Cifras de la Contraloría General de la República indican que en Colombia existen 9.594 títulos vigentes para la explotación minera, que representan más de 5 millones de hectáreas utilizadas para esta actividad. Al menos el 59 % del territorio colombiano está otorgado en concesión o tiene solicitudes mineras pendientes y solo cerca de 3 millones de hectáreas se usan para la agricultura.

En los conflictos ambientales de Colombia existen expresiones de violencia permanentes cuando se imponen proyectos de extracción minera. La afectación de las fuentes hídricas, el desplazamiento de la población, el daño a los ecosistemas, la ruptura de los tejidos sociales en los territorios, la corrupción del ejercicio de la política y su transformación, todas ellas también son formas de violencia.

Para Jorge Mario Vera, investigador de la Universidad del Tolima y con 6 años de trabajo en asuntos de conflicto ambiental en el país, la conflictividad se origina bajo la demanda energética y mineral de las economías de Estados Unidos, China, Japón, India, Rusia y Europa occidental. La extracción de oro, carbón, níquel y esmeraldas son los minerales estratégicos que buscan las empresas transnacionales.

Lo que vuelve a Colombia el foco de recursos minero-energéticos, es que “tenemos más conservados los recursos y la riqueza natural, ya sea por la intervención de las comunidades o porque no contamos con los avances tecnológicos para la explotación de los recursos”, agrega Vera.

El Atlas de Justicia Ambiental Global, una de las fuentes de conflictividad ambiental, indica que Colombia es el segundo país en el mundo donde se han denunciado más conflictos de esta índole, 128 casos han sido reportados hasta la fecha, sectorizados sobre las tres cordilleras.

52 son los asuntos reportados por explotación minera en el país en la actualidad, que representan el 40,6% de las denuncias, y el 59,4 % restantes son casos que tienen que ver con el sector hidroeléctrico, actividad de hidrocarburos, ecoturismo, concentración de tierras y expansión urbana.

Hay títulos para proyectos mineros sobre 300 mil hectáreas en territorios de pueblos indígenas y 44 mil hectáreas en tierras de comunidades afrodescendientes. De igual forma son 34 los títulos mineros vigentes otorgados dentro de la jurisdicción de Parques Nacionales Naturales.

Con respecto a la reciente decisión de la Corte Constitucional, según la cual las consultas populares no podrán vetar proyectos mineros y de hidrocarburos, Vera califica como un “desacierto total” el fallo de ese organismo, porque vulnera la autonomía que tienen las comunidades en los territorios e favorece los alcances del Estado sobre los recursos del suelo.

“Considero que esta decisión puede generar un exacerbamiento de la conflictividad en los territorios, dado que los escenarios de las consultas populares habían permitido zanjar esas disputas alrededor del ejercicio democrático y de participación de las comunidades. Entonces es absolutamente desafortunada, no contribuye a la construcción de una paz sustentable, como ha sido el anhelo del pueblo”, subraya Vera.

Aunque la corte considere que no existan más los mecanismos participativos para manifestar oposición a estos proyectos, la decisión no zanjaría las luchas sociales por los territorios. “Al negárseles y cercenárseles este recurso, las comunidades no se van a quedar quietas y muy probablemente van a buscar otros mecanismos, que uno desearía que fueran en el marco de la Constitución y de la ley”, añade Vera.

¿Por qué la minería es el epicentro del conflicto ambiental del país?

Si bien existen sectores que defienden –a ultranza– que la explotación minera es la vía para el desarrollo social y económico, la actividad demuestra lo contrario. La experiencia del extractivismo en Colombia está vinculada al saqueo, despojo, injusticia y muerte de los pueblos donde se ha implementado.

La Contraloría indica que el “80% de las violaciones a los derechos humanos que ocurren en Colombia, se presentan en los municipios minero-petroleros; el 87% del desplazamiento forzado sale de estos municipios; el 78% de los crímenes contra sindicalistas; 89% contra indígenas y 90% contra afrodescendientes se cometen en áreas minero-energéticas”.

La explotación minera, considerada nociva por los habitantes de los territorios, no ha mejorado las condiciones de pobreza y generación de empleo, pero sí afecta los recursos naturales, alimentarios e hídricos de las comunidades. Hay coincidencia entre las regiones de explotación minera con aquellas en las que se ha intensificado el conflicto armado, el desplazamiento forzado y la violencia contra las mujeres.

