El 23 y 24 de julio del 2012, vecinos de la comunidad El Durazno, Mataquescuintla, opositores a la minería detuvieron un vehículo de la Minera San Rafael que quería llevar a cabo un programa de ayuda médica. Óscar Chávez, delegado de la mina para relación con las comunidades y un grupo de médicos que lo acompañaba denunciaron que fueron intimidados y llevados a un salón donde 200 pobladores les exigieron que firmaran un acta en la que acordaban nunca más regresar a la zona.
El jefe de seguridad de la mina, el peruano Alberto Rotondo, hizo un análisis de la situación y recomendó en el reporte No. 003/2012 de la Minera San Rafael, que la empresa implementara lo siguiente:
“De la forma más rápida una estrategia legal y publicitaria en medios de comunicación que ponga en evidencia a los líderes de los grupos que comentan estos actos, especialmente el involucramiento de la iglesia católica, a fin de que las autoridades se vean forzadas a tomar acciones legales en contra de ellos”.
La estrategia caló al menos en el Gobierno del Otto Pérez Molina, que decretó en mayo de 2013 un estado de sitio que prohibió reuniones y permitió la captura de unos 20 líderes opositores, acusó a la resistencia de estar infiltrada por el crimen organizado y el narcotráfico.
Pero el jefe de seguridad de la Minera iría más allá unos meses después.
El 27 de abril del 2013, Alberto Rotondo ordenó a sus agentes disparar contra pobladores de las comunidades de San Rafael Las Flores y La Montaña, que manifestaban de forma pacífica frente a las instalaciones de la empresa.
En las pruebas en poder del MP hay escuchas telefónicas en las que se escucha a Rotondo decir “que maten a esos hijos de la gran puta”.
Siete de ellos fueron heridos.
Rotondo intentó escapar. Fue capturado en el aeropuerto pero un juez lo benefició con prisión domiciliar y volvió a escapar. Fue capturado de nuevo en Perú en julio de 2016 y el Ministerio Púbico ya solicitó que sea extraditado. La Fiscalía de Derechos Humanos de Guatemala lo acusa de lesiones graves y leves; además de obstrucción a la justicia, porque se fugó cuando gozaba de medidas sustitutivas.
Este caso llegó al sistema de justicia de Canadá el 18 de junio de 2014, cuando la Corte Suprema de British Columbia, Canadá recibió la demanda civil de Adolfo Agustín García, Luis Fernando García Monroy, Erick Fernando Castillo Pérez, Artemio Humberto Castillo Herrera, Wilmer Francisco Pérez Martínez, Noé Aguilar Castillo y Misael Edeberto Martínez Sasvin en contra Tahoe Resources por negligencia y agresión por el tiroteo de abril del 2013. Los afectados reclaman que el caso no solo es parte de una lucha por la defensa de la tierra y el medioambiente, sino también de un proceso por responsabilidad corporativa, dado “los frecuentes abusos de los derechos humanos en relación con las operaciones de las compañías mineras canadienses en el extranjero”.
A finales de julio pasado la Corte de Apelaciones de Columbia Británica rechazó una acción de Tahoe que buscaba que el caso se desestimara. Esa resolución despejó el proceso para ir a juicio en Canadá. Los jueces ordenaron que el caso debía continuar en ese país con el siguiente argumento:
“Existe cierto riesgo medible de que los demandantes encuentren dificultades para recibir un juicio justo contra una poderosa compañía internacional cuyos intereses mineros en Guatemala se alinean con los intereses políticos del Estado guatemalteco”, señaló el fallo de un tribunal de apelaciones.
Solo cuatro de los siete afectados sigue en la demanda, ya que Tahoe logró que tres de ellos llegaran a un acuerdo económico para desistir de las denuncias.
Hace diez meses los abogados de los afectados enviaron una carta a Tahoe cuestionando por qué sus representantes negociaron el pago de una indemnización con sus clientes en medio de un proceso legal y sin su intervención. En el documento señalan que cualquier discusión sobre el caso debería detenerse y que investigarían las circunstancias que rodearon la comunicación con los comunitarios.
La respuesta de los abogados de Tahoe fue que la Minera San Rafel ha tenido una política de diálogo permanente con los miembros de la comunidad y una voluntad de escuchar sus quejas. “Algunas de estas quejas han involucrado los eventos de abril de 2013 y la Minera San Rafael ha expresado su interés en resolver estas quejas, tanto en nombre propio como en representación de Tahoe. Recientemente, ha habido discusiones que han llevado a una resolución de reclamos potenciales que algunos miembros de la comunidad. El acuerdo no cubre el litigio canadiense contra Tahoe”.
En su respuesta Tahoe afirma que han discutido la resolución de las demandas con el resto de los afectados y que no veían razón para revocar estas ofertas.
