TLCAN se han recibido, en promedio anual, $1.080’5 millones y un 3.725’8% de incremento, equivalente al 169’3% de incremento promedio anual, es decir 2’5 veces más que en el periodo previo.

Agotamiento de los recursos naturales. México territorio de sacrificio en América del Norte

Al ir a fondo del problema e indagar cómo se distribuye esa riqueza y qué impactos genera en el desarrollo nacional y en las comunidades donde se instalan los megaproyectos mineros, se observa que la tendencia al saqueo de recursos naturales por parte de la megaminería irá en aumento en los próximos años. Esto se debe a que en esa lógica existen puntos de coincidencia entre la CAMIMEX, que representa los intereses del capital minero en México, y las instancias como ProMéxico, que desde el gobierno federal mexicano “se encarga del fortalecimiento de empresas transnacionales a través del cabildeo para la mayor cantidad de inversión extranjera directa en México, así como posicionar a empresas mexicanas en el mercado exterior” (ProMéxico, 2015).

Ambas instancias públicas y privadas se convirtieron en negociadores de primer orden con el objetivo de facilitar el control del territorio mexicano para beneficio de los empresarios que han invertido en la megaminería, y que ahora cuentan también con la protección del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico liderado por Carlos Pavón Campos.

Los datos sobre el agotamiento de recursos naturales, indican que el principal territorio de sacrificio en la región de América del Norte es México, que durante el periodo 1982-2014 tuvo un promedio anual acumulado de agotamiento de su riqueza natural del 4’8%; cifra que contrasta con el 2’6% de Canadá y el 0’9% de Estados Unidos para el mismo periodo. Otro aspecto sustantivo que se desprende de los datos de la gráfica anterior, es que durante el periodo 1982-1994 en los tres países se registró una tendencia decreciente en cuanto al agotamiento de los recursos naturales.

Sin embargo, a partir del año 1994, con la entrada en vigor del TLCAN que implicó la apertura de los mercados y la privatización de los bienes comunes, se observó un punto de inflexión en la tendencia creciente de agotar los recursos naturales, algo que se dio en los tres países; aunque dicha tendencia de incremento se registró de manera asimétrica. Mientras que para el caso de Estados Unidos se trató de un aumento marginal, para el caso de Canadá, y sobre todo de México, el saqueo de materias primas fue más drástico. Otro elemento que se desprende es que a partir de la crisis de 2008, y de manera reciente cuando se produjo la caída del boom de las commodities, se observó una ligera tendencia decreciente en cuanto al agotamiento de los recursos naturales.

A partir de los datos anteriores, se aprecia la necesidad de reflexionar colectivamente y diseñar una estrategia nacional frente a la megaminería en México, que ponga en el centro el desarrollo de las comunidades y los municipios con presencia de la industria extractiva y contaminante. Algo que debe trabajarse mediante una sinergia donde intervengan los niveles de gobierno federal, estatal y municipal; los legisladores federales y locales; las universidades y centros de investigación; las organizaciones civiles ambientalistas; y las comunidades afectadas y los sindicatos mineros, tomando como parámetros de referencia lo que se está decidiendo en otras regiones del mundo y de América Latina en materia de distribución de la renta minera y de cargas fiscales por contaminación ambiental. Por ello, resultaría necesario promover una consulta pública nacional a la población mexicana para abordar el tema de la megaminería y el desarrollo, en línea con la que se hizo recientemente en Costa Rica. De esta manera, se conocería la opinión y la decisión de los mexicanos sobre estos asuntos de interés público nacional. Pero, además de ello, deberían emprenderse una serie de acciones colectivas, algunas de ellas ya en proceso:

1) Organizar un foro de análisis sobre megaminería. Dicho marco de debate y análisis se realizara en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión bajo el nombre “Megaminería: revisión de la legislación y distribución de la renta minera en el marco de una posible renegociación del TLCAN”. Deberían considerarse como puntos centrales del debate las propias concesiones mineras y el homologar los salarios de los trabajadores mineros de América del Norte, ya que actualmente por una jornada de ocho horas, en México, se percibe un salario de 20 dólares, mientras que un trabajador minero canadiense o estadounidense percibe un salario promedio de 40 dólares por hora.

