Odyssey Marine Exploration, empresa dedicada al rescate de tesoros en barcos hundidos, logró aparentemente un triunfo legal en México, para seguir empujando su proyecto de minería submarina “Don Diego”, en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur.

De acuerdo con un reporte dirigido a accionistas, la firma estadounidense, dio a conocer que el pasado 21 de marzo, su filial Exploraciones Oceánicas, obtuvo un fallo unámime del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), reponga el proceso de evaluación de impacto ambiental para el dragado de arena fosfática del fondo marino, útil en la fabricación de fertilizantes para la agricultura.

El supuesto veredicto, que no ha sido notificado a la Semarnat, de acuerdo con fuentes oficiales, y no se encuentra disponible en la página de TFJFA, es resultado de un juicio contencioso administrativo promovido ante la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación por parte de los afectados, que recayó en la ponencia del magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas.

De esta forma, Odyssey Marine Exploration asociada con Altos Hornos de México (AHMSA), busca dejar sin efecto el resolutivo de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat, que el 7 de abril de 2016, negó la autorización para la extracción de esta sustancia negra y pegajosa, parecida al chapapote, al considerar que entre otras especies, dañaría gravemente a las tortugas marinas en peligro de extinción, en especial a la caguama (Caretta careta), que vive su etapa juvenil en esta región, decretada como área de refugio, hasta alcanzar la madurez sexual.

La afectación de una especie marina migratoria como la Caretta caretta sí implicaría daños que se extenderían más allá de las fronteras del Estado Mexicano, pues se impediría que dicha especie regresara a sus áreas de anidación y reproducción en el Archipiélago Japonés (disminuyendo a la postre sus poblaciones), factor que esta DGIRA debe analizar para cumplir con la obligación de debido cuidado del Estado Mexicano al analizar la Manifestación de Impacto Ambiental-Regional, presentada por el promovente”, estableció el dictamen.

En entrevista, Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica señaló que el fallo del tribunal, -si es que existe-, no sería la última instancia, ya que las autoridades mexicanas podrían combatirlo a través del Poder Judicial de la Federación.

Recordó que en octubre de 2014, existió un caso similiar con el proyecto turístico Cabo Cortés en el Parque Nacional Cabo Pulmo, luego de que un tribunal obligó a Semarnat a emitir un nuevo resolutivo en materia de impacto ambiental.

El tribunal nunca se pronunció en qué sentido debía ser el nuevo resolutivo, y por ello la Semarnat volvió a negarlo”, señaló.

Desde 2015, Excélsior publicó una serie de reportajes sobre la intención del proyecto “Don Diego” de extraer 350 millones de toneladas de arena fosfática en un periodo de 50 años, como materia prima para fabricar fertilizantes agrícolas.

A decir de Janette Murillo Jiménez, doctora en Geología Marina, uno de los principales problemas que generaría «Don Diego», es la contaminación por metales pesados como aluminio, arsénico, cadmio, cromo, cobre, selenio, uranio y zinc, que serían liberados al remover los sedimentos que llevan millones de años enterrados en el lecho marino y que impactarían a alrededor de 15 mil personas de la zona que tienen como principal sustento la captura de langosta y abulón, así como la prestación de servicios turísticos para el avistamiento de ballenas.

La científica explicó que el uranio es el elemento más dañino que soltaría el dragado de arenas fosfáticas, porque es radioactivo y según los propios estudios presentados por los inversionistas tendría una presencia de 154 microgramos por litro de agua de mar, en concentraciones cinco veces por encima del nivel máximo permitido por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos.

Rocío Marcín Medina, profesora de Contaminación Marina y Didáctica General en la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), agregó que la suspensión de partículas por los trabajos de extracción provocarían turbidez en el agua, lo que rompería la cadena primaria por la falta de oxígeno, dañaría a los moluscos porque son filtradores y a las langostas que se alimentan de materia orgánica en descomposición.

