Juan David Castilla Arcos / Xalapa, Ver. En las últimos quince días, se olvidaron las conciliaciones y empresas mineras están irrumpiendo en predios privados para explorar y alterar el medio ambiente, sobre todo en Actopan y Alto Lucero.

El ambientalista Héctor Colío explicó que el “gobierno del cambio” incumple promesas de campaña sobre proteger a los ciudadanos, ya que está permitiendo a empresas que irrumpan en tierras y dañen casas, ríos, pozos y demás áreas naturales.

Se trata de las empresas empresas Almaden Minerals y Candelaria Minning, que llevan a cabo los proyectos El Cobre y Caballo Blanco.

«¿Quién dio la orden de que las empresas se apresuraran? Parece que estaba guardada la minería abierta, creo que en el Gobierno del Estado dijeron que los dejaran pasar, el pasado gobierno no autorizó la minería abierta, la presión social o los científicos».

A su juicio, este gobierno, que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares, se había mostrado indeciso sobre el tema de las empresas mineras, las cuales desean explotar zonas de Actopan y Alto Lucero, cerca de la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde.

«Pero este gobierno que se había mantenido aparentemente titubeante, parece que dio un paso atrás y le dijo a los empresarios: métanse. El problema es que están llegando a terrenos de particulares, sin permiso».

Y es que ahora parecieran estar de acuerdo con estos proyectos, tanto autoridades municipales como la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA).

«Alguien frena a los funcionarios del estado, frena al procurador del estado, al presidente municipal, ¿será el gobernador que dijo pásenle?, ¿serán las empresas que están presionando?, la pregunta es ¿qué desató la actitud de los empresarios que durante un año estaban con prudencia?, hubo reuniones conciliatorias, alguien detiene al gobierno o él dijo que deben pasar».

Los ambientalistas dialogaron con el secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, en busca de respuestas; sin embargo, no las encontraron.

«Dieron la orden del gobernador, actívense. Tiene quince días que llegaron las empresas, algo pasó, hablamos con Franco porque se están metiendo a terrenos, están tumbando árboles, al municipio lo maniataron. En quince días se le dio permiso a las empresas para que se metieran», culminó.

Fuente:http://libertadbajopalabra.com/2017/08/17/gobierno-panista-solapa-mineria-cielo-abierto/

Xalapa, Ver.- Pobladores de las comunidades de El Porvenir y Los Baños en Actopan y Alto Lucero, denunciaron que desde hace 15 días, los empleados de las empresas mineras Almaden Minerals y Candelaria Minning, han arreciado su hostigamiento hacia los ciudadanos que se oponen a la actividad minera en la zona.

Al respecto, el integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental (Lavida), Héctor Colío, no descartó que existan enfrentamientos entre los dueños de ejidos que se oponen a la actividad y empleados de las mineras que se meten a los terrenos sin permiso de sus legítimos dueños, y aseguró que esto ya fue informado al secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán.

Señaló que es posible que el acoso puede deberse a las denuncias que han interpuesto los habitantes de este lugar y que han hecho antes diversas instancias de Gobierno.

«Parece que dieron la orden desde el Gobernador o la Semarnat y dijeron: actívense, porque ya hay demandas en la Semarnat y Profepa. Ellos piden permiso para una exploración, pero no para cambio de uso de suelo y deben contar con la anuencia de propietarios y vecinos, pero desde hace 15 días algo pasó en Veracruz».

Agregó que si bien antes las empresas se habían conducido con cierto sigilo y hasta deferencias para con los habitantes cercanos, ahora hay un cambio radical en el trato.

«Llegaban a ciertos acuerdos y a raíz de que los pueblos hicieron escritos y las asambleas negaron los permisos para la explotación, se vino una vorágine para pasarles encima».

El activista cuestionó quién dio la orden para que las empresas apresuraran sus trabajos durante la actual administración de Miguel Ángel Yunes Linares.

«Creo que en el Gobierno del estado dijeron que los iban a dejar pasar porque el pasado Gobierno no autorizó la minería abierta por la presión social, por los daños que se iban a causar según dijo la Universidad, pero esto Gobierno que se habla mantenido aparentemente titubeante, parece que dio un paso atrás y les dijo que se metieran».