2) Realizar una mesa de trabajo sobre la institucionalización del “impuesto de responsabilidad ambiental”, también llamado “impuesto ecológico estatal” en las entidades federativas con presencia de industrias extractivas y contaminantes, para discutir sobre el papel de los gobiernos estatales y municipales mexicanos en la captación y aplicación de recursos públicos derivados del impuesto ecológico estatal y del reparto de la renta minera. Dicha mesa será organizada por la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), tomando como punto de partida el decreto gubernativo que implementó en 2017 de manera novedosa, en el Estado de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, Gobernador de Zacatecas y Coordinador de la Comisión de Minería de la CONAGO; situación a tono con el análisis del Banco Interamericano de Desarrollo, presentado en 2016, para revisar las fuentes de ingreso de los gobiernos subnacionales de América Latina.

3) A 100 años de la promulgación de la Constitución de 1917 en México, resulta necesario promover una reforma constitucional para incorporar los derechos de la naturaleza, como ocurre en el capítulo séptimo “Derechos de la naturaleza” en la Constitución del Ecuador; impulsado por instituciones académicas y organizaciones ambientalistas.

4) Promover reformas y adiciones a la Ley Minera, especialmente al Artículo 6 de dicha ley, para que la minería en México deje de ser una actividad pública preferente y otorgue la posibilidad para que, por leyes de carácter federal y estatal, la federación, los estados y los municipios con presencia de proyectos mineros puedan establecer contribuciones que graven estas actividades.

Fuente:http://movimientom4.org/2017/03/el-saqueo-del-territorio-mexicano-la-megamineria-y-el-tlcan/

La Sala Especializada en Materia Ambiental y Regulación, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ordenó a la autoridad ambiental volver a evaluar el proyecto tomando en cuenta el artículo 48 de la LGEEPA que protege las actividades productivas de las comunidades locales.

México.- La autorización condicionada contenida en el oficio SGPA/DGIRA/DG-05124 que dio la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) al proyecto extractivo minero “Los Cardones”, durante la administración de Enrique Peña Nieto, fue finalmente anulada.

La Sala Especializada en Materia Ambiental y Regulación, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitió su resolutivo a la demanda interpuesta por el Frente en Defensa del Agua y la Vida para echar abajo el permiso que entregó la autoridad ambiental para operar en el polígono de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, siempre y cuando cumpliera con una serie de condiciones, entre ellas, regularizar los terrenos en los que intenta establecerse, porque hay antiguos pobladores, así como el interés de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) por adjudicarse un par de predios nacionales.

Ahora, la Semarnat debe acatar la orden de los magistrados, quienes sustentaron su veredicto en el artículo 48 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), según consta el expediente: 2522/15-EAR-01-3.

Como se sabe, las áreas naturales protegidas fueron planificadas en diferentes zonas, una de ellas la de amortiguamiento. Para administrar o controlar mejor la reserva, se creó un plan de manejo en el que se determina la orientación de cada zona o subzona. En este caso,  la zona de amortiguamiento especifica que solo pueden realizarse actividades productivas por comunidades locales que ahí habitan desde que se otorgó la autorización.

La Semarnat deberá reiniciar la evaluación de impacto ambiental de la empresa Desarrollos Zapal ligada a Invecture Group y al empresario Ricardo Salinas Pliego, deberá tomar en cuenta lo dispuesto por los magistrados.

Debemos recordar las dependencias dedicadas a la protección del medio ambiente son conducidas por integrantes del Partido Verde. En el organismo político milita Ninfa Salinas, hija del multimillonario, y la misma que quiere impulsar la Ley de Biodiversidad que, según organizaciones de la sociedad civil quedarían desprotegidas el 97% de las especies de flora que viven en México.

