El agua es lo que más extrañan Ramón Miranda y Mario Alberto Salcido. Esa agua, que antes del accidente minero del 2014, conseguían con solo escarbar la tierra. Esa que ahora, a tres años del desastre, convive con metales pesados de la mina Buenavista del Cobre.

“El derrame cambió abruptamente nuestra vida. Antes vivíamos tranquilamente. Tomábamos agua tranquilamente”, dijo Ramón Miranda Córdova, afectado por el derrame de metales pesados de la mina Buenavista del Cobre en los afluentes de los ríos Bacanuchi y Sonora. El accidente del 6 de agosto de 2014 les contaminó el agua. Hoy los vecinos deben buscarla en garrafones, pero a esos también les tienen miedo: “Los negocios de purificación no tienen filtros contra metales pesados”, dijo Miranda.

Tres años después del accidente, considerado por las autoridades medioambientales de México como el más grave en la historia de la minería nacional, los pobladores, organizaciones civiles y la Organización Mundial para la Salud (OMS), de las Naciones Unidas, advierten que la contaminación en el río Sonora subsiste.

Ramón Miranda, un comerciante de ropa y calzado de Ures, Sonora, se reclina en la silla buscando una posición más cómoda para hablar del tema. Se encuentra en la Ciudad de México, como parte de un programa de actividades con medios de comunicación para exhibir las condiciones actuales de la zona. Desde que Miranda se vio afectado por el derrame, éste se ha vuelto el tema que domina su día a día como habitante de una de las comunidades afectadas.

El 6 de agosto del 2014, una fuga de un depósito de la mina Buenavista del Cobre vertió 40,000 metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado en un arroyo que, a la postre, llevaría esos contaminantes a los ríos Bacanuchi y Sonora. La empresa, filial de Grupo México, fue señalada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), como responsable por el peor desastre ecológico en la historia de la industria minera en México.

Ramón Miranda y Mario Alberto Salcido Romo, otro afectado oriundo de Aconchi, Sonora, se miran a los ojos con nostalgia y coinciden en que las familias de la región no sólo se han visto afectadas por la incertidumbre de las consecuencias ecológicas. “El río era parte de nuestra vida, familias enteras lo usábamos como diversión; íbamos a nadar y a pasar un buen rato”, dijo Miranda. Para enfrentar la situación, los afectados se agruparon Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), Ramón Miranda pertenece al comité de Ures y Mario Alberto Salcido al de Aconchi.

Salcido dice que lo tenían todo resuelto con el río, “incluso en los paseos al río no teníamos que llevar agua, cavábamos un pequeño hoyo cerca del afluente que rápido se llenaba. Metíamos la cabeza para beber de esa agua fría”.

El derrame del miércoles 6 de agosto del 2014 afectó directamente a 22,000 personas e indirectamente a otras 250,000 en siete municipios situados a orillas del Sonora: Arizpe, Banámichi, Huepac, Aconchi, San Felipe, Baviácora, Ures y Hermosillo.

Tras el derrame, las cosas se pusieron muy movidas en las comunidades de los alrededores. Miranda y Salcido cuentan que llegó mucha gente, muchos “licenciados y personas con traje”. Con ellos llegaron muchos policías, funcionarios, federales y estatales y personas que sólo “buscaron sacar beneficio de la situación”, contaron con un tono de enojo y frustración. Su mirada pasó de la nostalgia al enojo. Cambiaron de postura: dejaron de recargarse en el respaldo de la silla y colocaron las manos sobre la mesa.

Mientras todo era caos en la zona y los pobladores comenzaban a sentir miedo, las autoridades federales llegaron a un acuerdo con Grupo México: tras encontrar alrededor de 50 irregularidades en la mina, Grupo México fue sancionado con una multa de 24 millones de pesos y fue obligado a crear un fideicomiso de 2,000 millones de pesos para atender las afectaciones ambientales y sociales.

La reparación de los daños económicos a agricultores y ganaderos fue motivo de irregularidades, dijeron Miranda y Salcido. Éste, un agricultor que entonces tenía registradas dos hectáreas, recibió 20,000 pesos como resarcimiento. Según los pobladores, las indemnizaciones no son equiparables con el nivel de las afectaciones.