La minería ilegal en la extracción del oro está financiando las actividades delincuenciales de grupos armados y organizaciones ilegales nacionales e internacionales. El Cartel de Sinaloa, para citar un ejemplo, es uno de los mayores promotores de esta actividad en Colombia.

Finalmente, los parámetros de concesión y regalías acordadas con las empresas han condicionado el aprovechamiento de las ganancias de la actividad que más rentas ofrece en el mercado internacional. Igualmente, ha encontrado influencia en funcionarios del Estado y líderes políticos para afianzar intereses colectivos.

Fuente:http://www.uniminutoradio.com.co/la-mineria-epicentro-del-conflicto-ambiental-en-colombia/

Juan Carlos Galindo le consultó al alto tribunal qué se debe hacer con las consultas ya iniciadas que tendrán lugar en los próximos días. San Bernardo y Fusagasugá son los dos municipios que tienen elecciones ya convocadas.

La sentencia de la Corte Constitucional sobre consultas populares generó una enorme controversia, y a su vez dejó muchas preguntas en el aire. Una de ellas es qué sucederá con los procesos que se adelantan en más de 130 municipios que habían solicitado convocar a sus ciudadanos para que definieran la suerte de proyectos mineros y de hidrocarburos.

El primer grito respecto a esa suerte lo puso este martes el registrador, Juan Carlos Galindo.

El futuro de las consultas populares se convirtió en una de las grandes incóginitas del país después de que la Corte Constitucional resolvió el entuerto generado para las industrias extractivas por dos decisiones adoptadas por ese tribunal en 2014 y 2016. Habían creado tal grado de confusión entre los empresarios de petróleo, gas y minería que tenían frenada la inversión y decenas de proyectos en el limbo.

En una carta enviada al presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, el registrador Galindo le preguntó a la corte qué pasará con las consultas que ya están programadas. «Considerando que desde hace varias semanas se vienen adelantando las gestiones administrativas necesarias para efectuar las consultas populares respecto a la explotación de hidrocarburos y minería en los municipios de Fusagasugá, y San Bernardo en el departamento de Cundinamarca, que se llevará a cabo el 21 de octubre, de manera respetuosa, requerimos nos informe si en el referido fallo existe algún pronunciamiento respecto de la organización y validación de las consultas indicadas», dice el documento.

La sentencia de la semana pasada tiene un impacto enorme. Según la Asociación Colombiana de Minería se tienen contadas 158 iniciativas de consultas populares; 135 acuerdos municipales y se han realizado nueve consultas populares.

En su pronunciamiento del jueves pasado, la corte hizo tres precisiones claves para destrabar la inversión en el sector: ratificó que el Estado mantiene su autonomía para decidir sobre el uso del subsuelo; que las consultas populares no son el mecanismo para vetar o frenar proyectos extractivos; y que a instancias del Congreso la Nación, las regiones y las comunidades deben concertar mecanismos para respetar los intereses de todos.

El alto tribunal falló así una tutela presentada por la compañía petrolera Mansarovar, que después de haber firmado un contrato de exploración con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) no pudo sacar adelante su iniciativa. La causa: en una consulta popular de Cumaral, Meta, sus habitantes rechazaron las explotaciones mineras o petroleras.

El gobierno, los gremios y empresarios del sector aplaudieron esta decisión, que pone fin a la incertidumbre jurídica. Pero algunos ambientalistas creen que esa decisión, a la que consideran equivocada, podría caldear aún más las protestas sociales. Con este panorama, surgió la pregunta entre varios defensores de este mecanismo de participación sobre lo que va a suceder en el futuro con las consultas.

Esa preocupación se vive con mayor intensidad en dos municipios: San Bernardo y Fusagasugá. En el primero, los habitantes fueron llamados a votar sobre las actividades de exploración, perforación y explotación de hidrocarburos. Y en Fusagasugá, la consulta preguntará sobre si los ciudadanos están de acuerdo con que en el municipio se realicen exploraciones sísmicas, perforación exploratoria, fracking, producción de hidrocarburos y minería a gran escala.

En ambos lugares la sentencia cayó como un baldado de agua fría. En otro documento, el alcalde de Fusagasugá le respondió al registrador del municipio en el que le daba respuesta a la pregunta sobre si en el lugar se va a realizar o no la jornada. «Esta consulta ha cumplido con todos los requisitos para su realización (…) No es competencia mía ni de ningún funcionario del ente territorial disponer si la consulta se realiza o no, pues no es pertinente ni prudente controvertir la decisión judicial que está en firme», dice.