Fuente:http://www.excelsior.com.mx/nacional/supuesto-fallo-de-tribunal-daria-vida-a-proyecto-de-mineria-submarina-en-bcs/1230329

Un nuevo informe de investigadores canadienses sugiere que la disminución dramática de las manadas de caribús en tierra árida se debe a la minería de acceso abierto en el norte de Canadá, y no, como lo han asumido las autoridades, a la caza tradicional de indígenas en el norte.

El caribú ha sido un elemento básico del Norte durante milenios, proporcionando comida, ropa y muchos otros materiales útiles a los pueblos indígenas en todo el vasto territorio ártico. Pero en los últimos 30 años, manadas que una vez llegaron a contarse por millones han disminuido en más del 70 por ciento.

La mayor pérdida ha sido en la manada de Bathurst, al norte de Great Slave Lake, provincia de Nuevo Brunswick, que una vez contaba con casi 500,000 animales, y que ahora se ha reducido a 20,000, una disminución de más del 95 por ciento. Esta gran pérdida ha provocado drásticas restricciones a la caza indígena en la región. Pero este nuevo informe proporciona una fuerte evidencia de que la caza indígena no es la razón del declive.

Los autores del informe dicen que cuando se suman los números, la caza tradicional de subsistencia ha tenido un efecto insignificante en la población de caribúes.

De hecho, sostienen que hay buena evidencia de que las comunidades indígenas históricamente son muy responsables en su caza, disminuyendo voluntariamente su captura en respuesta a las fluctuaciones naturales en el número de caribúes a fin de preservar la salud de la población.

Actividades mineras y  degradación del hábitat

Pero las recientes caídas catastróficas en la población de caribús no son naturales. Y la evidencia sugiere que el verdadero culpable es la alteración y degradación del hábitat debido a la construcción de carreteras y la exploración y operaciones mineras. Este tipo de desarrollo se ha expandido dramáticamente en el Norte, exactamente al mismo tiempo que las poblaciones de caribú se han venido desplomando. A pesar de esto, la respuesta principal de los gobiernos ha sido imponer restricciones a la caza indígena, al tiempo que permite acelerar la explotación de los recursos.

El Norte es rico en recursos: petróleo, gas, diamantes y minerales. El área es extensa, y la población es escasa: todas las personas que viven en el Ártico canadiense podrían caber en dos estadios de las grandes ligas de fútbol.

Con tanta riqueza en juego, a las compañías mineras se les ha facilitado el acceso a la tierra, sin una consideración adecuada del impacto sobre el ecosistema y sobre los pueblos indígenas que dependen de él.

Toda esta actividad ha alterado la autonomía del caribú. Estos animales son particularmente sensibles al tipo de trastorno que causa la exploración minera. El polvo que cubre la vegetación de la que los animales se alimentan y el ruido provocado por las operaciones de minería y perforación comprometen su alimentación, su reproducción y crianza de terneros, provocando finalmente que su número disminuya.

La presión para un mayor desarrollo y más actividad perturbadora y degradante del hábitat continuará creciendo en el futuro. El Norte se hará más accesible gracias a la pérdida de hielo en el Océano Ártico debido al cambio climático. Y el cambio climático en sí mismo es una gran perturbación humana para los ecosistemas del norte. Todo esto parece ser aún más malas noticias para el caribú y para los pueblos indígenas cuyo estilo de vida tradicional ha dependido de ellos.

Fuente:http://www.rcinet.ca/es/2018/04/03/las-mineras-no-la-caza-responsables-de-la-disminucion-del-caribu-canadiense/

La ONU, a través de la comisión de cumplimiento del Convenio de Aarhus sobre participación pública en materia de medio ambiente, admitió a trámite el pasado 15 de marzo una queja de entidades ecologistas sobre la «constante obstaculización» de la Xunta al acceso a la información en proyectos mineros. Por ello, Galicia, a través del Ministerio de Agricultura deberá justificar su actuación ante Naciones Unidas. El Gobierno gallego ya fue condenado por la justicia por no entregar toda la documentación sobre la mina de oro a cielo abierto en Corcoesto, en el ayuntamiento coruñés de Corcoesto, proyecto que finalmente tumbó.