Lamentó que aún cuando han acudido a la Fiscalía General del estado (FGE) a solicitar que se haga un levantamiento de hechos por los trabajos que sin permiso realizan las empresas en predios particulares, esta se ha negado a atenderlos.

«Dicen que eso no les corresponde a ellos porque es un daño ambiental, y son daños en propiedad ajena, pero alguien frena a los funcionarios del estado, alguien frena al ‘procrurador’ del estado, al Presidente municipal, será el Gobernador que dijo pásenle, será la presión de las empresas».

Por su parte, el habitante de Los Baños, Ascensión Sánchez Vázquez, aseguró que la afectación más visible es en los manantiales y pozos de la zona pues incluso algunos se han secado.

«Algunos manantiales han mermado su producción, pozos igualmente y son los daños que tenemos, además de destrucción de caminos porque circulan con pipas y camiones; hay una falta de respeto a los derechos de las comunidades porque no respetan que no se les quiere dar permiso, no acatan el derecho de los pueblos».

Narró que los empleados de las mineras se meten a sus predios incluso durante la madrugada, a sabiendas de que no cuentan con los permisos para hacerlo.

«Lo que se deja ver es una gran ausencia de autoridad porque andan con toda libertad y no hay autoridad que intervengan y les llamen la atención. Las comunidades estamos molestas y en desacuerdo y cada día son más las comunidades que están en repudio de este proyecto».

Por ello, lanzó un llamado a las autoridades para que atiendan está problemática que afecta a los habitantes de varias comunidades.

Fuente:http://www.e-veracruz.mx/nota/2017-08-16/ecologia/mineras-arrecian-hostigamiento-contra-habitantes-de-actopan-y-alto-lucero

ACACOYAGUA, CHIAPAS, 10 DE AGOSTO 2017 (FPDS) – Hoy, en el marco de la visita del gobernador del Estado de Chiapas Manuel Velasco Cuello al municipio de Acacoyagua, el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS) denunciamos la falta de actuación de las autoridades locales ante la amaneza minera que afecta nuestro territorio y las agresiones que sufrimos por defenderlo.

A las 3.30 horas de la tarde, dos integrantes del FPDS entregamos en mano propia un oficio al gobernador durante el evento que organizó dentro de la Unidad Deportiva de Acacoyagua. En dicho documento, le señalamos que “en los últimos meses hemos recibido amenazas de muerte, desprestigios en medios de comunicación, ataques verbales, señalamientos, por parte de los mineros y empresarios mineros” por exigir la cancelación de las 21 concesiones existentes en los municipios de Acacoyagua y Escuintla.

Le recordamos que el pasado 4 de agosto, “los mineros se manifestaron frente al Palacio Municipal de Acacoyagua generando un clima de violencia y de ataques en nuestra contra, sin que las autoridades hicieran algo al respecto para evitar un posible enfrentamiento”.

Además, denunciamos que “el presidente municipal de Acacoyagua, Patricio Elí Matías, no cumple con sus funciones ya que nunca nos ha atendido con todo el cabildo“. Por fin, exigimos “la cancelación de los permisos y concesiones mineros en la región costa de Chiapas y en particular en los municipios de Acacoyagua y Escuintla; la suspensión de toda actividad minera en la región costa de Chiapas, toda vez que pone en riesgo nuestra vida, la salud y el medio ambiente; y que se garantice la integridad física, emocional y psicológica de quienes estamos defendiendo la vida”.

Al terminar el evento, alrededor de las 3.45 horas de la tarde, un grupo de alrededor de 100 integrantes del FPDS, en mayoría mujeres, estábamos esperando la salida del gobernador afuera de la Unidad Deportiva gritando «No a la minería», «Fuera mineros de Acacoyagua», con pancartas que decían «Sí a la Vida, No a la Mina», «La minería contamina, destruye, mata, divide y empobrece», «Nuestra sierra es verde y verde la queremos» y «El agua vale más que el oro».

Nuestra acción de protesta llamó la atención del gobernador quien se acercó a nosotros para escuchar nuestras exigencias.