Fuente:http://www.sdpnoticias.com/local/baja-california-sur/2017/03/16/tribunal-federal-da-la-razon-a-ciudadania-cancela-autorizacion-a-minera-los-cardones

De los 51 ríos principales que hay en México 35, es decir, el 60 por ciento en nueve regiones hidrológicas se encuentran “fuertemente contaminados”, indica el documento Atlas del Agua 2016, realizado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Los resultados señalan a estos ríos como cuerpos de agua con sitios de monitoreo fuertemente contaminados, entre los que destacan el Río Balsas, Río Santiago, Rio Pánuco, Rio Grijalva-Usumacinta, Río Turbio, Río Papaloapan, Río Coatzacoalcos y Río Tonalá, que en su conjunto reúnen 87 por ciento del agua superficial del país.

Mercurio, plomo, cadmio, níquel, cromo, arsénico, cianuro, tolueno, benceno, cloroformo e incluso compuestos como cloruro de vinilo y disruptores hormonales como el DEHP son algunos de los contaminantes que se pueden encontrar en nuestros ríos.

El informe que se presenta anualmente, detalla que la Región Hidrológica del Valle de México, que comprende cuatro estados, el 36 por ciento del agua que existe en la zona está fuertemente contaminada.

Las principales fuentes de contaminación de loa ríos son las aguas residuales municipales (las que son manejadas en los sistemas urbanos y rurales de alcantarillado), y las aguas residuales que son descargadas directamente a los cuerpos de agua provenientes de las actividades productivas, principalmente de la industria y la minería.

El Programa Nacional Hídrico 2013-2018, destaca que, del volumen total de agua tratada, que asciende a 3 mil 146 millones de metros cúbicos, sólo se rehúsa el 33 por ciento, del cual el 7.8 por ciento se intercambia por aguas de primer uso, recuperando caudales para usos prioritarios como el público urbano”, apunta.

Sostiene que la reutilización de agua residual municipal tratada se ha incrementado en los últimos años, generalmente en la agricultura, la industria y en los servicios municipales y principalmente para el riego de áreas verdes urbanas. Sin embargo, reconoce que sólo se reutiliza una tercera parte de las aguas negras tratadas.

De acuerdo con Conagua, en el año 2015, las dos mil 477 plantas en operación en el país trataron 120.9 metros cúbicos, es decir, el 57 por ciento de los 212 metros cúbicos por segundo recolectados en los sistemas de alcantarillado.

Las entidades como Estado de México -262 y Sonora -236- concentra el mayor número de plantas de tratamiento en operación, seguido por Puebla -216- y Nuevo León -187- en contraste Quintana Roo -4-, Guerrero-7- Ciudad de México- 7- tienen el menor número.

Fuente:https://www.elsoldetulancingo.com.mx/mexico/60-de-los-rios-fuertemente-contaminados-revela-estudio-de-la-conagua

OAXACA, .- El delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el estado, Tomás Víctor González Ilescas, dejó plantadas a comunidades zapotecas que se oponen a la exploración ilegal de la minera Fortuna Silver Mines, que opera en San José del Progreso.

En respuesta, las autoridades ejidales y comunales de Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, Buena Vista, Cerro de las Huertas y Los Ocotes, así como la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán y el Comité de Defensa de Magdalena Ocotlán, confirmaron que “bajo el amparo de nuestros derechos como pueblos y comunidades indígenas y campesinas, no permitiremos la realización de ningún trabajo de exploración o explotación minera en nuestros territorios”.

Además se declararon en “alerta máxima” frente a cualquier intento de dependencias gubernamentales que quieran promover esos trabajos en sus comunidades.

De igual manera, exigieron a González Ilescas “proteger y velar por nuestros territorios, ya que nos mantendremos en constante monitoreo ante cualquier permiso entregado por dicha dependencia (la Semarnat) a la minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines en San José del Progreso”.

Con el lema: “Aquí decimos sí a la vida y no a la minería”, los inconformes denunciaron que persiste la opacidad de la Semarnat en materia de acceso a la información relacionada al proyecto minero, y destacaron que el pasado 28 de febrero el delegado hizo el compromiso de visitar la región este miércoles 8, con el objetivo de verificar las afectaciones al territorio.