En la lucha

Después de tres años y más de 10 amparos, los afectados ganaron uno: por la contaminación del agua en dos pozos. En el fallo del juicio dictado por el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Sonora en julio pasado se determinó que al menos dos pozos de los que se obtiene agua del río Sonora, los pozos Sinoquipe y La Labor, presentaban contaminación por arsénico y manganeso en niveles superiores a los establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Con la concesión de este amparo, coinciden Miranda y Salcido, “se demuestra que el río sigue contaminado”. Esto es sólo una de las muchas promesas que no se han cumplido tras el incidente, insisten. Tras el derrame, les prometieron plantas potabilizadoras de agua, un hospital de especialidades y la remediación del daño ecológico. Ninguna de las tres ha sido entregada en tiempo y forma.

Grupo México, a solicitud de El Economista, emitió un posicionamiento vía correo electrónico en el que reitera que cumplió a cabalidad con lo requerido por los gobiernos federales y locales, además de que aún brinda apoyo a la población cuando se requiera. En la comunicación, recibida el viernes 4 de agosto, Grupo México aseguró que apoya a los municipios colindantes con el río Sonora con la entrega de nueve plantas de tratamiento de agua, siete equipos de construcción y transporte, así como la realización de cinco obras de pavimentación e infraestructura y la provisión de materiales diversos. Afirmó haber beneficiado a más de 3,000 habitantes con programas de educación, salud, medio ambiente, deporte y recreación.

Para Miranda y Salcido, las acciones de Grupo México han sido insuficientes e incluso, en algunas, nulas.

En una rueda de prensa ofrecida por representantes de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) y de la organización civil Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), dedicada a fomentar la transparencia y rendición de cuentas de las empresas en América Latina desde una perspectiva de derechos humanos, el martes en la Ciudad de México, se aseguró que de acuerdo con la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), en julio del 2017 se contabilizaron 381 personas enfermas por la presencia de desechos tóxicos en sangre y orina. Aunque estos pacientes requieren atención médica, Grupo México ha retrasado la creación del centro de atención médica que se comprometió a construir, dijeron Miranda y Salcido en una entrevista posterior.

La gente a lo largo de la cuenca del río no usa el agua con la misma confianza que antes. No es de extrañar, coinciden Miranda y Salcido, que a la orilla del río hayan proliferado los negocios de purificación de agua. “No tienen filtros contra metales pesados”, advirtió Miranda. La gente compra el agua en garrafón, “pero sólo hay que sacar números, y si ganan el mínimo y los garrafones cuestan como 30 pesos, o beben agua o viven”.

Fuente:http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/08/06/nos-quitaron-agua-reclaman-vecinos-rio-sonora

Frente a las concesiones mineras autorizadas para explotar más de 1 millón de hectáreas en el estado de Puebla, diversas comunidades de la Sierra Norte han desarrollado redes de apoyo para detener el avance de estas compañías, así lo reveló el artículo Movilización Social en Defensa de la Tierra: Megaproyectos Mineros en Municipios de la Sierra Norte de Puebla, elaborado en 2016 por académicos del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

En la entidad poblana de 2010 a 2014 se concesionaron para la minería 1 millón 71 mil 608 hectáreas, que abarcaron alrededor de 31 municipios del estado, esto de acuerdo con la Asociación de Cronistas Historiadores y Narradores, quienes señalan que en la Sierra Norte de Puebla se tienen proyectados para próximos años alrededor de 22 proyectos mineros y 6 hidroeléctricas.

La investigación señaló que las organizaciones civiles son las que principalmente buscan detener la minería en la zona, actúan de forma independiente de los gobiernos locales con el objetivo de evitar la destrucción de sus comunidades.

En años recientes, en la Sierra Norte de Puebla se han registrado prácticas de participación ciudadana en municipios como Cuetzalan, Zautla y Tetela de Ocampo.

En el municipio de Zautla, una asamblea comunitaria logró la expulsión de la minera china del empresario Dejun Liu Wang y en el municipio de Ixtacamaxtitlán, la población tomó resistencia frente a la concesión otorgada a la empresa Almaden Minerals respaldada por el presidente municipal.

El documento refirió que el gobierno mexicano es el que ha cedido estos permiso a empresas nacionales y extranjeras, a pesar de que el artículo 6 del Reglamento de la Ley Minera, estableció que “la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a los que se refiere esta ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso del terreno”.

