Para justificar el Estado de Sitio en los municipios de Jalapa y Mataquescuintla, además de San Rafael Las Flores y Casillas, el Gobierno dijo que perseguían a una estructura criminal vinculada al narcotráfico. Aquí lo que hay es una burda criminalización de la protesta y represión de quienes se oponen a la minería. Y como no se ha tomado en cuenta para nada el sentir de la población y su rechazo ha sido olímpicamente ignorado, es natural que existan focos de conflicto por la falta de respeto a la gente.
El Presidente de Guatamala, Otto Pérez Molina, militar retirado (acusado por sus ex camaradas como co responsable de genocidio cometido durante la guerra interna), decretó, el pasado 1º de mayo, el segundo Estado de sitio en lo que va de su gobierno. Esta vez, para reprimir al pueblo indígena Xinca, en los municipios de Jalapa y Mataquescuintal (Departamento de Jalapa), y en Casillas y San Rafael Las Flores (Departamento de Santa Rosa), y para proteger las «inversiones» de la empresa minera canadiense Tahoe Resources (Mina San Rafael).
Alberto Rotonda, jefe de seguridad de la mina San Rafael, fue ligado a proceso por los delitos de obstaculización de la investigación penal, lesiones leves y graves, pero beneficiado con una medida sustitutiva.
El ejército desplegó cientos de efectivos para ocupar cuatro poblados en el sureste de Guatemala, donde rige este jueves el estado de excepción, tras enfrentamientos entre policías y opositores al proyecto de explotación minera concedido a una empresa canadiense Tahoe Resources, el más reciente de una serie de conflictos por la extracción de recursos naturales.