¡Ya es tiempo que las autoridades del municipio de Acacoyagua y del estado de Chiapas actúen para que cese el despojo minero en el Soconusco!

¡Sí a la vida! ¡No a la mina!

Firmamos: Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS)

El oficio que el FPDS entregó al Goberador:

Fuente:http://otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/32-extractivismo/mineria/2711-defensores-y-defensoras-de-la-costa-de-chiapas-exigen-el-cese-de-la-mineria-ante-el-gobernador-manuel-velaso

La Red Mexicana de Afectados por la Minería y más de 15 autoridades comunitarias, organizaciones sociales y organismos civiles, se pronuncian contra las Zonas Económicas Especiales y sus megaproyectos extractivos, como son los mineros, gasoductos, maquiladoras, REDD, eólicos, presas hidroeléctricas, etc. Por su ya comprobados daños ambientales, sociales, económicos y culturales, que afectan directamente la vida de los pueblos que habitan los territorios que intentan explotar.

El extractivismo es un modelo industrial de apropiación de los recursos naturales que se está imponiendo en toda América Latina bajo un denominador común, la destrucción de la naturaleza y los bienes comunes. Las diferentes formas de extracción que se enfrentan las comunidades en México afectan la fuerza de trabajo, las semillas tradicionales y los medios de vida como el agua y la energía. Generando una economía de explotación donde las únicas beneficiadas son las empresas, mayoritariamente extranjeras. Una industrialización en donde se eliminan costos y se aumentan las ganancias a costa de extraer materias primas y explotar a los trabajadores.

Por todo lo anterior los abajo firmantes, invitamos a todas las comunidades, municipios, universidades, medios de comunicación y a la sociedad en general, al Foro Nacional “El extractivismo o la vida” que tendrá lugar los días 19 y 20 de agosto de 2017 a partir de las 10:00 hrs. En el Salón Sandunga ubicado en calle 16 de septiembre s/n domicilio conocido, en la Ciudad de Ixtepec, Oaxaca.

Este evento es realizado a través de tequios y aportaciones ciudadanas. No tiene costo alguno.

LOS ESPERAMOS POR NUESTROS PUEBLOS Y POR LA VIDA DE LAS FUTURAS GENERACIONES

CONVOCAN: Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) | Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco-Radio Totopo | Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio | Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo | Comunidad de San Mateo del Mar | Guigu Beu Radio | Comité Pro-Defensa de los Recursos Naturales de Laollaga | Consejo Ciudadano Indígena de San Blas Atempa | Pobladores Oaxaca AC | Grupo Ecologista de Zanatepec | Bibaani AC | Comuneros en Defensa del Territorio y la Comunidad de Ixtepec | Laguna Encantada AC | Asociación Ganadera Local | PROIXT AC | Casa Panteón | Acción Colectiva AC | Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP AC) | Otros Mundos Chiapas AC | Bios Iguana AC.

Para mayor información: bibaaniac@gmail.com

Fuente:http://movimientom4.org/2017/08/invitacion-y-materiales-del-foro-nacional-el-extractivismo-o-la-vida/

El diputado federal por Morena, Miguel Alva y Alva, presentó un punto de acuerdo a la Comisión Permanente contra Almaden Minerals, para suspender las actividades mineras que atenten contra los derechos de la población y obligar a Almaden Minerals a que repare los daños que ha causado en la región de Ixtacamaxtitlán. La propuesta fue formulada por el diputado federal por Morena, Miguel Alva y Alva.

En el texto, presentado el pasado 5 de julio, el legislador pidió que se exija al gobernador del estado de Puebla, José Antonio Gali Fayad, y a los titulares de la Semarnat, Profepa y la Conagua, además de la Secretaría de Economía que evalúen los daños ambientales ocasionados por la minera canadiense durante la etapa de exploración que concretó en ese municipio serrano y que se suspendan las actividades extractivas.