Todo estaba ya calculado para que el próximo 21 de octubre se realizaran las votaciones. Sin embargo, la jornada se encuentra en un limbo por el fallo de la corte.

Fuente:https://www.semana.com/nacion/articulo/registrador-le-pregunta-a-la-corte-que-pasara-con-las-proximas-consultas-populares/587072

La decisión de la Corte Constitucional el pasado jueves de declarar que las consultas populares no podrán tener efectos vinculantes sobre las actividades extractivas (mineras y petroleras), ha generado una agria polémica entre ambientalistas, ciudadanos de los pueblos que han realizado las votaciones, juristas y empresarios.

En redes sociales, sectores políticos adeptos a la defensa medioambiental y de los mecanismos de participación democrática condenaron el fallo asegurando que retrocede al país en términos de derechos colectivos.

“Despótica la decisión de la Corte Constitucional de frenar la autodeterminación democrática de los territorios a definir nuestra vocación y a detener proyectos nefastos. Tiempos difíciles para el activismo ambiental, hora de exigir al Congreso resultados en defensa de la vida”, escribió en Twitter Rodrigo Toro, exconcejal de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, por la Alianza Verde.

“¿Qué pasa con la Corte Constitucional? ¿Cómo puede quitar la esencia del derecho ciudadano a decidir sobre su territorio? ¿Dónde quedan los principios constitucionales de participación y decisión popular? La Sentencia de la Corte Constitucional anula la fuerza del ciudadano. Horror”, opinó por su parte Lilia Avella, edilesa de Engativá.

No obstante, también hubo sectores que celebraron la decisión, considerándola como benéfica frente “estrechos intereses regionales, como consideró Jorge Restrepo, director del CERAC: “La decisión de la Corte Constitucional defiende el interés público por encima de estrechos intereses regionales. Buena noticia para la economía colombiana, para todos”.

¿Está sentenciado el tema a favor de mineros?

En su fallo, la Corte Constitucional invita al Congreso a deliberar sobre la cuestión de las actividades de explotación de subsuelo, al afirmar que falta mucho terreno jurídico por aclarar, en concreto para satisfacer las necesidades de las comunidades locales. Pero ¿es ya un hecho que las consultas mineras serán algo del pasado?

Kienyke.com consultó con expertos. Para Adriana Martínez, presidenta del Colegio de Abogados de Minas y Petróleos, la sentencia es un avance y un precedente crucial.

“Es muy importante aun cuando se produce en un fallo de tutela se le da alcance de sentencia y por ende se puede aplicar de manera uniforme. Esta sentencia es interesante porque vuelve a equilibrar un poco las cargas frente a la sentencia C214 de 2013. En ella se niega una anterior fallo al argumentar que no considera la legislación existente. El señalamiento de los usos del suelo no tiene en cuenta prohibirlos ni controlarlos mediante consulta”, dijo.

“Se acaba la inseguridad jurídica y si se otorgan las concesiones no podrán después de un plumazo frenar proyectos tan cuantiosos. Esa sentencia se vuelve un precedente y una claridad al establecer un norte”, argumentó.

El economista y abogado José Roberto Acosta, docente de la Universidad del Rosario y uno de los principales críticos de la decisión, afirmó que este retroceso no sentencia el debate, sino que por el contrario lo fortalece. “Los derechos colectivos siempre toca defenderlos, por lo que se permanece en una dinámica de lucha por parte de los individuos. Esta vez primaron los intereses privados, pero no es un caso cerrado porque hay otros pronunciamientos de la Corte que previamente dieron la razón a las comunidades. Esto no es un mecanismo de cierre sino un nuevo escenario de debate público para intentar ponerle tatequieto a los intereses privados”, dijo.

¿Qué sigue?

La abogada Martínez, quien representa y apoya los intereses de las mineras y petroleras, recalcó que la Corte “hace unos exhortos al Congreso porque sí dice que no hay mecanismos idóneos para ejercer mecanismos de coordinación entre los municipios y el Estado en materia de los contratos mineros. Los jueces nos dicen ‘los obligo a que lleguen a acuerdos’. Esto hay que viabilizarlo teniendo en cuenta los derechos de las comunidades locales”.

Esto implica que se tendrá que concertar, y de ninguna forma las firmas que explotan el subsuelo tendrán vía libre para pasar por encima de los requerimientos de las comunidades.

