La semana pasada, la Corte Constitucional anunció una sentencia que busca solucionar uno de los principales problemas que ha enfrentado el Estado colombiano en los últimos años. Se trata de las consultas populares como mecanismo para prohibir proyectos de extracción en los territorios.

A la fecha, en el país se han realizado nueve consultas en municipios del Tolima, Casanare, Cundinamarca, Meta, Santander y Sucre. En todas, la pregunta a los pobladores era sencilla: ¿quieren que se realice un determinado proyecto extractivo? En todas, la respuesta contundente fue clara: no. En varias, además, esa decisión de los ciudadanos iba en contravía de contratos firmados entre el Gobierno nacional y multinacionales, que además contaban con autorizaciones por parte de las autoridades ambientales competentes. El resultado de todas, entonces, fue un choque de trenes sin solución aparente.

La Corte Constitucional acaba de entrar en ese debate; curiosamente, es una situación que el mismo tribunal ayudó a crear. En decisión con ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, la Corte estableció que las consultas populares no podrán usarse para frenar actividades mineras.

Para el tribunal, los recursos del suelo y el subsuelo pertenecen a la nación, por lo que el Gobierno nacional es el llamado a permitir ese tipo de proyectos extractivos. Este argumento, que fue empleado por la administración de Juan Manuel Santos en respuesta a las consultas y que es compartido por las empresas interesadas en los proyectos, es razonable pues está acorde con la Constitución.

Queda, no obstante, el sinsabor de que las autoridades locales sí están autorizadas para definir el uso del suelo. ¿Cómo, si no es con la consulta, pueden hacer valer ese derecho?

La Corte reconoció ese vacío y por eso señaló que no existen mecanismos de participación ciudadana para manifestar su oposición a este tipo de proyectos. Por eso, exhortó al Congreso para que defina uno o varios mecanismos de participación ciudadana e instrumentos de coordinación y concurrencia nación-territorio. ¿Estará el Legislativo a la altura o, como en tantas otras ocasiones, preferirá la inacción?

Aunque la sentencia soluciona una causa de tensión, la realidad es que persiste la frustración en la población. Por ejemplo, las consultas populares en el Sumapaz quedaron en vilo y no debe ignorarse la preocupación de los pobladores. Como dijo Patricia Rodríguez, líder social del Sumapaz: “Nosotros hemos apelado a todos los mecanismos de participación comunitaria, regidos por la Constitución; ya hemos hecho dos consultas populares en la región. Eso es un hecho histórico, porque es la primera vez que dos municipios de una misma región hacen consultas simultáneas. Por ello estamos a la espera de lo que pueda pasar con la decisión de la Corte”.

¿Qué hará el Gobierno nacional para tomar decisiones coordinadas con estas comunidades locales? La solución no puede ser imponer la voluntad a la fuerza, creando sólo más tensiones y quitándoles a las regiones la posibilidad de tomar decisiones sobre su territorio.

Fuente:https://www.elespectador.com/opinion/editorial/la-mineria-y-las-consultas-populares-articulo-818101.

El ‘No’ a la minería ha ganado en nueve municipios colombianos a través de consultas.

Los ambientalistas del departamento del Tolima se mostraron sorprendidos y hasta ‘preocupados’ luego que la Corte Constitucional resolviera una tutela a favor de la multinacional Mansarovar Energy, la cual pedía se tumbara una decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Meta, que permitió que siguiera adelante una consulta popular que terminó frenando la extracción de petróleo en Cumaral.

Robinson Mejía, integrante del Comité Ambiental del municipio de Cajamarca, donde los ciudadanos en marzo de 2017 dijeron no a la minería a través del mecanismo de la consulta popular, afirmó que “la Corte Constitucional ha hecho un proceso de regresión al derecho a la participación de las comunidades en temas minero energéticos ya que quiere restringir las consultas, y eso viola tratados internacionales en materia de derechos”.

Aseguró que la sentencia de la Corte “desconoció sus propias jurisprudencias” y agudiza el conflicto en los territorios con proyectos mineros como el Cajamarca, “porque al quitar la posibilidad de resolver los conflictos de manera democrática, lleva a que los ciudadanos acudan a las vías de hecho”.

Aclaró que la sentencia no tiene incidencia en la consulta de Cajamarca, “pero sí nos pone en alerta porque tras esta decisión van a querer invalidar las demás consultas”.

