Ecuador

Organismo de derechos humanos denuncia «criminalización» de protesta antiminera en Ecuador

22/03/2024
La Cedhu condenó «el uso abusivo del derecho penal» para condenar con sentencias de prisión y pagos pecuniarios a grupos de campesinos que se oponen a proyectos mineros en sus territorios

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) de Ecuador denunció este viernes 22 de marzo de 2024 la «criminalización» de la protesta que llevan adelante indígenas y campesinos opuestos a proyectos mineros de compañías canadienses en yacimientos ubicados en varias zonas andinas del país.

La Cedhu, una de las ONG humanitarias más representativas de Ecuador, condenó «el uso abusivo del derecho penal» para condenar con sentencias de prisión y pagos pecuniarios a grupos de campesinos que se oponen a proyectos mineros en sus territorios.

El organismo humanitario se refirió al caso del proyecto Curipamba-El Domo, ubicado en el sector conocido como Las Naves, en la provincia de Bolívar, en el corazón de la sierra andina del país.

En esa zona el Estado ecuatoriano ha entregado una concesión a la empresa Curimining, formada por una alianza entre las compañías Salazar Resources Ltd. y Adventus Mining Corporation, ambas con sede en Canadá.

Según la Cedhu, un tribunal penal de Bolívar condenó el pasado jueves a seis defensores del agua opuestos al proyecto minero en Las Naves a tres años de prisión y a pagar 4 600 dólares (diez salarios básicos) de multa tras ser denunciados por una supuesta asociación ilícita por la firma Curimining.

«Estos hechos ratifican como el uso abusivo del derecho penal es utilizado por las empresas mineras para criminalizar la labor de defensores del agua, naturaleza y derechos humanos, y como se ha convertido en una actuación sistemática por parte del Estado ecuatoriano», añadió la Cedhu en su comunicado.
https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/organismo-derechos-humanos-denuncia-criminalizacion-protesta-antiminera-CX7055598

Ecuador

Ecuador: protestas contra explotación minera dejan 46 heridos en una comunidad del centro andino

ASSOCIATED PRESS 27/03/2024

QUITO — La confrontación entre militares y comunidades indígenas que rechazan la explotación minera en un poblado andino de Ecuador dejó 46 heridos, en su mayoría, uniformados, daños a propiedad privada y el ataque a una tubería de distribución de agua, según cifras actualizadas el miércoles por el ministerio de Gobierno.
El grupo de comuneros que protesta desde hace dos semanas en la pequeña población de Palo Quemado, en la provincia de Cotopaxi, acusa a las autoridades de represión ante sus movilizaciones en defensa de la conservación ambiental de esa zona rica en minerales.

Mientras el gobierno acusa a algunos de los manifestantes de no pertenecer a la agrupación y de avivar en la confrontación. Los calificó de terroristas.

Los incidentes de los últimos días, con choques y también momentos de calma, condujeron el miércoles a la suspensión del servicio del agua en ciertos sectores, aseguró el Ministerio de Gobierno, debido a un “ataque a la tubería”.

“No permitiremos que estos actos se disfracen bajo una supuesta lucha por los derechos ambientales”, señaló un comunicado de esa cartera, que agregó que “actores ajenos a la zona” buscan sembrar el caos, dejando hasta el momento nueve ciudadanos y 37 uniformados heridos, además de dos vehículos incinerados y daños a la propiedad privada.

La parroquia rural de Palo Quemado, tiene algo más de 1.000 habitantes, se asienta en una superficie de 12.780 hectáreas, en las riberas del río Toachi, a 137 kilómetros al sur de Quito.

Sus habitantes rechazan la realización de una consulta ambiental en la zona por parte del Ministerio del Ambiente, que es un requisito previo para la entrega de la licencia ambiental a la empresa canadiense Atico Mining, interesada en explorar cobre, plata, oro y zinc.

Las exportaciones mineras de Ecuador en 2023 generaron 3.324 millones de dólares, un 19% más que en 2022, y una recaudación tributaria de 762 millones de dólares, según datos de la Cámara de Minería.

Marco Guatemal, secretario de Pueblos y Nacionalidades, un representante indígena nombrado por el gobierno, rechazó en un video difundido a los periodistas que, por un conflicto de “intereses personales”, se prive del “derecho al agua” a los pobladores.

La única herramienta para evitar el conflicto es “el diálogo con los actores directos que están en el lugar”, añadió Guatemal.

Por su parte, el presidente de las juntas parroquiales de Cotopaxi, Édison Yánez, desmintió la versión oficial y negó que quienes protesten pertenezcan a grupos ajenos a la población o terroristas.