“Como usted sabe, las partes en una disputa tienen permiso para hablar directamente entre sí y para llegar a un acuerdo. Si algunos de los demandantes eligen aceptar la oferta de Tahoe, esos demandantes habrán llegado a un acuerdo vinculante”, dice la minera en la respuesta por escrito.
Tahoe Resources Inc es una compañía minera con sede en Canadá y con proyectos de extracción de plata y oro en ese país, Perú y Guatemala. Uno de sus proyectos de extracción es la Minera San Rafael, ubicada en el municipio de San Rafael Las Rosas, en el departamento de Santa Rosa.
Demanda en Estados Unidos, por sus accionistas
La mina de plata en San Rafael Las Flores, a 70 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, es uno de los principales activos de la minera canadiense, que la ha descrito como la tercera reserva de plata a nivel mundial.
Y muchos de sus accionistas están molestos. Consideran que fue responsabilidad de la Minera no haber cumplido con el requisito legal guatemalteco de consultar a las comunidades indígenas aledañas. Por no haber consultado a los xinkas, las cortes más altas de Guatemala frenaron la actividad de la Minera desde hace más de un año.
El 7 de julio del 2017, en la corte del Distrito de Nevada, Estados Unidos, los abogados de las firmas Levy & Korsinsky y Muehbauer Law Office, presentaron una denuncia a nombre de un grupo de accionistas de la compañía en contra Kevin McArthur, fundador de la minera, y los altos ejecutivos Mark Sadler, Ronald W. Clayton y Elizabeth McGregror. Alegaron que los informes anuales que Tahoe presentó a la Comisión de Valores de Estados Unidos (Secutities and Exchange Commission –SEC-) en los años 2015, 2016 y 2017 estaban redactados, producidos y difundidos con información falsa y engañosa.
Además, denunciaron que la mina San Rafael no obtuvo el consentimiento de la población indígena del lugar para instalar el proyecto. Los inversionistas reclamaron que, cuando la Corte Suprema de Justicia de Guatemala suspendió a la compañía por la falta de consulta comunitaria, las acciones Tahoe Resources en la Bolsa de Valores de Nueva York bajaron en un 33 por ciento. La compañía tenía más de 300 millones de acciones ordinarias en circulación. Antes de que la minera fuera suspendida cada acción tenía un valor de $8.27. Al día siguiente de la resolución de la Corte cayeron a $5.56.
La bolsa de valores es donde inversionistas compran y venden partes de empresas basándose en lo que creen que valdrán en el futuro. La de Nueva York es la más importante del mundo. Este vídeo del medio Vox explica que el objetivo de los accionistas es hacer dinero y para eso dependen de las decisiones de los directores ejecutivos.
Un grupo de inversionistas acusa a Tahoe Resources de cometer fraude y engañar a los compradores que “adquirieron valores a precios artificialmente inflados”, según reza la demanda.
La situación de la empresa
Según el informe que presentaron a la SEC, el primero y segundo año de operaciones la minera tuvo buenos resultados. En su reporte de hechos destacados del 2015 Tahoe reportó que la mina San Rafael generó ingresos de $519.7 millones, por la venta de 20.2 millones de onzas de plata, 183 mil onzas de oro, 9 mil toneladas de plomo y 13 mil toneladas de zinc. Tahoe pagó dividendos de $0.02 por acción al mes, un total anual de $49.7 millones, 94 veces más que lo pagado en 2014, $3 millones. La actividad era rentable.
En el 2017 fue todavía mejor vendieron $316.8 millones, seis veces más. Cuando las operaciones de la empresa fueron suspendidas, sus ganancias bajaron en $ 170.5 millones.
La falta de información en esos documentos sobre los conflictos de la mina con la población xinka que vive en los alrededores de la mina, es una de las quejas de los inversionistas que denunciaron a Tahoe en Estados Unidos, ya que después de casi cuatro años de estar operando, la falta de consulta a las comunidades fue la razón para que las Cortes ordenaran el cierre provisional.
En los formularios e informes hablan poco de la población xinka. Mencionan sus proyectos de responsabilidad social empresarial en el área y que en junio del 2017 un grupo de pobladores manifestó de forma violenta contra sus operaciones. También hacen referencia a la denuncia que plantearon siete de las personas afectadas en ese incidente, donde el principal sospechoso era el entonces jefe de seguridad de la mina, Alberto Rotondo, prófugo en Perú con solicitud de extradición del MP.
Uno de los puntos específicos de la denuncia de los inversionistas tiene que ver con el comunicado de prensa que Tahoe publicó el 3 de abril del 2013, donde celebraba que el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala les entregó la licencia de explotación del proyecto El Escobal, de la minera San Rafael.
En ese proceso de aprobación, la opinión de comunidad xinka fue ignorada. El gobierno no les preguntó si estaban de acuerdo con la actividad minera en su zona. Era una obligación pues el derecho a consulta previa a los pueblos indígenas está garantizado por el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo.
