Eduardo Gudynas

En el primer día, mirando hacia afuera por las ventanas, se veían las chimeneas, conductos, depósitos y todo tipo de estructuras que se inclinaban sobre las playas y aguas de Quintero y Puchuncaví, cerca de Valparaíso. Se podía ver y oler la devastación ecológica. Hacia adentro, un nutrido grupo de vecinos debatía bajo el empuje de mujeres que con mucho orgullo explicaban su resistencia a todas esas amenazas sociales y ambientales. Los ánimos rebosaban energía ciudadana.

En el segundo día, el foco pasó a la provincia de Petorca. Se sucedieron relatos sobre cómo, desde fuera, se impuso una apropiación del agua de tal intensidad que se dejó a los de adentro, a las comunidades locales, sin acceso a ella. Los testimonios fueron sobre ríos que casi han desaparecido, lagunas que ya no existen o personas que deben bañarse apenas con un paño húmedo; es el robo del agua.

Todas estas imágenes mostraban las distintas caras de los extractivismos, un concepto que se refiere a la apropiación intensiva de recursos naturales para servir a las corrientes exportadoras que nutren la globalización.

Estos relatos, unos promovidos por las Mujeres de la Zona de Sacrificio en Resistencia de Quintero y Puchuncaví (1), y los otros por los integrantes de Modatima (Movimiento de Defensa por el acceso al agua, la tierra y la protección del medio ambiente; 2),  dejan muy en claro la gravedad del problema. Son, además, muy semejantes a lo que se padece en los demás países sudamericanos.

Extractivismos, sus soportes y conexiones

En efecto, extractivismos como las explotaciones mineras y petroleras, o la agricultura intensiva, generan todo tipo de impactos (3). Unos son efectos directos, a nivel local, allí donde ocurre la extracción de los recursos naturales. En esas circunstancias se pueden enumerar la contaminación de suelos y agua de la megaminería, o el acaparamiento del agua para la agricultura intensiva.

Paralelamente, los extractivismos sólo son posibles si cuentan con lo que se denomina como “áreas de soporte” y “redes de conectores”. El primer aspecto alude a las áreas que proveen insumos indispensables como la energía y el agua, incluyendo por ejemplo las centrales termoeléctricas o represas, las que a su vez tienen serios impactos ambientales y sociales.

El segundo componente se refiere a las carreteras, ferrovías, oleoductos, mineraloductos o cualquier otra conexión entre sitios de extracción con sus áreas de soporte como con los puntos de salida de las exportaciones. Estos a su vez también originan efectos negativos sobre el ambiente y las personas.

Teniendo presente estos casos, lo que sucede en Petorca y otros sitios de Chile con respecto a la apropiación del agua, en muchos casos corresponde a los impactos directos de los extractivismos. A su vez, lo que se observa Quintero y Puchuncaví es impactante por concentrar en una superficie relativamente pequeña emprendimientos de soporte como de conexión, todo ellos con serios efectos. Allí se acumulan proveedores de energía (como las plantas que queman carbón), terminales petroquímicas y de procesamiento de mineral, junto a los conectores que permiten recibir insumos (como combustibles) y embarcar minerales. Los impactos son tantos, tan intensos y tan concentrados, que nadie puede desconocer: basta respirar para sentir el polvillo del carbón o advertir los colores sufridos de la poca vegetación que resiste en el área.

Estos casos dejan muy en claro una condición propia de todos los extractivismos: son insostenibles desde el punto de vista ecológico, dañan la salud humana, y son profundamente injustos bajo cualquier perspectiva de justicia. Distintas revisiones de la situación en Chile, como las que lleva adelante el Observatorio Latino Americano de Conflictos Ambientales (OLCA), confirman la gravedad de la situación (4). No es posible seguir insistiendo en esas estrategias, y es necesario promover alternativas.

Postextractivismos como alternativas

Ante esta situación, a inicios de la década de 2010 en los países andinos, sobre todo en Perú, a los cuestionamientos a los extractivismos se sumó la novedad de ofrecer alternativas. Esto ocurrió bajo condiciones muy similares a las que se observan en todo Chile, tales como la contaminación minera o la afectación de lagunas o ríos, y que sobre todo hostigaban a comunidades rurales pobres. Las críticas y resistencias no bastaban ya que inmediatamente se les reclamaba: “si no hay minería, ¿cuál es su alternativa?”, o bien “sin minería colapsaría la economía nacional”. Era necesario responder a esas preguntas desafiantes.

Además, estaba cada vez más claro que los impactos extractivistas eran de tal intensidad que no podían ser revertidos con meros ajustes tecnológicos, como mejores filtros en las chimeneas. La megaminería a cielo abierto es en realidad una amputación ecológica ante la cual las medidas de compensación planteadas, como mojar los suelos para que no se levante polvo, resultan ridículas.

Así nació lo que se denomina postextractivismo. Este es un conjunto de posturas que sin dejar de señalar los impactos extractivistas busca opciones concretas para dejar de depender de ellos (5).

En Chile es imperioso abordar esta cuestión. En el país se acumulan todo tipo de impactos negativos en su territorio. Además el país sufre una verdadera adicción extractivista, expresada en la muy alta participación de las exportaciones de recursos naturales (pasaron de representar el 80% del total exportado en 2000, al 85,6% en 2015). Para agravar más la situación hay una enorme dependencia en un solo producto (el cobre, en refinados y concentrados da cuenta del 55% de las ventas externas). A contracorriente de las imágenes populares, eses es un perfil más semejante a Perú (país donde los bienes primarios representan el 85% de las exportaciones), que a un país emergente o industrializado, donde las ventas al exterior descansan sobre todo en manufacturas y servicios.

Los postextractivismos desean quebrar esa dependencia. Para el caso chileno, en forma preliminar podría plantearse que una primera etapa en estas transiciones buscaría reducir la dependencia de exportaciones de recursos naturales por debajo del 50% del total exportado. Además, que eso estuviera diversificado en diferentes commodities sin que ninguna representara más del 20% de las ventas externas.

Es posible señalar algunas ideas básicas sobre el postextractivismo que, lejos de agotar la temática, al menos pueden ser útiles para promover este debate en Chile. Comencemos por precisar que por un lado se busca detener los impactos más graves, allí donde destruye la naturaleza o afecta la salud pública. Los emprendimientos que no pueden ser reformulados para cumplir adecuados estándares sociales y ambientales deben ser clausurados. Aquí es importante advertir que esta no es una postura, por ejemplo anti-minera, ya que puede haber aprovechamientos mineros que no son extractivistas. Tampoco es el llamado a una naturaleza intocada, sino un mandato de responsabilidad en aprovechar los recursos naturales sin destruir esa base ecológica.