También considera que la magistrada ponente, Cristina Pardo, “está impedida para tratar el tema” por haber hecho parte del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y “haber promovido decretos que limitaban la consulta popular”.

Luis Carlos Hernández, integrante de la ONG Ecotierra, en Tolima, señaló que “respetamos la sentencia de la Corte Constitucional, pero no la compartimos porque desconoce la soberanía constitucional del pueblo a decidir en las urnas el futuro de su territorio”.

Acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, para buscar que les garanticen el derecho constitucional a gozar de un ambiente sano consagrado en el artículo 79 de la Constitución de 1991.

“Pediremos se dicten medidas cautelares inmediatas en cuanto a la protección de la consultas popular para minería en Colombia”, dijo.

El ambientalista considera que «el país pasó de una Corte liberal, en el sentido del reconocimiento de los derechos fundamentales, a ser una Corte conservadora, pues restringe derechos fundamentales, como pasa ahora con la sentencia de Cumaral, en Meta”.

Aseguró que el Estado es dueño del suelo, y la Nación del subsuelo, “pero los ciudadanos que vivimos en los municipios también somos dueños del subsuelo y, además, tenemos el derecho a decidir sobre el uso de los recursos naturales no renovables, a través del mecanismo de la consulta popular”.

Considera que las consultas en Cajamarca y Piedras no se verán afectadas por esta sentencia pues no es retroactiva y, según él, fueron realizadas ajustadas a la Constitución y las leyes 134 de 1994 y 1757 del 2015 que reglamentaron los mecanismos de participación ciudadana.

Recordó que el No a la minería ha ganado en 9 consultas realizadas en Piedras y Cajamarca (Tolima), Tauramena (Casanare), Cabrera y Arbeláez (Cundinamarca), Cumaral (Meta), Pijao (Quindío), además de Sucre y Jesús María (Santander).

También señaló que el domingo 21 están programadas consultas mineras en Fusagasugá y San Bernardo, en Cundinamarca.

Fuente:https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/ambientalistas-hablan-sobre-decision-de-la-corte-sobre-consultas-mineras-280184

Con tristeza, el Comité de la Consulta Popular contra la minería en Córdoba recibió la noticia del fallo de la Corte Constitucional que «inhabilita» las consultas para prohibir la minería en los territorios.

No obstante, sus voceros consideran que después del fallo del alto tribunal, la defensa del territorio se puede realizar en escenarios internacionales. Así lo explicó, Carlos Gómez, miembro del Comité de la Consulta Popular contra la minería en Córdoba.

«La Corte Constitucional es el tribunal de cierre; es decir, la máxima instancia en Colombia, se quedan abiertas las puertas para acudir a tribunales internacionales y ese va a ser el escenario en el que vamos a estarnos moviendo. Por supuesto, la movilización y la resistencia desde los territorios en defensa del municipio, creando alternativas productivas», dijo.

Gómez precisó que una de las primeras acciones será en Paris, Francia, donde se socializará la situación de Córdoba en el marco del Foro de Paris sobre la paz entre el 11 y el 13 de noviembre a través de la cooperativa Territorio Nuestro y su proyecto productivo.

«Desde donde vamos a hacer resistencia muy fuertemente, (…), va a hacer en el Foro de Paris sobre la paz que se va a realizar del 11 al 13 de noviembre: allí Córdoba, Quindío, va a ser Colombia”, sostuvo.

“Entre miles de propuestas que se presentaron a ese foro solo se seleccionaron 120 entre las cuales está la de Córdoba, Quindío. Son proyectos productivos, donde estamos diciéndole a Colombia y al Mundo y a nuestros gobernantes que nuestro tesoro realmente más allá de cualquier mineral precioso es el agua; la biodiversidad es la vida y particularmente nuestro producto estrella el bambú – guadua”, agregó.

Cabe recordar que en el Quindío, además de Córdoba, los ciudadanos de Salento, Calarcá y Génova están pendientes de realizar consultas. Y Pijao, ya la había realizado el año anterior haciendo valer su derecho de prohibir proyectos mineros en su territorio.

En el Quindío, los voceros de la Consulta Popular contra la minería en Córdoba también se manifestaron a la expectativa de las consultas que se realizarán el 21 de octubre en los municipios cundinamarqueses de San Bernardo y Fusagasugá.

