De Guanajuato la expulsaron dos veces por ser industria altamente tóxica y contaminante, y en La Laguna de Durango las autoridades la reciben con los brazos abiertos; es la mayor productora de uno de los venenos más potentes del mundo, cianuro de sodio, que lo provee a la minería a cielo abierto; fábrica señalada por su alto riesgo para la salud y el medio ambiente: The Chemours Company.

Primero la corrieron de Salamanca, Guanajuato, durante el segundo semestre de 2016, donde bajo la razón social The Chemours Company Mexicana S. de R.L. de C.V., prometía invertir mil 600 millones de pesos en la construcción de su planta de cianuro de sodio; pero habitantes de la zona y ambientalistas levantaron fuerte oposición en defensa de su región y aseguraron, con argumentos sólidos, que traería más contaminación a la ciudad, por lo que la solicitud de instalación fue cancelada a pesar de contar con el respaldo del gobernador Miguel Márquez Márquez.

La basta biodiversidad que se aloja en los cerros que flanquean el Golfo de México, desde Alto Lucero hasta Actopan, está nuevamente amenazada por los proyectos mineros de El Cobre y Caballo Blanco, este último autorizado por SEMARNAT.

La basta biodiversidad que se aloja en los cerros que flanquean el Golfo de México, desde Alto Lucero hasta Actopan, está nuevamente amenazada por los proyectos mineros de El Cobre y Caballo Blanco, este último autorizado recientemente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que ejecute trabajos de exploración.

Pese a la oposición de ejidatarios y activistas ambientales, y a las múltiples suspensiones en los últimos 5 años, las compañías canadienses Almaden Minerals y Candelaria Mining Corp han insistido en explotar oro, plata y otros minerales en esta región localizada a unos 40 kilómetros del puerto de Veracruz y a 5 kilómetros de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde.

Para La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), la actividad minera en la región es inviable en los aspectos ambiental, social y de seguridad para los cerca de 10 mil habitantes de las comunidades aledañas.

En dos proyectos diferentes, las compañías extranjeras prevén recuperar en el mediano plazo una inversión no cuantificada, pero sí estimada en millones de dólares; en contraste, los pobladores de las congregaciones situadas en las faldas de los cerros subsisten de la ganadería, la siembra de caña y otros cultivos, actividades que inevitablemente se verán impactadas.

CABALLO BLANCO
El pasado 7 de abril, el delegado en Veracruz de la Semarnat, José Antonio González Azuara firmó el documento resolutivo que autorizó a la empresa Caballo Blanco S.A. de C.V. iniciar con los trabajos de exploración en el cerro La Paila, en el municipio de Alto Lucero.

El Informe Preventivo presentado por la empresa, la cual es filial de la canadiense Candelaria Mining Corp, contempla la barrenación en 7 puntos diferentes en un terreno de 88 hectáreas. Sin embargo, para el proyecto con clave 30VE2016MD097, sólo se estima el trabajo en 175 metros cuadrados.

Estos albergarán las plantillas de barrenación, los patios de maniobras, las fosas de sedimentos y otras actividades propias de la minería.

De acuerdo al oficio SGPARN.02.RA.0395/17 de la dependencia federal, la minera está obligada a cumplir única y exclusivamente con el proceso de exploración con una perforación que oscilará entre los 150 a 500 metros de profundidad.

La apuesta de Caballo Blanco S.A. de C.V. es obtener información precisa e identificar minerales como el oro y la plata en medio de una zona donde según los censos del INEGI prevalecen amplios sectores en situación de pobreza.
El acceso a los puntos de barrenación está prohibido al tratarse de propiedad privada. Sin embargo, en las comunidades existe hermetismo y recelo en cuanto al desarrollo de trabajos en el cerro La Paila, el cual está ubicado frente a la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde.
Para poder realizar las exploraciones, diariamente se utilizarán 70 mil litros de agua que serán acarreados mediantes pipas compradas en la región.

En la comunidad de Arroyo Agrio, por ejemplo, la encargada de una de las 3 tiendas de abarrotes explica que los últimos movimientos de camiones y otras unidades ocurrieron en la cara norte de la montaña, muy cerca del Rancho del Niño.

“Aquí entraban, pero ahorita están de aquel lado. Tengo entendido que van a utilizar este mismo camino en los próximos meses o al menos eso es lo que se ha escuchado”, dice.

Según lo expuesto en el resolutivo de la Semarnat, la empresa no tiene permitido abrir nuevas brechas para llegar hasta los puntos de barrenación y sólo tiene autorizado adecuarlos para que sean transitables durante los 2 años de trabajos.

EL COBRE 2
A unos 20 kilómetros al Sur de donde se reactivará el proyecto Caballo Blanco se localizan 8 puntos del proyecto denominado El Cobre 2, promovido por Minera Gavilán S.A. de C.V., subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals en 2016.