Las autoridades acudieron al encuentro programado en San Martín de los Cansecos, pero González Ilescas nunca se presentó.

Los representantes agrarios de Ejutla y Ocotlán denunciaron que desde hace dos años la empresa Cuzcatlán ha realizado trabajos para la expansión del proyecto minero San José, en San José del Progreso y los límites con Monte del Toro y San Martín de los Cansecos.

Dichos trabajos consisten en exploraciones mediante barrenos, que han causado afectaciones a diferentes cuerpos de agua.

Ante tal situación las comunidades acudieron a la Semarnat y, mediante un oficio presentado el 2 de diciembre de 2016, solicitaron a la dependencia una visita a los lugares de exploración para constatar los daños ocasionados por dichos trabajos, además de negar el Informe Preventivo 20OA2016MD086, promovido por Cuzcatlon para realizar exploraciones en el paraje conocido por  Las Marías. Durante tres meses no obtuvimos ninguna respuesta por parte de dicha dependencia federal, por lo que decidimos manifestarnos frente a sus oficinas el día 28 de febrero de 2017, con el objetivo de exigir una respuesta del delegado federal González Ilescas argumentó que la empresa minera  no requiere previamente de la presentación de un informe preventivo, ni de la autorización en materia de impacto ambiental .De ser así, resulta una omisión grave en materia de protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del país, tal como lo indica su misión.Los afectados insistieron en que existe opacidad y negligencia en materia de acceso a la información relacionada con el proyecto minero  San José y su expansión denominada  Trinidad Norte . Ante tal situación las comunidades acudieron a la Semarnat y, mediante un oficio presentado el 2 de diciembre de 2016, solicitaron a la dependencia una visita a los lugares de exploración para constatar los daños ocasionados por dichos trabajos, además de negar el Informe Preventivo 20OA2016MD086, promovido por Cuzcatlán para realizar exploraciones en el paraje conocido por “Las Marías”.

“Durante tres meses no obtuvimos ninguna respuesta por parte de dicha dependencia federal, por lo que decidimos manifestarnos frente a sus oficinas el día 28 de febrero de 2017, con el objetivo de exigir una respuesta del delegado federal”.

González Ilescas argumentó que la empresa minera “no requiere previamente de la presentación de un informe preventivo, ni de la autorización en materia de impacto ambiental”.

De ser así, resulta una omisión grave en materia de protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del país, tal como lo indica su misión.

Los afectados insistieron en que existe opacidad y negligencia en materia de acceso a la información relacionada con el proyecto minero “San José” y su expansión denominada “Trinidad Norte”.

Asimismo, recordaron que esta misma situación ocurrió hace diez años, cuando la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán exigió a la misma dependencia las Manifestaciones de Impacto Ambiental promovidas por dicha empresa para la explotación de las vetas “Trinidad” y “Bonanza”, pero en todo momento fueron negadas.

En síntesis, subrayaron, la actuación de la Semarnat beneficia a las empresas mineras Cuzcatlán y Fortuna Silver Mines en los Valles Centrales de Oaxaca, pese a que esta contamina gravemente sus territorios.

Esto sin contar que genera una crisis social en sus comunidades y es evasora fiscal, según el Informe Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 presentado por la Auditoría Superior de la Federación, “por lo que existe un claro contubernio de las autoridades federales para permitir el saqueo, despojo y destrucción de nuestros bienes comunes”.

Fuente:http://www.proceso.com.mx/477502/comunidades-zapotecas-se-declaran-en-alerta-maxima-ante-exploracion-ilegal-mineras

Habitantes de Loma Bonita, Los Compadres, Bóvedas y la propia cabecera municipal de Atotonilco de Tula padecen enfermedades respiratorias severas y sus viviendas y automotores sufren daños a causa de frecuentes lluvias y polvo tóxico de cal (óxido de calcio) que genera regularmente la compañía Calera Bertrán, denunciaron Rodolfo Rodríguez Paredes, delegado auxiliar de Atotonilco de Tula, y los colonos Guadalupe Huerta y Adrián Juárez Meza, entre otros.

