Acuerdan 16 autoridades agrarias de la Costa Chica-Montaña impedir la explotación minera

Para garantizar el respeto a los pueblos, resuelven “la destitución, el procesamiento penal y la reeducación, de todos aquellos políticos, empresarios y caciques” que saquean los recursos naturales. Informan que existe la intención de otorgar 60 títulos de concesión minera más en esta región. Exigen la cancelación de todos los títulos de concesión de exploración y explotación. Informan que se han cancelado 22 concesiones, mediante amparos o por falta de condiciones para que entren las empresas

Integrantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias (CRAA) de la Montaña y la Costa Chica Por la Defensa del Territorio acordaron ayer impedir el despojo de recursos naturales. En el foro informativo en Suljaa (Xochistlahuaca) llamaron a la unidad para proteger la tierra ante la eventual devastación en caso de permitir la instalación de explotaciones mineras.
Representantes de los pueblos nan’ncue ñomndaa, me’phaa, tu’un savi, nahuas y afromexicanos presentaron un acta de asamblea ante la devastación de los bosques; despojo del agua en ríos, arroyos y manantiales. Además del saqueo de material pétreo por parte de los gobiernos municipales de Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Ometepec, Azoyú, Cuajinicuilapa, Juchitán, Marquelia y el estado de Guerrero en el río  Jndaancue Ñomndaa (San Pedro) y el río Santa Catarina.
En el oficio firmado ayer, autoridades comunales que conforman el Consejo señalaron también que el saqueo está ligado a dependencas federales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a las que calificaron como omisas ante el daño a la fauna y vegetación. En el acta se recordó que menores de edad han muerto  en pozas por la extracción desmedida de material pétreo en los ríos.

Ante la intención de entrega de 60 títulos de concesión minera, expusieron que se mantiene el rechazo a lo que llamaron “proyectos de muerte” porque contaminan el ambiente.
En el auditorio  Epifanio de la Cruz, con cerca de 400 asistentes de las diversas regiones, se informó que desde 2012 los núcleos agrarios levantaron actas de rechazo a los proyectos de minería y a los proyectos de reserva de la biosfera en la Montaña alta de Guerrero.
Se recordó que la mitad de la superficie terrestre del  país, es propiedad social, pertenece a ejidos y bienes comunales.
Entre las acciones para impedir el uso y abuso del suelo se han levantado actas de asamblea en las que se rechaza la minería.
También se han modificado estatutos y reglamentos de bienes comunales y ejidos respectivamente para prohibir desde esos instrumentos legales la minería o cualquier otro proyecto que afecte el ambiente.
Se recordó que Malinaltepec e Iliatenco son los municipios de La Montaña que han celebrado las asambleas de Cabildo abierto y que se comprometieron a no dar un permiso de uso de suelo.
Entre La Montaña y Costa Chica se han cancelado 22 concesiones, la mayoría de ellas por amparos y por falta de condiciones para entrar.
El sacerdote Melitón de Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec, expuso que hay una falsa creencia que localidad donde se instale una minera detonará la economía. Informó que lo que una familia de la región gasta en agua en 20 años, una minera lo gasta en una hora.

Llamó también a la siembra de árboles y a la prohibición de venta de madera, como ocurre en Malinaltepec donde no se permite la comercialización de la madera desde el 2012.
El integrante de Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), Miguel Mijangos Leal, expuso que fue a una visita a la comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, donde la minera Goldcorp se instaló y recientemente vendió a otra empresa. Allí los daños fueron inminentes y sirvió para reiterar la negativa a que se repita una destrucción en La Montaña y Costa Chica.
Expuso que una comunidad donde se instale una minera de extracción a cielo abierto conlleva daños a la salud. En esos lugares el 70 por ciento de la población padece enfermedades en el sistema respiratorio, y el 20 por ciento tiene daños en el oído.
En el tema de biodiversidad, dijo que entre las reformas estructurales, hace tres semanas se presentó la Ley de Biodiversidad, y la modificación de la Ley Forestal. Aseguró que esta última, está enfocada en la comercialización de la madera para desplazar los derechos de las comunidades y dar fuerza a las empresas para deforestar.
Una de las acciones es el censo “es decir, cuánto bosque tiene cada comunidad qué tipo de especie, lo que servirá para tener un control de cuánto se puede sacar”.
Recomendó que no se permita contar los árboles.

Afirmó que la Ley de Bioseguridad considera el uso de semillas modificadas genéticamente que ya no se reproducen, lo que hace dependientes a los campesinos del gobierno o las empresas que las producen.
Llamó a no “caer en la trampa” de recibir semillas que regale el gobierno para preservar especies endémicas y el patrimonio de la región.
Consideró que sucede una situación similar a la minería, “una vez que entra, a ese pueblo lo único que le queda es irse a vivir otro lado”.
Una integrante del Centro de Estudios Ecuménicos agregó que la Comisión Nacional Forestal elaboró un manual de plantas medicinales explicando las propiedades de éstas, además de entregar también semillas  genéticamente modificadas. El plan, supuestamente es recabar la experiencia de las curanderas, incluyendo los ritos, y que a partir de ese conocimiento se comercialicen las plantas medicinales.
Expuso que países como Alemania, Canadá, España, Japón se presentan ofreciendo beneficios como becas a estudiantes, carreteras y proyectos para ganarse la aprobación de la población.
El integrante de los Pueblos Originarios en Defensa del Ecosistema y sus Reservas (PODER), David Valtierra, hablço de la defensa del río San Pedro, cuerpo de agua que se entubó para abastecer a Ometepec, y que por la falta de cuidado podría secarse como ocurrió en ese municipio “ya lo secaron y ahora están viendo de dónde agarrar el agua donde se han cuidado y nos vienen a despojar en vez de establecer un acuerdo”. Expuso que otro factor es la contaminación por el nulo tratamiento de aguas negras que son vertidas directamente a los ríos.