Fuente:https://www.bluradio.com/regionales/en-quindio-buscaran-escenarios-internacionales-para-proteger-tierras-de-la-mineria-193405-ie430

La Corte Constitucional determinó que las consultas populares no pueden frenar proyectos de minería extractiva en donde se realizan porque el subsuelo es propiedad del Estado, decisión que no afecta a las que ya se hicieron.

La decisión la adoptó la Sala Plena de la Corte Constitucional al resolver una tutela interpuesta por la empresa Mansarovar Energy Colombia Limitada, que buscaba hacer sísmica en la población de Cumaral, en el departamento del Meta, para buscar hidrocarburos.

Sin embargo, la decisión de la Corte deja con validez la consulta popular que se votó a mediados del año pasado en Cumaral, en la que con 7 mil 703 votos el 97% de la población decidió que no quería más la explotación de hidrocarburos en su territorio.

Para Mansarovar era claro que no se podía prohibir la minería a través de una consulta popular, porque no es potestad de las entidades territoriales decidir sobre el subsuelo.

Fuente:https://www.lapatria.com/nacional/consultas-populares-se-quedan-sin-frenar-mineria-424865

La multinacional minera Minesa, suspendió sus operaciones en el municipio de California, en Santander, para garantizar la seguridad de sus trabajadores, la cual asegura se está viendo afectada por alteraciones de orden público en áreas cercanas al proyecto de extracción de oro ‘Soto Norte’, por cuenta de una protesta que adelantan habitantes de esta localidad, ubicada en inmediaciones del páramo de Santurbán.

“El bloqueo de una vía en el sector conocido como Tronadora, impide desde el pasado 2 de octubre el normal desarrollo de las actividades en el área. La mayoría de los trabajadores que se encontraba en el campamento, debieron ser evacuados con el apoyo de la Fuerza Pública”, precisó en un comunicado la compañía de propiedad del fondo de inversión y desarrollo Mubadala, del emirato de Abu Dhabi.

Los manifestantes le piden al Alcalde y al Concejo de esa población que aprueben una consulta popular para rechazar los proyectos mineros de estas empresas, a las que acusan de afectar el medioambiente sin tener licencia ambiental.

Piden además que se les respete el derecho a la minería artesanal y ancestral que han desarrollado por más de 400 años.

“Adelantamos la protesta porque queremos que Minesa se vaya de California. Reclamamos el territorio para los mineros ancestrales. Además porque han secado las fuentes hídricas”, señaló Wendy Salamanca vocera de la protesta.

Minesa pretende desarrollar durante 23 años el proyecto de explotación de oro, hecho que ha generado el rechazo de sectores sociales de Bucaramanga y su área metropolitana, que advierten sobre el costo ambiental que acarrearía la extracción del metal precioso en ese sector del páramo de Santurbán, que provee de agua a cerca de 2,5 millones de personas.

El pasado mes de marzo la multinacional minera retiró la solicitud de licencia ambiental que tramitaba ante la Anla (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales).

La solicitud había sido radicada en agosto de 2017. Para ello, la empresa presentó un Estudio de Impacto Ambiental del proyecto (EIA).

En el mes de diciembre, tras dos visitas técnicas en la zona, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales le trasladó a la multinacional 83 requerimientos de obligatorio cumplimiento que debían ser ajustados dentro del EIA presentado.

El tema del recurso hídrico fue uno de los aspectos en los que la Anla hizo mayor énfasis. Pidió a Minesa ajustar el programa de manejo de agua con el fin de incluir las medidas que garanticen la disponibilidad del recurso hídrico para todos los usos, usuarios y servicios ecosistémicos que puedan verse afectados por el desarrollo del proyecto.

Minesa aún no radica un nuevo Estudio de Impacto Ambiental del proyecto con el que se daría inicio a un nuevo trámite de solicitud de licencia ambiental.

Fuente:https://m.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/pobladores-de-california-en-santander-piden-salida-de-minesa-278520

Las comunidades en San Lorenzo continúan adelantando procesos para expresar su rechazo a la llegada de multinacionales mineras. Los poblares se preparan para participar de la consulta popular minera que se llevará a cabo en noviembre de este año.