Los denunciantes exigieron a los gobiernos estatal y federal que obliguen a la compañía a frenar las emanaciones tóxicas, que se han incrementado tras la ampliación de sus instalaciones, y la sancionen por incumplimiento de las leyes ambientales.

Advirtieron que de persistir la indiferencia de las autoridades federales y estatales, los vecinos y autoridades locales vamos a emprender acciones determinantes.

Al anunciar la formación de un movimiento ambientalista en la región, integrado por grupos de las zonas afectadas, Rodríguez Paredes precisó que la población de este municipio comienza a sufrir enfermedades graves como cáncer, afectaciones en vías respiratorias e irritación de ojos y garganta.

Durante un recorrido por la zona afectada, este diario pudo verificar que las emanaciones de cal se convierten en una lluvia de polvo blanco que cubre totalmente techos de casas y vehículos en muchos municipios a la redonda. El polvo produce cosquilleo en la garganta y tos.

Están envenenando el aire que respiramos, aseveró Rodríguez Paredes, tras afirmar que la empresa también ha contaminado el agua de la región.

El presidente de la Sociedad Ecologista de Hidalgo (SEHI), Marco Antonio Moreno Gaitán, advirtió que las empresas dedicadas a la minería y a la producción de cal y cemento generan en Hidalgo una contaminación alarmante.

El activista dijo que luego de revisar estadísticas de salud emitidas por gobierno estatal en 2014, encontramos que en un estado con 2 millones 800 mil habitantes hubo más de 890 mil consultas por enfermedades respiratorias agudas. Es una cifra verdaderamente alarmante.

Con tales datos, indicó, el gobierno del estado tendría que imponer una alerta sanitaria y emprender medidas preventivas para combatir la contaminación de las empresas en cuestión.

Es imperante, dijo, la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la delegación de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (Profepa). La SEHI exige a las autoridades que Calera Bertrán; las cementeras Fortaleza, Cemex y Cruz Azul, y las mineras de Zimapán, Carrizal Manning y Minera Autlán queden fuera del programa de auditoría ambiental voluntaria y sean obligadas a verificar el cumplimiento de las normas ambientales.

Moreno afirmó que tal medida es urgente porque Hidalgo vive un desastre ecológico. Requerimos construir una estrategia para atender los problemas ambientales: basta de discursos, de acciones mediáticas, de acciones insuficientes.

Marco Antonio Rico Mercado, dirigente de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, indicó que las empresas referidas generan un alto impacto ecológico, tras advertir que cuentan con la complicidad de las autoridades ambientales en el estado, ya que les entregan de manera permanente certificados que les favorecen, a pesar de los altos índices de contaminación, la deforestación e impacto en la salud de la población.

Rico Mercado afirmó que Fortaleza, propiedad de Carlos Slim, con instalaciones en Santiago de Anaya y Atotonilco de Tula, y Cementos Cruz Azul, de Guillermo Álvarez Cuevas, ubicada en Tula de Allende, son las que más contaminación generan.

Demandó que la Semarnat y la Profepa hagan públicos los resultados de las auditorías que les practican. Anticipó que en los próximos días vamos a emplazar a ambas instancias a hacer públicas en esta región las acciones que emprenden contra las empresas referidas para evitar la contaminación.

Es condenable, indicó, que el alto grado de infición generada por esas compañías y los costos sólo sean pagados por la población y el ambiente. Cementos Fortaleza sólo destina un millón de pesos anuales a la mitigación de los daños ambientales que causa; ese monto realmente es irrisorio en comparación con los daños que provocan y los recursos que obtienen.

Durante cuatro días La Jornada trató de comunicarse con los encargados de relaciones públicas de Calera Bertrán, pero nadie contestó el número 01 800 bertran (237-8726). También se hizo una solicitud en la dirección atencionaclientes@bertran.com.mx, pero no hubo respuesta.