El Consejo de autoridades está integrado por núcleos agrarios de los municipios de Atlamajalcingo del Monte, Copala, Cochoapa el Grande, Iliatenco, Juchitán, Malinaltepec, Marquelia,  Xochistlahuaca y Metlatónoc. Se constituyó en octubre de 2012.
En Cochoapa no se han podido instalar asambleas por la fuerte división política, indicó el comisariado de los Bienes Comunales de Malinaltepec, Taurino Carrasco Castro.
En el acta de asamblea firmada por 16 autoridades ejidales y comunales, se acordaron ocho puntos, entre los cuales están hacer efectivas la declaraciones de territorio libre de minería en la Montaña y Costa Chica, exigiendo la cancelación de todos los títulos de concesión de exploración y explotación.
Otro punto es la organización de las comunidades para alcanzar una procuración de justicia que garantice  “el respeto a nuestros pueblos a partir de la destitución, el procesamiento penal y/o la reeducación,  de todos aquellos políticos, empresarios y caciques”.
También, “ejercer nuestro derecho a la jurisdicción territorial como pueblos originarios para garantizar el cuidado y la defensa de nuestro territorio  frente a la devastación, despojo, saqueo, contaminación y violencia”.

Fuente:http://suracapulco.mx/principal/nucleos-agrarios-se-oponen-a-las-minas-en-costa-chica-monana/

Miembros del Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) exigieron a los alcaldes de Escuintla y Acacoyagua, Mauro Cruz Jabalois y Patricio Matías Salas, respectivamente, que cumplan con la promesa de hacer de la región un territorio limpio de minería, porque las empresas nacionales y extranjeras, subrayaron, continúan con la intención de extraer minerales de la zona.

Desde que se constituyó el FPDS, en 2015, hombres y mujeres de la organización se han dado a la tarea de frenar la expansión minera en la región del Soconusco y en la Costa de Chiapas, debido a que esa actividad sólo ha traído la contaminación de sus ríos y arroyos, así como enfermedades entre los habitantes que viven cerca de los lugares de donde se extraen los minerales.

Destacaron que uno de sus principales objetivos por ahora es que el proyecto Casas Viejas, de la empresa El Puntal SA de CV, deje de operar, por los daños ambientales y sanitarios que provoca en la región y en las comunidades.

En este sentido, exigieron a los alcaldes de Escuintla y Acacoyagua que respeten las declaratorias que firmaron de municipios libres de minería.

El pasado 26 de septiembre, el FPDS instaló dos campamentos para bloquear el paso a las maquinarias y vehículos de las empresas mineras. Con palos y piedras atravesados en el camino, los pobladores controlan desde entonces el acceso a la zona e impiden el ingreso de personal de las mineras.

Estos campamentos han provocado la solidaridad de organizaciones y activistas, que han hecho campañas para recolectar víveres.

Una de las organizaciones que asesora y apoya al FPDS es Otros Mundos/Amigos de la Tierra México, fundada y coordinada por el activista Gustavo Castro Soto.

Otros Mundos calcula que en Chiapas se encuentran al menos 99 concesiones mineras, 21 de ellas en los municipios de Escuintla y Acacoyagua.

Con su lucha social, el FPDS logró la suspensión temporal de dos minas de titanio: El Bambú, a fines de 2015, y Cristina, a comienzos de 2016. El proyecto minero Casas Viejas también es de titanio y está en explotación desde 2003.

“Las afectaciones a la salud y al medio ambiente son visibles, pero el gobierno cierra los ojos, por lo que los habitantes, en su mayoría campesinos, llevan seis meses manteniendo dos campamentos que bloquean el paso de las máquinas hacia la mina”, dijo Marie-Pia Rieublanc, investigadora de Otros Mundos AC.

La activista explicó que ya no hay peces en los ríos y que cuando los pobladores van a bañarse les salen ronchas y granos, debido a la alta contaminación.

“Los terrenos quedan inservibles” y se han incrementado los casos de muertes por cáncer, sostuvo.

Añadió: “Como campesinos, nos hemos reunido y organizado para hacer un frente, el FPDS, en 2015, para tratar de parar esa industria minera, ya que el gobierno de México y nuestro gobernador no nos han hecho caso. Ha habido muchos muertos a causa de la minería, pero ellos dicen que la minería no contamina. Los mineros dicen que la minería es sustentable. Al contrario: en donde hay minería, hay problemas de salud, hay problemas ambientales, hay problemas sociales y hay mucha corrupción”.

Por otra parte, subrayó, el avance de las mineras representa un retroceso para la soberanía alimentaria de las comunidades.

“La región de Soconusco es muy rica en recursos naturales, aquí tenemos tierra, bosques, manglares, mar. Es zona cafetalera, ganadera y pesquera. Nuestra región es muy productiva. No necesitamos la minería para subsistir. Aquí tenemos todo”, concluyó Marie-Pia Rieublanc.

Fuente:http://www.proceso.com.mx/480291/chiapas-exigen-a-alcaldes-escuintla-acacoyagua-frenar-expansion-minera-en-la-zona

Estos días, 13 y 14 de marzo nos hemos reunido organizaciones, comités y movimientos de Chiapas que somos parte del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER-Chiapas) y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA-Chiapas) para analizar el modelo extractivo y los procesos de despojo en nuestros territorios.

El avance del modelo extractivo en Chiapas se expresa con proyectos como las hidroeléctricas, la minería, la privatización del agua, las áreas de salvaguarda, la siembra de transgénicos, la bio-prospección y ahora la nueva oleada de explotación de petróleo.

Todos estos proyectos mercantilizan, privatizan y dañan los bienes naturales. Son parte de las políticas que imponen las reformas estructurales impulsadas por el gobierno en turno, para favorecer a las grandes empresas nacionales y transnacionales que buscan apoderarse de nuestros bienes comunes, a costa de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas, de nuestra cultura y de nuestras formas de vida.

Los y las integrantes del MAPDER y REMA Chiapas expresamos nuestra preocupación por la imposición de la ronda dos y las concesiones de los 12 pozos petroleros en la zona Zoque y nos solidarizamos con su resistencia a estos proyectos y a la privatización del petróleo en México.