“No pueden hablar de terroristas, son campesinos, dirigentes, yo mismo he estado hasta el día de hoy y no me pueden tildar de terrorista”, declaró Yánez a The Associated Press.

“Exigimos que se desmilitarice el territorio”, agregó el líder comunitario, quien asegura que la presencia de la fuerza pública genera “miedo de las personas”.

Yánez afirmó que existe un miembro de la comunidad herido de gravedad por un impacto directo con bomba lacrimógena en el rostro.

Rubén Balseca, dirigente de la comunidad Las Palmas, colindante con Palo Quemando, dijo a la AP que si bien se dieron enfrentamientos de menor intensidad el miércoles no puede confirmar la versión sobre la suspensión del servicio de agua en la zona.
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2024-03-27/ecuador-protestas-contra-explotacion-minera-dejan-46-heridos-en-una-comunidad-del-centro-andino

Ecuador, Panamá

Conaie apoya protestas en Panamá y exige anular el contrato minero

Las protestas se dan después de que Panamá ratificara el contrato para explotar la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica.
EFE / Redacción Primicias 24/ Nov 2023
Personas protestan en Panamá, el 24 de noviembre de 2023. – Foto: EFE
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización índigena del país, manifestó su apoyo a las protestas que se registran en Panamá, desde hace un mes. Las manifestaciones son contrarias al contrato firmado con una filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM). La Conaie también exhortó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) panameña que lo declare inconstitucional. «Sabemos lo que significa defender la vida y la naturaleza frente al modelo extractivista y depredador», señaló la Conaie en un comunicado publicado a través de sus canales oficiales. Y exhortó a la Corte Suprema panameña «a tomar decisiones justas y legales, considerando la invalidez del nuevo contrato con Minera Panamá, en defensa de los derechos de las comunidades locales y la preservación ambiental». La Conaie también expresó su «profunda admiración y respaldo» a los manifestantes que están protagonizando las mayores protestas en décadas en el país centroamericano para librar «una lucha en defensa de su país, especialmente en lo que respecta al corredor biológico». «La protección del medio ambiente y la preservación de la biodiversidad son responsabilidades globales y resaltamos la relevancia de la región afectada para el equilibrio climático y biológico del planeta», concluyó la organización que agrupa a 14 nacionalidades indígenas que habitan el territorio ecuatoriano. Debate de inconstitucionalidad La Corte Suprema de Justicia de Panamá inició, el 24 de noviembre de 2023, una sesión permanente para debatir y analizar las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 406 que adopta el contrato entre el Estado y Minera Panamá. La expectativa en Panamá es máxima ante una posible declaración de inconstitucionalidad que ponga fin a más de un mes de protestas. Durante las manifestaciones ha habido continuos bloqueos en las principales carreteras, lo que ha desencadenado una crisis de abastecimiento, dejando semiparalizado el país. El contrato para explotar la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica fue ratificado el 20 de octubre por el presidente panameño, Laurentino Cortizo, tras ser aprobado de manera exprés en los obligados tres debates parlamentarios.

Conaie apoya protestas en Panamá y exige anular el contrato minero

Ecuador

Tribunal detiene proyecto minero en Ecuador por falta de consulta a comunidades locales

Mineriaenlinea 05/04/2023

Un tribunal en Ecuador ha dictaminado que la estatal ENAMI y una filial de la chilena Codelco no han cumplido con su obligación de realizar una consulta medioambiental a las comunidades locales de una provincia con alta biodiversidad, y por ello, el proyecto de extracción de cobre Llurimagua debe suspenderse.

El tribunal provincial de Imbabura señaló que una licencia ambiental de 2014 y otros permisos otorgados para el proyecto, que se encuentra en fase de exploración avanzada, no cumplen con los parámetros adecuados. Según el abogado de las comunidades, Carlos Varela, la sentencia establece la paralización de toda actividad minera en la zona hasta que se cumplan las normas definidas por el Tribunal Constitucional.

ENAMI no ofreció comentarios inmediatos, mientras que Codelco, que demandó a Ecuador en 2021 por discrepancias en Llurimagua, tampoco se pronunció al respecto. El Ministerio de Energía y el de Medio Ambiente no proporcionaron reacciones inmediatas.

Ecuador posee abundantes recursos minerales, pero su desarrollo minero se encuentra rezagado en comparación con países como Chile y Perú, debido a sentencias judiciales y resistencia de las comunidades indígenas. El gobierno del presidente Guillermo Lasso busca impulsar el sector para apoyar la economía en dificultades, que el año pasado vio crecer las exportaciones mineras en un 32,6%, alcanzando los 2.770 millones de dólares.