Asimismo pidió que las Comisión Nacional de Derechos Humanos intervenga para preservar la cuenca del Río Apulco y los derechos humanos de los habitantes para que se “someta a consulta ciudadana cada proyecto que afecte negativa o positivamente a la población; garantizar, proteger y prevenir violaciones a los derechos inherentes manifestados en la Constitución Política; suspender las actividades mineras de extracción de materiales que atenten contra los derechos básicos de la población; y revisar las actividades industriales que se realizan en la cuenca del río, a fin de detectar inconsistencias en las manifestaciones de impacto ambiental, expedientes e informes preventivos correspondientes, sancionando las irregularidades y violaciones a la normatividad mexicana”.

La propuesta del diputado Alva y Alva, que fue turnada a la Tercera Comisión del órgano legislativo, consideró que las mineras canadienses, como Almaden Minerals han ocasionado graves problemas ambientales, conflictos sociales y desalojo de tierras, además de daños la salud y violencia en los pueblos donde se asientan, contrariamente a la propuesta de “prosperidad y creación de empleos” que ofrecen.

Indicó que el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas documentó en 2016, 17 casos de abusos a los derechos humanos por la industria minera en México, igual que el informe The Canada Brand: Violence and Canadian Mining Companies in Latin America, que evidenció la manipulación y violencia que ejercen las compañías canadienses en los sitios donde operan.

“El caso más reciente es de la transnacional, Almaden Minerals Ltd., en la región de Ixtacamaxtitlán, la Sierra Norte del Estado de Puebla. Desde el inicio de sus actividades en la región ha atravesado por significantes casos de manipulación y engaños a la población local, autoridades de los 3 niveles y a los propios socios de la empresa canadiense”.

Almaden Minerals continúa operando, consideró el legislador, a pesar de que su título de concesión está suspendido  por el Juicio de Amparo que tramitan pobladores de Ixtacamaxtitlán por la afectación causada en el desarrollo del proyecto Ixtaca o Tuligtic que dañó más de 13 mil hectáreas de tierras dedicadas a las actividades agrícolas.

Además, la propuesta para el punto de acuerdo se basa en las investigaciones realizadas por el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), junto con otras organizaciones, en las que se probó que la empresa canadiense ha engañado a las autoridades mexicanas sobre su proyecto de exploración en el municipio de Ixtacamaxtitlán.

Entre las irregularidades encontradas en la etapa de exploración están la cantidad de perforaciones; la profundidad de las mismas y las afectaciones al acuífero; el área de afectación y las fechas de las perforaciones, según el documento “Evaluación de Impacto en Derechos Humanos”.

De concretarse el proyecto de explotación de la minera, hará un tajo a cielo abierto de más de mil metros de largo, casi mil metros de ancho y una profundidad de cientos de metros, pero en la etapa exploratoria ya se encontró en las muestras de suelo elevadas concentraciones de arsénico, mercurio, antimonio, cobre y plomo que muy probablemente estén presentes en los residuos der roca extraídos y almacenados en este lugar y que podrían filtrarse a los mantos acuíferos.

También se han afectado los derechos humanos a un medio ambiente sano; al agua y a la salud.

“Entre las irregularidades cometidas por Almaden Minerals que demuestran su auténtico interés económico” está la demanda a la Semarnat para no hacer la “consulta indígena previa y el Juicio de Amparo para no pagar el porcentaje correspondiente de regalías sobre la producción de minerales que establece la Ley Minera”, indicó el legislador.

Fuente:http://noalamina.org/latinoamerica/mexico/item/37419-congresista-exige-que-almaden-minerals-repare-danos-en-ixtacamaxtitlan

Hoy, en el marco de la visita del gobernador del Estado de Chiapas Manuel Velasco Cuello al municipio de Acacoyagua, el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS) denunciamos la falta de actuación de las autoridades locales ante la amaneza minera que afecta nuestro territorio y las agresiones que sufrimos por defenderlo.

A las 3.30 horas de la tarde, dos integrantes del FPDS entregamos en mano propia un oficio (en adjunto en .JPG) al gobernador durante el evento que organizó dentro de la Unidad Deportiva de Acacoyagua. En dicho documento, le señalamos que “en los últimos meses hemos recibido amenazas de muerte, desprestigios en medios de comunicación, ataques verbales, señalamientos, por parte de los mineros y empresarios mineros” por exigir la cancelación de las 21 concesiones existentes en los municipios de Acacoyagua y Escuintla.