Para avanzar en este camino se deben cumplir las actuales normativas sociales y ambientales. Esto se debe a que muchos emprendimientos extractivos son posibles porque los propios estados no respetan sus exigencias en ambiente, ordenamiento territorial o salud pública, o por ser cómplices en esconder información clave. Entonces cualquier alternativa reclama su efectivo cumplimiento.

Paralelamente son necesarios ajustes en las políticas públicas, un amplio campo sobre el que se puede compartir algunos ejemplos. Como muchos sólo entienden el lenguaje económico, es imprescindible aplicar una contabilidad que incorpore los costos ambientales y sociales. Muchos extractivismos son buenos negocios porque no contabilizan los efectos económicos de la contaminación o de las enfermedades. Bajo la misma perspectiva, los precios de las materias primas deben ser corregidos buscando que su valor incorpore los costos totales, incluyendo sus componentes sociales y ambientales.

A medida que se reduce el peso de los extractivismos deben crecer otros sectores que lo reemplacen. Desde el punto de vista del empleo se observan muchas oportunidades ya que sectores como la minería o la agricultura intensiva en realidad demandan pocos puestos de trabajo. Desde el punto de vista económico, y en especial para las cuentas públicas, la cuestión aparece inicialmente más complicada porque se dispara el temor que una caída de las exportaciones extractivistas reduzca los ingresos económicos.

Sin embargo, las opciones postextractivistas ofrecen varias respuestas. Es necesaria una reforma tributaria ya que muchos emprendimientos mineros y petroleros tributan poco o nada. Una tributación justica y efectiva brindaría ingresos que podrían compensar en parte una reducción de las exportaciones, tal como muestran estudios preliminares para el caso peruano. De la misma manera, una reducción en los extractivismos significa ahorros en los dineros que el Estado o la sociedad dedica en pagar los costos de la contaminación y los impactos en la salud.

Finalmente, no olvidemos que los gobiernos otorgan enormes subsidios (explícitos u ocultos) para sostener a los extractivismos. Estos “subsidios perversos” deberían ser suspendidos, y esos fondos deben ser redirigidos a reconversiones productivas en sectores no extractivos. Dicho en forma más simple, el Estado cuenta con voluminosos recursos económicos que en la actualidad usa para promover los extractivismos cuando deberían destinarse a las alternativas.

Los postextractivismos dan un paso más reclamando la diversificación productiva. En ese sentido, en varios países se ha identificado el enorme potencial que en ese sentido tiene una reconversión agropecuaria. Otras prácticas, inspiradas en la agropecuaria orgánica, tienen menos impactos ambientales, consumen menos energía y requieren más empleo. Estas resultan en alimentos más sanos y abundantes, lo que permitiría terminar con distorsiones tales como la de exportar minerales para importar alimentos. Este tránsito postextractivista sin duda va en sentido contrario a las estrategias chilenas actuales que amparan sectores de alto impacto, como los cultivos de palta orientados a la exportación (con efectos denunciados por Modatima) o las plantaciones forestales.

No puede dejar de mencionarse que el postextractivismo requiere cambiar los comportamientos de intenso consumo dentro de nuestros países. Los hábitos de los sectores de mayores ingresos económicos en las grandes ciudades, son los que demandan por más y más extractivismos.

El postextractivismo además busca radicalizar la democracia, ya que cualquiera de sus alternativas parte de la participación ciudadana. Pero a la vez debe enfrentar las opacas redes de poder político y económico que amparan los extractivismos, sin olvidar sus componentes de corrupción como muestran los casos en Brasil o Chile.

Globalización y regionalismos de otro modo

Pero más allá de los cambios nacionales, de todos modos los extractivismos son dependientes de las demandas globales. Por ello, los postextractivismos enfrentan esto postulando una desvinculación selectiva de la globalización y un regionalismo de nuevo tipo, que sea autónomo ante los mercados globales y permita articular sectores productivos dentro del continente. No se postula el aislacionismo, sino una recuperación de las capacidades nacionales para poder decidir volúmenes, precios y tipo de recursos naturales a exportar. Debemos admitir que esto difícilmente puede lograrlo un país aisladamente ya que basta que una nación esgrima mayores regulaciones ambientales o correcciones de precio para que un país vecino, competidor, opere en sentido contrario para atraer más inversores y proyectos. Esto hace que necesariamente las transiciones postextractivistas requieran coordinaciones entre países acordando los mismos estándares y exigencias sociales y ambientales. Podrá decirse que esto es una fantasía pero recordemos que, en un pasado reciente, en el marco de Naciones Unidas avanzaban propuestas de coordinación del comercio internacional en materias primas que fueron derribadas por el vendaval neoliberal y las presiones de las corporaciones transnacionales.

La reconversión hacia otros sectores productivos no-extractivistas también se potencia bajo acuerdos con países vecinos. Existen muchas opciones en la agropecuaria, y sus encadenamientos con la industria alimentaria, pero también en sectores manufactureros convencionales. Se deben organizar cadenas industriales regionales, donde Chile coparticipe junto a países vecinos, por ejemplo fabricando componentes automotores. De esta manera se puede salir de la trampa actual, donde los recursos económicos ganados con exportar minerales o celulosa, pongamos por caso a China, luego se gastan en comprar automóviles chinos. Sin duda que esas industrias regionales tendrán otras prioridades (siguiendo con el ejemplo, se enfocará en medios públicos de transporte antes que en fabricar autos personales).

Este tipo de reformas se organizan en lo que se ha llamado un “regionalismo autónomo”. O sea, un proceso por el cual el vínculo con las naciones vecinas permita organizar redes productivas regionales, bajos otras condiciones sociales y ecológicas, mientras se gana autonomía para romper con la dependencia y subordinación con los mercados globales.

Las alternativas son posibles

Estos son apenas algunos ejemplos que muestran que hay muchas oportunidades para comenzar a diseñar salidas a los extractivismos en Chile. Todos buscan romper con el fatalismo de entender que el país sólo puede ser exportador de materias primas, para siempre y sin otras opciones.

En realidad la actitud debe ser inversa, ya que los extractivismos actuales son insostenibles no sólo ecológica y socialmente, sino también para las economías nacionales. Ni Chile ni el planeta toleran más este estado de situación. Es en este cambio de actitud donde está posiblemente uno de los mayores aportes del postextractivismo, al volver a abrir las puertas a pensar alternativas.