Las autoridades locales confirmaron que se pactó la fecha para llevar a cabo la consulta popular minera en ese municipio. Las comunidades están convocadas para el 25 de noviembre de este año.

El secretario de Gobierno, Luis Fernando Moreno, manifestó que actualmente se trabaja en la conformación de unas mesas en todos los corregimientos del municipio, para impulsar la campaña de la consulta.

“Las comunidades ya se han manifestado, le estamos diciendo no a la gran minería. En varios de nuestros corregimiento de han hechos estas mesas y hay entidades que se están sumando a voz en contra de la minería a gran escala”, manifestó el funcionario.

De acuerdo con las declaraciones del secretario, se busca que todos los sectores del corregimiento, sean propios o extraños se unan a las voces que apoyan esta iniciativa. Personas de otros municipios como La Unión, Taminango, han manifestado su deseo de respaldar esta consulta.

“Los menores de 14 años de edad en adelante van a poder votar, como una forma de poner su voz frente a lo que está pasando en el municipio. Esta es una situación que nos va afectar a todos”, declaró.

Aunque no tiene el apoyo de la registraduría, el secretario manifestó que es una consulta legítima puesto que tiene el apoyo de la Administración municipal. El Gobierno Nacional no avaló la propuesta que presentó la Alcaldía.

“Hicimos varios intentos desde el punto de vista legal, pero no fue posible por el tema de financiación  de la logística, creo que se necesitaba un presupuesto de 32 millones, teniendo en cuenta otras que se han hecho en otros municipios”, declaró.

El proceso que se llevará a cabo en San Lorenzo será financiado con recursos propios del municipio, quienes se están haciendo cargo de todo el proceso que conlleva poner en marcha este ejercicio democrático.

Fuente:http://diariodelsur.com.co/noticias/local/lorencenos-preparan-consulta-minera-467196

Llegaron desde todos los rincones de Colombia. A eso de las 12:30 del mediodía del 2 de octubre, 47 campesinos, vestidos con cascos amarillos y camisetas que decían “Anglo Gold Ashanti”, rodearon con una cinta amarilla la cara del Palacio de Justicia que da a la Plaza Bolívar.

Antes, Renzo Alexander García, el vocero del Movimiento Nacional Ambiental, y otros integrantes de esa organización, les daban instrucciones a los delegados de más de 100 organizaciones ambientales, sociales y campesinas que organizaron el acto simbólico.

-Tienen que mostrarse serios, rígidos, dar la señal de que nadie puede pasar-, les decían.

Estaban nerviosos. Para muchos era la primera vez que abandonaban la protesta tradicional, con arengas y pitos y palmas y otros cuerpos cercanos marchando, para pararse solos en el centro de Bogotá y denunciar lo que para ellos es la captura del poder legislativo por parte de las empresas mineras y petroleras.

“Hoy hemos hecho un encerramiento simbólico del Palacio de Justicia y de la Corte Constitucional, demostrando que esa Corte se encuentra capturada por el poder corporativo y los intereses tras nacionales. Vinimos a denunciar que el sector extractivo es quien le están diciendo a la corte que reviertan los derechos fundamentales de los colombianos para favorecer a los intereses particulares”, dijo Renzo García.

Su protesta tenía tres destinatarios específicos: los magistrados Alejandro Linares, María Cristina Pardo y Diana Fajardo. Para los líderes ambientales, los tres deberían declararse impedidos, pues tienen vínculos con el gremio minero y petrolero, o ya se han manifestado en contra de las consultas, dice García.

Y es que la Corte hoy estudia una tutela que podría frenar de un tajo la ola de consultas populares que se oponen a proyectos mineros y petroleros en el país, y que inició con Cajamarca. La tutela, interpuesta por Mansarovar Energy, le exige al estado que le cumpla el contrato para explotar petróleo en Cumaral, que el año pasado, a través de una consulta, le dijo NO al petróleo. Todo el gremio minero -incluido el Ministerio de Minas- respaldan a la empresa.

El actual presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, fue vicepresidente jurídico de Ecopetrol hasta 2015, cuando la llamada “puerta giratoria” lo llevó hasta la Corte.