Fuente:http://www.elpopular.mx/2017/07/30/local/crean-redes-en-la-sierra-norte-para-frenar-concesiones-mineras-166884

El área de influencia en donde se pretende ubicar la mina es importante por su gran biodiversidad gracias a la presencia de la cadena montañosa de la Sierra Madre Oriental, a la constante humedad que proviene del Golfo de México y a distintos orígenes de suelo.

Fuente:http://www.remamx.org/2017/07/ongs-internacionales-alertan-por-mina-que-opera-a-un-lado-de-la-central-nuclear-en-veracruz/

México, a 29 de Julio del 2017 . En la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) nos mantenemos atentos a la valiente lucha por la defensa de su territorio que ustedes, ciudadanas y ciudadanos de la Comarca Lagunera, han emprendido contra la multinacional The Chemours Company quien pretende instalar una planta de producción de Cianuro de Sodio en el Ejido el Siete, Pueblo Nuevo en Gómez Palacio, Durango.
Es muy sabido que el Cianuro de Sodio es uno de los venenos más potentes del mundo pues genera daños irreversibles a la salud y el medio ambiente en el corto y largo plazo. Así mismo, es uno de los químicos que más utilizan las empresas mineras durante los procesos de
lixiviación de metales “preciosos” extraídos con la técnica “a cielo abierto”, técnica que se utiliza en proyectos de muerte para los pueblos de México y del mundo entero.
Las comunidades, ejidos, pueblos y organizaciones que integramos a la REMA somos testigos de cómo estas empresas de capital privado (nacional e extranjero) son capaces de alinear y corromper a las autoridades para facilitar los procedimientos y así obtener los permisos necesarios para implantarse en nuestros territorios y, al hacerlo, saquean y destruyen nuestros bienes naturales, refuerzan la cultura de impunidad que debilita, a un más, nuestro de por sí vergonzoso “Estado de Derecho” al generar despojo, desplazamientos forzados,
criminalización de la protesta así como enfermedades, contaminación y muerte en nuestros pueblos que resisten de forma pacífica y desde la defensa de nuestros derechos, los embates de empresas relacionadas con el modelo extractivo minero.
Del mismo modo, hemos vivido en carne propia los terribles daños y afectaciones a nuestra salud y al medio ambiente que las industrias consumidoras del Cianuro de Sodio de la Chemours Company han ocasionando en todo el territorio nacional. Por todo ello y desde nuestra experiencia, les hacemos un llamado para que NO PERMITAN que sus autoridades locales generen escenarios que favorezcan a estas empresas, NO SE DEJEN ENGAÑAR por estudios técnicos carentes de profesionalismo científico.
A las autoridades responsables les decimos ¡YA BASTA! de actuar de forma simulada, ambigua y vacilante, sin ética ni voluntad política para impedir que estas empresas, altamente contaminantes y peligrosas, se instalen en México, afecten nuestra salud y destruyan nuestros
bienes naturales, sin sufrir algún tipo de consecuencia por ello.
La población del Ejido el Siete, Pueblo Nuevo ya ha hecho público su manifiesto de ¡NO! al proyecto de muerte “Laguna” de la empresa The Chemours Company.
REMA se solidariza con la lucha de La Laguna, con la gente del Ejido el Siete, Pueblo Nuevo, de tal manera que estamos listos para sumar fuerzas en esta lucha que han emprendido paraevitar que este proyecto de muerte se imponga.

¡EL CIANURO MATA!

FUERA “THE CHEMOURS COMPANY” DEL EJIDO EL SIETE, PUEBLO NUEVO.

FUERA “THE CHEMOURS COMPANY” DE LA LAGUNA.
FUERA “THE CHEMOURS COMPANY” DE MÉXICO.

POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERIA Y MEGAPROYECTOS

Fraternalmente…

LA RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERIA REMA

El presidente de los bienes comunales, Amado Solano, refiere que sólo en San Miguel del Progreso, en Guerrero y sus seis colonias existen 4 mil 449 hectáreas de zona minera. Sabemos quiénes las quieren explotar. Para nosotros el fallo que dio la juez en favor de la comunidad fue de mucha importancia porque con eso no nos puede mover la minera.