Notas

1. Mujeres de la Zona de Sacrificio en Resistencia de Quintero y Puchuncaví, más informaciones en: https://www.facebook.com/Mujeres-de-Zona-de-Sacrificio-Quintero-Puchuncav%C3%AD-908094075974874/
2. Modatima (Movimiento de Defensa por el acceso al agua, la tierra y la protección del medio ambiente), más información en: www.modatima.cl
3. Una biblioteca con artículos, reportes y libros sobre extractivismos, incluyendo sus definiciones e impactos, se puede encontrar en: www.extractivismo.com
4. Dimensión socioambiental de los conflictos territoriales en Chile, OLCA, Santiago, 2016.
5. Una biblioteca con textos y otros recursos sobre postextractivismo está disponible en: www.transiciones.org

Este artículo es posible gracias a la invitación de la profesora Paola Bolados, del programa en ecología política, feminismos y poscolonialidad en la Universidad de Valparaíso, lo que me permitió conocer las experiencias que se comentan. Las fotografías son del autor; abril 2017.

Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), Montevideo.

• El 10 de febrero presentó declaración de impacto ambiental para rehabilitar instalaciones.
• Proyecto se ubicaría al interior del Sitio Prioritario de Conservación de la Biodiversidad Estepa Jeinimeni – Lagunas de Bahía Jara, considerado “un área con valor ambiental relevante” cuyos cuerpos hídricos “como la mayoría de los humedales, corresponden a sistemas frágiles de carácter temporal, muy sensibles a cualquier intervención antrópica, al poder provocar desequilibrios en el ecosistema”.
• La presentación de una declaración contradice lo que estipula la legislación ambiental, que obliga a presentar estudios para toda actividad localizada en o próxima a “poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados”.
• Un total de 580 mil metros cúbicos de agua pretende retirar la Compañía Minera Cerro Bayo (CMCB) desde los túneles abandonados de la mina Javiera y depositarlos en la laguna Salitrosa, a unos 12 kilómetros de Chile Chico y dos Bahía Jara, como una forma de rehabilitar dichas instalaciones para la extracción de oro.   Las faenas se localizarían a ocho kilómetros del límite de la Reserva Nacional Jeinimeni.

  Así se desprende de la declaración de impacto ambiental (DIA) presentada por la empresa el 10 de febrero de este año, la cual deberá ser resuelta por la Comisión Regional de Evaluación Ambiental (CEA), que preside la intendenta regional Karina Acevedo e integran los seremis de Medio Ambiente, Salud, Economía, Energía, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda y Urbanismo, Transportes, Minería, y Planificación.

  Actualmente los organismos técnicos se encuentran realizando observaciones al proyecto, que ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) por corresponder a “obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualesquiera otra área colocada bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita”.

• Aunque la propia compañía reconoce que sus operaciones se realizarían en áreas “bajo protección oficial”, dada su ubicación en el Sitio Prioritario de Conservación de la Biodiversidad Estepa Jeinimeni – Lagunas de Bahía Jara, para este caso no se aplicó el artículo 11 letra D) de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente que obliga a la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (y no solo declaración) para toda actividad localizada en o próxima a “poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar”. Según el Sistema Nacional de Información Ambiental el área es “un ecosistema frágil con poca representación en el sistema de protección, con presencia importante de especies en categorías de conservación”.

  Además, la tramitación se ha llevado adelante sin un proceso institucional de participación ciudadana con la comunidad local. El artículo 30 bis de la ley establece que para el caso de DIAs esta podrá realizarse por decisión del director del SEA si, dentro de los 10 días de publicado el proyecto en el Diario Oficial (2 de mayo), es solicitada por dos organizaciones sociales o por 10 ciudadanos directamente afectados. Plazo que para este proyecto ya se habría cumplido.

  Sin embargo, el Estado cuenta con otra herramienta para corregir tal omisión dado que el inciso segundo del mismo artículo estipula que “si durante el procedimiento de evaluación de la DIA, ésta hubiese sido objeto de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que afecten sustantivamente los impactos ambientales del proyecto, el organismo competente deberá abrir una nueva etapa de participación ciudadana, esta vez por diez días, período en el cual se suspenderá de pleno derecho el plazo de tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental”, lo cual es una prerrogativa de la CEA, según estipula el artículo 96 del Reglamento del SEIA.

  CMCB ya había presentado una DIA a principios de este año, pero esta fue declarada inadmisible por carecer de información relevante para ser evaluada.   Así lo consigna la resolución exenta del 23 de enero pasado.

   

  Elementos clave

  Según la DIA, actualmente la laguna Salitrosa (conocida en el sector como Salmonosa o Escondida) cuenta con un volumen de 330 mil m3, por lo cual depositar en ella 580 mil m3 prácticamente triplicaría su caudal, aumentaría su cota en 4,5 metros e inundaría unas cinco hectáreas de superficie aledaña. A esto se agrega que las aguas del interior de la mina presentan “parámetros excedidos tales como boro, fluoruro, manganeso, molibdeno, sulfato, sodio”, tema no menor considerando que los propios pobladores expresaron durante una reunión en diciembre su preocupación porque esta se encontraría “contaminada por aceites y petróleo de la antigua operación”, con el consiguiente riesgo de que el agua depositada escurra (o inunde) el estero El Baño que pasa por Bahía Jara y confluye hacia el lago General Carrera.

• El proyecto contempla pasar por sobre este curso hídrico una tubería con el caudal extraído desde la mina Javiera, con el riesgo de filtración, según alertaron la Dirección General de Aguas, las seremis de Desarrollo Social y Salud. Incluso este último organismo requirió “proporcionar información relativa a las captaciones de agua para consumo humano (ubicación, cota, habitantes atendidos) existentes en toda el área aledaña a la mina Javiera, la laguna Salitrosa y el estero El Baño de tal manera que se pueda establecer que ninguna contingencia podría afectar dichas instalaciones, así como también en lo relativo al agua para el riego agrícola”.