Un año antes de que Caballo Blanco S.A. de C.V. promoviera la autorización para los nuevos proyectos, Minera Galván S.A. de C.V. hizo exploraciones en las comunidades de San Juan Villa Rica, Los Baños, Ojital, Tinajias y El Porvenir.

Sobre este proyecto, los ciudadanos Miguel Leal Ortiz, Emilio Montiel Noguera, Ascensión Sánchez Vázquez, Ascensión Leal Cervantes y Fidel Leal Báez, habitantes del municipio de Actopan, rechazaron el Informe Preventivo de la empresa y exigieron una consulta pública porque consideraron, una, que había posibilidad de una afectación.

Aunque enviaron un oficio el 20 de abril de 2016, la Semarnat avaló el proyecto minero y dio luz verde para los trabajos de exploración.

EXPLOTACIÓN INVIABLE
Según el dictamen elaborado por la empresa Caballo Blanco S.A. de C.V., el programa propuesto es de muy bajo impacto ambiental, pues argumentan que no hay conflicto con el medio ni con el entorno. No obstante, Emilio Rodríguez Almazán, integrante de Lavida, señala que los proyectos mineros son altamente peligrosos para sitios donde hay tal biodiversidad como en los cerros La Paila y La Cruz.

“La legislación mexicana permisible para que cualquier empresa extranjera pueda despojar a cualquier comunidad, territorio, área natural o bienes sin problemas. La minería prima sobre cualquier otra y es absurdo.
“En el caso de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ha sido una institución cómplice porque hay claras violaciones a la NOM-120-SEMARNAT-2011 (…) su papel ha sido vergonzoso”, precisa.

Rodríguez Almazán considera que la minería no debería ser admisible en un ecosistema único y diverso como el que existe en la zona serrana que se difumina hacia el Golfo de México, en los municipios de Alto Lucero y Actopan.
“El que aprueben proyectos de exploración es el primer paso para la explotación. Están en juego millones de dólares y es un hecho que apuestan a que en algún momento puedan extraer minerales ahí”, indica.

En los informes preventivos de las empresas canadienses se detalla que en dicha región existen desde robles, sauces, comezuelo, higueras, guácimas, guanacastes, encinos, cocuites, helechos, palmas y otras especies.
En cuanto a fauna, en esa demarcación es posible observar tlacuaches, armadillos, coyotes, tejones, venados cola blanca, tuzas, zorras y al menos 432 especies de aves, desde garzas, halcones, gavilanes, choros, patos, colibríes y loros.

Considerado este inventario de especies y dentro del contexto de la amenaza al medio ambiente, Emilio Rodríguez insiste en que la sociedad civil debe exigir que se detengan proyectos que ponen en riesgo la vida de seres humanos, flora y fauna.

“El hecho de que esté a escasos kilómetros de Laguna Verde representa un riesgo latente debido a los procesos para extraer los minerales. No sólo estamos frente a un elemento de riesgo para el medio ambiente y para la vida cotidiana de los que allí habitan, sino de seguridad de toda una región”, sostiene.

Fuente:http://www.imagendelgolfo.mx/noticiasveracruz/veracruz-boca-del-rio/41194825/reactiva-semarnat-el-proyecto-minero-caballo-blanco-extraeran-oro-y-plata-de-las-zonas-mas-pobres-del-estado.html

Ciudad de México.- El aumento en las inversiones y la productividad de las actividades extractivas no representa un camino de desarrollo para las comunidades con las que comparten el territorio y esto ocurre porque México no cuenta con normatividad que permita a los ciudadanos seguir el trayecto del dinero que proviene de la explotación de sus recursos naturales, sostienen los autores del Índice de la Gobernanza de los Recursos Naturales.

El estudio elaborado por el Instituto para la Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI, por sus siglas en inglés) muestra que México ha acertado en ciertas políticas energéticas pero los problemas de contexto, que son la corrupción y la violencia, ayudan a que prácticas como el conflicto de interés y la opacidad capturen los beneficios del sector petrolero y minero.

“México tiene verdaderos problemas de corrupción, violencia y captura del Estado […]. Lo advertimos en síntomas como una divulgación limitada de los intereses de los funcionarios públicos en las empresas extractivas, y un esquema de propiedad opaco en la empresas con las cuales el gobierno hace negocios”, aseguró Carlos Monge, director de NRGI para América Latina.

Alonso Hidalgo, investigador del NRGI, explicó que los resultados de México en el Índice son reflejo de un contexto que permite la corrupción:

“En los resultados se ve que existen esas condiciones para que se produzcan una serie de escándalos de corrupción y no están puestos los mecanismos y los seguros apropiados de ley que permitan hacer frente a eso”.