Regeneración, 25 de julio de 2017.- De acuerdo con información del diario La Jornada, Luis Gálvez Ortega, comisario municipal, y Valerio Mauro Amado Solano, presidente del comisariado de bienes comunales de la comunidad indígena de San Miguel del Progreso (o Júba Wajíin, cerro del muerto, en me’phaa), municipio de Malinaltepec, advierten que “si el gobierno pretende imponer la explotación de una mina en nuestros territorios sagrados, solamente muertos nos van a sacar”.

Amado Solano, presidente del comisariado de bienes comunales sostiene que: “No estamos jugando, estamos defendiendo muchas cosas. Primero, pensamos en nuestros hijos y en su bienestar. Esperamos que nadie nos pueda defraudar o destruir en el lugar en que hemos nacido. Además, no molestamos al gobierno federal ni al estatal”.

Agrega: “Llevamos años sin obras del gobierno. En otras comunidades han arreglado las calles, el agua. Aquí, apenas ahora el alcalde está construyendo la comisaría. Nuestras calles están rotas, las que van a Ayutla de los Libres y a Tlapa. La avenida principal la hicimos nosotros, para ello vendimos nuestra madera, porque el gobierno no apoya. Nuestra lucha ha sido de brazo a brazo”.

Cabe recordar que el 28 de junio pasado, la juez primera de distrito, Estela Plata Salado, emitió una sentencia en favor de la comunidad de San Miguel del Progreso que ordena a la Secretaría de Economía federal dejar insubsistente la declaratoria de libertad de terreno 02/2015, que correspondía a las concesiones Reducción Norte Corazón de las Tinieblas, título 232560, y Corazón de Tinieblas, título 237861, las cuales fueron canceladas.

Por su parte, Amado Solano presidente de los bienes comunales, dice que sólo en San Miguel del Progreso y sus seis colonias existen 4 mil 449 hectáreas de zona minera. “Sabemos quiénes las quieren explotar. Para nosotros el fallo que dio la juez en favor de la comunidad fue de mucha importancia porque con eso no nos puede mover la minera”.

Es importante recalcarlo porque las minas contaminarían el agua de los cerros y hacia abajo “todos los pueblos saldrían amolados”, incluidos los grandes ganaderos de la Costa Chica. Lo que defendemos favorece a las comunidades de la Costa Chica y la Montaña alta; no queremos que nadie venga a contaminarnos, insiste Solano.

“Nos hacen falta más obras, pero ya no queremos vender (los recursos). Suspendimos la venta de ocote porque están quedando pobres los cerros y puede haber un deslave que acabe con todo.

Nuestros padres nos inculcaron que siempre hay que defender el lugar en que nacimos, y que nadie nos puede venir a pisotear. Nunca hubo un programa de gobierno, pero pobremente ellos pudieron defenderse.

Insiste: “No vamos a permitir que el gobierno mande a las mineras. Que no nos diga: ‘sálganse porque el gobierno ya negoció, ya pagamos por ustedes’. Vamos a defender nuestras tierras hasta el último instante de nuestra vida porque es la herencia de nuestros hijos y nietos”.

“Aquí nacimos, crecimos y trabajamos. Somos pequeños productores de maíz, café y frijol”; sin embargo, en el periodo 2016-2017 “ya no tuvimos nada que vender porque la plaga de roya dejó puras barañas (ramas secas) y, como siempre, no tuvimos apoyo del gobierno. Por lo menos tuvimos yerbas para comer, como quelites. Por eso no queremos que se contamine el agua con las minas”.

Fue el 12 de abril de 2014 en Malinaltepec, autoridades municipales y agrarias de cuatro municipios de la Montaña y la Costa Chica, que integran el Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, rechazaron a las mineras. Después supieron que la Secretaría de Economía ya había entregado cuatro concesiones de explotación a Hochschild Mining México y a la canadiense Camsin Minas, para la explotación de oro, plata y zinc.

La CRAC-PC denunció en 2010 que los consorcios referidos iniciaron trabajos de exploración en al menos 50 kilómetros cuadrados de los municipios de de San Luis Acatlán, Malinaltepec, Tlacoapa, Metlatónoc, Atlamajalcingo del Monte, Acatepec y Zapotitlán Tablas, de la Montaña y la Costa Chica.