Sin embargo, la bióloga especializada en anfibios Andrea Terán advierte que en los alrededores del proyecto Llurimagua habita una rara especie de rana que se creía extinguida. Además, de las 34 especies de anfibios presentes en la zona, 22 se consideran amenazadas. Este fallo del tribunal pone de relieve la importancia de equilibrar el desarrollo económico con la protección de las comunidades locales y la preservación de la rica biodiversidad de Ecuador.

Tribunal detiene proyecto minero en Ecuador por falta de consulta a comunidades locales

Ecuador

Los mineros de Ecuador rechazan los anuncios de movilizaciones de la Conaie

06/01/2023
El proyecto minero Curipamba está en el cantón Las Naves, en Bolívar. Es operado por las empresas ecuatoriana Salazar Resources y la canadiense Curimining. Cortesía: Curimining

Betty Jumbo (I)
Los representantes de la Cámara de Minería del Ecuador rechazan las declaraciones de Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). El dirigente anuncia movilizaciones contra la actividad minera formal y legal.

María Eulalia Silva es la presidenta de los mineros. Según ella, han demostrado con números que con solo dos yacimientos a gran escala en explotación hay mejores condiciones de vida de los ecuatorianos. “La minería responsable es nuestro presente y futuro”.

La postura de la Conaie
Iza asegura que este 12 de enero de 2023 se reunirán en Cotopaxi para definir la fecha y otras acciones contra esa industria. Se convoca a todas las delegaciones que hacen parte del Frente Nacional Antiminero, del cual es parte la Conaie.

Iza dice que las dos organizaciones decidirán cuáles son las estrategias de defensa de sus territorios, cuáles van a ser los mecanismos jurídicos para llevar a escala nacional e internacional, y una posible fecha para un paro preventivo en todo el territorio en donde están asentadas las mineras. “Estamos dispuestos a dar nuestra vida, pero jamás acabarán con la ecología, agua, vida y la agricultura de las que dependemos millones de ecuatorianos”.

La actividad minera
Silva dice que de las 24 provincias ninguna ha podido hacer lo que ha hecho Zamora Chinchipe, donde están las dos minas industriales: Fruta del Norte y Mirador.

“Por ejemplo, la pobreza se ha reducido en 13 puntos; es decir, en los últimos dos años -cuando iniciaron las operaciones de ambos proyectos- 13 de cada 100 zamoranos han podido salir de la pobreza”.

De las 100 empresas del país de mayor recaudación están Fruta del Norte y Mirador. En Zamora Chinchipe, ambas son las primeras contribuyentes de la provincia y un tercero es un emprendimiento, ahora convertido en una empresa, cuyos socios son de un grupo de extrabajadores de Fruta del Norte. Ellos dan servicios de catering, lavandería y servicios logísticos.

Las exportaciones
De enero a octubre del 2022 se exportaron más de USD 2 300 millones en oro y cobre, que ayudan a sostener la dolarización y dinamizar la economía, dice Silva. Hasta el tercer trimestre de 2022 pagaron más de USD 590 millones en una serie de impuestos y “habíamos generado más de 180 000 plazas de empleos, entre directos e indirectos”.

Esos no son números de la Cámara, sino de los distintos estamentos del Estado. “No están sujetos a opiniones ni a los vaivenes electorales. Arrancó la campaña electoral y ese (hecho) no hay que perderlo de vista. No es una coincidencia que vengan con unas declaraciones que son falsas y no son ciertas, y vienen con esas amenazas”, comenta Silva.

El empleo
Silva manifiesta que tres de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal; es decir, 7 de cada 10 se inventan cómo llegar a fin de mes.

“Ecuador necesita trabajo y paz, y el señor Iza no representa a todos los ecuatorianos ni tampoco a todos los indígenas”.

La minería es de largo plazo, empezamos desde la prospección hasta el cierre de la mina. Todas esas fases generan beneficios; la de construcción de la mina es donde más se dinamiza la inversión extranjera y la producción dinamiza las exportaciones, asegura Silva. “La inversión y la generación de empleo empiezan desde el primer momento”.

Para Silva, las amenazas de Iza son irresponsables e ilegales, porque los proyectos mineros y las operaciones en curso están amparados por la ley de Ecuador. “Están legalmente y constitucionalmente reconocidos por el Estado ecuatoriano”. Estos proyectos son estratégicos para el Estado y cualquier acción violenta tiene que ser defendida por el Estado.