La queja fue planteada por las asociaciones Petón do Lobo y O Ouriel dos Anllóns y enviada el 24 de julio del pasado acerca de los expedientes relacionados con las minas de San Finx, en Lousame, y de Varilongo, en Santa Comba, ambas en la provincia de A Coruña. Según explican las asociaciones, la denuncia también hace referencia «a diversos inventarios sobre los riesgos de balsas y escombreras y de labores mineras abandonadas» por toda Galicia.

La reclamación admitida parte de estas asociaciones, que se incluyen en la red ContraMINAcción, la cual alerta de que los «impedimentos» en el acceso a la información «continúa siendo uno de los principales obstáculos» para los movimientos por la defensa del territorio. En este sentido, alude a conflictos como el de la mina de cobre del concello coruñés de Touro.

La queja emitida al órgano de la ONU, tal y como relatan los ecologistas, se produjo «después de agotar las vías domésticas y de que la Xunta siguiese ignorando las solicitudes». Además, aseguran que fue admitida a pesar de la oposición de la delegación española en la comisión, que afirmó -dicen- que no se habían utilizado tales vías y que sí hubo proceso de participación pública en San Finx y Viralongo. Según las asociaciones, «totalmente falso».

Las entidades gallegas aseguraron que la Xunta ignoró las resoluciones de 2008 y 2009 de ambos proyectos que obligaban a someterse al trámite de evaluación de impacto ambiental.

Fuente:http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2018/04/01/xunta-debera-rebatir-onu-quejas/1277305.html

Una propuesta del PP gallego para pedir a la Xunta que evalúe las consecuencias de la mina de cobre de Touro y O Pino y que se vigile el cumplimiento de la legalidad y del impacto ambiental reabrió el debate sobre el proyecto ayer en la comisión de Industria del Parlamento gallego. La iniciativa salió adelante solo con los votos de los populares, que reclaman «apartar la demagogia» sobre la «controvertida mina» para reivindicar una minería «moderna y respetuosa con el medio ambiente». «La mina de Touro, ni es moderna ni sostenible», respondió la diputada del BNG Noa Presas. El parlamentario socialista Abel Losada alegó que su partido «nunca hizo una causa general contra la minería» pero que en este caso -aclaró- causa daños.

En Marea denunció que los sondeos realizados por la empresa » de las que según el alcalde, él no sabe nada» han generado «problemas medioambientales». La formación se hizo eco de las denuncias de la plataforma vecinal en contra del proyecto, que denunció que la compañía hizo más de 350 prospecciones sin permiso. Desde Cobre San Rafael, la empresa que impulsa la mina, alegan que los sondeos están autorizados en la ley minera y que se ha presentado toda la documentación por el Concello de Touro. Aclaran además que el terreno se restituye a su estado natural.

El BNG registró una moción en la que solicita que el pleno de la corporación municipal de Ribadavia se declare contrario a la implantación del proyecto minero en la zona denominada Man da Moura, en el término municipal.

Cobre San Rafael trabaja con la convicción de que su proyecto para la explotación de unas 700 hectáreas de terreno, ocupado en parte por la mina inactiva en Touro desde 1986, tendrá en verano todas las bendiciones administrativas. Mientras sigue realizando sondeos y otros trabajos previos, ha iniciado una ardua batalla para tratar de convencer a la sociedad de que la minería es imprescindible para el desarrollo y de que nada tiene que ver una explotación hoy con la de hace 30 años, como tampoco los controles y las exigencias legales. Alberto Lavandeira, consejero delegado de Atalaya Mining -empresa minera asociada en Cobre San Rafael con la compostelana Explotaciones Gallegas-, presentó ayer el proyecto, sobre el terreno, a los medios de comunicación, y fue tajante: «La oposición a la mina es ideológica».