Apenas en junio del año pasado, en una intervención en el Congreso Nacional de Minería, Linares dijo que, en temas de conflictos entre derechos ambientales versus la explotación minera, “ con la nueva corte este va a ser un tema que vuelva a su cauce natural, en la medida en que la mayoría de los nuevos elegidos son copartidarios de Luis Emilio Sierra (ex senador conservador, promotor de un nuevo código de Minas). Son gente más sensata y menos progresista”.

Con los nuevos elegidos, Linares se refiere a las otras dos magistradas que los campesinos y líderes ambientales piden se declaren impedidas: Diana Fajardo y Cristina Pardo. “Diana Fajardo, desde la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, se manifestó una y otra  vez contra la capacidad vinculante de las consultas”, expresó García.

Por su parte, el vocero recuerda que cuando Pardo era secretaria jurídica de la Presidencia, desde el Palacio de Nariño se emitieron dos decretos que eventualmente el Consejo de Estado tumbó por violar derechos fundamentales:  el 2691 de 2014, en el que los municipios debían demostrar, en el lapso de tres meses, por qué no querían minería, y, de no hacerlo, se asumía como una aceptación de ese tipo de actividades en el territorio.

El segundo, emitido un año antes (934 de 2013) prohibía a las autoridades locales y regionales de establecer zonas excluidas de la explotación minera de manera permanente o transitoria. Ambos decretos, como cualquier otro, pasaron por la lupa y la aprobación de Pardo antes de que el expresidente Santos estampara su firma en ellos.

Pardo fue la encargada de redactar el fallo que, de ser aceptado, limitaría seriamente la capacidad de las tutelas de frenar la minería en los territorios. Tal como reveló El Espectador, su propuesta de fallo dice que las consultas populares deben tener en cuenta que el Estado es el propietario de los recursos del suelo y el subsuelo de la nación, lo cual trasciende los intereses regionales y municipales. Mejor dicho: que lo que se decida en los municipios no puede interferir en los planes del gobierno central.

La propuesta de fallo, si bien reconoce que no hay otras vías legales para que las comunidades se opongan a estos proyectos, resuelve esa controversia dando dos años para que el Congreso expida esa regulación “de vital importancia ambiental y social para el país”. Así, si se aprueba, la consulta popular de Cumaral quedaría sin efecto y, de paso, todas las demás.

“Ellos insisten en una visión en la que plantean que el subsuelo es el estado. Pero es que el estado no solamente es el presidente y el ministro, ni las agencias ambientales y de minería, el estado implica esos sectores, pero también los alcaldes, los gobernadores, los concejales, los diputados y la ciudadanía. Nosotros también somos dueños del subsuelo, somos copropietarios del subsuelo, luego tenemos una voz y poder de decisión frente a estos proyectos mineros y petroleros”, dice Renzo García.

Hoy, reunidos en el Palacio de Justicia, los magistrados siguen estudiando la tutela, y decidirán sobre los posibles impedimentos de los tres magistrados. ¿Habrán escuchado los cánticos del lunes que les exigían “Consultas para tener voz”?

Fuente:http://blogs.elespectador.com/actualidad/el-rio/comunidades-pais-protestan-derecho-la-consulta-popular

Francia Márquez, premio Goldman a la defensa del medio ambiente, lidera la movilización de las comunidades afrodescendientes de Colombia que rechazan el extractivismo minero

Habla Francia Márquez (36 años), la mujer que ha puesto en jaque laminería ilegal de Colombia, y es como si lo hiciera un personaje deLas venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Esta joven afrocolombiana, descendiente de personas esclavizadas, es la ganadora del premio Goldman 2018, prestigioso galardón que reconoce a los defensores de la Naturaleza. En un encuentro con periodistas, denuncia el asedio a las comunidades del suroeste de Colombia que se resisten a la presión minera. Resumimos sus palabras.

¿Qué está pasando con la minería de oro en Colombia?

Desde el 2008, ha irrumpido la minería a gran escala. Se han otorgado títulos de explotación minera en nuestro territorio, lo que ha hecho que comunidades como La Toma, que es la mía, haya estado en riesgo de desplazamientos forzados por la concesión de estos títulos mineros.

¿Y qué han hecho?

Pedimos amparo administrativo para evitar ese desalojo en el 2009. Nos hemos organizado para evitar ser desplazados, pero hemos tenido una presencia exagerada de actores armados en el departamento de Cauca, habitada por indígenas y afrodescendientes. El conflicto armado nos ha afectado de manera enorme. Ocurre no sólo en Cauca, sino en toda la región del Pacífico.