Ella reflexiona que el verdadero enemigo es la minería ilegal y estos movimientos deberían canalizar ese ímpetu y toda esa energía a afrontar la minería ilegal, como Yutzupino, en Tena (Napo). Esa organización política en los territorios podría canalizar y denunciar esas acciones de minería ilegal en Yutzupino. “No tienen que confundirse con una actividad formalizada, porque eso es ilegal”.
https://www.elcomercio.com/uncategorized/mineria-formal-ecuador-exporto.html

Ecuador

Ecuador lanzará un programa de seguridad para proyectos mineros

mineriaenlinea 28/12/2022
Warintza de Solaris Resource
Vista aérea de la propiedad Warintza de Solaris Resource en Ecuador.

El gobierno ecuatoriano prepara un programa de seguridad para los activos mineros.

Según dijo a BNamericas el secretario de alianzas público-privadas del país, Roberto Salas, las áreas alrededor de los proyectos mineros serán declaradas próximamente zonas especiales de seguridad. La política es desarrollada por el departamento de minería, la oficina de alianzas público-privadas y las fuerzas armadas.

Los proyectos mineros se han enfrentado a ataques e invasiones de mineros ilegales o han visto bloqueado su acceso.

La mina de cobre Mirador, explotada por EcuaCorriente, y Fruta del Norte, de Lundin Gold, son las únicas grandes minas en explotación de Ecuador. Sin embargo, se esperan unos 11,000 millones de dólares en inversiones para la industria minera en los próximos años.

Ecuador espera generar más de 4,000 millones de dólares anuales en exportaciones mineras para 2025, según informó el viernes su Ministerio de Minas y Energía, estimando que la industria podría convertirse en el tercer sector de mayor volumen de envíos al exterior de la nación sudamericana.

Ecuador lanzará un programa de seguridad para proyectos mineros

Ecuador

Quito sin Minería pide al TCE validar firmas anuladas para consulta popular

08/12/2022
Colectivo que impulsa consulta popular para prohibir minería en el Chocó Andino denuncia presuntas irregularidades en validación de firmas. Foto: Captura.
Karina Sotalín (I)
Representantes del colectivo Quito sin Minería acudieron este 8 de diciembre del 2022 al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para ingresar una denuncia. Buscan que el ente reconozca las firmas rechazadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y se lleve a cabo la consulta popular para evitar la minería en el Chocó Andino.

Las organizaciones que conforman el colectivo recolectaron 452 000 firmas en 180 días y las entregaron al CNE. Exceden de manera significativa el número de las 199 000 necesarias, declaró Natalia Greene, vicepresidenta de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma), en una rueda de prensa.

Conoce que el CNE terminó con el proceso de verificación de las firmas, pero aún no ha sesionado para emitir un acta oficial. “Tenemos 175 000 firmas aceptadas, significa que nos han rechazado el 61% de las firmas. Es un número extremadamente alto”, cuestionó Greene. Junto al abogado de la causa y un ciudadano ingresaron una denuncia en el TCE por presuntas irregularidades en la validación de firmas. No quieren que se repita la historia del colectivo Yasunidos.

Greene dijo que el CNE debe considerar las situaciones en que se recolectaron las rúbricas, es decir en las calles y con la imposibilidad de realizar una firma perfecta. Solo ve dos razones por las que las firmas podían ser rechazadas: Porque no son personas que firman en Quito o porque su firma estaba repetida. “Todas las firmas debieron ser aceptadas si es que se quiere cumplir con la voluntad ciudadana” de quienes plasmaron la rúbrica, agregó.

Existen 12 concesiones mineras entregadas y otras nueve en trámite. Ninguna ha cumplido el requisito constitucional del artículo 398 respecto a la consulta ambiental, por lo que la justicia ecuatoriana podría pararlas en un futuro cercano, justifica el colectivo.

Su objetivo es que en la consulta popular los quiteños voten a favor de prohibir la minería, así el Estado no podría autorizar más proyectos mineros.

Irregularidades en verificación
Fred Larreátegui, defensa del colectivo, aseguró que han constatado que el CNE tiene problemas de índole técnico, lo que dificulta el ejercicio de democracia directa de los quiteños. Con la denuncia en el TCE ponen una “alerta” sobre el rechazo de firmas, que se traduce en vulneración de derechos de participación, según el jurista.

El colectivo contó con especialistas en grafología (estudio de la escritura) para tener criterios sobre la valoración que el CNE hace sobre las firmas, acotó.

Greene criticó que entre las irregularidades identificadas está que el CNE utiliza padrones electorales antiguos para verificar las rúbricas y no el último padrón, actualizado para las elecciones del 2021. En ese contexto, se invalidaron firmas de jóvenes que respaldan la iniciativa del colectivo.