Le recordamos que el pasado 4 de agosto, “los mineros se manifestaron frente al Palacio Municipal de Acacoyagua generando un clima de violencia y de ataques en nuestra contra, sin que las autoridades hicieran algo al respecto para evitar un posible enfrentamiento”.

Además, denunciamos que “el presidente municipal de Acacoyagua, Patricio Elí Matías, no cumple con sus funciones ya que nunca nos ha atendido con todo el cabildo”. Por fin, exigimos “la cancelación de los permisos y concesiones mineros en la región costa de Chiapas y en particular en los municipios de Acacoyagua y Escuintla; la suspensión de toda actividad minera en la región costa de Chiapas, toda vez que pone en riesgo nuestra vida, la salud y el medio ambiente; y que se garantice la integridad física, emocional y psicológica de quienes estamos defendiendo la vida”.

Al terminar el evento, alrededor de las 3.45 horas de la tarde, un grupo de alrededor de 100 integrantes del FPDS, en mayoría mujeres, estábamos esperando la salida del gobernador afuera de la Unidad Deportiva gritando “No a la minería”, “Fuera mineros de Acacoyagua”, con pancartas que decían “Sí a la Vida, No a la Mina”, “La minería contamina, destruye, mata, divide y empobrece”, “Nuestra sierra es verde y verde la queremos” y “El agua vale más que el oro”.

Nuestra acción de protesta llamó la atención del gobernador quien se acercó a nosotros para escuchar nuestras exigencias.

¡Ya es tiempo que las autoridades del municipio de Acacoyagua y del estado de Chiapas actúen para que cese el despojo minero en el Soconusco!

Fuente:https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2017/08/mujeres-del-soconusco-piden-a-gobernador-detener-la-mineria/

Desde el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS), les alertamos sobre la creciente tensión social a la que nos estamos enfrentando en Acacoyagua, donde llevamos más de dos años luchando pacíficamente por la cancelación de las 21 concesiones mineras que existen en nuestro municipio y el de Escuintla.

Esta semana, tan solo entre el lunes 31 de julio y hoy viernes 4 de agosto, hemos sufrido dos agresiones por parte de un grupo de personas encabezadas por Julio Alfaro, ligado a la minera El

Puntal S.A. de C.V., propietaria de la mina de titanio “Casas Viejas”, a la cual nos oponemos firmamente.

El 31 de julio, un grupo de 50 personas, encabezadas por Julio Alfaro, llegaron a nuestro campamento en el puente del río Jalapa, en el municipio de Acacoyagua, para intimidarnos y pedirnos que dejáramos pasar los camiones de la minera El Puntal hacia la mina “Casas Viejas”. Nosotros integrantes del FPDS somos defensores pacíficos, por lo que no caímos en la provocación y esperamos que se retiraran.

Recordamos que los habitantes de Acacoyagua (a la vez municipio y ejido), tenemos un acuerdo ejidal en el que prohibimos el paso de máquinas pesadas en los caminos ejidales y otro en el que prohibimos la actividad minera en nuestro territorio. Nadie puede oponerse a estas dos decisiones nuestras y estamos en nuestro derecho cuando tapamos el paso a los camiones de la minera El Puntal en la salida de la comunidad Jalapa, por donde buscan entrar a la mina.

Hoy, 4 de agosto, nos presentamos en frente del palacio municipal alrededor de 200 hombres y mujeres integrantes del FPDS para entregar un oficio al presidente municipal en el que le informábamos sobre esta primera agresión. A las 12:00 horas, una comisión del FPDS de 12 personas, acompañadas por un integrante del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C., pudo entrar y entregar dicho oficio, no al presidente municipal que se encontraba ausente, sino a su asesor jurídico. En el documento, le exigimos se haga responsable del respeto a nuestra integridad física y psicológica, puesta en riesgo por la agresividad de los mineros y la pasividad de la autoridades.

Mientras nuestra comisión estaba a dentro de la presidencia entregando el oficio, llegó un grupo de alrededor de 100 personas, encabezadas por Julio Alfaro, quienes vinieron a entregar documentos que supuestamente comprueban que la minera El Puntal está operando la mina “Casas Viejas” legalmente, con 28 permisos.