¿Cómo empezó el conflicto?

se ha promovido la idea de que Colombia es un país para la minería; eso ha generado un conflicto socioambiental. La minería ilegal se ha disparado. En el 2014, hicimos una marcha hasta Bogotá para denunciar que la minería ilegal que la minería había llegado a nuestro territorio; pero nadie había parado las retroexcavadoras. En ese momento, en nuestro departamento había 2.000 excavadoras trabajando en la minería.

¿Qué consecuencias ambientales se han ocasionado?

El mercurio contamina el agua que bebe la gente. La población está consumiendo agua que tiene entre 50 y 1.000 partículas de mercurio por millón, y esto es un genocidio. Este es el departamento donde nacen la mayoría de ríos del país. En nuestro país 80 ríos están envenenados con altos niveles de mercurio. Se ha desarrollado un movimiento muy fuerte en favor de la defensa del territorio y del medio ambiente y para reivindicar los derechos básicos en una región muy olvidada.

¿Cómo ha influido este conflicto en su comunidad?

La comunidad se ve amenazada por la contaminación del agua y por el desplazamiento forzado debido a los conflictos armados por las disputas territoriales de recursos y de recursos en el hábitat propio de ecosistemas que compartimos quienes vivimos en esas zonas. En ellas, la presencia del Estado no llega con suficiente contundencia para los pobladores de las regiones más apartadas, donde el desplazamiento forzado se produce por esa contienda.

Usted fue la dirigente de esa movilización…

Las mujeres del norte del Cauca hicimos la movilización para evidenciar los conflictos sociales y ambientales de la minería. Mucha gente estaba muriendo en la mina, sepultados por los aludes de tierra que se caían. Además, alrededor de las minas se estaba promoviendo prostitución, a veces con menores de edad. Por eso, decidimos salir a defensa de la vida y del territorio. Tras un mes llegamos a Bogotá. Entramos en el Ministerio de Interior, nos dijeron que éramos una amenaza para la seguridad nacional. Les dijimos que pagamos impuestos y que veníamos a que nos cuidaran.

¿Qué está pasando ahora?

Hay una gran resistencia en las comunidades. Pero los conflictos han acabado con el asesinato masivo de líderes y lideresas los últimos años. Se estigmatiza a las comunidades vinculándolas a la guerrilla, con lo que hay gente que acaba siendo asesinada; se justifican así el asesinato.

¿La ley reconoce los derechos de su comunidad?

Nuestros ancestros fueron traídos en condiciones de esclavitud en 1636. Pero sufrimos un racismo estructural. La Constitución reconoce que este es un país con una diversidad étnica y cultural; pero la ley de 1993 (que reconoce la comunidad afrocolombiana) no ha sido plenamente implementada. No obstante, la Corte ha reconocido el derecho a ser consultados de manera previa; por eso, ordenó suspender varios títulos mineros que se habían entregado a empresas multinacionales

¿Y qué dice el Gobierno?

Hay convenios internacionales de comercio y, al ser suspendidos los títulos mineros, las empresas demandan al país. Pero son convenios hechos sin consultar a los pueblos. Eso para nosotros es un amenaza. Quieren suspender el derecho fundamental a la consulta previa.

Se nos acusa de oponernos al desarrollo.Queremos vivir donde siempre hemos vivido. Pensamos en el buen vivir, en preservar el medio ambiente para las futuras generaciones del país.

¿Puede moverse con seguridad, teme por su vida?

Tengo un esquema de seguridad de dos personas. Soy madre cabeza de familia, tengo dos hijos, y no ha sido fácil para mi familia asumir parte de esta lucha. Me tocó irme a la ciudad hace tres años y, aunque he vuelto alguna vez, no me puedo quedar a vivir allí. Soy una mujer afrocolombiana y eso implica que nos ha tocado luchar. Pero todo esto empezó desde que mis ancestros fueron esclavizados. Quisiera que a la próxima generación no le toque luchar, sino disfrutar de la vida.