Hay casos de personas que han escrito al CNE y presentado acciones ante el TCE para saber por qué su firma fue rechazada, según la activista. Por ejemplo, Francisco Pérez, un joven que dio su firma, presentó un recurso. “Están vulnerando mis derechos. Yo lo hice con todo mi apoyo y que mi firma haya sido anulada me parece demasiado injusto. El Chocó Andino es muy importante, hay diversidad”, manifestó.

Al colectivo le preocupa que se acorta el tiempo para que el proceso de autorización para la consulta culmine. Esperan que la papeleta dirigida a los capitalinos se imprima junto a las otras que son para comicios seccionales, del Consejo de Participación y de referéndum del Gobierno.
https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/quito-sin-mineria-tce-validacion-firmas-anuladas-consulta-popular.html

Ecuador

Los habitantes de Ecuador buscan un referéndum para bloquear los proyectos mineros

Mineriaenlinea 25/10/2022
Los habitantes de la capital ecuatoriana, Quito, entregaron el lunes cientos de miles de firmas al tribunal electoral del país en un intento de prohibir la minería en una de las zonas más biodiversas del país andino.

Los firmantes, procedentes de zonas rurales del noroeste de Quito, pretenden bloquear seis concesiones mineras de oro en el bosque del Choco Andino, alegando amenazas para las fuentes de agua, la naturaleza y sus negocios locales.

El bosque, que abarca unas 280,000 hectáreas y fue declarado reserva de la biosfera por la UNESCO en 2018, cuenta con un gran número de especies de aves, mamíferos y anfibios.

También alberga el 12% de las variedades vegetales de Ecuador y es un importante corredor para los osos andinos, así como una importante fuente de agua para Quito.

El Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, apuesta por el sector minero para impulsar la economía, con unas exportaciones previstas de 3,000 millones de dólares este año.

Sin embargo, los planes de desarrollo de la minería se han visto perturbados por resoluciones judiciales y referendos a favor de las comunidades y los pueblos indígenas, lo que ha frustrado posibles proyectos.

Los activistas presentaron 380,000 firmas al Consejo Nacional Electoral (CNE), superiores a las 200,000 requeridas, para convocar un referéndum en la ciudad, que preguntará a los habitantes si están de acuerdo con prohibir todo tipo de minería metálica en la zona.

“No estamos dispuestos a aceptar a las mineras, no necesitamos a estas empresas”, dijo Fanny Durán, vecina de la parroquia rural de Pacto, que ayudó a entregar las firmas.

El Ministerio de Energía y Minas de Ecuador ya ha entregado 12 concesiones en la zona, por lo que una votación para bloquear más minas no afectará a esos proyectos, dijeron los activistas.

Sin embargo, los habitantes de esas zonas han presentado demandas en los tribunales locales para detener su avance, argumentando que no fueron consultados previamente.

El Ministerio de Energía y Minas no respondió inmediatamente para hacer comentarios.

El tribunal electoral debe ahora verificar y aceptar las firmas, pero los activistas esperan que el referéndum pueda celebrarse en febrero de 2023, junto con las elecciones locales.
Reuters

Los habitantes de Ecuador buscan un referéndum para bloquear los proyectos mineros

Ecuador

Land is Life condena el asesinato de una defensora indígena y activista antiminera en el Austro Ecuatorial

25/10/2022
América Latina es el escenario de la violencia para los líderes indígenas que defiendes los territorios de las actividades extractivas. El clima de amenazas y la espiral de violencia que enfrentan los pueblos indígenas del debido a las presiones de la explotación minera sobre sus territorios registra una nueva mujer indígena, líder y defensora, esta vez en Ecuador.

Alba Bermeo Puin, de 24 años de edad, fue asesinada, a disparos durante la noche del viernes 21 de octubre de 2022. Presuntamente por personas vinculadas a la minería ilegal en las comunidades de Río Blanco, Cochapamba y Yumate. Se encontraba en estado de gestación de 5 meses de embarazo durante el ataque q recibió al vehículo en el que se encontraba.

De acuerdo a los reportes de organizaciones de Derechos Humanos y las federaciones indígenas locales, el asesinato de la defensora se inscribe en una inédita escalada de amenazas, acciones violentas, atentados y ataques de personas armadas en contra de líderes comunitarios opuestos a las actividades mineras en su territorio. A lo largo de las últimas dos semanas se habían registrado al menos tres episodios violentos con armas de fuego por parte de mineros ilegales. Las autoridades no han tomado acciones luego de las denuncias presentadas por los pobladores.

En 2018, la comunidad de Río Blanco alcanzó una sentencia favorable debido a la vulneración a su derecho a la consulta previa, libre e informada que logró la paralización judicial de las actividades de explotación minera por parte del consorcio minero Chino-Ecuatoriano Ecuagoldmining.