El grupo de inversionistas que denunció a los directores ejecutivos de Tahoe reclama que la compañía les “aseguró que cumplía con la ley y regulaciones gubernamentales, y que respetaban a la población indígena local”.
En el informe del año 2016, presentado ante la Comisión de Valores, Tahoe reportó que aunque “personas indígenas pudieron habitar el área de sus mineras en algún tiempo, en la actualidad no hay poblaciones indígenas viviendo en el área de El Escobal”, ni es sus proyectos mineros La Arena, en Perú, y Shahuindo, Canadá.
Cuando los pobladores de San Rafael Las Flores y comunidades afectadas manifestaron en contra del proyecto, la estrategia de la empresa fue cuestionar su identidad y la existencia de su etnia. A solicitud de la Corte de Constitucionalidad, las universidades Del Valle y San Carlos hicieron peritajes antropológicos en los que concluyeron, por separado, que sí hay xinkas en el área de impacto de la mina.
En marzo del 2014, cuando Tahoe entregó su reporte anual para la Comisión de Valores de Estados Unidos, trató de justificar los conflictos con la población xinka y el inicio de señalamientos por contaminación ambiental.
“Reconocemos que todo el desarrollo conlleva algunos impactos. Estamos comprometidos con los más altos estándares de responsabilidad ambiental. Honramos este compromiso cumpliendo o excediendo las regulaciones gubernamentales locales y operando nuestros proyectos a estándares norteamericanos. Tenemos procesos de revisión implementados que están diseñados para prevenir o minimizar incidentes o impactos ambientales, evaluar incidentes y prácticas operativas y crear planes de acción y procedimientos operativos para prevenir la recurrencia. En 2013, continuamos trabajando con las comunidades locales para ayudarlos a actualizar los sistemas de agua y los programas de infraestructura.”
Esas afirmaciones, señala la demanda del grupo de inversionistas, son falsas y engañosas porque los siguientes hechos:
“La explotación los activos para Tahoe de la mina San Rafael viola los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados, se considera que se violaron los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados; Tahoe no cumplío con las leyes y regulaciones del gobierno y como resultado de lo anterior, las declaraciones sobre los negocios, operaciones y prospectos de Tahoe fueron falsas y engañosas y carecían de fundamento razonable”.
Los inversionistas afectados argumentan que la caída del 33% en el valor de las acciones ante la Bolsa de Valores de Nueva York, fue resultado directo “de la naturaleza y el alcance del fraude de los directivos (de Tahoe)”, y no porque cambiaran las condiciones del mercado o de la industria.
“La pérdida económica, es decir, los daños sufridos por los demandantes fue resultado directo de un plan fraudulento para inflar artificialmente el precio de las acciones de la empresa y la consiguiente disminución significativa en el valor de las acciones de la compañía”.
En el formulario de información anual del 2017, Tahoe se refiere a esta denuncia, aunque no refuta el argumento de que sus altos directivos cometieron fraude, dice que dilucidarán la situación en los tribunales.
“El 7 de julio de 2017, la Compañía supo que se presentaron tres supuestos pleitos colectivos contra Tahoe y contra algunos de sus funcionarios y directores actuales y anteriores (…) Los juicios se presentaron en tres tribunales federales diferentes y, en general, todos afirman que la Compañía hizo declaraciones falsas de hechos importantes u omitió declarar hechos sustanciales o involucrarse en actos que operaron como un fraude contra los compradores de las acciones de la Compañía. Las demandas alegan daños compensatorios, intereses, honorarios y costos. La Compañía espera que los casos sean transferidos a un tribunal para que puedan ser consolidados y un demandante principal puede ser designado para representar a los supuestos miembros del grupo. La Compañía disputa las alegaciones planteadas y defenderá enérgicamente las demandas, cuyo resultado no es determinable en este momento”.
El pago de regalías
La Ley de Minería de Guatemala, aprobada en 1997, establece el pago de 1% de regalías por esa actividad extractiva. Desde que inició a operar la Minera San Rafael paga 4% más por un convenio de regalías voluntarias. En el 2015 Tahoe reportó a la Bolsa de Valores que los fondos eran entregados a las municipalidades de San Rafael las Flores, Casillas, Santa Rosa de Lima, Barberena, Santa Cruz Naranjo, San Carlos Alzatate y Cuilapa.
Según el formulario, en el 2015 la compañía pagó $ 12.3 millones en regalías, de los cuales $ 9.2 millones fueron regalías voluntarias.
El año pasado los alcaldes de siete ¿municipios? que se oponen a la mina y que defienden la identidad indígena xinka, firmaron un acuerdo donde se niegan a recibir esos fondos.