LOS RESULTADOS

En el sector de petróleo y gas, México obtuvo 61 puntos de 100 posibles, lo que resulta ser un desempeño satisfactorio. El problema se encontró en la gestión de los ingresos públicos.

El país recibió sus calificaciones más altas en los componentes Condiciones Generales de Gobernabilidad y en Extracción de Valor y la preocupación está en la apertura que se dio luego de la Reforma Energética y que generó tensiones en torno a temas socioambientales.

México tiene la decimosexta reserva de petróleo del mundo, con poco menos de 10 mil millones de barriles de petróleo y hay reservas de gas estimadas en 13 billones de pies cúbicos.

En particular las Condiciones generales de gobernabilidad obtuvieron su calificación más alta, por “una ley de transparencia que facilita el acceso público a la información”. Sin embargo, el estudio cita las líneas de acción que se marcaron en la Alianza para el Gobierno Abierto, proyecto que fue abandonado por los grupos de la sociedad civil; en las líneas de acción se excluyeron varios temas de transparencia relacionados con los recursos naturales.

En cuanto a minería, el Índice arrojó una calificación general de 60 puntos, ubicándose en el puesto 19 de 89 países evaluados. Y de nueva cuenta, el primer reto que menciona el informe es la débil gestión de los ingresos provenientes de ahí y que termina por afectar todo el desempeño de la actividad.

El problema, dice la investigación, es la distribución subnacional de los ingresos provenientes de los recursos naturales. México es el séptimo productor de oro en el mundo y el año pasado produjo 4 millones de onzas de ese metal, lo que representa únicamente el 1 por ciento de las exportaciones totales de México. Otro sector minero más amplio, que incluye la plata, alcanza el 3 por ciento, a pesar del crecimiento en la inversión y producción que se ha visto en los últimos 10 años, aún así la contribución a los ingresos del gobierno va disminuyendo.

Una mejor gestión de los ingresos públicos provenientes de este recurso natural ayudará a México a beneficiarse de la inversión en la minería de oro”, señala el informe.

Para realizar la investigación, las organización enfrentó obstáculos de transparencia: “En los casos de licitación, la ley establece que se otorgue la concesión a la mejor propuesta económica, pero los documentos en los que figuran los detalles de la licitación, incluidos los términos negociables y los criterios de la adjudicación, sólo están disponibles por un pago. Dado que el contenido de las concesiones no se hace público, es difícil evaluar las condiciones económicas en las que se otorgan”.

Otros factores riesgosos que marca el estudio como un serio desafío para la gobernanza de los recursos naturales son el crimen organizado, la corrupción y la violación de los derechos humanos.

El Índice de la Gobernanza de los Recursos Naturales es la suma total de 89 evaluaciones específicas del sector en 89 países. El primer componente que evalúa, el de la extracción de valor, abarca la gobernanza de las concesiones de derechos de extracción, la exploración, la producción, la protección medioambiental, la recaudación de ingresos públicos y las empresas de propiedad del Estado.

El segundo, que es la gestión de ingreso, se refiere al proceso presupuestario nacional, la distribución subnacional de los ingresos provenientes de los recursos naturales, y los fondos soberanos.

Y el tercer componente que evalúa son las condiciones generales de gobernabilidad de un país.

Fuente:http://www.sinembargo.mx/28-06-2017/3250020

Acusan a la embajada de Canadá y empresa minera Black Fire de estar involucradas

La familia de Mariano Abarca Roblero, asesinado el 27 de noviembre del 2009, interpuso una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que recomiende al gobierno mexicano la investigación del crimen apegada a derecho. Acusan a las autoridades mexicanas de actuar con dolo en las investigaciones sobre este hecho, para favorecer los intereses de la empresa minera canadiense Black Fire Exploration.

Black Fire posee la consesión para la epxlotación de la mina La Revancha, ubicada en el municipio chiapaneco de Chicomuselo, a cuya explotación se opuso Abarca Roblero. Canadá es el inversionista extranjero más importante en el sector minero mexicano, posee el 70% de las empresas mineras extranjeras que operando en México.

Los cuatro hijos y la esposa de Abarca, acompañados por las organizaciones Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), asociación chiapaneca Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), y MiningWatch Canada, presentaron ante la CIDH documentación relacionada con las amenazas, hostigamiento e intimidaciones físicas y legales que sufrió Mariano Abarca antes de su muerte, por parte de trabajadores y representantes de la empresa Blackfire.

Un gerente de la empresa minera lo acusó de asociación ilícita, crimen organizado y ataques a las vías de comunicación, entre otros delitos, por haber participado en un plantón pacífico en una vía de acceso a la mina La Revancha de junio a agosto de 2009.