Pero no llegaron solo a hacer ese tramite. Al ver que estábamos presentes, empezaron a provocarnos y desligitimar verbalmente nuestra labor en defensa de la vida, así como la de las organizaciones que nos acompañan en nuestra lucha, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. y Otros Mundos A.C./Amigos de a Tierra México y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). Buscaron hacernos caer en la confrontación, lo que nos negamos a hacer. Fue necesaria la intervención de la policía municipal para que cese la agresión. Julio Alfaro pudo entregar su documentación a condición de que él y su grupo se retiraran inmediatamente.

Urge que el presidente municipal de Acacoyagua nos escuche, se haga responsable del respeto a nuestra integridad física y psicológica, y que nos informe sobre si esos supuestos 28 permisos fueron otorgados o no a la minera El Puntal para operar la mina “Casas Viejas”. Esperamos lo haga en la reunión que el ayuntamiento se comprometió a realizar la próxima semana con nosotros y con el cabildo.

Estamos preocupados por la pasividad de las autoridades ante la violencia que hacen reinar en Acacoyagua las personas a favor de la industria minera. Nuestra lucha es justa y digna, y no debemos aceptar que nosotros, como muchos defensores en Chiapas, Mexico y el mundo, seamos agredidos por defender la vida.

Al cumplirse ayer tres años del mayor desastre ambiental en el país, provocado por la industria minera, pobladores de los siete municipios del río Sonora, miembros de los comités de cuenca y activistas de la organización no gubernamental Poder marcharon y bloquearon los principales cruceros de la ciudad de Hermosillo para exigir a las autoridades federales y al consorcio minero Grupo México la remediación total de los estragos causados hace tres años por un derrame de residuos tóxicos en dicho cauce.

Acusaron de incumplimiento de compromisos al gobierno federal –por conducto de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)– y al consorcio minero Grupo México, cuya filial, Buenavista del Cobre, en el municipio de Cananea, vertió en el río Sonora y su afluente, el Bacanuchi, 40 mil metros cúbicos de sustancias tóxicas, en perjuicio de 22 mil lugareños.

Los inconformes se quejaron de que el fideicomiso de 2 mil millones de pesos quedó suspendido el pasado 7 de febrero por órdenes de Grupo México, propiedad de Germán Larrea Mota Velasco. Con esos recursos supuestamente se resarcirían los daños causados por la contaminación del río, se brindaría atención médica a los afectados y se daría apoyo a las actividades económicas perjudicadas.

Después de que las comisiones Nacional del Agua y Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios tomaron muestras de agua y determinaron que las concentraciones de metales pesados no rebasan los límites permitidos por la norma oficial mexicana, Grupo México ordenó concluir las labores de remediación en el río. Por ello, ya no se ejercieron 700 millones de pesos.

Los manifestantes, convocados por los comités de cuenca del río Sonora, señalaron que el encargado de manejar el fondo privado, Rodolfo Lacy Tamayo –también subsecretario de la Semarnat–, usó en forma arbitraria los recursos y reportó en el sitio destinado para transparentar el gasto que se han utilizado mil 300 millones de pesos en el cumplimiento de acuerdos.

Buscan omitir remediación

Benjamin Cokelet, director y fundador de la organización civil Poder, que asesora legalmente a los afectados por el derrame, señaló que Grupo México violó acuerdos legales, por no aplicar las medidas ni respetar los plazos. Aseguró que el daño causado por el derrame es más grande de lo que se creía.

Apuntó que el consorcio de Larrea Mota Velasco actúa en forma ilegal y arbitraria no sólo en México, sino también en Estados Unidos y Perú, entre otros países.
Los más de 300 inconformes rechazaron la propuesta que el diputado priísta Fermín Trujillo presentó en el Congreso local, para que la ribera del río Sonora sea declarada zona económica especial.

Dicha iniciativa ha sido expuesta tanto en la Legislatura como en sesiones de cabildo en Arizpe, Banámichi, Huepác, San Felipe, Ures, Aconchi y Baviácora, de manera discreta y con votaciones unánimes, sin reglamentación de por medio y sin precisar su función.