Así mismo nos unimos al grito de indignación por la detención de la compañera Silvia Juárez Juárez, a quien se le imputan cargos poco claros y se le recluye en el CERESO, del Amate. De antemano sabemos que esta detención es parte de las estrategias que el estado aplica a los pueblos para reprimir y amedrentar a los movimientos y organizaciones que defendemos la tierra y el territorio, por lo que a través de la presente ofrecemos disposición para acercarnos y organizar en conjunto acciones que denuncien las amenazas a su territorio y a su pueblo.

Saludamos la lucha digna del pueblo Zoque. ¡No están solas/os compañeros!

¡Exigimos Inmediata Libertad para Silvia Juárez Juárez!

¡Respeto al derecho del Pueblo Zoque sobre su territorio!

REMA-Chiapas

Fuente: http://www.remamx.org/2017/03/pueblos-indigenas-se-unen-ante-avance-de-industria-extractiva-en-chiapas/#respond

Domingo 26 de marzo 2017.- Hoy es día de plaza en San Miguel Ixtahuacán, el Frente de Defensa Miguelense – FREDEMI,  realizó una concentración pacífica en el parque central, para denunciar el impacto negativo de la minería que la empresa canadiense Goldcorp provocó desde el año 2005, la empresa ya cerró sus operaciones en este lugar, tiene previsto retirarse en el mes de mayo 2017, pero los daños son irreparables. En el lugar, tambén organizaron una muestra fotográfica prueban los daños provocados por la minería.

“IMPACTOS NEGATIVOS Existen más de 10 Nacimientos de agua desaparecidos por acción de la mina a cielo abierto y subterránea Mas de 500 casas de habitación de familias, se han agrietado como resultado de la Mina Muchos niños y niñas sufren enfermedades de la piel, por bañarse en agua contaminada de los riachuelos alrededor de la Mina Se han detectado altos niveles de contaminación por metales pesados alrededor de la Mina (Aluminio, Cadmio, Arsénico, Plomo, Sulfatos y Nitratos), según el Estudio Comparativo y de Contraste Estudios de Impacto Ambiental y Planes de Cierre Minero.

Todas estos metales encontrados sobrepasan los límites permitidos por las normas de COGUANOR Conflicto social en el municipio, que han ocasionado violencia y muerte de personas, desde el inicio de la Mina Incumplimiento de compromisos asumidos en convenio de cooperación inter-institucional en la comunidad de El Salitre, San Miguel Ixtahuacán Proyectos de Agua potable mal ejecutados en el Marco de las Medidas Cautelares de la CIDH.”

Los casos de criminalización de la lucha comunitaria son muchos, las mujeres principalmente fueron el blanco de las agresiones y ataques de los empresarios, miles de dólares fueron invertidos para perseguir, encarcelar y estigmatizar a  Gregoria Crisanta Pérez, una lideresa comunitaria que se opuso a la minería industrial en su territorio.

FREDEMI  y las autoridades comunitarias leyeron en el parque un comunicado realizado en el marco del cierre oficial de la empresa Montana Exploradora y el proyecto Mina Marlín en mayo del 2017, pero la organización comunitaria denunció que todos los daños que provocó la empresa canadiense no pueden quedar impunes.

Las comunidades demandan que los empresarios guatemaltecos y canadienses, paguen por todos los daños que provocaron, no pueden llegar a un lugar, contaminar, robar los bienes naturales, el oro, dividir a las comunidades, perseguir y amenazar a las personas, encarcelarlas o asesinarlas y luego irse impunemente.

El Estado guatemalteco, también es responsable que esta empresa canadiense funcionara de forma arbitraria e ilegal, fueron distintos los gobiernos que facilitaron y promovieron la extracción de oro en San Marcos.

Las comunidades de San Miguel Ixtahuacán lograron varas medidas cautelares dela Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, INFORME No.20/14 PETICIÓN 1566-07 INFORME DE ADMISIBILIDAD, una de estas medidas ordenó que el  agua potable llegara  entubada,  los ejecutores de entubarla fue la misma empresa Montana Exploradora,  lograron excluir a los líderes de FREDEMI de este proyecto. A su vez FREDEMI reivindica que esos proyectos son fruto de la resistencia y que fueron ellos quienes  impulsaron y lograron las medidas cautelares ante la CIDH desde el 2009, aunque Montana Exploradora se retira en mayo del 2017, las comunidades denunciaron los daños a las casas, a sus terrenos, enfermedades, los pozos de agua contaminados, sequia de los nacimientos de agua, demandan que la empresa pague los daños, exigen que se esclarezca la corrupción que hay detrás de la Mina Marlín, Goldcorp y los funcionarios públicos.

Denuncia ante la Comisión Internacional Contra la Impunidad CICIG

En marzo del 2017, las comunidades denunciaron la estructura criminal y de corrupción que esta detrás de las empresas extractivas en San Marcos, espcialmente de la empresa canadiense Goldcorp Inc, Montana Exploradora y grupos locales.

Fuente:http://www.prensacomunitaria.org/en-san-miguel-ixtahuacan-denuncian-el-impacto-negativo-de-la-mineria/

La Alianza de Comunidades y Usuarios en Defensa del Río Bobos – Nautla y Tecolutla, colectivo de comunidades y organizaciones populares que defienden la espectacular biodiversidad de las cuencas veracruzanas nos enseñan que es posible defender, cuidar y proteger el agua, dadora de vida. Tras una década de encuentros, diálogos, festivales y movilizaciones han logrado que en Tlapacoyan, Veracruz el H. Ayuntamiento declare en sesión de cabildo al municipio libre de hidroeléctricas, mineras tóxicas y fractura hidráulica.

La Alianza de comunidades comprende que el agua, la tierra, el viento y el sol no nos pertenecen, nosotros pertenecemos a la naturaleza. Debemos cuidarla, protegerla y cultivarla en beneficio de todas las formas de vida. Esta resistencia socioambiental indica con nitidez que todas y todos queremos leyes en función del cuidado de los bienes comunes.

La resistencia socioambiental de Veracruz felicita y celebra que se haya logrado este importante decreto, es una victoria a favor del agua y sus cuencas, muestra la posibilidad de derribar los muros de la explotación de la NATURALEZA.