El 17 de agosto, policías vestidos de civil lo detuvieron bajo arraigo por ocho días. Lo liberaron sin haber formulado cargo alguno, “pero las autoridades mexicanas nunca le hicieron caso, generando una situación de peligro y de permisibilidad que facilitó el crimen”, refieren los familiares en la petición ante la CIDH.

Argumentan que estos elementos no fueron considerados por las autoridades ministeriales, ni por los  jueces que ordenaron la libertad de las personas que fueron detenidas y acusadas de participar en el homicidio, y quienes tenían relacionaes laborales con la empresa minera canadiense Blackfire.

Mariano Abarca era agricultor chiapaneco, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), encabezó el movimiento para exigir la cancelación de la extracción minera en su comunidad, por considerar que efecta de manera irreversible al ecosistema y a la salud de la población de la zona.

La organización MiningWatch Canada documentó que antes del asesinato del lider comunitario, y debido a las protestas de la población de Chicomuselo, la Embajada de Canadá en México estuvo realizando un cabildeo frente al Estado Mexicano para preservar los intereses de Blackfire.

“Esto abonó al conflicto social y pudo haber influenciado en la actuación del Estado Mexicano en el caso de Mariano”, señalan en la petición.

Para la familia de Mariano, habitantes de zonas donde opera la industria minera, y organizaciones defensoras del medio ambiente, hay un creciente número de casos de criminalización y atentados a la vida perpetrados contra defensores y defensoras del territorio.

Detallan que en América Latina entre 2000 a 2015, se registraron por lo menos 44 muertos, más de 400 heridos y más de 700 criminalizados en relación con 28 empresas en 13 países. Por ello piden la intervención de la CIDH.

Fuente:https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2017/06/interponen-queja-contra-mexico-ante-la-cidh-por-omision-en-investigacion-de-asesinato-de-lider-ambientalista-de-chiapas/

Cancelarnos motu proprio el futuro, equivale a planificar el suicidio con demasiada antelación, con la peregrina pretensión de encontrar la manera de matizar consecuencias y repercusiones de ese acto final.

Permitir que niños y jóvenes fallezcan de enfermedades curables, de desnutrición o debido a derivaciones no previstas de actos de corrupción, es una de las peores maneras de cerrarnos el paso al bienestar emocional y a la armonía entre gobierno y sociedad. La irritación social crece y se manifiesta de manera colindante con la violencia, porque hay un enorme vacío de poder que ensancha la separación entre dos estamentos sociales: los excesivamente ricos frente a todos los demás. Los “proles” hace mucho que dejaron de contar  para el Mirreynato.

No exagero ni aspiro a que juntos nos rasguemos las vestiduras o nos demos golpes de pecho. Lo cierto es que Alfredo Valdez Rodríguez, de La Jornada, nos cuenta que “63 por ciento de los niños del municipio de Vetagrande, con tan sólo cinco mil habitantes y distante siete kilómetros de la ciudad de Zacatecas, tiene altos niveles de plomo y otros metales pesados en su organismo, a causa de la actividad minera”.

El reportero Valdez Rodríguez entrevistó a “Eduardo Manzanares Acuña, profesor e investigador de posgrado en ciencias nucleares de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), quien sostiene que desde hace 18 años un grupo de especialistas de ese centro, da seguimiento a la contaminación que padecen los niños y jóvenes menores de 18 años de esa población.

“Con base en métodos científicamente probados y la intervención de médicos y especialistas en bioquímica, informó Manzanares Acuña, se han hecho muestreos representativos y análisis de sangre que han permitido conocer la dimensión del problema que presentan alrededor de mil 500 menores de edad.

“Ante ello, explicó, un grupo de investigadores de varias universidades de los estados de Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato, como el Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados (Cinvestav), campus Irapuato, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y la Universidad Autónoma de Aguascalientes, realizan un estudio conjunto en fito-tecnia (con plantas silvestres), con las que se busca estabilizar los predios y zonas con desechos mineros, conocidos como jales.

“Los estudios se realizan en zonas donde se vertieron desechos tóxicos producto de la minería, para tratar de evitar que se dispersen en el aire, que trasminen al subsuelo y no sean ingeridos por la fauna ni absorbidos por el ser humano, explicó el también especialista Armando Flores de la Torre, investigador del área de ciencias de la salud de la UAZ”.

Constatamos, así, parte de ese enorme beneficio que deja la minería en México. Por cierto, ¿alguien sabe si Grupo México cumplió con lo ofrecido por el derrame en Sonora? No, verdad…

Fuente:https://almomento.mx/la-costumbre-del-poder-matar/

Estimados y estimadas periodistas,

Están cordialmente invitados e invitadas a nuestra conferencia de prensa el miércoles 28 de junio a las 11 AM en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) en la Ciudad de México sobre la búsqueda de justicia en el asesinato del defensor de los derechos humanos y del medio ambiente chiapaneco Mariano Abarca Roblero. Mariano fue asesinado el 27 de noviembre 2009 frente a su casa en Chicomuselo por un disparo en la espalda. Todos los sospechosos por este crímen, que sigue en la impunidad, son vinculadas a la empresa minera canadiense Blackfire Exploration.