Fuente:https://www.lavanguardia.com/vida/natural/20181002/452133996802/francia-marquez-premio-goldman-2018-contaminacion-mineria-colombia.html

La Misión de Observación Electoral (MOE), denunció un posible ‘mico’ que se habría metido a última hora en el presupuesto general de la Nación. Se trata de un artículo que dictaminaría que las consultas populares serán financiadas por los municipios y departamentos y no por el Gobierno y la Registraduría, hecho que para la MOE, podría acabar con este mecanismo democrático.

Felipe Jiménez, integrante de la MOE, aseguró que el Gobierno junto con algunos congresistas, se pusieron de acuerdo para meter un artículo que afirma que, «de ahora en adelante, las consultas populares departamentales y municipales, deberán ser costeadas y financiadas por los municipios y departamentos», provocando que la gran mayoría de consultas no se puedan realizar, porque los entes territoriales no tendrían ni los recursos, ni los incentivos para costear estos mecanismos.

Además, Jimenéz expresó que este artículo, derrumbaría un proceso democrático, debido a que la puesta en marcha de las consultas populares se vería supeditada a los intereses de las alcaldías y si estas no quisieran hacerlas, podrían excusarse en la falta de recursos para no llevarlas acabo.

El conejo a la participación social

Para Jimenéz, que este artículo se haya metido a última hora en el Presupuesto General de la Nación (PGN) genera «mala espina» y puede interpretarse como una oportunidad para hacerle «conejo a la participación ciudadana».

En esa medida, aseveró que la democracia tiene un costo y hay que asumirlo, «porque de lo contrario se estaría limitando la participación y haciendo caso omiso a los deberes y derechos que están consagrados en la Constitución». (Le puede interesar: «¿Por qué las Consultas Populares están en riesgo?»)

Asimismo, recordó que el PGN será prontamente votado en plenaria de Senado y Cámara, razón por la cual organizaciones sociales deberán hacer un gran trabajo de incidencia para que se retire este artículo que sería perjudicial para la democracia del país.

¿Cómo financiar consultas populares, economizando costos?

La MOE manifestó que el principal argumento de los congresistas y del gobierno para colocar este artículo es que no se sabe cuánto presupuesto se necesita en Colombia para financiar las consultas, porque no se puede establecer cuántas se realizarán.

Sin embargo, Jiménez sostuvo que si se generaran fechas específicas para realizar las consultas, es decir, un día semestralmente en que se convoquen las consultas aprobadas, se podría ahorrar costos y establecer un presupuesto mucho más concreto para este mecanismo. (Le puede interesar: «¿Qué pasará con las consultas populares en Colombia?»).

Durante el 2017 se celebraron siete consultas populares todas alcanzaron el umbral y las votaciones contra el extractivismo vencieron la opción favorable por más del 95% en todos los casos.

Las Consultas Populares contra la minería y el petróleo han descubierto una ciudadanía crítica y propositiva que demanda escenarios de participación para tomar decisiones sobre su territorio, especialmente sobre la protección del agua y la naturaleza. También se han convertido en un instrumento de reafirmación identitaria alrededor de la tradición campesina y agraria de la región andina y llanera.

Los resultados son incontrovertibles, de nueve consultas realizadas, nueve han resultado victoriosas. Todas alcanzaron el umbral y las votaciones contra el extractivismo vencieron la opción favorable por más del 95% en todos los casos, e incluso superaron la votación de los alcaldes electos en 8 de los 9 municipios, exceptuando Tauramena. De las 9 consultas adelantadas, 7 se celebraron sólo en el año 2017; una bola de nieve de autonomía y democracia directa que se cierne sobre las locomotoras del “desarrollo” extractivista.

El gobierno, sin más recursos legales, optó por una salida: el presupuesto. En una interpretación sui generis que contradecía la propia conducta del Ministerio de Hacienda y de la Registraduría en las consultas populares celebradas con anterioridad, el gobierno alegó que las consultas de los niveles locales y departamentales debían ser financiadas por los propios entes territoriales. En la práctica, esta decisión política ataba el derecho fundamental a la participación a la disponibilidad presupuestal de los municipios.