¡Viva el agua y las organizaciones populares que la defienden y procuran!
¡Hombro con hombro, codo con codo, el Bobos-Nautla somos todos!
¡Ni un paso atrás!

Xalapa, Veracruz a 23 de marzo de 2017

Atentamente
Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, Alianza Internacional de Habitantes, Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa de la Huasteca y el  Totonacapan, Pobladores AC, Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta, Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, Unión Popular Valle Gómez, Coordinadora de Colonias Unidas de Oaxaca.

Fuente:tom4.org/2017/03/la-primavera-del-bobos-nautla-tlapacoyan-declara-su-territorio-libre-de-megaproyectos/

(México) .- Habitantes de la comunidad de Otongo de Guadalupe, en Tepehuacán, al norte del estado, exigen a la minera Autlán que repare el daño al ambiente que ocasionó con sus labores en la demarcación.
En entrevista José Luis Acosta, presidente del consejo municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que la explotación a cielo abierto y los materiales utilizados para la producción de manganeso perjudica demasiado al medio ambiente de la región.
Expresó que la sociedad del municipio solicita que la empresa repare el daño que causó durante los años de trabajos en ese lugar.
Lo anterior, ya que la explotación y los materiales pueden causar enfermedades como cáncer y afectaciones a las vías respiratorias, casos que ya se presentan.
Por otra parte la destrucción que provocó el túnel realizado por la empresa minera afectó al medio ambiente, además que debajo de la mina y en parte de la carretera estatal que conduce a Tepehuacán desde Tlanchinol ya existen hundimientos.
Acosta Covarrubias expresó que en próximos días la minera busca abrir un nuevo orificio en otra comunidad de la demarcación.

Reparación

José Luis Acosta aseguró que en el caso de la reparación del daño del que la minera es responsable “se necesita un estudio profundo por especialistas que conozcan del caso, que valoren el daño y digan las medidas que se puedan implementar”.
Aclaró que en el caso de la comunidad de Otongo ya no hay mucho que hacer, pues el material “se lo terminaron” y probablemente la explotación cierre en pocos días, lo importante, afirmó, es analizar la apertura de un nuevo centro por parte de la minera.
Reiteró que es la sociedad de Tepehuacán la que debe aceptar o no la apertura de un nuevo centro.

Aportación al municipio

El presidente del consejo municipal del PRD expuso que información de trabajadores de la mina refiere que la empresa aporta cierta cantidad al municipio con el objetivo de resarcir el daño, sin embargo al investigar en qué se utiliza ese recurso, tienen respuesta nula.
“La minera sigue haciendo de las suyas y mientras el gobierno municipal no haga algo ellos siguen actuando como les dé la gana.”
En 2014, el entonces diputado federal por Hidalgo Víctor Velasco promovió un punto de acuerdo para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) regulara la extracción del mineral en la región de Molango (entre ellos Tepehuacán).

Indicó que desde el 2000, autoridades estatales monitorearon efectos en la salud y el ecosistema, y los estudios arrojaron que 50 por ciento de la población presentaba concentraciones de manganeso en sangre por encima de los niveles recomendados a nivel internacional.
Se registró además en aquel año alta presencia de alteraciones en pruebas de miden la actividad motora en población infantil y juvenil, específicamente en las que requieren coordinación de movimientos, cambios de posición de manos y realización de dibujos secuenciales.
Las concentraciones en cabello disminuyeron significativamente el coeficiente intelectual de los niños.
Finalmente los estudios publicados hace tres años demostraron que en promedio 60 por ciento de los adultos que habitan cerca de la explotación de manganeso tiene problemas neurológicos y temblores similares a los producidos por la enfermedad de Parkinson.
La empresa minera, según su portal web, se dedica la producción y comercialización de diversas clases de minerales de manganeso y ferroaleaciones.

En 1953 fundó la compañía para la explotación de la mina de manganeso en San Francisco, municipio de Autlán, en Jalisco, con lo que se posicionó como la primera compañía minera en el país administrada por mexicanos.
En 1960 inició la exploración y explotación del distrito manganesífero de Molango, trasladando todas las operaciones de la compañía a ese lugar.

Fuente:http://www.elindependientedehidalgo.com.mx/exigen-a-minera-reparar-danos-al-ambiente/

Una docena de comunidades de Valle de Bravo y Temascaltepec, presentaron una denuncia conjunta ante la Procuraduría Federal  de Protección al Ambiente (Profepa),  demandando el cierre inmediato de las minas “La Guitarra” y “El Coloso”, por la contaminación de manantiales y del río  Temascaltepec en el sur del territorio, donde la empresa Canadiense First Majestic, operadora de ambos cimientos, vierte químicos, entierra residuos tóxicos en el subsuelo y realiza explosiones y otras operaciones que están generando impactos irreversibles.

Indalecio Benitez, portavoz de las comunidades afectadas, informó que las actividades mineras en ambos yacimientos, está generando un auténtico “ecocidio”, debido no solo a la contaminación del río más grande de Temascaltepec, sino también por la deforestación de más de dos mil hectáreas de bosques de pino, lo que a su vez está provocando un desequilibrio en los ecosistemas.

En la zona afectada se encuentra el pueblo mágico de Valle de Bravo, el bosque donde cada año se realizan competencias internacionales de veleros y parapentes, así como el Santuario de la Mariposa Monarca.

Las comunidades campesinas afectadas por el ecocidio, adjuntaron a su denuncia ante la PROFEPA, fotografías y videos que documentan la destrucción de un bosque de más de dos mil hectáreas; talas masivas; ríos y manantiales donde se vierten desechos químicos y una total destrucción de ecosistemas completos.

El documento presentado directamente al titular de PROFEPA, Guillermo Haro Belchez, está firmado por representantes de las siguientes comunidades: San Pedro Tenayac, Cerro Pelón, El Chilar, El Salitre, Potrero de Tenayac, Finca Temascaltepec, El Manzano, Salitre, El Peñon y Los Timbres, además de vecinos de otras pequeñas rancherías afectadas.