A partir de la ejecución de la sentencia el Estado Ecuatoriano ha incumplido su obligación de proteger los derechos vulnerados de las comunidades de la zona y su ausencia en términos de control del orden público ha derivado en una profusa invasión de mineros ilegales en el territorio. Su presencia constituye ya una doble vulneración de derechos. No solo se ha incumplido con garantizar el consentimiento previo, libre e informado, sino que el derecho a la vida de los pobladores y el derecho al territorio está siendo sistemáticamente vulnerado debido a la inacción del Estado frente a los grupos ilegales que sacan material minero de la zona.

Desde Land is Life repudiamos y condenamos estos hechos de violencia provocados por la inobservancia de los derechos de los pueblos indígenas y el incumplimiento estatal de la obligación de garantizar la vida de las personas, en especial de los líderes comunitarios y defensores indígenas.

Criminalización de la protesta, Ecuador

El caso Bosco Wisuma, el profesor asesinado en una protesta contra Rafael Correa quien luego lo reutilizó como propaganda propia

El activista indígena murió en una de las protestas contra la política extractiva del correismo. Su nombre se enarboló luego como emblema en el discurso gubernamental para desviar la atención de las investigaciones sobre su homicidio
Yalilé Loaiza 16/10/2022
La muerte de Bosco Wisuma conmocionó al movimiento indígena, que sostiene que el fallecimiento del activista se dio por la represión policial durante las protestas del 2009.
La muerte de Bosco Wisuma conmocionó al movimiento indígena, que sostiene que el fallecimiento del activista se dio por la represión policial durante las protestas del 2009.
El profesor indígena bilingüe del pueblo shuar, Bosco Wisuma, murió hace 13 años en una protesta en contra de la política extractiva del gobierno de Rafael Correa. Wisuma, que también era activista en contra de la minería, recibió el disparo de un perdigón. Aunque su muerte no ha sido aclarada por completo, Wisuma se convirtió en un nombre recurrente en el gobierno de Correa y uno de los sentenciados por su asesinato ni siquiera estaba en el lugar donde Wisuma murió.

Desde el 27 de septiembre de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) convocó a sus bases para manifestarse en contra de la Ley de Minería, aprobada por el gobierno, y la Ley de Aguas que el Ejecutivo había propuesto a la Legislatura.

La ley de minas de Rafael Correa fue un polémico cuerpo legal que permitió el ingreso de la minería a gran escala y aumentó el control estatal en el sector. Desde que se conoció sobre el proyecto, el sector indígena reclamó que la ley beneficiaría a las grandes compañías, perjudicando las actividades artesanales y provocaría mayores niveles de contaminación.

En cambio, la ley de Aguas pretendía nombrar una Autoridad Única del Agua (AUA), designada por el presidente para decidir sobre las políticas hídricas públicas. La Conaie manifestó que esa normativa privatizaría el agua, además pedía que la autoridad única del agua sea un consejo donde participen indígenas y sectores sociales y no una persona.

Aunque la protesta indígena fue de escala nacional. El levantamiento con mayor fuerza sucedió en Macas, en la provincia amazónica de Morona Santiago, a 380 kilómetros de Quito. De acuerdo con un artículo de Luis Ángel Saavedra publicado por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), “los shuar enfrentaron fuertes operativos de represión implementados por la policía nacional”.

En ese contexto, y tres días después del inicio de las manifestaciones, el 30 de septiembre de 2009, Bosco Wisuma que estaba en el puente sobre el Río Upano, en Macas, murió de un disparo. En esa jornada, según informó una comisión legislativa que se creó en el gobierno de Correa para investigar los hechos, hubo alrededor de 40 policías heridos por perdigones.

Ese 30 de septiembre, en el puente con Wisuma estaban 16 manifestantes shuar, pertenecientes al pueblo indígena amazónico del mismo nombre y que es el más numeroso de la selva ecuatoriana.

La muerte de Wisuma conmocionó e indignó al movimiento indígena, principalmente al pueblo shuar, y las protestas se radicalizaron, hasta que el 5 de octubre, luego de un diálogo con el gobierno se lograron acuerdos, entre ellos que se cree una comisión legislativa que investigue la muerte del activista shuar. Esto mientras la Fiscalía General del Estado realizaba sus propias investigaciones.

Las investigaciones revelaron el caos y los claroscuros alrededor de la muerte de Wisuma.

