El Consejo Comunitario Ancestral de la Comunidad de Roche, denuncia ante la opinión pública el abuso de poder de la empresa Cerrejón contra la última de las familias de nuestra comunidad que permanecía en el territorio ancestral.

Antecedentes:

Roche es el nombre del territorio de nuestra comunidad afrodescediente, ubicado en el municipio de Barrancas, sur de la Guajira que para el año 1997 contaba con más de 180 familias habitantes. Este territorio es del interés de explotación minera de carbón del Cerrejón. La declaratoria de utilidad pública de esta actividad nunca tuvo en cuenta el riesgo de que comunidades indígenas y negras como
empresa y el estado sobre las personas y las familias.

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La comunidad indígena de Quinchía convocará una ‘Consulta Previa’ por los daños ambientales que están recibiendo las zonas rurales La Cumbre y Miraflores, tras las exploraciones mineras que realizan empresas multinacionales. Los líderes indígenas afirman que con la exploración el agua y los animales son los primeros perjudicados, pues en los últimos días aparecieron 6 gallinazos muertos por culpa, afirman, del agua contaminada.

A pesar de que la Constitución Política afirma que los grupos étnicos deben tener una consulta previa cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, en Quinchía esto aún no se ha realizado y solo hay mesas de acuerdo, así lo denuncia Jesús Guevara, representante legal de los acueductos rurales del municipio. 
“La falta de agua no se está presentando solo por consecuencias del fenómeno de El Niño, sino que estas multinacionales están utilizando químicos que afectan el medio ambiente, si esa Consulta Previa no nos da los resultados que esperamos para resolver la problemática, nos lanzaremos a realizar una consulta popular que deberá ser definida por un juez”, afirmó.

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AngloGold Ashanti, (en adelante AGA), es una empresa que cotiza principalmente en la bolsa de Johannesburgo en Sudáfrica, lugar de su casa matriz. Las acciones de AGA también se negocian en la bolsa de Londres, París y Ghana. Adicionalmente, hace presencia en los mercados bursátiles de Bruselas, Nueva York, Australia y Ghana (1) . Al 31 de diciembre de 2009, tenía 63.364 empleados (incluyendo contratistas). A la misma fecha poseía un total de 71.4 millones de onzas (Moz) en reservas. Actualmente tiene 21 operaciones en los cuatro continentes, y campos de exploración desde el año 2009 en Argentina, Arabia Saudita, Australia, Brasil, Canadá, Colombia, China, Dubal, Egipto, Estados Unidos, Filipinas, Gabon, Ghana, Guinea, Islas Salomón, Mali, Namibia, Nueva Zelanda, República Democrática del Congo, Rusia, Sudáfrica, Tanzania.  La Anglo Platinum y la productora de diamantes De Beers, son subsidiarias de la británica Anglo American, junto con la AGA, de la cual es propietaria del 42%.

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En agosto se conocerá si la explotación de níquel por parte de la empresa Cerro Matoso en el departamento de Córdoba ha causado serias afectaciones de salud a las comunidades aledañas a la mina. Actualmente Medicina Legal realiza exámenes a 1.890 personas, en su mayoría de comunidades indígenas, que habitan en las poblaciones de Montelíbano, San José de Uré y Puerto Libertador para determinar si las enfermedades que se han denunciado, son causadas por la actividad minera.

“En Pueblo Flechas, una población que está a escasos 300 metros de los cerros o los botaderos como los llaman, la tasa de abortos es altísima, allí tenemos un pueblo que no pasa de 90 familias y hay años en los que tenemos documentados hasta 36 abortos”, dice Javier De La Hoz, representante legal de las víctimas.

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Tras el fallo de la Corte Constitucional, a favor de la demanda que interpusieron varios congresistas del Polo Democrático Alternativo, en contra de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo que permitían la permanencia de títulos mineros en zonas de páramo. El reto ahora, para el Estado y específicamente para el Ministerio de Ambiente será implementar la decisión pues se tendrá que retirar cerca de 400 títulos mineros.

Este año el Ministerio de Ambiente anunció que se iniciará el proceso de delimitación de 25 páramos, para lo que el ministerio deberá tener en cuenta  los conflictos socio-ambientales y por lo tanto la opinión y relación de las comunidades con el ecosistema, de manera que existan garantías reales para la protección de los páramos, como lo explica la abogada Natalia Gómez, de la Asociación Ambiente y Sociedad.