Pero su jugada fue más audaz. Al presentarlo como un conflicto de competencia inhibió a los municipios de financiar a muto propio las consultas hasta tanto este conflicto no fuera dirimido, decisión que continúa pendiente en el Consejo de Estado. La Registraduría, no tuvo otra opción que solicitar a los alcaldes abstenerse de fijar fecha para celebrar las consultas populares que ya habían agotado todo el proceso que atraviesa las diferentes ramas del poder público: alcaldía, concejo municipal, tribunal administrativo. En la provincia del Sumapaz quedaron en vilo las consultas de San Bernardo, Pasca y Fusagasugá, y al menos otras 10 se encuentran pendientes a nivel nacional.

Ante esta situación, Territorios de Paz (TERREPAZ) una articulación de profesionales y colectivos de investigación, en coordinación con líderes y lideresas comunitarias de San Bernardo y Fusagasugá, elaboraron 2 acciones de tutela, una para cada municipio, que alegaron la violación del derecho a la participación y a la igualdad.

La primera en ser fallada favorablemente fue la de San Bernardo. En sentencia de segunda instancia del 15 de junio de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la interpretación hecha por el Gobierno del artículo 33 de la ley 1757 de 2015 según la cual esta norma le asignaría una responsabilidad fiscal a los municipios de financiar las consultas promovidas desde el nivel local.

El Tribunal concluyó que el factor económico no puede ser una traba para el ejercicio de los derechos ciudadanos, especialmente los que involucran el ejercicio de la soberanía  popular, y que la interpretación del Gobierno hace un “análisis sesgado  y restrictivo de las normas” que constituiría una limitante para el ejercicio de la democracia participativa, especialmente para municipios débiles económicamente, trasladando la decisión de la consulta popular de la autoridad pública al ordenador del gasto.

Sobre esas consideraciones, el Tribunal le otorgó 15 días a la Registraduría para solicitar al Ministerio de Hacienda los recursos para la consulta popular de San Bernardo. Y una vez hecha la solicitud, el Ministerio contaría con 10 días para girarlos.

El 15 de julio de 2018 el Juzgado 53 Administrativo de Bogotá llegó a la misma conclusión en relación con Fusagasugá y adoptó idéntica orden. El juez reafirmó que existiendo una tensión entre el derecho fundamental a la participación ciudadana y el principio de legalidad del gasto, en la ponderación el segundo debe ceder ante el primero.

No obstante, sólo hasta el 13 de agosto la Registraduría recibió una respuesta positiva del Director General del Presupuesto Público Nacional, aprobando los recursos necesarios para realizar las consultas populares de Fusagasugá y San Bernardo, y también la revocatoria de mandato del Alcalde de La Calera. Aunque la consulta popular del municipio de Pasca se encontrara en la misma situación que la de sus vecinos sólo que sin fallo de tutela, el Ministerio de Hacienda no le ha asignado recursos.

Los alcaldes de los 2 municipios sumapaceños, en acuerdo con las organizaciones promotoras, decidieron convocar a la ciudadanía para el próximo domingo 21 de octubre. Ese día, tras haber sido congeladas por más de un año a voluntad del gobierno, los habitantes de Fusagasugá y San Bernardo harán historia nuevamente y se darán cita para aprobar o reprobar las actividades de exploración/explotación petrolera y minera en sus territorios.

Recién se conformaron los comités de impulso que harán campaña por el “No”, su consigna es una apuesta ciudadana por la vida, la defensa del territorio y la vocación campesina, más allá de cualquier distingo político. El gobierno responde con la inclusión de un “mico” en el proyecto de Presupuesto Nacional 2019 que le daría piso legal a su posición frente al presupuesto de las consultas populares.

Impulsadas por los colectivos que han abanderado la defensa de la ecorregión del Sumapaz como Nuestro Páramo, Guacaná, Gusta Guchipas, Veeduría Ambiental y Tierra Libre, se esperan jornadas intensas de pedagogía en barrios y veredas, y los acostumbrados cierres culturales que envíen el mensaje de que cuando es el pueblo quien decide, el pueblo se alegra, canta, baila y hace fiesta. Las consultas son apenas un peldaño de una tarea más profunda, el ordenamiento comunitario del territorio es allí donde los conocimientos campesinos se ponen a prueba con las decisiones colectivas.

En el siglo de la democracia participativa, será un 21 de octubre cuando la gente del común le vuelva a decir a sus gobernantes: nunca más sin nosotras, nunca más sin nosotros ¡Agua sí, Petróleo No!

Fuente:https://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-regreso-de-las-consultas-populares-articulo-814187