De hecho, como argumenta José Roberto Acosta, con la sentencia se abre un espacio para vías de hecho que podrían amenazar la convivencia en las zonas preocupadas ante la actividad extractiva: “En la Constitución se habla de un Estado Social de Derecho, por lo que se debe dar prioridad a los derechos colectivos, algo que no hizo la Corte. Rompe una vía de participación que generaba una dialéctica social de conciliación, de consenso e induce a que la dialéctica ahora sea agresiva contra las multinacionales que explotan el subsuelo”.

En redes sociales, similar opinión expresó Yann Basset, director del Observatorio de Procesos Electorales de la Universidad del Rosario:

“Desde 2013, hemos registrado 9 consultas mineras. En todas, el numero de votos pasó el umbral. En un país con poca participación en el que las consultas suelen caerse, eso muestra que existe mucha preocupación en las comunidades. Frente a esta preocupación, las empresas del sector no han sido capaces, con todos los recursos que tienen, de convencer a estas comunidades que es posible hacer minería responsable y que beneficie a la comunidad local. Es un gran fracaso para ellas”, explicó.

“Ahora, la decisión de la Corte viene a romper el termómetro, pero no baja la temperatura, al contrario, podría empeorar el problema por dos razones. En primer lugar porque las mineras ya no tendrán tanta presión para dialogar con las comunidades locales. El apoyo de las instituciones centrales les puede dar una falsa sensación de seguridad, cuando sabemos la dificultad de estas instituciones a aterrizar en lo local. En segundo lugar, porque existe el riesgo de que la inconformidad local se manifieste por medios menos institucionales y vías de hecho”, agregó.

El experto concluyó que, en ese orden de ideas, lo que sigue en el mediano plazo es “encontrar una nueva ruta institucional de diálogos entre la población y las mineras”, algo en su opinión de carácter urgente.

Fuente:https://www.kienyke.com/politica/consultas-mineras-corte-constitucional-reacciones

La semana pasada, la Corte Constitucional anunció una sentencia que busca solucionar uno de los principales problemas que ha enfrentado el Estado colombiano en los últimos años. Se trata de las consultas populares como mecanismo para prohibir proyectos de extracción en los territorios.

A la fecha, en el país se han realizado nueve consultas en municipios del Tolima, Casanare, Cundinamarca, Meta, Santander y Sucre. En todas, la pregunta a los pobladores era sencilla: ¿quieren que se realice un determinado proyecto extractivo? En todas, la respuesta contundente fue clara: no. En varias, además, esa decisión de los ciudadanos iba en contravía de contratos firmados entre el Gobierno nacional y multinacionales, que además contaban con autorizaciones por parte de las autoridades ambientales competentes. El resultado de todas, entonces, fue un choque de trenes sin solución aparente.

La Corte Constitucional acaba de entrar en ese debate; curiosamente, es una situación que el mismo tribunal ayudó a crear. En decisión con ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, la Corte estableció que las consultas populares no podrán usarse para frenar actividades mineras.

Para el tribunal, los recursos del suelo y el subsuelo pertenecen a la nación, por lo que el Gobierno nacional es el llamado a permitir ese tipo de proyectos extractivos. Este argumento, que fue empleado por la administración de Juan Manuel Santos en respuesta a las consultas y que es compartido por las empresas interesadas en los proyectos, es razonable pues está acorde con la Constitución.

Queda, no obstante, el sinsabor de que las autoridades locales sí están autorizadas para definir el uso del suelo. ¿Cómo, si no es con la consulta, pueden hacer valer ese derecho?

La Corte reconoció ese vacío y por eso señaló que no existen mecanismos de participación ciudadana para manifestar su oposición a este tipo de proyectos. Por eso, exhortó al Congreso para que defina uno o varios mecanismos de participación ciudadana e instrumentos de coordinación y concurrencia nación-territorio. ¿Estará el Legislativo a la altura o, como en tantas otras ocasiones, preferirá la inacción?

Aunque la sentencia soluciona una causa de tensión, la realidad es que persiste la frustración en la población. Por ejemplo, las consultas populares en el Sumapaz quedaron en vilo y no debe ignorarse la preocupación de los pobladores. Como dijo Patricia Rodríguez, líder social del Sumapaz: “Nosotros hemos apelado a todos los mecanismos de participación comunitaria, regidos por la Constitución; ya hemos hecho dos consultas populares en la región. Eso es un hecho histórico, porque es la primera vez que dos municipios de una misma región hacen consultas simultáneas. Por ello estamos a la espera de lo que pueda pasar con la decisión de la Corte”.