  El informe final de la consultoría “Lineamientos de un Plan de Gestión para el Sitio Priorizado Estepa Jeinimeni – Lagunas Bahía Jara”, realizada en 2009, determinó que las lagunas de dicho sector son “un área con valor ambiental relevante”, ya que “como la mayoría de los humedales, corresponden a sistemas frágiles de carácter temporal, muy sensibles a cualquier intervención antrópica, al poder provocar desequilibrios en el ecosistema”. Aclara que “son hábitat de una gran variedad de aves, como flamencos chilenos (Phoenicopterus chilensis), cisnes de cuello negro (Cygnus melancoryphus), cisnes coscoroba (Coscoroba coscoroba), taguas (Fulica armillata), varias especies de patos, etc. Cabe destaca que no existían registros de cisnes coscoroba en la zona, y es una especie en peligro de extinción”. Durante la visita que el 19 de mayo realizara la empresa a la laguna, junto a algunos servicios públicos, se constató efectivamente la presencia de cisnes de cuello negro, “lo cual no fue considerado en la línea base de la declaración de impacto ambiental”, según consigna el acta oficial levantada.

  En la región existe creciente preocupación sobre los efectos de las actividades productivas sobre la calidad de las aguas del lago General Carrera, fuente de agua potable para gran parte de las localidades ribereñas y el principal atractivo turístico de la proyectada Zona de Interés Turístico del Territorio Chelenko. Se trata, además, de un lago binacional sobre el cual existe un Tratado de Medio Ambiente y un Protocolo sobre Recursos Hídricos Compartidos suscrito entre Chile y Argentina.

  A esto se agrega que la DIA reconoce que “existe una gran cantidad de asentamientos arqueológicos cercanos al sector sonde se localiza el proyecto, sin embargo, todos a más de 2 kilómetros al este del área del proyecto”. Ante esto, el Consejo Nacional de Monumentos Nacionales solicitó una tabla que detalle estos hallazgos y su distancia a las operaciones.

  En el proceso, tanto la municipalidad de Chile Chico como Sernatur y Conaf, entre otros servicios, decidieron excluirse de participar en la evaluación.

   

  Reinicio de operaciones

  Las instalaciones corresponden “a una operación de minería subterránea que se mantuvo en funciones entre los años 2003 y 2008”. Producto de “la falta de recursos y los precios de la plata y el oro de dicha época”, en 2008 CMCB (subsidiaria de la multinacional Mandalay Resources) paralizó sus operaciones, ubicadas en el sector de Cerro Bayo. En estos años de inactividad, los túneles se inundaron, por lo cual el proyecto de extracción de agua se considera necesario para reiniciar las operaciones de esta sección.

  La compañía ha informado que las 250.000 toneladas de mineral presentes en el sector, son “necesarias para la continuidad operacional de CMCB en Chile Chico, dado el requerimiento de explotar simultáneamente desde múltiples vetas, para abastecer la planta de procesos en Laguna Verde y mantener la viabilidad de la operación”.

  Fuente:https://elecowebtivista.wordpress.com/2017/06/06/cerro-bayo-verteria-en-humedal-mas-de-medio-millon-de-metros-cubicos-de-agua-extraidos-de-tuneles-de-mina-abandonada/

La organización Dunas de Ritoque presentó escritos para solicitar la clausura de instalaciones de Codelco Ventana, que datan del 2014 y que aseguran, se habrían construido sin las fiscalizaciones correspondientes.

Andrés León, vocero de la organización señaló que se entregaron las solicitudes en la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y en la Superintendencia de Medio Ambiente, solicitando la clausura de estas instalaciones que catalogan como ilegales.

A juicio de León, la situación es más grave, porque se trata de bodegas que se utilizan para almacenar productos peligrosos al interior de una empresa, que incluso ya tiene un informe sanitario desfavorable.

Desde La Radio contactamos al departamento de comunicaciones de Codelco Ventanas y se nos indicó que no han recibido ningún documento oficial al respecto, por lo que no se van a referir a esta situación por el momento.

Fuente: http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2017/05/27/organizacion-dunas-de-ritoque-solicita-clausura-de-codelco-ventana-acusa-ilegalidades.shtml

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) dio a conocer este viernes la publicación del Reglamento que regula la entrega de información de carácter general obtenida de los trabajos de exploración sobre geológica básica.

Esta nueva normativa, que entrará en vigencia y será obligatoria en 60 días después de su publicación en el Diario Oficial y que forma parte del artículo 21 del Código de Minería, facilitará el acceso a la información de recursos geológicos generada por empresas y personas naturales.

Asimismo, su incumplimiento en la entrega de información geológica básica se traduciría en la imposición de multas de hasta 100 unidades tributarias anuales (alrededor de 45 millones de pesos).

La ley define la información geológica básica como muestras de superficie, sondajes exploratorios, mapas geológicos, levantamientos geofísicos y geoquímicos, estudios mineralógicos e imágenes satelitales.

Los datos podrán ser ingresados a través de dos plataformas modeladas por Sernageomin: el Sistema de Información Geológica de Exploración (Sigex) y el Portal Geológico Minero (Geomin).

Fuente:http://www.adnradio.cl/noticias/economia/sernageomin-publica-nuevo-reglamento-que-regula-entrega-de-informacion-de-exploraciones-mineras/20170526/nota/3475214.aspx

Nuevamente la Región de Coquimbo se verá afectada por un frente de mal tiempo y con este hecho se vuelven a revivir las preocupaciones de vecinos por el escurrimiento de relaves a cauces de ríos, esteros y quebradas, por tal motivo el ex consejero regional, Core Denis Cortés Aguilera, quien hace unas semanas denunciara a través de redes sociales este hecho, manifestó su preocupación por los pasivos ambientales que existen en comunas como Andacollo, Canela, Combarbalá, Punitaqui, Illapel, por nombrar a algunas, y que escurren a cauces de aguas.
«No hemos sido capaces como región y país de abordar el tema de los relaves mineros. Lo que hemos visto con estas lluvias es que han crecido las quebradas y ríos, y se han producido escurrimientos de algunos relaves  y desconocemos su posible nivel de toxicidad, lo que preocupa a la población por la escasa información que existe respecto a cómo se aborda esta problemática, por lo que espero que las instituciones  como Sernageomin, la Seremía de Medio Ambiente y el Ministerio de Minería verifiquen en terreno en forma urgente cuál es la situación de cada uno de estos y posteriormente entreguen el programa para buscar soluciones» enfatizó Cortés Aguilera.

Fuente:http://www.diariolaregion.cl/portal/?p=47200

Un nuevo tranque de relave busca habilitarse en la región de Atacama. La construcción será ejecutada por la empresa Mantos Copper, en el marco del proyecto minero Manto Verde.

Dicha instalación tendrá lugar en frente a la actual operación de la minera, a 35 kilómetros al interior de la costa y a 15 kilómetros de la localidad de El Salado en la provincia de Chañaral.