4 – El programa especial de Periodistas de A Pie en Rompeviento.tv:

Contacto para entrevistas: comunicacion@otrosmundoschiapas.org / 967 140 44 32 (Whatsapp: +52 1 967 140 44 32)

Área de Comunicación de
Otros Mundos AC/Chiapas
http://otrosmundoschiapas.org/index.php
 Friends of the Earth – Amig@s de la Tierra México
San Cristóbal de las Casas; Chiapas, México
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TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Indígenas zoques de la región noroeste del estado, arropados por organizaciones sociales, ciudadanas, religiosas, magisteriales y estudiantiles, marcharon este jueves contra los megaproyectos que amenazan sus tierras y sus territorios, como la construcción de presas hidroeléctricas, pozos petroleros y concesiones para la minería extractiva.

Como pocos movimientos y causas en Chiapas, la del Pueblo Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio agrupó este día la solidaridad de decenas de grupos civiles que se unieron a la marcha que inició en la entrada poniente de la capital y concluyó con un mitin en la plaza central.

Ahí, los líderes se pronunciaron contra los megaproyectos que “traerán muerte y no vida y desarrollo, como argumenta el gobierno federal”.

Al darse a conocer este jueves que 12 pozos petroleros de la zona norte de Chiapas fueron eliminados de la Ronda 2.2 hasta que no haya una “verdadera consulta” con los pueblos indígenas de la región, los inconformes llamaron a no bajar la guardia y seguir firmes en la lucha.

“Ganamos una batalla, mas no la guerra”, dijeron los oradores.

Tras la reforma energética aprobada en 2013, junto con las 10 reformas constitucionales, los indígenas chiapanecos vieron en ella una amenaza de despojo de sus tierras, en particular las de los pueblos zoques.

Por ello, empezaron a organizarse en un movimiento “de resistencia y de defensa de la vida y la madre tierra” para enfrentarse a los proyectos extractivos que amenazan la vida social, ambiental y cultural de 60 mil hablantes zoques.

“Sobre nuestros territorios la amenaza es real por las 11 concesiones mineras otorgadas por el gobierno con un total de 70 mil hectáreas, de los cuales ya se encuentra en operación la Minera Frisco en Solosuchiapa, propiedad de Carlos Slim; una ampliación de presa hidroeléctrica sobre las tierras de Chicoasén; un proyecto de Geotermia sobre el cráter del Volcán Chichonal sobre 15 mil hectáreas; un geo-parque en el mismo Volcán con dos mil 400 hectáreas; además de pequeñas represas en Ocotepec y Chapultenago”, dijeron los oradores en su pronunciamiento.

En total, son más de 180 mil hectáreas de montañas de niebla, manantiales, ríos, tierras ejidales y espacios simbólicos amenazadas por los proyectos extractivos, dijeron.

Los inconformes alertaron que la amenaza más directa sobre sus tierras es la licitación que realiza desde agosto del 2016 la Secretaría de Energía (Sener), a través de la Ronda 2.2 para concesionar 12 pozos de extracción de gas natural y aceite en los estados costeros del Golfo de México y Cuencas del Sureste, la cual se compone de 12 bloques, dos de los cuales tienen impacto en Chiapas.

Exigieron la cancelación definitiva de los bloques 10 y 11 de la licitación de la Ronda 2.2, demandaron el respeto al derecho a la consulta, rechazaron otorgar el permiso para el proceso de licitación y la concesión de los pozos, además de que exigieron la cancelación de las concesiones mineras, ampliación de presas y proyectos geotérmicos en los municipios del Pueblo Zoque.

La amenaza en detalle

Según los denunciantes, 84 mil 500 hectáreas de tierras de nueve municipios del norte chiapaneco serían utilizadas para la extracción de gas natural mediante el despojo y contaminación ambiental del territorio zoque.

El bloque 10 afectaría 42 mil 600 hectáreas de los municipios de Tecpatan, Francisco León y Ostuacan para obtener aceite superligero y gas húmedo, mientras que el bloque 11, afectaría 41 mil 900 hectáreas de Chapultenango, Ixtacomitan, Ixtapangajoya, Pichucalco, Solosuchiapa, Sunuapa y Teapa (Tabasco), para obtener aceite ligero y aceite superligero.

La instalación de 12 pozos petroleros en la zona provocaría “graves daños ambientales, económicos y culturales como el uso excesivo de agua (se calcula que cada pozo requiere 20 millones de litros de agua); desplazamientos migratorios, contaminación de suelo, aire y manantiales, pérdida de biodiversidad, desequilibrio ambiental, disminución de la producción alimentaria, daño patrimonial y de salud pública”.

