Hace pocos días se conocieron las lastimeras declaraciones del alcalde de Cajamarca Pedro Pablo Marín, difundidas ampliamente por los medios de comunicación. Según el alcalde, los resultados de la consulta popular que sentenció el fin del proyecto minero La Colosa de Anglo Gold Ashanti, provocará una debacle económica en su municipio por la pérdida de empleos y los recursos que aportaba AGA, la cual se transmitirá a los demás municipios que adelantan estas consultas.
Agrega el alcalde que “en Cajamarca ya se había creado una cultura en torno a la minería. Los habitantes dejaron la actividad agrícola. La estabilidad que generaba un salario creó una dinámica económica en el municipio” (Portafolio, 15 junio de 2017). Sin embargo, líderes de la región como Julio Roberto Vargas afirman que AGA no generaba más de 100 empleos, pero en cambio la expectativa del proyecto generó un aumento sustancial de los precios en la región, y que la verdadera crisis no es la minera sino la del campo.
Pedro Pablo Marín ganó la alcaldía de Cajamarca en marzo de 2017 por el partido de la U, con el apoyo del uribismo, lo cual no es de extrañar puesto que ambos gobiernos han sido férreos defensores de las transnacionales mineras y la confianza inversionista hacia ellas. Los colombianos recordarán la fuerte amistad del entonces presidente Uribe con los ‘buenos muchachos’ de Pacific Rubiales y cómo su exministro Hernán Martínez pasó a engrosar la nómina de estos timadores. En abril de 2012 el ministro Mauricio Cárdenas afirmó en un congreso de transnacionales mineras en Canadá que había nombrado a un viceministro para “mantenerlas felices”. En este mismo sentido se expresó el presidente Santos el 12 de mayo en el Congreso Nacional de Minería: “vamos a seguir trabajando con el sector para garantizar las mejores condiciones, de modo que puedan operar con tranquilidad, que puedan seguir creciendo”. ¿Alguien se imagina al presidente Santos dando este mensaje de tranquilidad a los agricultores, industriales o maestros del país?
En los últimos 6 años el sector mineroenergético,
no creó un solo puesto de trabajo nuevo, en cambio destruyó 33 000 empleos,
no por culpa de las consultas
Los reclamos del alcalde Marín y la supuesta preocupación del gobierno por el futuro del país si se aleja la inversión minera, no solamente son falsos sino que comprueban la incompetencia del recién posesionado alcalde local. En los últimos 6 años el sector mineroenergético, que representa el 6,4 % de la economía pero genera el 1 % del empleo nacional, no creó un solo puesto de trabajo nuevo, en cambio destruyó 33 000 empleos, no por culpa de las consultas.
Los supuestos beneficios de este tipo de minería, cacareados por las transnacionales por medio del engaño de la responsabilidad social empresarial y las nuevas concesiones otorgadas en el fast track de pagar los impuestos con obras, contradicen los resultados económicos, sociales, laborales y ambientales producidos en las zonas en donde operan.
Un alcalde menos pusilánime que Marín estaría pensando en cómo generar trabajo en una zona donde nace el río Bermellón, afluente del Coello, en cuya área hay 161 vertientes o drenajes que aportan importantes recursos hídricos a todo el Tolima. Si un alcalde, elegido con 1500 votos menos que los obtenidos por la consulta popular, no es capaz de aprovechar semejante riqueza natural, la próxima tarea de los cajamarcunos debe ser revocarlo por incompetente.
De las 50 mil hectáreas que calculan los mineros del Bajo Cauca, están degradadas por la explotación de oro a cielo abierto, los dueños de las tierras, la Reforestadora Industrial de Antioquia, RIA, Corantioquia y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, Usaid, ya han reforestado 8.000 hectáreas.
El municipio del Carmen de Chucuri, en Santander, avanza hacia la realización de la consulta popular minera tras el fallo a favor que otorgo el Concejo Municipal. Esta consulta busca evitar que se realicen actividades de exploración y extracción minera, en un territorio que consideran ha tenido vocación histórica agrícola y pecuaria.
Como un ‘baldado de agua fría’, fue asumido en Acevedo la decisión de la Administración Municipal de declarar no legal el Acuerdo Municipal 009 del 30 de mayo de 2017 del Concejó, que prohibía la minería e hidroeléctricas a gran escala. 
En 2015, el Tribunal Administrativo del Quindío determinó que la pregunta para la consulta popular sobre explotación minera metálica en el municipio de Pijao, era inconstitucional. Por lo tanto, se suspendió dicho proceso de participación ciudadana.
Por iniciativa del Presidente de la Asamblea Departamental del Tolima, Diputado Alejandro Martínez, se concretó la visita del Viceministro de Minas, Carlos Andrés Puente, prevista para el próximo martes 20 de junio, en Sesión Plenaria a las 8a.m.
A poco menos de un mes de la consulta popular en Pijao, Quindío, sus promotores continúan con el trabajo de socialización en las veredas del municipio. Esta es la primera que se realiza en el Eje Cafetero, que busca frenar la minería.
Los habitantes de la vereda El Carmen en el municipio de Cómbita, han denunciado los graves daños ambientales que presuntamente ha provocado la actividad minera en esa zona.
La empresa Gaia Energy tiene 5 títulos mineros para averiguar el contenido real de uranio sobre 10 mil 700 hectáreas en Caldas. Los pobladores de la vereda Alto San Juan en Berlín en ese departamento han denunciado que el residuo ocasionado por la exploración del mineral está afectando las fuentes hídricas de la quebrada Santa Marta que surte del líquido vital a la comunidad.