¿Qué hará el Gobierno nacional para tomar decisiones coordinadas con estas comunidades locales? La solución no puede ser imponer la voluntad a la fuerza, creando sólo más tensiones y quitándoles a las regiones la posibilidad de tomar decisiones sobre su territorio.

Fuente:https://www.elespectador.com/opinion/editorial/la-mineria-y-las-consultas-populares-articulo-818101.

El ‘No’ a la minería ha ganado en nueve municipios colombianos a través de consultas.

Los ambientalistas del departamento del Tolima se mostraron sorprendidos y hasta ‘preocupados’ luego que la Corte Constitucional resolviera una tutela a favor de la multinacional Mansarovar Energy, la cual pedía se tumbara una decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Meta, que permitió que siguiera adelante una consulta popular que terminó frenando la extracción de petróleo en Cumaral.

Robinson Mejía, integrante del Comité Ambiental del municipio de Cajamarca, donde los ciudadanos en marzo de 2017 dijeron no a la minería a través del mecanismo de la consulta popular, afirmó que “la Corte Constitucional ha hecho un proceso de regresión al derecho a la participación de las comunidades en temas minero energéticos ya que quiere restringir las consultas, y eso viola tratados internacionales en materia de derechos”.

Aseguró que la sentencia de la Corte “desconoció sus propias jurisprudencias” y agudiza el conflicto en los territorios con proyectos mineros como el Cajamarca, “porque al quitar la posibilidad de resolver los conflictos de manera democrática, lleva a que los ciudadanos acudan a las vías de hecho”.

Aclaró que la sentencia no tiene incidencia en la consulta de Cajamarca, “pero sí nos pone en alerta porque tras esta decisión van a querer invalidar las demás consultas”.

También considera que la magistrada ponente, Cristina Pardo, “está impedida para tratar el tema” por haber hecho parte del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y “haber promovido decretos que limitaban la consulta popular”.

Luis Carlos Hernández, integrante de la ONG Ecotierra, en Tolima, señaló que “respetamos la sentencia de la Corte Constitucional, pero no la compartimos porque desconoce la soberanía constitucional del pueblo a decidir en las urnas el futuro de su territorio”.

Acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, para buscar que les garanticen el derecho constitucional a gozar de un ambiente sano consagrado en el artículo 79 de la Constitución de 1991.

“Pediremos se dicten medidas cautelares inmediatas en cuanto a la protección de la consultas popular para minería en Colombia”, dijo.

El ambientalista considera que «el país pasó de una Corte liberal, en el sentido del reconocimiento de los derechos fundamentales, a ser una Corte conservadora, pues restringe derechos fundamentales, como pasa ahora con la sentencia de Cumaral, en Meta”.

Aseguró que el Estado es dueño del suelo, y la Nación del subsuelo, “pero los ciudadanos que vivimos en los municipios también somos dueños del subsuelo y, además, tenemos el derecho a decidir sobre el uso de los recursos naturales no renovables, a través del mecanismo de la consulta popular”.

Considera que las consultas en Cajamarca y Piedras no se verán afectadas por esta sentencia pues no es retroactiva y, según él, fueron realizadas ajustadas a la Constitución y las leyes 134 de 1994 y 1757 del 2015 que reglamentaron los mecanismos de participación ciudadana.

Recordó que el No a la minería ha ganado en 9 consultas realizadas en Piedras y Cajamarca (Tolima), Tauramena (Casanare), Cabrera y Arbeláez (Cundinamarca), Cumaral (Meta), Pijao (Quindío), además de Sucre y Jesús María (Santander).

También señaló que el domingo 21 están programadas consultas mineras en Fusagasugá y San Bernardo, en Cundinamarca.

Fuente:https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/ambientalistas-hablan-sobre-decision-de-la-corte-sobre-consultas-mineras-280184

Con tristeza, el Comité de la Consulta Popular contra la minería en Córdoba recibió la noticia del fallo de la Corte Constitucional que «inhabilita» las consultas para prohibir la minería en los territorios.

No obstante, sus voceros consideran que después del fallo del alto tribunal, la defensa del territorio se puede realizar en escenarios internacionales. Así lo explicó, Carlos Gómez, miembro del Comité de la Consulta Popular contra la minería en Córdoba.