La Ronda 2.2 pone en riesgo un total de 16 arroyos y cuatro manantiales de las comunidades zoques de Chapultenango, Ixtacomitán, Francisco León y Tecpatán.

Entre los afectados estarían los ríos Yomonó y Totopac en Tecpatán; el Movac y Susnubajk en Chapultenango; los ríos Tumbak y Magdalenas en Francisco León y el río Blanco en Ixtacomitán, poniendo en riesgo la disponibilidad de agua para la agricultura y el equilibrio ambiental del territorio.

Un riesgo fuerte, dijeron los denunciantes, son los tubos que atravesarían las tierras zoques y que, en caso de romperse, contaminarían toda la red de mantos freáticos del subsuelo en 60 kilómetros a la redonda.

Otro riesgo del proyecto de hidrocarburos, añadieron, es que cambiaría el uso de suelo del territorio ya que actualmente las tierras están dedicadas a la actividad agrícola y de conservación ambiental. Al instalar los pozos petroleros, pasarían a uso industrial por las empresas extractivas que dejarían tras de sí “un paisaje desolador de tierras inservibles” como pasó en el ejido Nuevo Volcán Chichonal municipio de Juárez.

“Por eso, reiteramos que estos son proyectos de muerte”, indicó Basilio Díaz, uno de los oradores.

La consulta

En el caso del territorio zoque, a partir de septiembre de 2016, la Sener ha intentado llevar a cabo un proceso de consulta en las comunidades zoques, aunque sólo para aparentar lo que exige la Ley Nacional de Hidrocarburos, “porque en la realidad no se ha consultado a todas las comunidades afectadas”, dijo Fermín Ledesma Domínguez, otro de los líderes del movimiento.

Según dijo, sólo se consulta a los agentes rurales, mientras que las comunidades hablantes zoques no han tenido traductores en su propia lengua materna. Por eso, dijo, las supuestas consultas “han sido engañosas y bajo presión a cambio de que algunos ejidos reciban proyectos como ampliación de caminos, puentes y drenaje, pero sabemos que solo son obras para que las empresas saquen mejor el petróleo”.

Además, en las supuestas consultas no se ha presentado la Manifestación de Impacto Ambiental de los proyectos, por tanto, se ha violado el derecho a la información.

Los inconformes explicaron que los megaproyectos extractivos “representan muerte”, por eso las comunidades zoques anteponen los intereses colectivos para la sobrevivencia, el agua, la tierra y la vida, así como para defender su derecho a la libre autodeterminación.

Detallaron que en los municipios de Chapultenango, Francisco León, Tecpatán e Ixtacomitán se han levantado firmas en actas de asamblea que se oponen a la extracción de hidrocarburos en su territorio. Éstas ya han sido entregadas a instancias federales y legislativas para que se den los cauces necesarios y se dé cumplimiento a las exigencias.

Los inconformes dijeron que ya hicieron las denuncias correspondientes ante los tribunales nacionales e internacionales.

“Hoy ante la opinión pública, nos declaramos en permanente defensa del territorio zoque de Chiapas, que muestra aquí, en la capital de Chiapas, el rostro de la dignidad, el rostro del Pueblo Zoque que defiende el presente y el futuro de nuestro Chiapas lleno de riquezas y que han sido explotados para el interés de unos cuantos”, dijo María Sánchez, otra de las activistas.

Sener suspende licitaciones

Ayer, la Secretaría de Energía informó que, en coordinación con distintas autoridades federales y estatales, ha hecho el proceso de Consulta Previa, Libre e Informada a comunidades indígenas relacionadas con las áreas contractuales 10 y 11 de la Ronda 2.2.

En una misiva, detalló que el objetivo de la Consulta es establecer un diálogo intercultural entre el gobierno de la República con las comunidades indígenas zoques y tzotziles involucradas. Dicho proceso consiste, añadió, en informar las características, alcance e implicaciones del proceso de licitación, así como alcanzar acuerdos y en su caso, obtener el consentimiento para el desarrollo de las actividades.

La dependencia aseguró que durante el desarrollo de la consulta se realizan reuniones de trabajo y asambleas en comunidades indígenas y que, “derivado del contexto social, político y económico”, determinó ampliar el plazo para el diálogo.

Y añadió: “La Sener ha solicitado a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) excluir las áreas contractuales 10 y 11 de la versión final de las bases de licitación de la Ronda 2.2, para efecto de salvaguardar los derechos e intereses de las comunidades indígenas”.

No obstante, comentó que las áreas contractuales 10 y 11, “previo consentimiento otorgado por las comunidades indígenas involucradas, podrían incluirse en futuras convocatorias para el desarrollo de actividades de exploración y extracción de hidrocarburos”.