La denuncia señala que desde el 2013 las comunidades ya habían denunciado daños en el ambiente, sin embargo la PROFEPA actuó a favor de la firma canadiense, sin embargo ahora, a cuatro años, el impacto a los ecosistemas de la zona de Valle de Bravo y Temascaltepec ya es visible y comienza a generar afectaciones entre la población.

Otras actividades como la pesca comienzan a verse afectadas, además de que ya se reportan casos de vecinos que han comenzado a perder la vista por sumergirse en los manantiales y ríos contaminados por las dos minas, además de afectaciones a la piel.

Fuente:https://www.evernote.com/shard/s291/sh/3f6a61b8-bc7c-48e5-938d-2d402b7263b4/e08ca17713f07951

Luego de más de 3 años de que los ciudadanos sudcalifornianos iniciaran una lucha en contra de la aprobación de la entrada de la minería a cielo abierto en la media península, finalmente este 16 de marzo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa les dio la razón, decidiendo que la autorización condicionada contenida en el oficio SGPA/DGIRA/DG-05124 que dio la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) al proyecto minero a cielo abierto en la Reserva de la Biósfera de la Sierra de la Laguna, “Los Cardones”, fue anulada.

Fuente:http://defiendelasierra.org/noticias/locales/tribunal-cancela-autorizacion-que-le-dio-la-semarnat-al-proyecto-minero-los-cardones-en-la-paz/

En el 2015 se reportó la intoxicación de casi todo un pueblo por su exposición a metales pesados en un municipio de Querétaro. Cerca de la localidad hay una minera que extrae artesanalmente mercurio y más cerca, en los traspatios, los pobladores tienen hornos para obtener el mercurio líquido

Querétaro, México. A contraluz, sobre el sendero, se ve la silueta de tres niños que vienen caminando a paso rápido. Han dejado 300 metros atrás la única escuela primaria que hay en el Llano de San Francisco, una localidad del municipio de Pinal de Amoles, uno de los cinco que conforman la Reserva de la Biósfera “Sierra Gorda”, la reserva más biodiversa de México.

Los niños saludan, y en un intercambio de líneas cortas me atrevo a preguntarles sobre sus intenciones profesionales, ellos solo ríen. Nos despedimos. Aún deben caminar cerca de media hora a paso normal para llegar a sus casas.

En el Llano hay también un centro preescolar y una secundaria comunitaria. Si los niños quisieran continuar sus estudios, tendrían que bajar a la cabecera municipal de Pinal de Amoles para estudiar el bachillerato, esto en taxi, de ride o caminando cerca de tres horas por la “vía corta”. No hay asistencia de transporte escolar y, a decir verdad, es de una suerte del diablo encontrar taxi por estos rumbos.

Ojalá hubiera obtenido una respuesta en lugar de risas: aquí no es común convertirse en profesional. Menos común es ver adolescentes en el bachillerato de Pinal de Amoles. En cifras de la Comisión Nacional de Pobreza, el 20 % de la población mayor de quince años del Llano San Francisco es analfabeta y solo el 45 % terminó la primaria.

En su mayoría, en el Llano de San Francisco las mujeres se dedican a labores domésticas —con o sin remuneración económica— y los hombres a la minería, a la extracción artesanal de mercurio.

Arsénico en el cuerpo

El 13 de junio del 2015, la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro comunicó haber atendido a 120 personas intoxicadas con arsénico en el Llano de San Francisco, “pacientes que no presentaban riesgo para la vida” —destaca el comunicado—. Aún con los análisis en mano, la Secretaría de Salud estableció de diagnóstico: sospecha de intoxicación crónica por arsénico. “Sospecha”.

Tiempo atrás, antes de llegar a ese diagnóstico, la unidad médica de la comunidad de San Gaspar había atendido paulatinamente a los vecinos del Llano, todos se quejaban de síntomas similares que no cuadraban con las enfermedades que estaban acostumbrados a tratar. Lesiones en la piel: ronchas, manchas, descamaciones y comezón. Infecciones respiratorias agudas, agotamiento, debilidad y pérdida de la fuerza en brazos y piernas.

Tras estos reportes, el 26 de mayo del 2015 la Subdirección de epidemiología localizó ocho casos agudos de intoxicación y trasladó a estas personas al Centro de Salud de Pinal de Amoles para hacerles unas muestras. Conforme a los registros de la Secretaría de Salud la sospechosa intoxicación crónica se encontró en 120 de 172 habitantes, los cincuenta y dos restantes fueron catalogados como asintomáticos. La mayoría de los afectados fueron niños de cinco a catorce años de edad.

Hoy, un año y nueve meses después, me encuentro con un grupo de serranas que niegan los hechos como si se tratara de un mito:

—¡No, no les crea! Aquí nada pasó, nada. Muchos nomás hicieron argüende porque ya no hallan ni qué inventar.

Argüende: así le dicen al escándalo, al chisme. Pregunté a mis interlocutoras si entonces había sido mentira que muchos se intoxicaran con arsénico. Su respuesta fue todo un eslabón:

—Mire ese viejito que viene caminando allá, es el señor José, él lleva toda su vida trabajando en la mina, tiene como ochenta años y está muy sano ¡Pregúntele para que vea!

En México desde 1994 no hay cifras oficiales sobre la producción de mercurio, por lo que no es posible ni determinar el número de minas activas. En 2011, al evaluar los suministros de mercurio en el país, la Comisión para la Cooperación Ambiental publicó el dato de que en el año de 1968 se tenían registrados al menos 1119 proyectos de explotación de mercurio por la Comisión del Fomento Minero. En 2010, con información de la Secretaría de Economía, solo se reportaron 314.

Para hablar sobre el mercurio mexicano los municipios de la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda son claves: según los registros del Servicio Geológico Mexicano en la década de 1970 dos de estos —entre ellos Pinal de Amoles—, colocaron a Querétaro como primer productor de mercurio a nivel nacional.

La extracción del cinabrio (sulfuro de mercurio) existe desde antes de la conquista española en el municipio de Pinal de Amoles, la prueba ideal para demostrarlo, de acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano, es la existencia de minas de azogue.