Durante la movilización, Óscar Encinas y Ramón Miranda, residentes de Ures y Aconchi, respectivamente, afirmaron que, debido a la opacidad de la ley, la aplicación de esta medida beneficiaría sólo a la industria minera y no a la población.

Resarcir falsamente la falta de remediación. Para eso quieren la zona económica especial. No queremos que tapen un problema mayor con una curita. No hubo información previa y oportuna, reprochó Óscar Encinas Gámez.

Mientras los ciudadanos protestaban en Hermosillo, la mina Buena Vista del Cobre seguía operando. Guardias privados y elementos de la Policía Federal resguardaron los accesos al yacimiento, ante la posibilidad de una manifestación.

Los trabajos se realizan en los yacimientos La Mariquita, El Jaralito y 16 de Septiembre, en una franja de 37 kilómetros de largo y 22 de ancho. La mina vierte desechos tóxicos en más de tres presas de lixiviados cercanas al río Sonora.

El derrame de 40 mil metros cúbicos ocurrido el 6 de agosto de 2014 afectó 17.6 kilómetros del arroyo Tinajas, 64 kilómetros del Bacanuchi y 190 kilómetros del río Sonora, hasta la presa El Molinillo, que abastece a la mitad de la población de Hermosillo.

Grupo México reportó a la Bolsa Mexicana de Valores que sus utilidades aumentaron más de 60 por ciento en el segundo trimestre de 2017 en comparación con el periodo enero-marzo, y ascendieron a 557 millones de dólares.

Sin embargo, tres años después del derrame tóxico, la empresa no ha cumplido su compromiso de remediar los daños ambientales, instalar plantas potabilizadoras y financiar atención médica a los habitantes afectados.
Fuente:http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/08/07/gobierno-y-grupo-mexico-olvidan-a-damnificados-por-derrame-en-sonora

EJIDATARIOS DE LA JOYA, POANAS, ESTÁN DISPUESTOS A USAR LAS ARMAS DE FUEGO SI ES NECESARIO.

En el municipio de Poanas, en la comunidad de La Joya, fue detectado un yacimiento de oro y plata de tipo «mundial» en una exploración de la empresa First Majestic; sin embargo los ejidatarios, con rifle en la mano, aseguran que van a defender el territorio y no van a permitir la entrada de la minería.

Rosa Isela de la Rocha, diputada local y empresaria minera, reconoció que en Durango existen alrededor de cuatro conflictos sociales entre empresas mineras con ejidatarios por los contratos de explotación minera (En Santa María del Oro, San Juan del Río, el ya conocido en Tlahualilo y el de Poanas).

Pero éste último, dijo la legisladora, llama la atención porque los ejidatarios han asegurado que no permitirán que la minería les arrebate sus tierras ganaderas y agrícolas.

«No conocen el beneficio que les puede dejar esta actividad minera en la localidad, pero bueno, nosotros hemos platicado con los directivos de First Majestic para evitar un conflicto social, hasta un a revolución, porque los ejidatarios están dispuestos a defenderse con las armas», comentó.

La empresa minera señalada hizo trabajos de exploración minera y detectó un yacimiento muy importante de plata y hora, comentó Isela de la Rocha, en el cual están dispuestos a invertir fuertes cantidades.

«Si nos vamos a lo que dice la Ley, la prioridad la tienen los mineros porque esta actividad está por encima de la agricultura, la ganadería y otras más, excepto los energéticos y con la ley en la mano se les obliga a los ejidatarios a rentar sus tierras para esta actividad, pero iniciaríamos un conflicto social enorme», señaló.

En cuanto a conflictos entre empresas mineras con pequeños propietarios de tierras, dijo que ahí sí se pueden tener más de 100 conflictos.

Para evitar este tipo de enconos, dijo la empresaria minera, se busca hacer reformas en la Ley de Fomento Minero de Durango para crear un comité consultivo de contacto donde se daría asesoramiento a los ejidatarios a la hora de hacer convenios con empresas mineras.

De igual manera, se buscaría mediar con aquellos ejidos que ya firmaron convenios y que no están de acuerdo con lo que se les está pagando.

Fuente:http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/780285.se-defienden-contra-minera.html