Fuente:http://www.proceso.com.mx/492139/indigenas-chiapas-marchan-contra-megaproyectos-hidroelectricos-petroleros-mineros

Juchitán.- Desde enero de 2002 y hasta abril de 2016 la Secretaría de Economía otorgó 972 títulos de concesión minera en Oaxaca , de las cuales actualmente 299 están vigentes y abarcan una superficie total de 462’974 hectáreas, que representan el 5% del territorio estatal informó Neftalí Reyes Méndez, encargado del Área de Derechos Territoriales de la organización social “ Servicios para una Educación Alternativa EDUCA A.C”.

En un estudio presentado por Reyes Méndez explicó que en todo el país se encuentran concesionadas 52 millones de hectáreas a empresas mineras y que en Oaxaca hasta el pasado mes de julio son 35 proyectos mineros que se encuentran registrados ante la Secretaría de Economía por 38 empresas registradas en Canadá, USA, Perú, Australia y México.

El especialista informó que según datos de la Secretaría de Economía, 29 proyectos mineros se encuentran en etapa de exploración, 2 en etapa de desarrollo, 2 postergados y 2 en etapa de explotación. “Los dos últimos han sido ubicados por el Gobierno del Estado de Oaxaca que encabeza Gabino Cué como dos de los proyectos mineros más importantes de la historia de la entidad, generando una inversión privada durante el periodo 2011-2015 por 6 mil 382 millones de pesos, lo cual ha colocado al estado en el séptimo lugar nacional en producción minera”.

Las empresas que están dentro de estos proyectos mineros son: Sundance Minerals, Minaurum Gold inc, Gold Resource Corp, Big North Graphle Corp, Ichesa peake Gold Corp, Almadem Mineralls entre otros más distribuidas en los municipios de Oaxaca.

En el trabajo de campo que realizó Reyes Méndez constató que la presencia de la minería ha provocado problemáticas graves en diversas comunidades, principalmente donde se han otorgado concesiones mineras, o donde se realizan actividades de prospección, exploración y explotación de minerales.

Las concesiones mineras se otorgaron en 90 municipios del estado de Oaxaca entre los que destacan la zona oriente del Istmo de Tehuantepec y también Ciudad Ixtepec por un periodo de 50 años.

“A los municipios que se les otorgó concesiones no se les consultó al momento de entregar las concesiones mineras, éstas han sido entregadas en ejidos y comunidades agrarias que tradicionalmente tienen uso para la agricultura comercial y de autoconsumo, ganadería, pesca, son sitios sagrados e incluso abarcan centros poblacionales”, resaltó.

El experto señaló que las comunidades no tienen información sobre el tamaño de la concesión, su vigencia, el titular, entre los datos más relevantes.

Aclaró que durante su investigación, la información proporcionada a las comunidades en Oaxaca por el gobierno federal, estatal y empresas involucradas ha sido discrecional, porque no se informa sobre la escala del proyecto o los posibles impactos que esta actividad ha generado en otros estados de la república en los ámbitos social, político, ambiental y cultural.

En la región del Istmo, existen grupos de organizaciones civiles que se han articulado contra la minera y la cancelación de las concesiones entre los que destacan el Comité de Defensa Tierra y territorio y Grupo Ecologista Zanatepec bajo el argumento de las violaciones a sus derechos como pueblos y comunidades indígenas, principalmente el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, al territorio, a la libre determinación, al desarrollo desde su propia cosmovisión y a la información pública.

El experto precisó que sin embargo el marco legal, no establece ningún mecanismo para su cancelación, a excepción de la decisión de la empresa para desistirse, terminación de la vigencia o resolución judicial, aunado a que la actividad minera tiene preferencia sobre cualquier otro uso o aprovechamiento que se da a la tierra, por lo que colocan en total desprotección a los pueblos y comunidades del estado de Oaxaca y al ejercicio de sus derechos, incluso el derecho a la defensa.

En un apartado de su informe, el experto da a conocer las preocupaciones en materia de derechos de pueblos indígenas e inversión minera en la cual pone de ejemplo al proyecto San José operado por la empresa “Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V” filial de la canadiense “Fortuna Silver Mines”, donde se han documentado 4 asesinatos derivados directamente del conflicto minero entre 2010 y 2012, 8 personas heridas por arma de fuego en ese mismo periodo.

La llegada de la minería a San José también ha ocasionado que 4 personas defensoras de los derechos humanos cuentan con medidas cautelares emitidas por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), además de provocar una división profunda en la comunidad generada por la instalación del proyecto.

Como dato adicional, el especialista aportó que el proyecto se encuentra entre los más relevantes en México para la explotación de plata con recursos por 62 millones de dólares, sin embargo la aportación de sus ganancias totales al erario federal y municipal ha sido del 1 por ciento.