Una versión oficial sin piso

La Fiscalía señaló a Fidel Kaniras como autor del disparo que mató a Wisuma. Pero esta versión no tenía el suficiente sustento. Los dos testigos shuar que la entidad utilizó para argumentar su hipótesis, pues decían que vieron a Kaniras dispararle a Wisuma, presentaron versiones contradictorias. Por ejemplo, no pudieron relatar en qué lugar estaban cuando vieron a Kaniras. Los testigos shuar fueron los hermanos Alberto y Freddy Anwasha, quienes fueron testigos protegidos, pero luego el gobierno los abandonó, según Saavedra: “ahora no están en su comunidad y nadie sabe a dónde han ido”.

Kaniras no pudo haberle disparado a Wisuma porque las pruebas de balística demostraron que la distancia que lo separaba de Wisuma hubiera provocado que el profesor y activista recibiera al menos 25 perdigones y no 1.

Los perdigones son proyectiles metálicos, generalmente de plomo, que están contenidos en cartuchos de escopetas. Cuando se los dispara, estos se dispersan y pueden realizar varios impactos en un solo tiro.

Dos expertos intervinieron en el caso: la forense francesa Tania Delabarde y el perito argentino Roberto Meza Niella, que ha investigado otras muertes extrañas en Ecuador, como el caso del general Jorge Gabela o el homicidio del oficial César Coronel Olivo.

Meza Niella confirmó que la muerte de Wisuma fue por el impacto de un perdigón. Mientras Delabarde determinó la trayectoria interna del perdigón, sin embargo no pudo señalar de dónde provino el proyectil. La experta francesa sugirió que se examine el perdigón que se había encontrado, porque sus características diferían de los perdigones artesanales que, según el gobierno, tenían los manifestantes shuar.


Folleto del Ministerio de Justicia sobre la muerte de Wisuma. Las autoridades correístas trataron de responsabilizar a los manifestantes shuar de haber matado al activista.
El gobierno de Rafael Correa descartó que la muerte de Wisuma haya sido causada por la Policía Nacional, pues aseguraron que la institución no utiliza ese tipo de armas. Sin embargo, los indígenas aún mantienen que Wisuma fue víctima de la represión policial.

Las autoridades correístas buscaron acusar a los manifestantes shuar de la muerte de Wisuma y aseguraban que el perdigón que mató al activista era similar a los que hirieron a los miembros de la Fuerza Pública. Sin embargo, las pericias de la propia Fiscalía indicaron que “no es posible determinar la posición del disparador, el que podría haber estado en un radio mínimo de 50 metros”, según recoge Saavedra en su artículo en Inredh. En ese radio, indica el articulista, “estaban shuar y policías y hubo heridos en los dos bandos y con la misma clase de perdigones”.

“Me parece absurdo que se esté afirmando algo no contrastable. Nosotros hemos sostenido y sostendremos que este es un crimen de Estado y no vamos a compartir absolutamente nada. No es posible que estando al otro lado, de frente, se diga que fueron perdigones salidos de los propios manifestantes que mataron al compañero. Me parece algo absurdo realmente”, dijo el entonces prefecto de Morona Santiago y miembro de la Federación Shuar, Marcelino Chumpi a los medios, según los archivos de El Comercio.

Que las autoridades nieguen que la Fuerza Pública utilice perdigones para reprimir a los manifestantes no es nuevo. Recientemente, en junio de 2022, durante las protestas indígenas en contra del gobierno de Guillermo Lasso, uno de los fallecidos, Henry Quezada, murió por el impacto de 99 perdigones en su cuerpo. El entonces ministro del Interior, Patricio Carrillo, dijo que la Policía Nacional no utilizó ese tipo de armamento y trató de culpabilizar a otros manifestantes. Sin embargo, un reportaje periodístico de Karol Noroña, especializada en seguridad, refutó la versión oficial sobre la muerte de Quezada.

Luego de la muerte de Wisuma, el presidente Rafael Correa se comprometió a investigar y esclarecer el caso e incluso nombró a una escuela en honor al activista. Correa utilizó a Wisuma como elemento discursivo para desviar la atención de las acusaciones del movimiento indígena sobre la represión.


José Acacho fue sentenciado en relación al crimen de Wisuma, pese a que no estaba en el lugar de la muerte del activista. Acacho luego fue asambleísta.
Incluso la justicia de aquel entonces sentenció como responsable del crimen a José “Pepe” Acacho, un líder shuar sin que siquiera haya estado en el lugar de los hechos. Acacho también era presidente de la Federación de Indígenas Shuar del Ecuador y director de radio Arutam. Según el gobierno, los mensajes radiales emitidos desde ese medio comunitario promovieron la violencia en las manifestaciones indígenas. A Acacho se lo procesó por terrorismo y sabotaje, según recoge el especial Sobrevivientes, de Plan V.