Fuente:http://www.remamx.org/2017/03/mineras-y-produccion-de-cal-y-cemento-envenenan-hidalgo/

Durante el 2016, el volumen de producción de los principales metales del país registró una caída a nivel nacional

El oro aporta 35.3% del total del valor de la producción de este sector, la plata 20.3%, el cobre 19.2% y el zinc 6.6%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este sentido, la producción minera (referida únicamente a las actividades de extracción y beneficio de minerales metálicos y no metálicos) de oro, plata y zinc presentó descensos de 11.8, 9.8 y 10.3%, respectivamente.

De los importantes estados productores de oro, exhibieron caídas Zacatecas (20.6%), Durango (22.4%) y Guerrero (17.5%); estas entidades concentran más de una tercera parte del total nacional. El primer y tercer lugar de producción del metal precioso manifestaron crecimientos: Sonora (2.7%) y Chihuahua (18.0 por ciento

En la plata, los tres primordiales territorios líderes, con 68.8% de aportación a la producción, retrocedieron, en términos anuales, en el 2016: Zacatecas (9.9%), Durango (25.4%) y Chihuahua (9.1 por ciento).

Por su parte, el zinc se comportó de igual manera, ya que Zacatecas y Durango, principales productores de este metal industrial no ferroso, manifestaron contracciones superiores a 15.0 por ciento.

Precios internacionales

Ante este panorama, el analista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Kristobal Meléndez, destacó que esta caída de la producción de los metales tiene que ver con los niveles bajos de los precios internacionales de éstos.

“Como ya no es tan rentable la producción entonces disminuye ligeramente y las reservas quedan cuando este precio se incrementa”, refirió.

En tanto, Raymundo Tenorio, especialista del Tecnológico de Monterrey, refirió que estas disminuciones corresponden a la existencia de algunos problemas locales como las protestas de grupos ambientalistas por la llamada remediación (costos o beneficios que debe devolverle una empresa minera a la localidad por el deterioro de sus recursos), que diversas empresas no han cumplido.

“Empresas en estados como San Luis Potosí, Zacatecas y Coahuila han tenido problemas con los pobladores porque no están del todo cómodos con la remediación”.

Además, agregó que el 2016 no fue un año de alta demanda porque China, el consumidor más grande e importante de minería, en los últimos años bajó su ritmo de consumo de minerales; por tanto, si se saturan los inventarios más bajan de precio, “fue una decisión de las propias empresas de metales disminuir la velocidad de producción por una contracción de la demanda de uno de los países que más solicitan estos minerales”.

Por su parte, la analista del Tecnológico de Monterrey Leticia Armenta indicó que los retrocesos en el sector minero, específicamente en el oro y la plata, tienen que ver con factores de mercado, es decir, la capacidad de producción del país y la demanda de estos metales.

Cobre, único con crecimiento

La producción de cobre, a diferencia de los otros metales citados, registró un crecimiento de 15.8% a nivel nacional durante el año pasado; en valor, ocupa la tercera posición, sólo detrás del oro y la plata.

Sonora es uno de los principales productores de este metal, con una concentración de 83.8% del total; esta entidad presentó un incremento de 19.4 por ciento.

Al respecto, Raymundo Tenorio señaló que el cobre es uno de los minerales más consumidos por todo tipo de industrias, desde las de servicios artesanales hasta el sector eléctrico, por lo que hay una gran competencia a nivel internacional de países productores y pese a que México no es un jugador importante en los mercados internacionales, dijo, satisface a su mercado laboral.

El analista del CIEP manifestó que este metal está muy relacionado con las telecomunicaciones, tecnologías, y con algunas otras actividades importantes dentro de industrias como la energética, por lo que el cobre tiene buen ritmo de crecimiento y en este sentido no se ve afectado en el mercado.

En la misma línea, Leticia Armenta mencionó que Zacatecas y San Luis Potosí rompieron la tendencia de crecimiento, ya que registraron contracciones significativas en la producción del cobre

Zacatecas, territorio mermado

Zacatecas, una de las mayores entidades productoras, mostró caídas en los cuatro principales metales del país: en oro 34.3%, en plata 9.9%, en cobre 12.3% y en zinc 15.2 por ciento.