Y fue justo en ese año que explotación a cielo abierto las mineras Los Filos-El Bermejal en Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, y la empresa Media Luna exploraba Cocula y San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente, lo mismo hacía Explo Sierra en Quechultenango y Mochitlán. Todos estos territorios están controlados por el crimen organizado.

Fuente:http://regeneracion.mx/solamente-muertos-nos-van-a-sacar-advierten-autoridades-municipales-contra-la-mineria/

El presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente en el Congreso del Estado, Hever Quezada indicó que es necesario en Chihuahua una secretaría de Medio Ambiente autónoma de la Secretaría de Desarrollo Urbano, para poder sancionar y actuar contra las mineras que operan en la entidad, esto tras un derrame químico en el yacimiento de La Perla en el municipio de Camargo la semana pasada.

Y es que el yacimiento de La Perla que explota Altos Hornos de México, ocasionó un derrame toxico de miles de litros de agua de un jale, con desechos  del proceso de la extracción, donde pobladores señalaron que el derrame se generó en tierras y arroyos al reventarse un deposito a causa de las lluvias.

El diputado del partido Verde y Ecologista, indicó que la autoridad estatal no tiene facultades parar sancionar o intervenir en la operación de las mineras en estos casos, porque se necesita una dependencia al rango de secretaría, pero que esta sea autónoma de la actual secretaria de Desarrollo Urbano.

“El estado necesita un herramienta fiscal en materia de medio ambiente, una secretaría que sea única y no ligada a la de desarrollo urbano, el estado no tiene dientes para este tema”, dijo, al explicar que cuando suceden estos problemas se acude a las delegaciones federales, cuando debería haber una actuación por parte de las autoridades estatales y recordó que se presentó una iniciativa en materia de medio ambiente para perseguir este tipo de delitos.

Ya se aprobó un exhorto al Gobierno del Estado por parte del legislativo para la creación de la secretaría única y aunque no ha habido respuesta al respecto, el diputado dijo esperar una buena respuesta del ejecutivo.

Informó que referente al derrame en Camargo, de acuerdo al delegado de la Profepa y la Semarnat indicaron que tras examinar la minera aseguraron que los materiales derramados no eran tan graves y que no cayeron del lado donde hubiera afectación a flora y fauna, pues era un lugar despoblado donde no se abarcó mucho espacio, “El Delegado dijo que no era tan grave y la mina acató su responsabilidad”, manifestó el diputado.

Fuente:http://www.elpueblo.com/notas/Estado-sin-dientes-para-atender-conflicto

Organizaciones en defensa de la tierra han vuelto a poner sobre la mesa de discusión el tema de extracción de minerales que se realiza en México, pues el 70% de los permisos son para la explotación de minas a cielo abierto, esto con motivo del Día Mundial Contra la Mega Minería.

De acuerdo con información del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL),da a conocer que la Secretaría de Economía del Gobierno de México tiene consesionados más de 25 mil permisos para la exploración y explotación del subsuelo, al menos el 70% son para explotación de minas a cielo abierto, que se han considerado como “letales para toda la vida”.

Por iniciativa de activistas mexicanos y canadienses se celebran jornadas de lucha contra la minería a cielo abierto en varios países, principalmente de América Latina, tales como Perú, Argentina, Ecuador y México.

México aparece en el lugar número 11 a nivel mundial en cuanto a muertes de opositores a los proyectos mineros, con un saldo de tres homicidios; pero el reporte de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) señala que en el 2016 fueron 47.

En los estados, Oaxaca aparece como la principal entidad , con 19 asesinatos, le sigue Veracruz con 12 y Chihuahua con tres; además aparecen Chiapas, Sonora y Estado de México con un asesinato cada uno.

De acuerdo con la OCMAL , Chile y México están en el segundo lugar con 37 conflictos entre mineras y grupos de lucha; Perú se posiciona en el primer lugar, con 39 casos.

LA SALUD ESTA DE POR MEDIO
Uno de los más graves problemas sociales que la minería a cielo abierto ha dejado en el país, según lo reconoce la organización Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), es la afectación a la salud de las comunidades originarias.