Así como Acacho, durante el correísmo, hubo otras voces críticas acusadas de terrorismo y sabotaje, como el caso de Francisco Endara Daza, que participó en las manifestaciones del 30 de septiembre de 2010 en contra de Rafael Correa. Justo un año después de la muerte de Wisuma. A Endara Daza lo condenaron por aplaudir.

Acacho, que fue detenido en septiembre de 2018, recibió un indulto presidencial de Lenín Moreno, que también fue vicepresidente de Correa y es acusado de traidor por el partido correista.

La política extractiva de Correa

Apenas dos años de su llegada al poder, Rafael Correa demostró con sus políticas públicas que se distanciaba de las promesas realizadas a los movimientos de izquierda que lo apoyaron para que gobernara desde Carondelet.

Las políticas que implementó para favorecer a proyectos extractivos –como la minería a gran escala– mostraron que Correa se distanciaba de los principios plasmados en la Constitución del 2008 que él impulsó y que aún sigue vigente.

En ese momento, el gobierno inició con la explotación de las minas al sur de la Amazonía ecuatoriana. En esta zona viven los pueblos indígenas shuar y saraguros, quienes se oponen a la minería a gran escala y que fueron reprimidos varias veces durante la administración de Correa.


Durante las protestas del 2015 en contra del gobierno de Rafael Correa, los miembros de la comunidad indígena Saraguro fueron reprimidos por la fuerza pública. (Foto: Conaie).
En agosto de 2015, hubo varias jornadas de protesta en contra del gobierno de Rafael Correa. Los manifestantes, incluyendo al movimiento indígena, mostraron su descontento con las políticas gubernamentales relacionadas al medioambiente y los intentos de Correa de permitir la reelección presidencial indefinida. La organización internacional Human Rights Watch alertó que los “miembros de las fuerzas de seguridad ecuatorianas utilizaron fuerza excesiva para dispersar a manifestantes durante protestas contra el gobierno en agosto de 2015″.

Uno de los casos más emblemáticos de esas protestas del 2015 fue la represión a los indígenas saraguros, quienes se manifestaban pacíficamente. Según Inredh, “por estos hechos 31 personas fueron procesadas, de ellas 2 fueron sobreseídas antes de iniciar el proceso. De las 29 personas, actualmente 12 fueron llamados a juicio y 2 sentenciados a 4 años de prisión por el presunto delito de paralización de servicio público”.

De acuerdo con Plan V, desde finales del 2013, cuando Correa aún estaba en el poder, varios integrantes de las comunidades shuar y saraguro aparecieron asesinados con signos de tortura, “pero el Gobierno por todos los medios trató de silenciar estos casos visibilizados por los dirigentes de las comunidades y estableciendo que eran producto de rivalidades internas”.

De la represión a la propaganda

La propaganda gubernamental de Rafael Correa era un despliegue impresionante que permitió al gobierno llegar con su mensaje a su militancia que incluso ahora defiende al expresidente, prófugo de la justicia ecuatoriana que está asilado en Bélgica. La muerte de Wisuma fue parte del aparataje propagandístico del correísmo, así como los caídos durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, conocida como 30S.


El correismo nombró una escuela en nombre del activista y profesor Bosco Wisuma, que murió protestando en contra de las políticas de Rafael Correa.
En su artículo sobre la muerte del profesor y activista shuar, Saavedra señala que “Bosco Wisuma murió defendiendo los derechos de su pueblo pero, cosas de la política, su memoria terminó siendo una iconografía del gobierno al cual rechazó”.

En octubre de 2019, durante las protestas indígenas que duraron 11 días, la Conaie increpó al expresidente Rafael Correa por querer ganar atención política a costa de las manifestaciones y publicaron en su cuenta oficial de Facebook: “¡Miserable! Rafael Correa. Rechazamos el oportunismo descarado, el correísmo nos criminalizó y asesinó a compañeros durante 10 años, hoy pretende aprovecharse de nuestra plataforma de lucha. No olvidamos a José Tendetza, Bosco Wisuma, Fredy Taish, asesinados por su aparato estatal Esta es la lucha del pueblo ecuatoriano, ni con Moreno, ni con Correa, ni con Lasso, ni con Nebot”.

Entre 2009 y 2014, cinco activistas contra la minería, incluido Wisuma, murieron en circunstancias extrañas y no esclarecidas. Estas muertes son parte de los más de 30 asesinatos sucedidos durante el correísmo, en los que los familiares de las víctimas reclaman una responsabilidad gubernamental.
https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/10/16/el-caso-bosco-wisuma-el-profesor-asesinado-en-una-protesta-contra-rafael-correa-quien-luego-lo-reutilizo-como-propaganda-propia/