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Ernesto Cuero, alcalde de Coello, solicitó la intervención de la fiscalía para que investigue las amenazas que ha recibido en los últimos días.
Un panfleto con amenazas fue dejado en la casa del mandatario advirtiéndole que su vida corría peligro sin continuaba con los operativos de control a la extracción de material de arrastre del río Coello.

“Desconozco si se trata de mineros informales o de quienes cuentan con títulos y autorizaciones por parte de las autoridades ambientales, lo cierto es que vamos a continuar con la vigilancia que le compete a la administración para evitar mayores afectaciones a la cuenca”, afirmó el alcalde de Coello.

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Una familia integrada por 50 personas de la comunidad de Roche, en el departamento de La Guajira fue desalojada por la administración municipal de acuerdo a  los intereses que tiene la empresa El Cerrejón sobre el predio. En el operativo, el ESMAD y la policía sacaron a las personas de sus hogares a golpes y luego procedieron a destruir sus viviendas.

“Llegaron brutalmente con ESMAD a golpear a la familia, luego destruyeron las casas”, relata Samuel Arregocés, víctima del desalojo y defensor de Derechos Humanos. La juez habría dado la orden de proceder pese a que El Cerrejón le había incumplido a la comunidad con el compromiso de reubicarlos con vivienda digna, servicios públicos (especialmente agua) y tierras productivas. Sin embargo, la empresa no le ha cumplido ni a la comunidad de Roche, ni al resto de las familias que ya han sido desalojadas.

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Debido a los pasos favorables que está dando la consulta popular minera en Ibagué, el Gobierno Nacional decidió enviar a la viceministra de Minas y Energía, María Isabel Ulloa, para defender ante el Concejo Municipal la política minera del Plan Nacional de Desarrollo. Durante la mañana de este viernes, se presentó la visita histórica de un funcionario del alto gobierno al Concejo Municipal de Ibagué. La razón principal es que por primera vez se está adelantando una consulta popular minera en una de las ciudades capitales del país y ello podría generarle inconvenientes a la ‘locomotora’ de Santos.

En su visita, Ulloa se dedicó a defender los proyectos mineros que existen en el Departamento con el mismo libreto que ha manejado el Gobierno Santos en diversos escenarios. Para la Viceministra, la minería es una actividad legítima que solo trae beneficios económicos para los territorios explotados.

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“El problema de todos los datos en Colombia es que son incompletos”, es lo primero que advierte el investigador colombiano Sócrates Herrera, director del Centro de Investigaciones Científicas Caucaseco, quien junto con un grupo de colaboradores se dio a la tarea de analizar el comportamiento de la malaria en zonas de actividad minera, legal e ilegal. Sus sospechas se confirmaron: los mineros podrían estar despertando un monstruo medio dormido.

Desde 2010 hasta 2013, los casos de malaria en el país han ido en descenso. Mientras en 2010 se registraron 117.000 casos, tres años más tarde se redujeron a 60.000. El problema que detectó Herrera y su equipo es que, al mirar más de cerca esas cifras positivas, hay algo que no anda bien. En algunos municipios del país las tasas de malaria están por las nubes. Y se trata precisamente de áreas donde la actividad minera se ha incrementado.

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Arhuacos, koguis, wiwas y kankuamos declararon en emergencia la Sierra Nevada de Santa Marta por la avalancha de solicitudes de proyectos minero-energéticos. Exigen al Gobierno una reunión de alto nivel.

Por distintos caminos y desde diversos puntos de la Sierra Nevada de Santa Marta llegaron el pasado 11 de febrero más de 150 indígenas hasta el poblado de Chemesquemena, a una hora y media de Valledupar. Querían analizar, reflexionar y proponer soluciones a un problema que los está afectando “espiritual, material y físicamente”. De acuerdo con sus cálculos, hoy existen 395 proyectos minero-energéticos con títulos o a la espera de licencia para operar dentro de su territorio.

La reunión comenzó sobre las 9 de la mañana y, con algunas pausas para descansar y comer, se alargó hasta el atardecer del sábado. Los líderes de los cuatro pueblos que cohabitan en la Sierra Nevada: kankuamos, koguis, wiwas y arhuacos, expusieron ante los delegados del Ministerio del Interior todo su descontento por la avalancha de proyectos que cruzan los límites de la famosa Línea Negra, un trazado que desde 1974 marca los límites de su territorio. Si atendieran una a una cada solicitud de consulta previa para estos proyectos, calculan, les tomaría unos 200 años terminar la tarea.

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