Iniciativa privada que mantiene en alerta a los vecinos del sector Flamenco, debido a que según dicen, pondrá en riesgo a los sectores que convivirán con él.

Reclamo

En medio de esto los pobladores se trasladaron en horas de la mañana ayer hasta la comuna de Copiapó, con el fin de realizar una manifestación en contra de la iniciativa minera.

En esa línea, la vocera de la agrupación Red Ambiental Copayapu, Sandra Peña destacó que este proyecto significaría “poner en riesgo la vida y la integridad de todas las personas de Flamenco, ya sea por el tema de los escurrimientos como por las aguas lluvia (…) la gran cantidad de material particulado que esto expele, los minerales pesados de este material particulado y la contaminación de las aguas subterráneas”, destacó la dirigenta.

Razones por las que los dirigentes aseguran no darán tregua en la lucha por impedir la instalación del relave ya que “ni siquiera negociar, que se menor, nada, no hay ninguna posibilidad porque nos pone en riesgo constante. Es una amenaza a la integridad de las personas”, sentenció Peña.

Asimismo la actividad de los manifestantes culminó con una entrega, ante el Servicio de Estudio de Impacto Ambiental, de 50 observaciones levantadas por los vecinos del sector.

En ese punto la presidenta de la junta de vecinos de Flamenco, Nilsa Guzmán destacó que es necesario “que las autoridades tomen conciencia a la hora de revisar estos proyectos y lo malo que son para la comunidad”, sentenció.

Defensa

Sin embargo, desde la empresa minera Mantos Copper destacaron que “nosotros tenemos la firme convicción que el proyecto es robusto en términos técnicos y que se contemplan todas las medidas de mitigación ambiental necesarias para que éste pueda ejecutarse sin afectar a las personas o al medio ambiente. Lo importante es que todos los interesados conozcan bien el proyecto y así evitar imprecisiones que pueden llevar a confusión”, señaló el gerente de sustentabilidad de la empresa Pedro Rosmanich.

Cabe destacar que los vecinos plantearon una preocupación respecto a los problemas que traería este tranque, ante la posibilidad de un sistema frontal como el ocurrido hace algunas semanas en la región, debido a que “se pretende emplazar en una zona aledaña a las zonas de inundación”, comentó Sandra Peña.

Referente a este punto, desde la compañía aseguraron que “en el Estudio de Impacto Ambiental y en el diseño del proyecto presentado a la autoridad, se consideraron variables como lluvias extremas, riesgos de aluviones y sismos de alta intensidad, para evitar que algunas de estas condiciones pueda afectar a poblados cercanos. Hay que considerar que el depósito de relaves se encontrará a 35 kilómetros aproximadamente de la Bahía de Flamenco, por lo cual no es posible que se desplace material hasta esa zona”, detalló Rosmanich.

Además el ejecutivo destacó que el proyecto permitirá aumentar la vida útil de Manto Verde hasta el 2024 y generar más empleo en la región.

Fuente:http://www.mch.cl/2017/05/24/vecinos-flamencos-pie-guerra-mantos-copper/

Un nuevo informe, previo a la Asamblea General de Accionistas (AGM por su sigla en inglés), destaca denuncias de corrupción, daños ambientales y escasez agua en torno al tranque de relaves minero más grande de América Latina, propiedad de la minera chileno-británica Antofagasta Minerals plc.

La compañía minera chilena con sede en Londres se ha visto envuelta en escándalos de cooptación de funcionarios gubernamentales, la generación de grandes sequías, la destrucción de reliquias arqueológicas y el intento de expandir el mayor tranque de relaves mineros en América Latina. El ingeniero chileno Lucio Cuenca llega a Londres para desafiar a la compañía en su AGM de Londres mientras LMN publica un nuevo informe sobre los recientes trámites legales y políticos de la compañía en Chile.

¿CUÁNDO? Miércoles 24 de mayo, 10:00 am para el inicio de la AGM de Antofagasta Minerals

¿DÓNDE? Church House, Dean’s Yard, Westminster, Londres SW1P 3NZ

¿QUIÉN? Lucio Cuenca Berger, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA, Chile) y Ali Sargent, investigadora de la ONG London Mining Network

El mayor tranque de relaves de residuos mineros de América Latina, 100 veces más grande que el tranque de relaves situado en Samarco Brasil, que colapsó en 2015 y mató a 20 personas, se ampliará aún más. Los residentes de Caimanes y los movimientos socio-ambientales del país quieren que Antofagasta Minerals, tome en consideración estos aspectos durante su reunión general de accionistas a realizarse en Londres, el 24 de mayo. A su vez en forma paralela, London Mining Network lanzará un nuevo informe que describe una serie de escándalos que involucran a la compañía que cotiza en la Bolsa de Valores Inglesa.

Las personas que viven en el pueblo de Caimanes tendrían solo diez minutos para evacuar sus hogares en caso de que el tranque de relaves El Mauro de la minera Los Pelambres, una de las mayores reservas de cobre del mundo, colapse. El tranque de relaves ya tiene una capacidad de 1.700 millones de toneladas de residuos mineros [1], lo que la convierte en el tranque de relaves más grande de América Latina y el tercero en el mundo. El tranque de relaves ya ha sido vinculado a la contaminación del agua local [2].

Más allá de las preocupaciones inmediatas de seguridad planteadas por los residentes de Caimanes, Antofagasta Minerals – la vigesimoséptima compañía minera más grande del mundo [3] y la novena más grande de cobre [4] – también se ha relacionado con una serie de escándalos relacionados con corrupción y destrucción del medio ambiente en Chile.

La viuda de su fundador, Iris Fontbona, es la persona más rica de Chile y los dueños de Antofagasta Minerals, los hermanos Luksic, tienen vínculos con un amplio rango del establishment político chileno, entre ellos la presidenta chilena, Michelle Bachelet [5].

El nuevo informe, ‘En el Valle de la Sombra de la Muerte? Un informe sobre Antofagasta Plc, Minera Los Pelambres y Caimanes’ (en inglés ‘In the Valley of the Shadow of Death? A Report on Antofagasta Plc, Minera Los Pelambres and Caimanes’), destaca los siguientes escándalos y costos sociales y ambientales asociados con las operaciones de Antofagasta en Chile:

·          Cómo una serie de ejecutivos de Antofagasta y de  ministros y funcionarios gubernamentales que se han trasladado de la empresa al gobierno, o viceversa, o que recibieron pagos de la empresa mientras estaban en cargos públicos relevantes (incluyendo al ex ministro Secretario General de la presidencia, Jorge Insunza, quien fue forzado a dejar su cargo una vez que se conocieron los pagos de consultoría hechos por Antofagasta Minerals mientras era Presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados).
·      Los 55 millones de toneladas de desechos minerales descargadas por Antofagasta en el lado argentino de los Andes, sin licencia para operar en el país, en tierras concesionadas a Glencore (que actualmente está demandando a la compañía).
·      Un cronograma de las sentencias legales contra Antofagasta.