Hasta el 2007 el mismo Servicio Geológico Mexicano identificó solo en Pinal de Amoles 11 mineras que se han dedicado por ciertos periodos a la extracción de mercurio como producción primaria, es decir, se han dedicado a extraer mercurio como actividad principal. Esto sin tecnologías novedosas, más bien con métodos artesanales.

Le pregunté al señor José Hernández Aguas su edad, y me pidió que la calculara porque no la sabía, lo que me dijo fue que nació en el año de 1936.

—¿Tiene ochenta y un años?

—Así me dijeron.

—¿Usted no se ha enfermado por la minería?

—Sí me enfermo, pero de otras cosas.

Es mediodía y casi todos los hombres del pueblo están “abajo”, en la mina la Soledad, una minera con potencial geológico de reserva de 9500 toneladas, estimación calculada por el Servicio Geológico Mexicano en el 2006. La Soledad es la minera más importante de extracción de mercurio del municipio de Pinal de Amoles, y es ahora la empresa que da trabajo a casi todos los hombres del Llano de San Francisco.

En el Llano de San Francisco me encontré con las mujeres y con el señor José Hernández Aguas porque se habían reunido para hablar sobre los programas de asistencia social del Gobierno de la República: “Prospera” y “65 y más”, dos programas que, en términos prácticos, ofrecen ayuda en dinero a grupos vulnerables. La reunión estuvo presidida por Natalia Hernández, una joven dotada de autoridad por haber hecho familia con el delegado del Llano de San Francisco.

A simple vista, creí que Natalia era una niña, calculé seis años menos de los que tiene; este año cumplirá 22. Natalia fue una de las intoxicadas por arsénico, pero al igual que las mujeres que nos rodean, le resta importancia:

—Pues es que algunos dijeron que les salieron granos, a mí no me salieron granos, ni nada, solo se me desmayaban las manos y los pies y me caía, no me salieron granos ni nada de eso, a la demás gente sí y se les puso la piel como negra. Pero a mí no.

Aún sin confirmarlo, se cree que la sospechosa intoxicación crónica de arsénico que sufrió la población del Llano tiene que ver con la mina la Soledad, con posibles vertidos de esta en el Cedral, un manantial que tiene ubicación muy cercana a la mina.

Le pregunté a Natalia si sabía la causa de su intoxicación y ella me contestó que sabía que tenía altos niveles de arsénico en su organismo, pero que no podía culpar a la minera la Soledad porque el personal de la Secretaría de Salud les dijo que también podía haber causado esa intoxicación el contacto con los hornos de calcinación de cinabrio que hay en los patios de sus casas, a unos cuantos metros, a unos cuantos pasos de sus habitaciones. Aunque la Secretaría de Salud solo difundió que la población estaba contaminada por arsénico, este no es el único metal en sus organismos; también tienen mercurio.

“Aquí todas las familias están trabajando con el mercurio, porque es una zona de ese mineral”, dice una mujer. “Es zona minera aquí, todo. Y sale mercurio por donde quiera”, interrumpe otra. “Todas las aguas están infectadas, entonces no podemos decir que es de la mina porque no”, una mujer más se suma a los argumentos de sus vecinas y sucede el remate: “Aparte, la mina está lejos, y nuestros señores ni se enfermaron, no les pasó nada a ellos”.

La defensa a la mina la Soledad por parte de las mujeres que se toman el tiempo de hablar conmigo es impecable. Incluso la población, en un aspecto generalizado rechaza la presencia de medios de comunicación por temor a que sigan ejerciendo presión para que cierren esa minera. Y es que en septiembre del 2015, tres meses después de la exposición pública del caso del Llano de San Francisco, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, clausuró las instalaciones de la Soledad por no tener almacenamiento seguro de combustibles, no tener estructura segura para depositar los residuos de la extracción —la mayoría expuestos, propensos a dispersarse, a trasladarse por ejemplo, con las lluvias—; y por no tener estructura para evitar contaminar las cuencas de agua cercanas.

A decir de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la mina la Soledad representaba un riesgo inminente de desequilibrio ecológico para la región.

Antes de la intoxicación, los pobladores del Llano de San Francisco consumían agua directamente del manantial del Cedral, pero no solo ellos: el Cedral se conecta con las cuencas Poza Verde y Golondrinas, y estas abastecen de agua a 17 comunidades, 16 de Pinal de Amoles y la restante del municipio vecino Arroyo Seco, también parte de la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda.

Una de las principales notas del 19 de agosto del 2015 en los medios locales fue la reunión que tuvo el personal de la Secretaría de Salud con la mayoría de autoridades de esas 17 comunidades afectadas, más que nada por preocupación de los pobladores, ya que veían gente de la Comisión de Aguas realizando estudios. En la reunión, el personal de la Secretaría de Salud les pidió a los presentes extremar precauciones al consumir esa agua. Ya habían pasado casi dos meses después de dar a conocer la intoxicación en la localidad del Llano de San Francisco.

El director de Minería del Ayuntamiento de Pinal de Amoles, Leonardo Herrera, precisa que desde la intoxicación, hay pipas (camiones cisterna) que llevan agua a la comunidad del Llano, y además fueron colocados seis filtros para metales pesados en algunas de las otras comunidades. Hay una obra en proceso que abastecerá de agua potable a la región, sin embargo, ésta apenas concluyó su primera etapa por lo que todavía muchas comunidades consumen agua de las cuencas que se conectan con el Cedral.

Entre sus documentos bien ordenados, el director de minas tiene copia de solicitudes de información que ha hecho a la Secretaría de Salud del gobierno del Estado de Querétaro y a la Comisión Estatal de Aguas. A ambos organismos, les ha pedido —sin obtener respuesta, aún— información sobre los estudios hechos en el Llano de San Francisco a raíz de la intoxicación; tanto en la población como en las cuencas hidrológicas del Cedral, Poza Verde y Golondrinas.