Kristobal Meléndez mencionó que se trata de un estado minero que depende más de estos productos, por tanto, si cae el precio de los minerales, esto afecta a sus finanzas y tiene un impacto importante; sin embargo, agregó, hay que considerar que se espera una recuperación de la producción del oro y la plata porque hay incertidumbre sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos.

Raymundo Tenorio reveló que en las minas de Zacatecas se están agotando las vetas y tampoco ha habido hallazgos importantes que permitan asegurar que la producción de esta entidad pueda volver a estar en los primeros lugares; asimismo, manifestó, tras la implementación del impuesto ecológico a raíz de la reforma fiscal del estado, se vino para abajo la producción minera.

Fuente:http://www.vanguardia.com.mx/articulo/principales-estados-mineros-del-pais-sin-brillo-en-el-2016

01-03-2017
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que la empresa Almanden Minerals anunció a sus inversionistas que seguirá con sus proyectos de exploración en Puebla, pese a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) declaró “improcedente la solicitud” de operaciones de la minera.
En un comunicado, Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, PODER, CESDER e IMDEC, explicaron que la solicitud fue rechazada por la dependencia federal porque en el proyecto conocido como Ixtaca IV “no se demuestra que la actividad se ajuste a un Informe Preventivo”.

Destacaron que el dictamen de la Semarnat confirma las conclusiones de la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (EIDH) realizada por las organizaciones civiles y un equipo técnico y científico especializado en minería y derechos humanos, donde se subraya que durante la etapa de exploración ese proyecto ha causado daños al medio ambiente.

Indicaron que la zona de exploración en el municipio de Ixtacamaxtitlán es el principal proyecto minero de la empresa canadiense en México. De llevarse a cabo, agregó, se realizaría un tajo de más de mil metros de diámetro para la explotación de oro y plata a cielo abierto y se construiría una presa de jales con una capacidad de almacenamiento de 35 millones de litros sin recubrimiento, afectando tierras de cultivo, zonas de conservación prioritaria y el sitio de anidación de gavilanes, entre otros.

Las organizaciones acudieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para denunciar las violaciones y solicitaron que se prevengan las afectaciones en caso de iniciarse la explotación minera, sin embargo, apuntaron, el organismo concluyó “que no existe materia” y remitió el caso a la Procuraduría federal de Protección al Ambiente (Profepa).

En comunicación telefónica, la Profepa indicó que ha realizó una inspección a través de la cual identificó inconsistencias técnicas en coordenadas de los barrenos que presentaron en los Informes Preventivos Ixtaca, Ixtaca II, Ixtaca III y IIIbis.

Además corroboró que la empresa ha realizado más barrenos de los que autorizó la Semarnat, como documentó la EIDH. Desde hace una semana la Unión de Ejidos solicitó la conclusión de la inspección y está a la espera de recibir el documento.

Las organizaciones denunciaron que Almaden Minerals, la empresa extranjera que más concesiones tiene en el estado de Puebla –con 28 títulos que abarcan 234 mil 991 hectáreas, equivalente al 6.9% del territorio estatal–, también viola la ley porque aunque la Semarnat ha autorizado la realización de 291 barrenos, la minera reporta a sus inversionistas haber realizado un total de 475 perforaciones entre 2011 y 2016.

Asimismo, ha recurrido a diversas argucias legales para sobreponerse a los procedimientos con el fin de que las comunidades indígenas asentadas en esas tierras permitan la explotación de sus territorios.

En 2016, Almaden Minerals demandó al gobierno mexicano después de que se aprobó la reforma a la Ley Minera, en 2014, para evadir sus responsabilidades fiscales.

Un año antes la comunidad indígena nahua de Tecoltemic y el ejido de Tecoltemi interpusieron un juicio de amparo contra Almaden Minerals, después de enterarse que la Secretaría de Economía le otorgó una concesión por 50 años.