Lavandeira, ingeniero de minas ourensano con 38 años de experiencia en el sector minero y metalúrgico, reconocido a nivel internacional, salió al paso de la contestación social que ha suscitado el proyecto que afecta a los municipios de Touro y O Pino, a 20 kilómetros de Santiago, criticó a los «iluminados» que «amenazan sin dar datos concretos», y ofreció transparencia porque «no hay nada que ocultar». Así, Cobre San Rafael remitió el proyecto a los grupos ecologistas, pero ve con curiosidad que «la oposición viene de grupos ideológicos».

Minería moderna

El responsable de Atalaya Mining dedicó buena parte de su intervención a desmontar los argumentos de los críticos con el proyecto, al considerar «absurdo» que se diga que la empresa no tiene voluntad de permanencia -«no le veo el negocio a invertir para marchar», dijo- o que los empleos que prevén crear, 400 directos, serán precarios: «En un 90 % serán indefinidos», y añadió que en su mayor parte serán para vecinos del entorno. «No va a haber suficiente gente» en la zona, dijo.

Alberto Lavandeira se extendió en el rechazo a las objeciones medioambientales al proyecto. Defendió que Cobre San Rafael aplicará las mejores técnicas de la minería moderna, rechazó que se puedan contaminar los ríos de la zona -«es mentira que haya metales pesados que puedan acabar en la ría»- y define la futura explotación como minería de transferencia, que supone extraer y simultáneamente rellenar las áreas afectadas, recuperándolas ambiental y paisajísticamente. El máximo responsable del proyecto apoyó sus argumentos con imágenes de la recuperación de minas asturianas, también a cielo abierto y de mucha mayor extensión, que hoy son zonas arboladas y de frutales.

Respecto al impacto sobre las explotaciones agroganaderas, Lavandeira aseguró que solo el 6 % de las 700 hectáreas tienen este uso actualmente, sin que exista granja alguna en el terreno afectado. Más de 400 hectáreas ya son propiedad de Explotaciones Gallegas, la empresa del grupo constructor Francisco Gómez que actualmente extrae áridos y que detenta los derechos mineros. Sobre el resto, Cobre San Rafael prevé comprar, alquilar o permutar fincas, que en su mayor parte son eucaliptales. Los promotores de la mina no perciben oposición de los vecinos del entorno, que están permitiendo el acceso de los técnicos a sus propiedades para realizar sondeos, que ya son unos seiscientos, 270 de ellos en terrenos particulares.

Lavandeira negó que el proceso químico para separar el cobre genere residuos tóxicos ni peligrosos y se extendió sobre el depósito de estériles (lodos), que será completamente estanco y que, al igual que el resto de las instalaciones de la mina, funcionará en circuito cerrado, de forma que no podrán producirse fugas. El depósito tendrá muros «como los de una presa» y su impacto, pese a las dimensiones de unos 80 metros de alto y hasta 3.000 de largo, quedará oculto por una suave pendiente del terreno, «más suave que el talud de una carretera». «Vertido cero, nos comprometemos», enfatizó el consejero delegado de Atalaya Mining, para quien «se está magnificando un problema que no existe». Por el contrario, hay «un pasado y un pasivo», producto de la explotación de 1973 a 1986, del que Cobre San Rafael se hará cargo, si bien rechaza «culpabilizar el futuro» por ese pasado: «Formando parte del proyecto hemos asumido el pasivo, tenemos que arreglarlo y dejarlo mejor».

Inicialmente, Cobre San Rafael prevé explotar la mina durante quince años, con una inversión de 200 millones de euros. Desde hace dos años y medio ha invertido ya casi cinco millones de euros, porque «pensamos que va a salir, porque no hay razones para que no salga». Respecto a la extensión de la explotación minera a una zona más amplia, hacia Boqueixón, Lavandeira explicó que la empresa realiza exploraciones autorizadas del terreno, pero es pronto para valorarlo. La apuesta de la empresa se limita en la actualidad a las 700 hectáreas para las que espera permiso de explotación, con la convicción de que «lo vamos a hacer bien, porque es un proyecto del que nos sentimos orgullosos, y es una oportunidad para Galicia, porque aquí se puede hacer buena minería».