Lucio Cuenca Berger, es ingeniero de la Universidad de Santiago de Chile, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y miembro de la Junta Directiva del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Mineros (OCMAL), dijo: “Antofagasta Minerals es un actor importante en la expansión agresiva de la minería a gran escala en Chile. Hace uso de la Bolsa de Valores de Londres para cosechar los beneficios de ser una empresa global, pero también para que sus propietarios, los accionistas, estén lejos del escrutinio de las comunidades locales afectadas por sus operaciones. Por esta razón, es muy importante asistir a la AGM de la compañía para hacerla rendir cuentas y llamar a las instituciones británicas pertinentes a asumir la responsabilidad de proteger a las empresas que violen los derechos de las personas y las comunidades”.

Ali Sargent, es investigadora de London Mining Network, señaló que: “El tranque de relaves El Mauro es una colosal bomba de tiempo. La evidencia sobre los problemas de los tranques de relave ha crecido a nivel internacional y El Mauro es un ejemplo particularmente bien documentado, con serios problemas relacionados con la contaminación del agua, suministro de agua y el riesgo de colapso provocado por un un terremoto. A pesar de que la resistencia a su construcción ha continuado durante más de una década, Antofagasta todavía planea expandir la presa”.

El informe completo está disponible para su descarga aquí: http://bit.ly/LMNAntoMay2017

Lucio hablará en un evento público en Senate House, organizado en asociación con el Institute of Latin American Studies de la Universidad de Londres, Latin American Bureau y War on Want, el martes 23 de mayo, a las 7:00 pm: http://bit.ly/MiningConflictsChile

Lucio estará disponible para entrevistas previo acuerdo, el martes 23 de mayo, o inmediatamente después de la AGM el miércoles 24 de mayo. Para más información o para concertar entrevistas individuales, póngase en contacto con Liam Barrington-Bush: liam@londonminingnetwork.org / +4407775732383

REFERENCIAS

[1] http://www.ejolt.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/FS_013_Los-Pelambres.pdf
[2] http://www.ipsnews.net/2012/06/mine-tailings-pollute-a-chilean-towns-water/
[3] http://www.mining.com/top-50-biggest-mining-companies/
[4]http://investingnews.com/daily/resource-investing/base-metals-investing/copper-investing/top-10-copper-producing-companies-2/
[5] http://ciperchile.cl/especiales/caval/

Sr.
Jorge Bermúdez Soto
Contralor General de la República
Presente

Ref.- Toma de razón Modificación Convenio Básico CORFO-Rockwood

Estimado  Sr. Contralor:

Por la presente, me permito solicitar formalmente la invalidación de la resolución de toma de razón, de fecha 30 de diciembre de 2016, por parte de la Contraloría General de la República, en adelante la Contraloría, que aprueba la Modificación de Convenio Básico suscrito entre CORFO, Rockwood Litio Limitada, Rockwood Litio Inc y Foote Minera e Inversiones Limitada, en razón de ilegalidades e inconstitucionalidades en su aprobación.

Dichas ilegalidades e inconstitucionalidades derivan del hecho que en dicha toma de razón, no se prestó la debida atención a la letra y el espíritu de la Constitución y las leyes, que tienen que ver con la reserva al Estado y la no concesibilidad del litio.

En efecto, en el VISTO, en el número 1 de la Toma de Razón, se dice que Corporación de Fomento de la Producción, en adelante CORFO, constituyó 59.020 pertenencias mineras en el Salar de Atacama de 5 hectáreas cada una, que fueron inscritas en 1977 en el Conservador de Minas de Antofagasta, y en el número 2, dice “quedó excluido de la reserva del mismo al Estado de Chile, por expresa mención del artículo 5° del Decreto Ley N° 2.886, de 1979, del Ministerio de Minería”.

Aquí es donde se inician, las infracciones tanto de la letra como del espíritu de las disposiciones de la Constitución y de las leyes, en que se fundamenta esta toma de razón, puesto que el art. 5° del constitucional DL 2.886 dispone: “Por exigirlo el interés nacional, desde la fecha de vigencia de este decreto ley, el litio queda reservado al Estado”.

En cuanto a la forma, este decreto Ley 2.886, no es del Ministerio de Minería, sino que fue dictado por la Junta Militar de Gobierno, en virtud de su poder constituyente, y no figura en su promulgación el Ministro de Minería, solo los miembros de la Junta Militar. En cuanto al fondo, CORFO no puede quedar excluido de la reserva del litio al Estado, porque CORFO es parte del Estado de Chile.

En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en la ley 6.640, la CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION, fue creada con el objeto de cumplir políticas públicas del Estado y es una organización que forma parte del mismo.

Las pertenencias OMA en el Salar de Atacama

La Corporación de Fomento de la Producción, constituyó 59.020 pertenencias mineras en el Salar de Atacama de 5 hectáreas cada una, que fueron inscritas en 1977 en el Conservador de Minas de Antofagasta. En octubre de 1979, en uso de su poder constituyente, la Junta Militar decretó la reserva al Estado del litio, mediante el DL 2.886, y de dicha reserva al Estado dejó excluidas las pertenencias constituidas con anterioridad a la dictación del DL 2.886, de 1979, pero solo deja excluidas las pertenencias constituidas por particulares antes de esa fecha, pero no podía excluir de la reserva al Estado al propio Estado, es decir a CORFO, porque CORFO es parte del Estado de Chile, es un ente a través del cual el Estado fomenta la producción en el país, y a través de ese ente, CORFO, el Estado, desde fines de los años treinta del siglo pasado, creó empresas del Estado como ENDESA, CAP, ENAP, IANSA, INACAP, etc.

“La Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), creada en 1939, es el organismo del Estado chileno encargado de impulsar la actividad productiva nacional”. Lo sostiene la misma CORFO en Historia de su página web. CORFO no es una empresa del Estado sino una institución estatal para el desarrollo productivo.