Cabildeo en Estados Unidos
Esos dos no son los únicos frentes de Tahoe fuera de Guatemala. Para convencer a políticos en Estados Unidos que después presionaran en Guatemala, Tahoe pagó $270 mil diferentes firmas de lobistas en Canadá y Estados Unidos.
Según un reporte en la Oficina de Registros Públicos del Senado de EE. UU. la compañía pagó los servicios a Nossaman LLP, Crowell & Moring LLP, Crowell & Moring International, LLC, y Brownstein Hyatt Farber Schreck, entre julio de 2017 y abril de 2018. En sus informes de cabildeos mencionan que se visitaron el Departamento de Estado de EE. UU., la Cámara de Representantes y Senado de EE. UU., la Casa Blanca, la oficina del vicepresidente Mike Pence y de representantes comerciales de EEUU.
Según una investigación de The Washington Post la oficina del vicepresidente Pence es un punto de entrada para los grupos de presión que buscan influenciar a la administración de Donald Trump. En un año Pence recibió a más lobistas que lo que hizo su antecesor Joe Biden en los ocho años de su gobierno con Barak Obama.
El resultado fue que en febrero del 2018 nueve miembros del Congreso de Estados Unidos le enviaron una carta al presidente Jimmy Morales para pedirle que hiciera más “para mejorar el clima de inversión de los negocios estadounidenses en el país”. En abril el presidente del Partido Republicano y ex funcionarios del Departamento de Estado llegaron a Guatemala a advertir que “un clima institucional inestable desinlicita a la Corte de Constitucionalidad que resuelva si la mina continuará sus operaciones”.
La embajada de Estados Unidos en Guatemala ha presionado de manera pública por la resolución del caso.
Mientras en la Corte de Constitucionalidad los magistrados analizan si la mina continuará sus operaciones en el país o quedarán suspendidas totalmente, Tahoe Resources debe responder a estas demandas mientras continúa con sus planes de expandirse en Latinoamérica.
Fuente:http://movimientom4.org/2018/09/la-mina-san-rafael-tiene-demandas-en-canada-y-eeuu-por-agresiones-y-enganar-a-sus-accionistas/
Los problemas de la minera de metales preciosos Tahoe Resources en Gautemala se profundizaron el lunes luego de que la Corte Constitucional revirtiera una decisión de la Corte Suprema de restablecer la licencia de la mina Escobal y ordenó que se consulte a las comunidades cercanas.
El 14 de agosto directivos de 
Está en tramitación en el Congreso Nacional de Guatemala un proyecto de ley para reglamentar la implementación de la Consulta Libre, Previa e Informada, establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La iniciativa fue presentada por el diputado Oliverio García Rodas ante la Dirección Legislativa del Congreso de la República, el pasado 26 de febrero. El diputado la elaboró sin consultar a los pueblos indígenas y sin someterla a la aprobación de los mismos, denunció el Consejo del Pueblo Maya (CPO), que reúne por lo menos 15 pueblos maya.
El nuevo presidente ejecutivo de Tahoe Resources dijo el jueves que su máxima prioridad es poner fin a una disputa de larga duración en Guatemala que ha detenido toda la producción de plata de la compañía minera.
Tucurú, Panzós, Senahú del departamento de Alta Verapaz. La mayoría de la población es maya Q’eqchi’, Maya poq´omchi´ y mestiza. El río Polochic desemboca en el Lago de Izabal y es quien baña estas tierras, históricamente trabajadas por las comunidades, quienes han llevado una lucha larga por el reconocimiento de su propiedad que las ha llevado a sufrir represión, como la masacre de Panzós ocurrida el 29 de mayo de 1978, hasta la fecha.
La lucha no violenta por el agua, la vida y el territorio. Fue la consigna con la que, en marzo de 2012, el movimiento Resistencia Pacífica La Puya comenzó su oposición al proyecto minero “El Tambor”, que incluye la extracción de oro y plata en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc (departamento de Guatemala). En 2016 la Corte Suprema de Justicia de Guatemala suspendió el proyecto, cinco años después que el Ministerio de Energía y Minas otorgara la licencia a la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala (Exmingua). La razón es que no se realizó una consulta previa a las poblaciones indígenas, según lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Ayer, 54 organizaciones de Guatemala, America Latina, los Estados Unidos, Canadá e Europa entregaron una carta al embajador de los EEUU en Guatemala, Luis Arreaga. Las organizaciones expresaron su preocupación ante la intervención del gobierno de los EEUU acerca del caso en contra de la mina de plata de Tahoe Resources, un proyecto asociado con numerosos y 
La falta de voluntad de los gobiernos en aplicar los marcos jurídicos internacionales que reconocen el derecho de participación de los pueblos indígenas en sus territorios, está obligando a las comunidades junto con las organizaciones de la sociedad civil a unir esfuerzos para enfrentar la amenaza de los proyectos extractivos en la región.