Recientemente la Asociación Aldea Viva apeló al denominado «Principio de Precaución» y a la responsabilidad del ejecutivo gallego para no dar luz verde a la reapertura y ampliación de un proyecto minero «que puede provocar un desastre medioambiental sin precedentes» en la zona de Touro. Ahora la entidad va un paso más allá y muestra el desastre ambiental de provocado por la etapa de explotación de cobre desarrollada de 1973 a 1986 en unas impactantes imágenes tomadas desde el aire.

De hecho, según los datos de los análisis de aguas procedentes del río Portapego y el regato de Pucheiras realizados a finales del pasado mes de noviembre por el Laboratorio de Ingeniería Química de la Universidade da Coruña a los que pudo acceder la asociación, la situación de partida en Touro es «absolutamente insostenible» mientras que la promotora del proyecto, Cobre San Rafael S.L., participada por Atalaya Mining y Explotaciones Gallegas «sólo habla de una hipotética restauración» una vez completado el proyecto, en el que primero hay que devastar para luego intentar recomponer» en un planteamiento que para Aldea Viva «sólo puede tratarse de demencial».

Así, los datos demuestran que las aguas del río Portapego muestran un pH hiperácido muy superior a los estándares permitidos, presentando altos niveles de níquel (Ni, más de 7 veces por encima de la media permitida), zinc (Zn), cobre (Cu), aluminio (Al), manganeso (Mn) y hierro (Fe), sobrepasando en estos últimos dos casos en 20 y 1.000 veces respectivamente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como los criterios sanitarios para un agua que pueda tener la consideración de apta para el consumo.

En el caso del regato de Pucheiras -manifiestan desde Aldea Viva- «la situación es igualmente lamentable», con una mobilización de cobre (Cu), que se encuentra 6 veces por encima de la media anual fijada por las normas de calidad ambiental, con la presencia de importantes cantidades de zinc (Zn) y níquel (Ni), y también con valores muy altos de otros metales como el aluminio (Al), el hierro (Fe) y el manganeso (Mn), que superan ampliamente las recomendaciones de la OMS y los criterios sanitarios para el agua potable.

Por estas razones, la asociación ha rechazado de manera taxativa «los cantos de sirena» publicados en medios por la minera Cobre San Rafael haciendo referencia a la «sostenibilidad» de un proyecto minero «del siglo XXI», al ser la empresa la que advierte en la documentación presentada a tramitación de las graves consecuencias que podrían suponer para la población y el medio ambiente la hipotética falla de los diques que contienen los depósitos de estériles, «dadoEstablecer imagen destacadaque no se puede garantizar un mantenimiento indefinido de los mismos».

Fuente:http://www.tercerainformacion.es/articulo/galicia/2018/03/17/el-drama-ambiental-provocado-por-la-mina-de-touro-a-vista-de-dron

( España )- Los responsables de la empresa Tecnología Extremeña del Litio (TEL), que quiere construir una mina a cielo abierto en el paraje de Valdeflores en Cáceres, han reconocido que el impacto ambiental del proyecto “es importante” pero insisten en su conveniencia por los beneficios económicos y sociales que acarrearía a la ciudad en forma de empleo y de riqueza. 

Los directivos de TEL, Marco Antonio Sosa y David Valls, han mantenido este lunes una reunión con la alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, y los concejales de Urbanismo y Seguridad Ciudadana, Valentín Pacheco y Rafael Mateos, a quienes les han explicado, durante unas dos horas, los entresijos de este proyecto minero al que se opone el equipo de Gobierno cacereño y que ha causado un gran rechazo social en la ciudad.