Por lo tanto, cuando el art. 5° del DL 2.886 reserva el litio al Estado, dispone a la vez que: “Se exceptúa de lo dispuesto en el inciso anterior solamente: a) El litio existente en pertenencias constituidas, sobre litio o sobre cualquiera de las sustancias del inciso primero del artículo 3° del Código de Minería, que, a la fecha de publicación de este decreto ley en el Diario Oficial, tuvieren su acta de mensura inscrita, se hallaren vigentes, y cuya manifestación, a su vez, haya quedado inscrita antes del 1° de Enero de 1979”; esta excepción se está refiriendo a los particulares, que actúan dentro del ámbito del derecho privado, y que tenían pertenencias mineras constituidas en el litio, antes del 1° de enero de 1979, pero es ilógico que la Contraloría concluya que se podría exceptuar de esta reserva al Estado, al propio Estado, es decir a CORFO organismo del Estado, que solo se desenvolvía en el derecho público.

En derecho público solo se puede hacer lo que está expresamente autorizado por la ley, lo ha expresado la Contraloría en cientos de dictámenes. Desconocemos la existencia de una disposición legal que excluya al Estado-CORFO de la reserva a la Estado del litio, o que la autorice a  vender sus pertenencias mineras en el litio.

Por lo mismo, no se explica en la presente resolución, cuál es el fundamento de derecho de la  Contraloría, para determinar que de la reserva al Estado del litio que estableció el DL 2.886, de 1979, se dejó excluido el propio Estado-CORFO.

Al no quedar CORFO excluido de la reserva al Estado del litio, no podía traspasar o vender a particulares ninguna de las 59.020 pertenencias de litio en el Salar de Atacama, llamadas OMA, ni podía renunciar a ellas, porque estaban reservadas al Estado por el constitucional DL 2.886, quedaban, entonces,  reservadas al Estado-CORFO, por el solo mérito de la ley, y no necesitaban de ningún acto administrativo posterior para así disponerlo.

El 13 de agosto de 1980, CORFO y Foote Mineral Company suscribieron un Convenio Básico para la formación y operación de Sociedad Chilena de Litio Ltda”., en adelante SCL. La CORFO participó en la creación de esta sociedad aportando 3.344 de sus pertenencias OMA, lo que infringe el constitucional DL 2.886, que reserva el litio al Estado. En virtud del DL 2.886, CORFO no podría traspasar ninguna de las pertenencias OMA a un particular, menos aún a una empresa extranjera. Por tanto, es nulo el aporte de las 3.344 pertenencias OMA a la Sociedad Chilena del Litio Ltda., porque la nulidad de derecho público cuando un órgano del Estado actúa al margen de la legalidad, está vigente de desde la Constitución de 1833.

Si bien la Contraloría no tiene facultades para declarar la nulidad del traspaso de las 3.344 pertenencias OMA a SCL, al menos no debería validar esta ilegalidad, al sostener en el número 2 que: “quedó excluido de la reserva del mismo al Estado de Chile, por expresa mención del artículo 5° del Decreto Ley N° 2.886, de 1979, del Ministerio de Minería”. Es más, la Contraloría debería declara que el contrato con Foote Mineral Company es ilegal.

Si el DL 2.886 efectivamente excluyera de la reserva al Estado las pertenencias OMA de CORFO, en ese caso el traspaso a SCL-Rockwood, de las 3.344 pertenencias OMA, sería legal y legítimo, y eso le permitiría explotarlas indefinidamente mientras pague las respectivas patentes mineras, y CORFO no tendría ningún derecho de propiedad sobre ellas. En más, en ese caso, Rockwood no tendría ninguna necesidad de firmar el actual Anexo con CORFO, ni menos someterlo a toma de razón de la Contraloría, lo que es una razón más para invalidar esta toma de razón.

En efecto, si las 3.344 pertenencias OMA fueron traspasadas a SCL-Rockwood en conformidad a la ley, esta empresa sería soberana para explotar dichas pertenencias como mejor le plazca, no le afectaría ni la Constitución ni la nueva ley minera, que declaran no concesible el litio, y tampoco tendría que hacer un convenio con CORFO, que sea sometido a toma de razón en la Contraloría..

La única obligación que tendría Rockwood con sus 3.344 pertenencias OMA, sería la de tener que solicitar obligatoriamente la autorización de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, en adelante la CCHEN, para realizar cualquier acto jurídico con el litio, que extraiga de dichas pertenencias, porque así los dispone el art. 8° de la Ley 16.319.

Lo anterior tendría que ser el razonamiento lógico, si nos atenemos a lo que la Contraloría dice en el punto 2 del VISTO, respecto que las pertenencias OMA de CORFO quedaron excluidas de la reserva al Estado del DL 2.886.

Sin embargo, el hecho mismo de tomar razón de este Anexo al Convenio Básico, es un reconocimiento implícito por parte de la Contraloría, que las pertenencias OMA no quedaron excluidas de la reserva al Estado, sino no se justificaría por falta de objeto, la toma de razón de 30.12.2016, porque las 3.344 pertenencias ya no son propiedad de CORFO, sino que sería propiedad exclusiva de Rockwood.

Pero las irregularidades de esta resolución, no terminan ahí, porque en el punto 5 del VISTO, se la da una interpretación que no corresponde al inciso segundo del artículo segundo transitorio de la Constitución Política de la República, en adelante CPR.

El inciso segundo del artículo segundo transitorio de la CPR

No corresponde  lo que dice el punto 5 del visto, porque el inciso primero del art. segundo transitorio de la CPR, dispone que mientras se dicta el nuevo Código de Minería, los titulares de derechos mineros seguirán regidos por la legislación minera que estuviere en vigor al momento de la entrada en vigencia de esta CPR. Esa legislación minera comprende el antiguo Código de Minería, y respecto del litio, rige además el DL 2.886 y la Ley 16.319, que dispone que la CCHEN debe autorizar toda comercialización del litio.

Pero sobre todo no corresponde en este punto 5, la errada interpretación del inciso segundo del artículo segundo transitorio de la CPR, que dispone que:

“Los derechos mineros a que se refiere el inciso anterior subsistirán bajo el imperio del nuevo Código, pero en cuanto a sus goces y cargas y en lo tocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de dicho nuevo Código de Minería”.

Respecto del inciso primero, la Constitución conserva la validez de la propiedad de las concesiones mineras, adquiridas bajo el imperio del antiguo Código de Minería, pero a la vez, respecto del litio, sigue rigiendo el DL 2.886 que reserva al Estado la explotación del litio, y la Ley 16.319, que debe autorizar toda comercialización del litio.

