Minera Los Pelambres ha difundido un comunicado esta madrugada en el que asegura que la mayoría del pueblo de Caimanes aprobó el millonario acuerdo que nos ofrecen a cambio de bajar los juicios que buscan el cierre definitivo de su basurero tóxico conocido como Tranque de Relaves El Mauro.

Esto no es real.

El pueblo de Caimanes tiene dignidad y no está dispuesto a seguir poniendo en riesgo sus vidas especialmente después de lo ocurrido en Brasil con el colapso de dos tranques de la Minera Samarco-BHB Billinton que arrasó al pueblo de Bento Horizonte, contaminó y exterminó ríos y mares, matando a muchas personas.

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Un estudio realizado por investigadores del Centro Polar y Climático (CPC) de Brasil descubrió la presencia de arsénico en el Monte Johns de la Antártica y estableció que provenía de la minería del cobre de Chile.

Tal como consigna hoy La Tercera, los resultados de la investigación se publicarán en el próximo número de la revista Atmospheric Environment.

Según la autora de la investigación, Franciele Schwanck, el estudio comparó los datos históricos de la producción de cobre de varios países productores (Australia, Sudáfrica y Chile).

Las muestras permitieron analizar un período de 125 años: entre 1883-2008. A partir de este análisis, se pudo determinar una concentración promedio del metal pesado de 4,32 pg g -1.

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De 7 a 15 minutos sería el tiempo que los casi 2 mil habitantes de Caimanes tendrían para evacuar el pueblo, en caso que el tranque relave El Mauro sufriera una ruptura. Según los expertos, de no demolerse a tiempo el tranque, perteneciente a Minera Los Pelambres, seguirá contaminando los afluentes del río Pupío. A pesar de que la Corte Suprema y el Tribunal de Los Vilos fallaran en 2013 a favor de la comunidad de Caimanes y ordenara la demolición del tranque, el proyecto minero, propiedad del Grupo Luksic, ha dilatado este proceso.

Desde la empresa consideran que en caso de accidente, el relave y sus desechos, no irían a favor del causal del río, donde a 10 kilómetros se ubica Caimanes, sino hacia otra parte de la cordillera. Otro de los argumentos que han retrasado el dictamen del poder judicial, es que la empresa argumenta que no saben dónde podrían dejar los desechos tóxicos que hace tiempo vienen contaminado el estero Pupío y el agua potable que consumen los habitantes de Caimanes.

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El 7 de noviembre, ingresó ante el juzgado de letras laboral de Santiago una demanda de Víctor Manuel Vega Rodríguez en contra de la Subsecretaría de Minería en la que se acusa vulneración de derecho fundamental y despido injustificado tras desempeñarse a honorarios en la repartición.

En la acción judicial, que ya fue notificada en la cartera, Vega asegura que fue contratado para trabajar entre febrero y diciembre de este año en el equipo territorial de la Ministra Aurora Williams y que en agosto, tras ser operado de un tumor cerebral y una posterior infección intrahospitalaria, fue desvinculado por no haber llevado su licencia médica a tiempo. Y asegura que Williams “me quería despedir a toda costa, ya que a esta no le servía un trabajador enfermo y no le interesaba tener lastras en su Ministerio, por lo cual se empezó a encargar, por medio (de) otros compañeros de trabajo, como a su vez de quien tenía como superior jerárquico, el hecho de descalificar mi trabajo realizado y que dudaba si realmente mi condición física era tal, para estar hospitalizado con licencias tan extensas”.

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Autoridades del municipio de Llica acusaron a la minera chilena Collahuasi de utilizar agua de forma gratuita, tras mover el hito establecido por ambos países. La minera es controlada por la suiza Glencore y la británico-sudafricana Anglo American.

Las autoridades del municipio de Llica, que está en la frontera común con Chile, denunciaron hoy que una minera chilena extraería agua del territorio boliviano tras mover el hito 55 unos cinco kilómetros del sitio delimitado por las cancillerías de Bolivia y Chile.

«Ingresan con cisternas y hacen el robo del agua a través de pozos en la laguna ‘El Desierto’, que está prácticamente seca, porque movieron el hito 55 unos cinco kilómetros al interior del país. Hemos podido ver que la remoción es fresca», denunció Valencia Ayaviri, concejal del municipio de Llica del departamento de Potosí.

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El jueves 26 de Noviembre a las 15:00 hrs comenzaron los alegatos en el Segundo Tribunal Ambiental por la Reclamación  de Barrick (Compañía Minera Nevada SpA) contra la Resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente que le rechazó el Plan de Cumplimiento presentado para el segundo proceso sancionatorio que se abrió el 22 de Abril en dicho organismo fiscalizador.