Sosa, en declaraciones a los medios tras la reunión, ha manifestado que la empresa “está acostumabrada” a que este tipo de proyecto cause este rechazo pero ha incidido en que el plan de restauración que se ha diseñado para el futuro, una vez concluya la explotación dentro de 24 años, “es muy potente” ya que prevé una inversión de 16 millones de euros y, además, “es un documento vivo” que puede cambiarse según los técnicos vayan aportando soluciones.

“Estamos acostumbrados a trabajar en estas circunstancias porque abrir una empresa de estas características tiene siempre complicaciones, y respetamos que el impacto medioambiental que tiene es importante y, por lo tanto, hay que explicar muy bien qué medidas hay que hacer y qué actuaciones hay que hacer para mitigarlo, y que la gente lo entienda, porque si no podemos explicarlo, es muy complicado”, ha subrayado Sosa.

Respecto a la solicitud que ha registrado TEL para que se inicie la tramitación de modificación del Plan General Municipal (PGM) con el objetivo de que se permita el uso extractor del suelo en esta zona, donde ahora mismo está prohibido por el plan de urbanismo, Sosa ha dicho que le han vuelto a trasladar a la alcaldesa la petición de que se lleve a comisión y al Pleno la tramitación del plan para que pueda iniciarse el proyecto de exposición pública y se puedan pronunciar los técnicos.

Según ha dicho el responsable de TEL, en este encuentro, el primero de forma oficial que mantienen los dirigentes municipales y la empresa promotora de la mina de litio, han explicado los beneficios que este proyecto traería a la ciudad, y Sosa ha insistido en que se crearían unos 1.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

“El ayuntamiento tiene que ser consistente con sus argumentos pero nosotros tenemos que ser contundentes para convencer al ayuntamiento y a la población de los beneficios de este proyecto”, ha insistido Sosa, quien ha añadido que TEL seguirá trabajando para “acercar posturas”, aunque “entiende la problemática que hay”.

Respecto a la petición de que se retire el expediente que se puede consultar en la página web municipal, Sosa ha aclarado que hay información “confidencial” sobre la empresa que no debería haberse expuesto y ha defendido que el proyecto “sigue vivo” y se puede modificar todavía por lo que entiende que hasta que no esté “definido totalmente no debería salir a la exposición pública”.

TEL ha vuelto a reiterar la petición de que se retire esta documentación confidencial pero no contempla, de momento, iniciar acciones legales contra el ayuntamiento en el caso de que se siga exponiendo el proyecto en la web.

ALEGACIONES A LA PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

La empresa ha presentado también este lunes las alegaciones a la resolución del ayuntamiento por el que se paralizaron los trabajos de investigación y los sondeos en la zona por entender que se habían extralimitado de la licencia de obra menor que se había concedido para realizar esas catas previas.

Sosa ha explicado que las alegaciones de TEL se han redactado en la línea de que la empresa ha cumplido las normas urbanísticas, que es el campo en el que tiene competencia el ayuntamiento. Así, ha defendido quese han utilizado los caminos abiertos ya con anterioridad en los años 80 por otra empresa que realizó sondeos en la zona.

“Nosotros argumentamos con planos y fotos que los caminos utilizados son los que se abrieron en los año ochenta”, ha incidido y, respecto a los sondeos, también se defiende que se han hecho unos 13 trabajos “gemelos” a los que ya se había realizado hace más de treinta años.

“El proyecto es sólido”, ha subrayado Sosa que avanza que la idea es reunirse con todos los grupos políticos municipales ya que el equipo de Gobierno del PP no tiene mayoría absoluta en la Corporación cacereña.

A preguntas de si “se tiene más sintonía” con la Junta de Extremadura que con el ayuntamiento respecto a este proyecto, Sosa ha contestado: “Yo ahí no me meto. Solo trabajo en una empresa para desarrollar un proyecto”.

Fuente:https://noalamina.org/mundo/europa/item/39667-la-minera-reconoce-que-el-impacto-ambiental-de-su-proyecto-en-caceres-es-importante