“Los afectados interpusieron el amparo alegando una violación al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Constitución Política Mexicana por violación de sus derechos como comunidad indígena y agraria. Un juez federal concedió la suspensión, pero la empresa ha hecho caso omiso y ha mantenido los trabajos de exploración en las concesiones y no ha informado a sus inversionistas sobre esta acción”, acusaron las organizaciones.

Y aseguraron que la empresa, obligada a otorgar esta información a sus inversionistas, la omitió en su último informe anual.

Finalmente, revelaron que aunque están documentadas las irregularidades a los derechos humanos de la población de Ixtacamaxtitlán y las afectaciones al medio ambiente, la empresa canadiense insiste en la viabilidad del proyecto.

http://www.proceso.com.mx/476392/empresa-canadiense-insiste-en-continuar-la-exploracion-minera-en-puebla-pese-a-negativa-semarnat

EMILIO MORALES, 03-01-2017
Pobladores de Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, Buena Vista y Cerro las Huertas, advierten que no permitirán la explotación minera en sus territorios
La empresa minera Fortuna Silver Mines (FSM), a través de su filial Cuzcatlán, realiza trabajos ilegales de exploración del proyecto minero “San José”, toda vez que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aseguró no haber otorgado permisos para estas acciones.

Ayer, comisariados de bienes ejidales de Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, Buena Vista y Cerro de las Huertas, así como integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuvo) y el Comité de Defensa de Magdalena Ocotlán contra la Minería, exigieron un alto a los trabajos de la empresa y advirtieron que no permitirán esa explotación.

A través de una manifestación en las oficinas de la Semarnat, el grupo de antiminas logró ser atendido por el delegado de la Semarnat, Tomás González Illescas, a quien con fecha 1 de diciembre de 2016 le habían girado un escrito en el que denunciaban la realización de trabajos por parte de Fortuna Silver Mines, y exigían que se negara la autorización del Informe Preventivo con número 20OA2016MD086 debido a las afectaciones ocasionadas a la comunidades.

Durante la manifestación, González Illescas aseguró que la instancia que él dirige no ha otorgado permiso alguno a la minera y que por tanto correspondería a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Pofepa) el establecimiento de una investigación y en su caso sanciones que podrían llegar hasta la cancelación de concesión, según dijo.

Neftalí Reyes, secretario técnico del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, indicó que desde 2014 la minera ha realizado trabajos de expansión del proyecto San José, situación que ha afectado a las comunidades.

El 8 de noviembre de 2015 a través de una asamblea regional declararon los territorios prohibidos para la minería, pese a lo anterior, el 24 de noviembre de ese año la empresa promovió ante Semarnat un estudio técnico para realizar exploraciones mineras directas en zonas de uso agrícola, dentro de la concesión Progreso II, para acondicionar planillas y perforar a diamante la Veta María.

La conexión minera Progreso II además de estar en un área agrícola también está en área forestal que contribuye a la recarga de la presa Bordo Vallito, ubicada en San José del Progreso y la presa Yoguvene ubicada en San Martín de los Cansecos, ambas utilizadas para la agricultura, el cuidado de animales y el consumo humano.

La zona es también área de recarga de mantos acuíferos en la microregión y por ende “la autorización de permisos para realizar exploraciones constituyen una grave amenaza en términos ambientales en nuestras comunidades”, indicaron.

Aún no hay respuesta
La Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán presentó un escrito ante la Semarnat exigiendo se negara la autorización del informe preventivo pero a dos meses de su presentación los demandantes no habían tenido respuesta.

El 26 de septiembre de 2016 también presentaron una denuncia popular ante la PROFEPA en la cual requirieron se constituyan en el sitio del proyecto minero para constatar las afectaciones producidas. A cinco meses de su presentación no existe respuesta.

Por ello exigieron a la Secretaría de Economía la cancelación de las mineras Compañía Minera Cuzcatlán, Minera Aurea, Cia Minera y Metalúrgica Ejutla, así como Compañía Minera Plata Real que cubre una superficie de 49376.3501 hectáreas.

http://www.nvinoticias.com/nota/52659/declara-semarnat-exploracion-ilegal-de-minera-en-oaxaca