—Ellos creen que es un dicho —me explica Leonardo Herrera, director de Minería del Ayuntamiento de Pinal de Amoles— uno les dice: es que el mercurio te va a hacer mal, y ellos responden que sus papás, que sus abuelitos, que todos siempre han trabajado el mercurio y que si no se mueren de eso, se mueren de hambre, y dicen “no pues le sigo”. Ahorita al fin estamos en el punto de poder decirles: mira, aquí están los análisis de tus niños, de su orina, ¡estás mal!

Reserva de la Biósfera

Pinal de Amoles, Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros y Peñamiller son los cinco municipios que abarca la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda. El problema de la extracción artesanal de mercurio no está solo en el Llano de San Francisco, sino en otras localidades tanto de Pinal de Amoles, como de Peñamiller, principalmente.

En 1997 estos cinco municipios de la Sierra Gorda que conforman un área biogeográfica relevante a nivel nacional por sus ecosistemas no alterados, fueron nombrados Reserva de la Biósfera, y por Ley, deben ser conservados.

De acuerdo al inventario del Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, existen siete tipos de vegetación entre bosques, selvas y matorral xerófilo. Es el hábitat de 131 especies de mamíferos, 23 especies de anfibios, 72 de reptiles y 363 de diferentes tipos de aves. También es el hábitat de casi 2000 especies de plantas. De cada categoría se cuentan especies en peligro de extinción, amenazadas, raras y endémicas.

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¿Cuáles son los signos vitales de la megaminería en México en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)? Este es un tema que debe tratarse abordando otra pregunta que ayuda a guiar la discusión: ¿Cómo se transformó el territorio mexicano con la megaminería a partir de la apertura comercial?

Durante los 34 años del periodo neoliberal del sistema capitalista, la etapa en la que se presentó un punto de inflexión en la megaminería fue a partir de 1994, con la puesta en marcha del TLCAN, que conllevó la privatización del territorio mexicano, expresado en incrementos acelerados de la superficie concesionada para la industria minera y de la inversión extranjera directa destinada a dicho sector, con incidencia directa en el agotamiento de los recursos naturales.

Este análisis se presenta como respuesta a la necesidad de ofrecer una contribución mexicana a las discusiones que, a nivel global, se tienen sobre las alternativas de transformación social que surgen desde los conflictos sobre la minería; y que además sirva como referencia empírica para la comparación internacional de resultados en otros estados nacionales con presencia de esta actividad empresarial: la megaminería.

El artículo se divide en tres partes, en la primera se analiza el comportamiento de la superficie del territorio mexicano concesionado a la industria minera, en la segunda el seguimiento a la inversión extranjera directa en la minería, y en la tercera se revisan los signos vitales de la megaminería en el marco del agotamiento de los recursos naturales.

Las concesiones mineras en el territorio mexicano

La megaminería a cielo abierto en México ha generado, durante el periodo 1982-2016, impactos sociales mediante el desplazamiento de las comunidades y la sobreexplotación del trabajo; así como afectaciones ambientales en los territorios donde se agotan los mantos acuíferos y se generan altos volúmenes de residuos sólidos. Por ello se sostiene que la megaminería a cargo del capital privado transnacional no ha generado desarrollo en las comunidades mexicanas donde está presente la extracción de metales preciosos.

La institucionalidad que brinda soporte a las empresas mineras de capital transnacional presentes en territorio mexicano es principalmente el gobierno federal de México que, mediante reformas al Artículo 27 de la Constitución y el Artículo 6 de la Ley Minera, ha facilitado la expropiación de tierras consideradas de utilidad pública para destinarlas a la extracción de minerales, por considerarse en términos legales como preferentes sobre cualquier otro uso de las tierras. Mediante dichos mecanismos, el Estado mexicano ha subordinado sus decisiones en respuesta a la presión lobbística de la Cámara Minera de México, la Embajada de Canadá en México y el Comité de Minería de la Cámara de Comercio de Canadá.

En México, de acuerdo con el Artículo 15 de la Ley Minera, se otorgan concesiones mineras por un periodo de 50 años con derecho a prórroga por otros 50 años. De esta manera, la legislación minera vigente ha permitido, a mes de marzo de 2016, la privatización de 112’82 millones de hectáreas, el equivalente al 57’4% del territorio mexicano durante el periodo neoliberal del sistema capitalista (1982-2016). Durante estos años se observó una tendencia general de crecimiento pero, con el fin de realizar un análisis más riguroso, vemos que dicho espacio temporal se presenta en dos subperiodos: el tiempo previo al TLCAN (1982-1993) en el que se concesionaron 9’46 millones de hectáreas; y el periodo posterior, en el que fueron 103’36 millones de hectáreas de territorio las concesionadas a la industria minera durante los 23 años del TLCAN (1994-2016).

Tales cifras también indican que en los 12 años previos a la entrada en vigor del TLCAN se concesionaron en promedio 0’78 millones de hectáreas por año, mientras que desde la irrupción del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, se han concesionado 4’49 millones de hectáreas de suelo mexicano por año, es decir seis veces más (véase gráfica 1).

La dinámica del capital privado transnacional en la minería en México

Desde el Estado mexicano se ofrece un discurso pro-minería resaltando que la industria extractiva de la megaminería utiliza tecnología de vanguardia en sus procesos de exploración, explotación y beneficio de los minerales; que entre 2010 y 2016 México lleva seis años consecutivos posicionado en el primer lugar mundial de producción de plata; o que en 2013 México se ubicó como el séptimo productor de oro a nivel mundial. De acuerdo con información de la Secretaría de Economía del gobierno federal, la inversión extranjera directa en minería captada en México durante el periodo 1982-2015 fue de un total de $24.118’8 millones (de dólares estadounidenses), equivalente al 4’7% de los $504.816’7 millones de inversión extranjera directa total captada en México durante el mismo periodo.