«La Corte Constitucional es el tribunal de cierre; es decir, la máxima instancia en Colombia, se quedan abiertas las puertas para acudir a tribunales internacionales y ese va a ser el escenario en el que vamos a estarnos moviendo. Por supuesto, la movilización y la resistencia desde los territorios en defensa del municipio, creando alternativas productivas», dijo.

Gómez precisó que una de las primeras acciones será en Paris, Francia, donde se socializará la situación de Córdoba en el marco del Foro de Paris sobre la paz entre el 11 y el 13 de noviembre a través de la cooperativa Territorio Nuestro y su proyecto productivo.

«Desde donde vamos a hacer resistencia muy fuertemente, (…), va a hacer en el Foro de Paris sobre la paz que se va a realizar del 11 al 13 de noviembre: allí Córdoba, Quindío, va a ser Colombia”, sostuvo.

“Entre miles de propuestas que se presentaron a ese foro solo se seleccionaron 120 entre las cuales está la de Córdoba, Quindío. Son proyectos productivos, donde estamos diciéndole a Colombia y al Mundo y a nuestros gobernantes que nuestro tesoro realmente más allá de cualquier mineral precioso es el agua; la biodiversidad es la vida y particularmente nuestro producto estrella el bambú – guadua”, agregó.

Cabe recordar que en el Quindío, además de Córdoba, los ciudadanos de Salento, Calarcá y Génova están pendientes de realizar consultas. Y Pijao, ya la había realizado el año anterior haciendo valer su derecho de prohibir proyectos mineros en su territorio.

En el Quindío, los voceros de la Consulta Popular contra la minería en Córdoba también se manifestaron a la expectativa de las consultas que se realizarán el 21 de octubre en los municipios cundinamarqueses de San Bernardo y Fusagasugá.

Fuente:https://www.bluradio.com/regionales/en-quindio-buscaran-escenarios-internacionales-para-proteger-tierras-de-la-mineria-193405-ie430

La Corte Constitucional determinó que las consultas populares no pueden frenar proyectos de minería extractiva en donde se realizan porque el subsuelo es propiedad del Estado, decisión que no afecta a las que ya se hicieron.

La decisión la adoptó la Sala Plena de la Corte Constitucional al resolver una tutela interpuesta por la empresa Mansarovar Energy Colombia Limitada, que buscaba hacer sísmica en la población de Cumaral, en el departamento del Meta, para buscar hidrocarburos.

Sin embargo, la decisión de la Corte deja con validez la consulta popular que se votó a mediados del año pasado en Cumaral, en la que con 7 mil 703 votos el 97% de la población decidió que no quería más la explotación de hidrocarburos en su territorio.

Para Mansarovar era claro que no se podía prohibir la minería a través de una consulta popular, porque no es potestad de las entidades territoriales decidir sobre el subsuelo.

Fuente:https://www.lapatria.com/nacional/consultas-populares-se-quedan-sin-frenar-mineria-424865

La multinacional minera Minesa, suspendió sus operaciones en el municipio de California, en Santander, para garantizar la seguridad de sus trabajadores, la cual asegura se está viendo afectada por alteraciones de orden público en áreas cercanas al proyecto de extracción de oro ‘Soto Norte’, por cuenta de una protesta que adelantan habitantes de esta localidad, ubicada en inmediaciones del páramo de Santurbán.

“El bloqueo de una vía en el sector conocido como Tronadora, impide desde el pasado 2 de octubre el normal desarrollo de las actividades en el área. La mayoría de los trabajadores que se encontraba en el campamento, debieron ser evacuados con el apoyo de la Fuerza Pública”, precisó en un comunicado la compañía de propiedad del fondo de inversión y desarrollo Mubadala, del emirato de Abu Dhabi.

Los manifestantes le piden al Alcalde y al Concejo de esa población que aprueben una consulta popular para rechazar los proyectos mineros de estas empresas, a las que acusan de afectar el medioambiente sin tener licencia ambiental.

Piden además que se les respete el derecho a la minería artesanal y ancestral que han desarrollado por más de 400 años.

“Adelantamos la protesta porque queremos que Minesa se vaya de California. Reclamamos el territorio para los mineros ancestrales. Además porque han secado las fuentes hídricas”, señaló Wendy Salamanca vocera de la protesta.