El inciso segundo, además de las limitantes anteriores, dispone una limitación mayor porque en cuanto a sus goces y cargas y en lo tocante a su extinción, rigen las disposiciones del nuevo Código de Minería, que declara que el litio no es concesible, que solo el Estado o sus empresas pueden explotarlo, o mediante concesiones administrativas o contratos especiales de operación, que solo el Presidente de la República puede conceder y por decreto supremo.

El inciso segundo consagra un derecho limitado de esas concesiones mineras. Esto significa que desde el 1.01.1981, SCL-Rockwood, no disponía del goce de las 3.344 pertenencias OMA que le había traspasado CORFO, en agosto de 1980, es decir no podía disponer se los frutos de esas pertenencias, al no disponer del goce de ellas, incluso en el caso que la transferencia de las pertenencias OMA efectuada por el Estado-CORFO a un particular, sea legítima y legal.

Del inciso primero del artículo segundo transitorio de la CPR, se desprende que las pertenencias OMA quedaban siempre reservadas al Estado por mandato del DL 2.886, hasta la entrada en vigencia del nuevo Código de Minería, el 01.01.1984, y a partir de esa fecha, tampoco SCL-Rockwood podría disponer de dichas pertenencias, porque el litio fue declarado no concesible, y antes de esa fecha no podía explotarlas porque no lo permitía el inciso segundo del artículo segundo transitorio de la CPR.

Sea o no legal la transferencia de las 3.344 pertenencias OMA por parte de CORFO  a SLM-Rockwood, el único organismo que podía autoriza la explotación y comercialización del litio era la CCHEN, porque así lo disponía la Ley 16.319, en su art. 8, modificado por el art. 6° del DL 2.886 de 1979.

La CCHEN y la Ley 16.319.

Queremos señalar a modo de información solamente que no existe un acuerdo de la CCHEN para autorizar a CORFO el acto jurídico de traspaso de las 3.344 pertenencias OMA a SLM, teniendo en consideración que todo acto jurídico en el litio debía ser autorizado por la CCHEN y que el lito estaba reservado al Estado.

La Ley 16.319 dispone en su art. 8°, que solo la CCHEN, o solo con su autorización, se puede realizar actos jurídicos con el litio. Por esta razón, el 12 de noviembre de 1980, mediante el acuerdo N° 801, el Consejo de la CCHEN autorizó a SLM a vender litio en las siguientes condiciones:

“La autorización a que se refiere el inciso primero del número 1°) no regirá más allá del plazo de 17 años, contados desde el cuarto año después de la fecha de constitución de la Sociedad Chilena del Litio Ltda., o desde la fecha en que se efectúa la primera venta comercial de productos, si esto ocurriera ante… En todo caso durante su vigencia, en uso de esta autorización no se podrá vender un volumen de productos superior al equivalente, en litio metálico, de 8.300 toneladas métricas en el primer sexenio, 11.800 toneladas en el segundo sexenio y 13.600 toneladas en el quinquenio final”

Esto quiere decir que la CCHEN autorizó a SLM-Rockwood, a vender una producción total de solamente 33.700 toneladas al equivalente de litio metálico, y el plazo de la autorización expiraba el año 2001.

CORFO no tiene ninguna facultad legal, potestad o autoridad para autorizar la producción y venta del litio, porque desde 1979, el único organismo encargado de ello es la CCHEN. Sin embargo, en el punto 22 del VISTO, la Contraloría parece desconocer que CORFO no tiene las facultades para disponer de la comercialización del litio, que solo tiene la CCHEN.

Sin embargo en la presente resolución de toma de razón la Contraloría, nos dice que la autorización de la CCHEN no terminó el año 2001, y aún continúa porque Rockwood fue autorizado por el convenio básico a exportar 200.000 toneladas de Litio Metálico, casi 6 veces más de lo que autorizó la CCHEN en 1980.

Además, la CCHEN en el Acuerdo 801 estipulaba que podrá revocar la autorización de venta por varias razones, pero queremos destacar solo una de ella, la de la letra e) de la cláusula 6 que dice: “Si, por cualquier causa, la Corporación de Fomento de la Producción cediere todo o parte de si interés de la referida sociedad a persona o personas que no sean controladas totalmente por el Estado de Chile”

Durante los años ochenta del siglo pasado, CORFO vendió toda su participación en SSL a la misma SLM, que no es controlada por el Estado de Chile, contraviniendo la resolución de la CCHEN. La Contraloría debió tomar razón de esos traspasos en los años ochenta, por lo que sería conveniente conocer los fundamentos de las resoluciones de toma de razón que autorizaron dichas transferencias.

En resumen:

Si a pesar de la reserva al Estado del litio, del DL 2.886 de 1979, la Contraloría considera que es legal el traspaso de 3.344 de pertenencias OMA de CORFO a SLM-Rockwood, sabiendo además que CORFO, desde los años ochenta del siglo pasado, ya no tiene ninguna participación en dicha sociedad, no se ve la razón para que CORFO realice un acuerdo con SLM-Rockwood, para una nueva explotación del litio, porque CORFO ya no sería dueña de dichas pertenencias, ni tiene participación alguna en dicha sociedad, ni sería pertinente la toma de razón de dicho acuerdo por la Contraloría.

Por otro lado, si no es legal el traspaso de 3.344 de pertenencias OMA de CORFO a SLM-Rockwood, todo lo obrado a partir del Convenio Básico de 1980, entre CORFO y SLM-Rockwood, sería nulo de derecho público.

En cualquier caso, por disposición del inciso segundo del artículo segundo de la CPR, CORFO no tiene ninguna autoridad ni potestad para conceder a particulares derechos de explotación en el litio, ya sea en las 3.344 pertenencias OMA traspasadas a SLM-Rockwood, ni en ninguna de las pertenencias mineras sobre litio que existen en Chile, puesto que dicha potestad solo la tiene el Presidente de la República, por mandato del inciso décimo del N° 24 del art. 19 de la Constitución política de la República.

Por las razones expuestas, me permito solicitarle Sr. Contralor General, la invalidación de la resolución de toma de razón  que aprueba la Modificación de Convenio Básico suscrito entre CORFO, Rockwood Litio Limitada, Rockwood Litio Inc y Foote Minera e Inversiones Limitada.

Saluda atentamente a Ud.

Julián Alcayaga O.
RUT 5.136.752-9
Abogado
Presidente ONG Chile-Cobre
San Martín 473 of. 113
Santiago
Santiago, 11 de mayo de 2017