Al desagregar dicha información en dos subperiodos, previo y posterior al TLCAN, vemos que en la primera fase (1982-1993) se captaron únicamente $348 millones de inversión extranjera directa en minería, cifra que contrasta con los $23.770’8 millones que han entrado durante el periodo del TLCAN (1994-2015) (véase gráfica 2). Dichos datos también indican que en los 12 años previos a la entrada en vigor del TLCAN se recibió un promedio de $29 millones por año y se obtuvo un 822’3% de incremento durante dicho periodo, equivalente al 68’5% de incremento anual. Mientras que en los 22 años del TLCAN se han recibido, en promedio anual, $1.080’5 millones y un 3.725’8% de incremento, equivalente al 169’3% de incremento promedio anual, es decir 2’5 veces más que en el periodo previo.

Agotamiento de los recursos naturales. México territorio de sacrificio en América del Norte

Al ir a fondo del problema e indagar cómo se distribuye esa riqueza y qué impactos genera en el desarrollo nacional y en las comunidades donde se instalan los megaproyectos mineros, se observa que la tendencia al saqueo de recursos naturales por parte de la megaminería irá en aumento en los próximos años. Esto se debe a que en esa lógica existen puntos de coincidencia entre la CAMIMEX, que representa los intereses del capital minero en México, y las instancias como ProMéxico, que desde el gobierno federal mexicano “se encarga del fortalecimiento de empresas transnacionales a través del cabildeo para la mayor cantidad de inversión extranjera directa en México, así como posicionar a empresas mexicanas en el mercado exterior” (ProMéxico, 2015).

Ambas instancias públicas y privadas se convirtieron en negociadores de primer orden con el objetivo de facilitar el control del territorio mexicano para beneficio de los empresarios que han invertido en la megaminería, y que ahora cuentan también con la protección del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico liderado por Carlos Pavón Campos.

Los datos sobre el agotamiento de recursos naturales, indican que el principal territorio de sacrificio en la región de América del Norte es México, que durante el periodo 1982-2014 tuvo un promedio anual acumulado de agotamiento de su riqueza natural del 4’8%; cifra que contrasta con el 2’6% de Canadá y el 0’9% de Estados Unidos para el mismo periodo. Otro aspecto sustantivo que se desprende de los datos de la gráfica anterior, es que durante el periodo 1982-1994 en los tres países se registró una tendencia decreciente en cuanto al agotamiento de los recursos naturales.

Sin embargo, a partir del año 1994, con la entrada en vigor del TLCAN que implicó la apertura de los mercados y la privatización de los bienes comunes, se observó un punto de inflexión en la tendencia creciente de agotar los recursos naturales, algo que se dio en los tres países; aunque dicha tendencia de incremento se registró de manera asimétrica. Mientras que para el caso de Estados Unidos se trató de un aumento marginal, para el caso de Canadá, y sobre todo de México, el saqueo de materias primas fue más drástico. Otro elemento que se desprende es que a partir de la crisis de 2008, y de manera reciente cuando se produjo la caída del boom de las commodities, se observó una ligera tendencia decreciente en cuanto al agotamiento de los recursos naturales.

A partir de los datos anteriores, se aprecia la necesidad de reflexionar colectivamente y diseñar una estrategia nacional frente a la megaminería en México, que ponga en el centro el desarrollo de las comunidades y los municipios con presencia de la industria extractiva y contaminante. Algo que debe trabajarse mediante una sinergia donde intervengan los niveles de gobierno federal, estatal y municipal; los legisladores federales y locales; las universidades y centros de investigación; las organizaciones civiles ambientalistas; y las comunidades afectadas y los sindicatos mineros, tomando como parámetros de referencia lo que se está decidiendo en otras regiones del mundo y de América Latina en materia de distribución de la renta minera y de cargas fiscales por contaminación ambiental. Por ello, resultaría necesario promover una consulta pública nacional a la población mexicana para abordar el tema de la megaminería y el desarrollo, en línea con la que se hizo recientemente en Costa Rica. De esta manera, se conocería la opinión y la decisión de los mexicanos sobre estos asuntos de interés público nacional. Pero, además de ello, deberían emprenderse una serie de acciones colectivas, algunas de ellas ya en proceso:

1) Organizar un foro de análisis sobre megaminería. Dicho marco de debate y análisis se realizara en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión bajo el nombre “Megaminería: revisión de la legislación y distribución de la renta minera en el marco de una posible renegociación del TLCAN”. Deberían considerarse como puntos centrales del debate las propias concesiones mineras y el homologar los salarios de los trabajadores mineros de América del Norte, ya que actualmente por una jornada de ocho horas, en México, se percibe un salario de 20 dólares, mientras que un trabajador minero canadiense o estadounidense percibe un salario promedio de 40 dólares por hora.

2) Realizar una mesa de trabajo sobre la institucionalización del “impuesto de responsabilidad ambiental”, también llamado “impuesto ecológico estatal” en las entidades federativas con presencia de industrias extractivas y contaminantes, para discutir sobre el papel de los gobiernos estatales y municipales mexicanos en la captación y aplicación de recursos públicos derivados del impuesto ecológico estatal y del reparto de la renta minera. Dicha mesa será organizada por la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), tomando como punto de partida el decreto gubernativo que implementó en 2017 de manera novedosa, en el Estado de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, Gobernador de Zacatecas y Coordinador de la Comisión de Minería de la CONAGO; situación a tono con el análisis del Banco Interamericano de Desarrollo, presentado en 2016, para revisar las fuentes de ingreso de los gobiernos subnacionales de América Latina.

3) A 100 años de la promulgación de la Constitución de 1917 en México, resulta necesario promover una reforma constitucional para incorporar los derechos de la naturaleza, como ocurre en el capítulo séptimo “Derechos de la naturaleza” en la Constitución del Ecuador; impulsado por instituciones académicas y organizaciones ambientalistas.

4) Promover reformas y adiciones a la Ley Minera, especialmente al Artículo 6 de dicha ley, para que la minería en México deje de ser una actividad pública preferente y otorgue la posibilidad para que, por leyes de carácter federal y estatal, la federación, los estados y los municipios con presencia de proyectos mineros puedan establecer contribuciones que graven estas actividades.

Fuente:http://movimientom4.org/2017/03/el-saqueo-del-territorio-mexicano-la-megamineria-y-el-tlcan/