Minesa pretende desarrollar durante 23 años el proyecto de explotación de oro, hecho que ha generado el rechazo de sectores sociales de Bucaramanga y su área metropolitana, que advierten sobre el costo ambiental que acarrearía la extracción del metal precioso en ese sector del páramo de Santurbán, que provee de agua a cerca de 2,5 millones de personas.

El pasado mes de marzo la multinacional minera retiró la solicitud de licencia ambiental que tramitaba ante la Anla (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales).

La solicitud había sido radicada en agosto de 2017. Para ello, la empresa presentó un Estudio de Impacto Ambiental del proyecto (EIA).

En el mes de diciembre, tras dos visitas técnicas en la zona, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales le trasladó a la multinacional 83 requerimientos de obligatorio cumplimiento que debían ser ajustados dentro del EIA presentado.

El tema del recurso hídrico fue uno de los aspectos en los que la Anla hizo mayor énfasis. Pidió a Minesa ajustar el programa de manejo de agua con el fin de incluir las medidas que garanticen la disponibilidad del recurso hídrico para todos los usos, usuarios y servicios ecosistémicos que puedan verse afectados por el desarrollo del proyecto.

Minesa aún no radica un nuevo Estudio de Impacto Ambiental del proyecto con el que se daría inicio a un nuevo trámite de solicitud de licencia ambiental.

Fuente:https://m.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/pobladores-de-california-en-santander-piden-salida-de-minesa-278520

Las comunidades en San Lorenzo continúan adelantando procesos para expresar su rechazo a la llegada de multinacionales mineras. Los poblares se preparan para participar de la consulta popular minera que se llevará a cabo en noviembre de este año.

Las autoridades locales confirmaron que se pactó la fecha para llevar a cabo la consulta popular minera en ese municipio. Las comunidades están convocadas para el 25 de noviembre de este año.

El secretario de Gobierno, Luis Fernando Moreno, manifestó que actualmente se trabaja en la conformación de unas mesas en todos los corregimientos del municipio, para impulsar la campaña de la consulta.

“Las comunidades ya se han manifestado, le estamos diciendo no a la gran minería. En varios de nuestros corregimiento de han hechos estas mesas y hay entidades que se están sumando a voz en contra de la minería a gran escala”, manifestó el funcionario.

De acuerdo con las declaraciones del secretario, se busca que todos los sectores del corregimiento, sean propios o extraños se unan a las voces que apoyan esta iniciativa. Personas de otros municipios como La Unión, Taminango, han manifestado su deseo de respaldar esta consulta.

“Los menores de 14 años de edad en adelante van a poder votar, como una forma de poner su voz frente a lo que está pasando en el municipio. Esta es una situación que nos va afectar a todos”, declaró.

Aunque no tiene el apoyo de la registraduría, el secretario manifestó que es una consulta legítima puesto que tiene el apoyo de la Administración municipal. El Gobierno Nacional no avaló la propuesta que presentó la Alcaldía.

“Hicimos varios intentos desde el punto de vista legal, pero no fue posible por el tema de financiación  de la logística, creo que se necesitaba un presupuesto de 32 millones, teniendo en cuenta otras que se han hecho en otros municipios”, declaró.

El proceso que se llevará a cabo en San Lorenzo será financiado con recursos propios del municipio, quienes se están haciendo cargo de todo el proceso que conlleva poner en marcha este ejercicio democrático.

Fuente:http://diariodelsur.com.co/noticias/local/lorencenos-preparan-consulta-minera-467196

Llegaron desde todos los rincones de Colombia. A eso de las 12:30 del mediodía del 2 de octubre, 47 campesinos, vestidos con cascos amarillos y camisetas que decían “Anglo Gold Ashanti”, rodearon con una cinta amarilla la cara del Palacio de Justicia que da a la Plaza Bolívar.

Antes, Renzo Alexander García, el vocero del Movimiento Nacional Ambiental, y otros integrantes de esa organización, les daban instrucciones a los delegados de más de 100 organizaciones ambientales, sociales y campesinas que organizaron el acto simbólico.

-Tienen que mostrarse serios, rígidos, dar la señal de que nadie puede pasar-, les decían.

Estaban nerviosos. Para muchos era la primera vez que abandonaban la protesta tradicional, con arengas y pitos y palmas y otros cuerpos cercanos marchando, para pararse solos en el centro de Bogotá y denunciar lo que para ellos es la captura del poder legislativo por parte de las empresas mineras y petroleras.