Detalló en su reporte que Manifestación de Impacto Ambiental, el cual es un requisito previo a la explotación de minerales, tanto las empresas involucradas y el gobierno federal son juez y parte, ya que los estudios sobre posibles impactos ambientales son realizados con recursos de las empresas interesadas y aprobados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la cual las comunidades no tienen participación ya que no pueden tener acceso a los resultados de los estudios, además de que la escasa información que existe resulta demasiado técnica y con un lenguaje culturalmente inapropiado.

Por último suscribió que las autoridades mexicanas lejos de reconocer los graves impactos producidos por la actividad minera, promocionan y generan las condiciones sociales, políticas y legislativas para permitir “legalmente” y el actuar del Estado Mexicano está regulado por los intereses privados del sector empresarial, por lo que se ha configurado como el gestor principal de proyectos mineros y voceros de los beneficios para el desarrollo económico de Oaxaca.

Fuente:http://www.istmopress.com.mx/istmo/972-titulos-mineros-otorgados-para-oaxaca-sin-consulta-a-pueblos-y-comunidades/

Tlaola, Pue.- El gobierno federal entregó cinco concesiones mineras a particulares en el municipio de Tlaola, cuatro de las cuales están en fase de exploración y al menos una de ellas -se ha confirmado- es para la extracción de metales preciosos, según información de la Secretaría de Economía.

Mediante la expedición de cinco licencias, en casi 800 hectáreas de terreno del municipio serrano de Tlaola, se inició la búsqueda de minerales para su extracción. Las concesiones se encuentran muy cerca del área en la que la empresa Deselec-Comexhidro pretende construir la hidroeléctrica Puebla 1 que abarcará Tlapacoya, San Felipe Tepatlán y Ahuacatlán.

Las concesiones son: la 202235 ubicada en el terreno denominado “Gaby” con una extensión de 610 hectáreas de la que se desconoce qué tipo de trabajos se realizan; la 193696 ubicada en 28 hectáreas del lote “Mazatla” en fase de exploración.

Además de la 196427 ubicada en el predio “Yetla” con una extensión de 100 hectáreas; la 214379 en el lote “Mazatla” con extensión de 28 hectáreas y la 244651 ubicada en el lote “La Estrella”, con una extensión de 28 hectáreas. Todas ellas en la fase de exploración.

Aunque como en la mayoría de los casos la información sobre las concesiones y su ubicación no están disponible en el sistema gubernamental, se pudo conocer que en el predio denominado “La Estrella” donde se busca oro, plata, cobre y bario, está ubicado al noreste de la comunidad de Xaltepuxtla, al occidente de la Xochinanacatlán y al suroccidente de Tzitzicazapa.

Todas las concesiones fueron entregadas a particulares que difícilmente tienen posibilidades de explotar una mina y, de acuerdo con el reportaje de Periodistas de a Pie: “Así se venden las minas en México: Especuladores lucran con permisos”,  especulan con las concesiones hasta que llega un mejor postor –empresa nacional o extranjera—a la que ceden los derechos con ganancias extraordinarias, gracias a las lagunas de la regulación minera, por lo que más de 10 mil títulos de concesión han sido “transferidos de mano en mano”.

Mientras que el municipio de Tlaola, donde se ubican los terrenos, es uno de los más empobrecidos de la Sierra Noroccidental poblana: de acuerdo con el más reciente Censo de Población y Vivienda de 2010, cuenta con 19 mil 826 habitantes, 64.30 por ciento de los cuales son indígenas que habitan en comunidades de muy alta y alta marginación y un alto grado de rezago social. El 34.30 por ciento de la población de 15 años o más es analfabeta, unas 3 mil 787 personas; mientras que 6 mil 246 –el 59.70 por ciento de sus habitantes- no terminaron la primaria.

La mayor parte de su población se dedicada a las labores del campo, unas 11 mil 94 personas, pero el 87.34 por ciento de éstas percibe menos de un salario mínimo al día.

Fuente:http://municipiospuebla.mx/nota/2017-06-14/interiores/mineras-buscan-oro-plata-y-cobre-en-terrenos-de-tlaola

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) reprochó el informe y análisis que el Grupo de Trabajo sobre derechos humanos y las empresas transnacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó ante el consejo de esta organización, al asegurar que es “condescendiente” y “solapa” las instancias de gobierno.

Mediante un comunicado, la red que agrupa a comunidades, organizaciones e interesados de los impactos ambientales y sociales de la minería denunció que el documento del organismo internacional -del pasado 8 de junio- no refleja las violaciones a derechos humanos que cometen las empresas, y por el contrario, minimiza las consecuencias negativas de estas actividades.

Fuente:http://www.proceso.com.mx/491691/red-mexicana-afectados-la-mineria-reprocha-informe-la-onu-solapar-al-gobierno