La red señala en un comunicado: “Los pasivos ambientales, la destrucción del territorio, la división de las comunidades, la pérdida de soberanía e independencia, así como los abusos jurídicos son parte del enorme precio que pagan nuestros países por permitir este tipo de minería”.

Esta grave problemática también es reconocida por el Instituto Nacional de Salud Pública, en un informe realizado en 2015 por Magali Hurtado Díaz, directora de Salud Ambiental, se establece que el deterioro de la salud colectiva va de la mano a la contaminación del agua y el aire.
El informe “La Salud Ambiental en México”,indica que el 73% de los cuerpos de agua de todo el país están contaminados como resultado de que allí van a parar el 80% de las descargas de aguas negras de centros urbanos y el 85% de las descargas de aguas industriales.

En las descargas industriales mucho tiene que ver la minería, que ha tenido un crecimiento constante de casi el 70% en los últimos años, al pasar en el 2012 de 32.6 millones a 52.8 millones de hectáreas concesionadas hasta el primer trimestre del 2017.

Se se estima que el plomo es responsable de 820 mil casos de retraso mental ligero en niños de 0 a 4 años.

Un ejemplo de ello es un estudio que se realizó en Torreón, Coahuila, el porcentaje de niños con valores de plomo en sangre mayor a 15 microgramos/decilitro en tres escuelas fue de 92.1%, 84.9% y 6.8%, respectivamente, dependiendo de la distancia de la fundidora Peñoles con cada plantel analizado.

En el estado de Hidalgo, se encontró que niños de 7 a 11 años de edad de las comunidades Chiconcoac y Tolago expuestos a manganeso tienen casi la mitad de capacidad de memoria para el aprendizaje comparados con los de una comunidad no expuesta (Agua Blanca), y esto está asociado a las concentraciones de manganeso en cabello.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), convoca a los medios de comunicación a rueda de prensa día viernes 21 de julio a las 10 am en las instalaciones de Centro Nacional de Comunicación Social, con motivo del 22 de Julio Día Mundial Contra La Mega Minería.

A continuación el comunicado:

Una vez más desde el 2009, en diferentes ciudades y comunidades del mundo, nos manifestamos frente a la contaminación y el saqueo que produce la megaminería y denunciamos a corporaciones y gobiernos como los únicos responsables. Esta lucha lleva décadas y aún quedan mucho trabajo para lograr la concientización de las sociedades para comprender que esta lucha nos afecta a tod@s y compromete seriamente a las generaciones futuras. Mientras más indiferentes se ubiquen los pueblos frente a este gran problema, más comprometida y en riesgo está la vida en el planeta. Asistimos a una etapa feroz del capitalismo imponiendo su modelo extractivo en un planeta finito.

A partir de los años 90’s se modificaron las leyes en casi toda América para dar paso a este tipo de extracción de minerales preciosos y facilitar la obtención de concesiones a empresas trasnacionales, principalmente canadienses. Negocios de unos cuantos que solo dejan a su paso un terrible saldo de destrucción permanente e irreversible del patrimonio ambiental, histórico y cultural.

Los pasivos ambientales, la destrucción de territorio, la división de las comunidades, la pérdida de soberanía e independencia, así como los abusos jurídicos son parte del enorme precio que pagan nuestros países por permitir este tipo de minería, misma que resulta increíblemente barata para las corporaciones mineras, pues generan un mínimo de empleos y los costos de producción del metal precioso son muy bajos.

Este tipo de proyectos mineros depende de una red internacional de corrupción que permite la compra de voluntades políticas, de jueces, de poblaciones en situaciones de miseria e incluso de gobiernos enteros. Cualquier procedimiento jurídico que sigan las comunidades para defender sus territorios de la amenaza de la minería a cielo abierto se ve rebasado por la imposición abusiva y hasta ilegal que los poderes fácticos hacen de dichos negocios depredadores, mismos que se presentan como ofertas de progreso y desarrollo.

Ante el entreguismo gubernamental en Tratados de libre comercio que favorecen el despojo del territorio nacional, convocamos a rueda de prensa para informar nuestra posición ante el panorama que se avecina.

Fuente:http://regeneracion.mx/organizaciones-en-defensa-de-la-tierra-rechazan-la-mineria-a-cielo-abierto/