“Hoy hemos hecho un encerramiento simbólico del Palacio de Justicia y de la Corte Constitucional, demostrando que esa Corte se encuentra capturada por el poder corporativo y los intereses tras nacionales. Vinimos a denunciar que el sector extractivo es quien le están diciendo a la corte que reviertan los derechos fundamentales de los colombianos para favorecer a los intereses particulares”, dijo Renzo García.

Su protesta tenía tres destinatarios específicos: los magistrados Alejandro Linares, María Cristina Pardo y Diana Fajardo. Para los líderes ambientales, los tres deberían declararse impedidos, pues tienen vínculos con el gremio minero y petrolero, o ya se han manifestado en contra de las consultas, dice García.

Y es que la Corte hoy estudia una tutela que podría frenar de un tajo la ola de consultas populares que se oponen a proyectos mineros y petroleros en el país, y que inició con Cajamarca. La tutela, interpuesta por Mansarovar Energy, le exige al estado que le cumpla el contrato para explotar petróleo en Cumaral, que el año pasado, a través de una consulta, le dijo NO al petróleo. Todo el gremio minero -incluido el Ministerio de Minas- respaldan a la empresa.

El actual presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, fue vicepresidente jurídico de Ecopetrol hasta 2015, cuando la llamada “puerta giratoria” lo llevó hasta la Corte.

Apenas en junio del año pasado, en una intervención en el Congreso Nacional de Minería, Linares dijo que, en temas de conflictos entre derechos ambientales versus la explotación minera, “ con la nueva corte este va a ser un tema que vuelva a su cauce natural, en la medida en que la mayoría de los nuevos elegidos son copartidarios de Luis Emilio Sierra (ex senador conservador, promotor de un nuevo código de Minas). Son gente más sensata y menos progresista”.

Con los nuevos elegidos, Linares se refiere a las otras dos magistradas que los campesinos y líderes ambientales piden se declaren impedidas: Diana Fajardo y Cristina Pardo. “Diana Fajardo, desde la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, se manifestó una y otra  vez contra la capacidad vinculante de las consultas”, expresó García.

Por su parte, el vocero recuerda que cuando Pardo era secretaria jurídica de la Presidencia, desde el Palacio de Nariño se emitieron dos decretos que eventualmente el Consejo de Estado tumbó por violar derechos fundamentales:  el 2691 de 2014, en el que los municipios debían demostrar, en el lapso de tres meses, por qué no querían minería, y, de no hacerlo, se asumía como una aceptación de ese tipo de actividades en el territorio.

El segundo, emitido un año antes (934 de 2013) prohibía a las autoridades locales y regionales de establecer zonas excluidas de la explotación minera de manera permanente o transitoria. Ambos decretos, como cualquier otro, pasaron por la lupa y la aprobación de Pardo antes de que el expresidente Santos estampara su firma en ellos.

Pardo fue la encargada de redactar el fallo que, de ser aceptado, limitaría seriamente la capacidad de las tutelas de frenar la minería en los territorios. Tal como reveló El Espectador, su propuesta de fallo dice que las consultas populares deben tener en cuenta que el Estado es el propietario de los recursos del suelo y el subsuelo de la nación, lo cual trasciende los intereses regionales y municipales. Mejor dicho: que lo que se decida en los municipios no puede interferir en los planes del gobierno central.

La propuesta de fallo, si bien reconoce que no hay otras vías legales para que las comunidades se opongan a estos proyectos, resuelve esa controversia dando dos años para que el Congreso expida esa regulación “de vital importancia ambiental y social para el país”. Así, si se aprueba, la consulta popular de Cumaral quedaría sin efecto y, de paso, todas las demás.

“Ellos insisten en una visión en la que plantean que el subsuelo es el estado. Pero es que el estado no solamente es el presidente y el ministro, ni las agencias ambientales y de minería, el estado implica esos sectores, pero también los alcaldes, los gobernadores, los concejales, los diputados y la ciudadanía. Nosotros también somos dueños del subsuelo, somos copropietarios del subsuelo, luego tenemos una voz y poder de decisión frente a estos proyectos mineros y petroleros”, dice Renzo García.

Hoy, reunidos en el Palacio de Justicia, los magistrados siguen estudiando la tutela, y decidirán sobre los posibles impedimentos de los tres magistrados. ¿Habrán escuchado los cánticos del lunes que les exigían “Consultas para tener voz”?

Fuente:http://blogs.elespectador.com/actualidad/el-rio/comunidades-pais-protestan-derecho-la-consulta-popular