Cabe recordar que Barrick ya tiene un proceso sancionatorio en curso por  23 infracciones graves y gravísimas, del cual sólo falta la reponderación de las sanciones, entre ellas destrucción irreparable de vegas andinas, contaminación de aguas e impedimento del trabajo fiscalizador de la autoridad a través de omisión y ocultamiento de información que data del verano de 2013. No obstante esta empresa una y otra vez infractora, vuelve a ser sancionada por 10 nuevos cargos este año, entre los cuales desfilan destrucción de 13,6 hectáreas de llareta y 2,6 de vegas altoandinas, no cumplimiento de monitoreos de componentes ambientales como lo son a los glaciares, fauna y flora con lo que imposibilitan la detección de daño en los mismos, tergiversación de documentos científicos referidos a aporte de caudal de los glaciares, contaminación de aguas en el 2014 y 2015 con fecales y metales pesados, entre otros cargos más.

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La Ley de Glaciares del Ejecutivo no ha estado exenta de las críticas por su claro corte neoliberal. Desde diversos territorios se levantan serios cuestionamientos sobre su origen, su proceso y su finalidad. ¿A quién busca favorecer realmente el gobierno impulsando este proyecto? Cabe preguntarse lo anterior dadas las falsas ideas instaladas desde la trinchera del “progreso”. Preocupante resulta el devenir de los glaciares ante el avance de esta ley y es preciso cuestionarse sobre la responsabilidad que nos compete en tanto cohabitantes de una vasta cordillera, y con ella, de un incalculable patrimonio natural universal que es urgente proteger.

Nadie podría asegurar que todos los – glaciares – que se estudien van a ser declarados Reserva Estratégica Glaciar”, declara Pablo Badenier Ministro de Medio Ambiente, tras presentar una nueva indicación del gobierno en la cuestionada Ley de Protección y Preservación de Glaciares[1].

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Hoy a las 15:00 hrs comienzan los alegatos en el Tribunal Ambiental por la Reclamación  de Barrick (Compañía Minera Nevada SpA) contra la Resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente que le rechazó el Plan de Cumplimiento presentado para el segundo proceso sancionatorio que se abrió el 22 de Abril por dicho organismo fiscalizador, el que contiene infracciones graves y gravísimas como destrucción de 13,6 hectáreas de llareta y 2,6 de vegas altoandinas, no cumplimiento del monitoreo glaciares, no monitoreo ni resguardo de fauna y flora, tergiversación de documentos científicos referidos a aporte de caudal de los glaciares, contaminación de aguas en el 2014 y 2015 con fecales y metales pesados, entre otros cargos más.

La SMA rechazo el programa de cumplimiento de Barrick por estimar  que la propuesta de CMNSpA “No cumple con los criterios de aprobación al no ser ésta íntegra, eficaz, ni verificable” además de que se advierte “la inexistencia de una voluntad seria de cumplir con sus obligaciones ambientales (…)”.

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Desde el año 2013 que los vecinos de Pejerreyes e Higueritas Unidas de Ovalle están denunciando que la minera China Co estaría utilizando escaso recurso hídrico que existiría en el sector. Los pobladores señalan que la cuenca El Ingenio fue declarada como agotada, por lo que no está permitido la construcción de nuevos pozos.

Las localidades afectadas se ubican en el kilómetro 28 de la Ruta D-43, sector que durante estos últimos años se ha visto fuertemente golpeada por la sequía que atraviesa la región. Esto ha provocado que esté prohibida la construcción de nuevos pozos.

Sin embargo, “a la minera si la autorizaron a construir uno siendo que en el 2009 se decretó la Quebrada El Ingenio como agotada. Eso significa que sólo está disponible el recursos hídrico para el consumo humano y no para faenas agrícolas o mineras”, señala Fernando Elorza, presidente de la junta de vecinos de Pejerreyes.

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A las dificultades ambientales que enfrenta el proyecto minero binacional Pascua-Lama, la canadiense Barrick sumará una nueva arista: la tributaria.

Esto porque la compañía se acogió a beneficios para exportadores, sin embargo, la suspensión de la iniciativa pone en peligro que cumpla con los plazos acordados con la autoridad, por lo que se verá obligada a devolver más de S$ 400 millones, sumado a reajustes, intereses y multas, lo que podría elevar el monto al doble, según estiman expertos.

De acuerdo a información oficial de la canadiense, Pascua-Lama recibió US$ 403 millones en devoluciones de IVA por parte del Estado chileno, los que deberán ser reintegrados de no estar en producción la mina el 30 de junio de 2018.

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