Argentina

Una pericia del Gobierno confirmó que una minera chilena contaminó el lado argentino de la cordillera

Una pericia encargada por la Justicia al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable confirmó que la empresa chilena Antofagasta Minerals contaminó San Juan, a la altura del departamento de Calingasta. El estudio encontró que la concentración de metales pesados en una laguna cercana a la mina Los Pelambres es hasta 71 mil veces superior a lo recomendado. Y que nueve de las diez muestras de roca que se tomaron pueden desencadenar un proceso capaz de generar daños irreversibles en el medio ambiente.

El tema fue puesto en agenda tras una investigación de Infobae publicada en junio del año pasado. Todo comenzó cuando en 2004 el gobierno chileno autorizó que la poderosa Antofagasta Minerals instalara la escombrera Cerro Amarillo al norte de Los Pelambres, la séptima mina de cobre más grande del mundo. La empresa arrojó allí todos los desechos de su producción entre 2007 y 2012. Un año antes la firma se percató que la mitad de ese «megabasurero» minero está del lado argentino de la frontera. Son 52 hectáreas, algo así como 70 canchas de River Plate, en las que están alojadas 20 millones de toneladas de rocas supuestamente estériles, pero

potencialmente contaminantes.

En el gobierno argentino conocen la existencia de la escombrera al menos desde 2014, aunque el tema se mantuvo en las sombras. Este medio publicó hace unos meses, a partir de un pedido de acceso a la información pública, un estudio realizado ese año por el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), que al igual que la pericia que ahora se conoció también halló niveles altos de metales pesados en una laguna y un arroyo ubicados en el valle del río de la Carnicería, que alimenta al río San Juan.

Habrá que ver cómo repercute este nuevo estudio en las relaciones bilaterales con Chile. Está probado a partir de una serie de mails publicados por la prensa del país vecino que el gobierno trasandino ayudó a la empresa a liberarse de culpa y cargo. En concreto, el Ministerio de Minería que conduce Aurora Williams, una ex empleada de Antofagasta Minerals, participó de una maniobra para hacer pasar un estudio del laboratorio privado SGS, que trabaja para la minera, por una pericia oficial que arrojaba que no había indicios de contaminación. Hubo también otras gestiones de dudosos fines.

La pericia

El nuevo análisis del gobierno argentino al que Infobae accedió confirmó lo que otros estudios ya habían detectado: que «la presencia de la Escombrera Cerro Amarillo constituye una fuente cierta de dispersión de sustancias contaminantes» y que es «una fuente de generación de Drenaje Ácido de Roca y metales pesados con potencial de generar un daño ambiental».

Lo primero que advirtieron los expertos del Ministerio de Ambiente es que la escombrera no está aislada. No hay ninguna obra para contener el flujo de sus aguas. Es un tema fundamental, ya que mientras los ambientalistas reclaman su remoción, Antofagasta Minerals se había comprometido a realizar un trabajo de aislamiento que, según la pericia, no parecería haber comenzado.

Con respecto a las lagunas que están alrededor de la escombrera, la pericia detectó que «una porción sustancial de la superficie de las lagunas se encuentra directamente ocluida por la escombrera, lo cual supone una afectación directa del 53% de la superficie original de las lagunas«. En otras palabras, desaparecieron la mitad de los cuerpos de agua por acción directa de la minera chilena. Esa superficie podía ascender al 94% por la influencia de los ciclos hidrológicos.

Con respecto a la calidad de las aguas que descienden de la escombrera y desembocan en el Río de la Carnicería «se observó una afectación con metales pesados significativa en el punto de muestreo más cercano a la escombrera».

En las lagunas más próximas a la escombrera se detectaron «altas concentraciones de sulfatos, lo que constituye un indicador de un posible proceso de acidificación» que también «se observa en las variaciones de pH de los distintos cuerpos de agua de la zona». Asimismo, se encontraron de manera significativa nitratos y nitritos que provienen de los explosivos utilizados por la mina.

Pero lo que más preocupa es que las concentraciones de metales pesados y otros elementos en esas lagunas «se ven incrementadas por la influencia directa de la escombrera» y «alcanzan valores que se encuentran hasta 71 mil veces por arriba de los niveles regulados» por el reglamento de la ley de residuos peligrosos.

Aquí hay que hacer una salvedad: los peritos subrayaron que no hay dudas de la relación causal entre las altas concentraciones de metales en la escombrera y en los cuerpos de agua aledaños, lo que queda claro, entre otras cosas, por los altos niveles de cobre, que es el mineral que se extrae de Los Pelambres. En la pequeña laguna LC04 hay 142.900 miligramos de cobre por litro, cuando el valor recomendado para la vida acuática es de 2 miligramos por litro. Los valores, a su vez, descienden a medida que el agua se aleja del botadero.

Pero la única preocupación no es por el cobre. En ese cuerpo de agua, la concentración del aluminio, por ejemplo, es 19 mil veces superior a la recomendada; en el caso del manganeso es 154 veces mayor. También es más de 100 veces superior la concentración total de metales pesados como el cadmio o el cinc.

La última cuestión que destacaron los especialistas tiene que ver con la capacidad de la escombrera de desarrollar Drenaje Ácido de Roca (DAR), que es un proceso que genera ácidos capaces de disolver metales y transportarlos a los cuerpos de agua. Puede perdurar por siglos si no es manejado adecuadamente y los daños que provoca pueden llegar a ser irreversibles. De las 10 muestras que se tomaron de la escombrera, nueve son capaces de generar DAR. «Existe un gran posibilidad de que estos metales lleguen a los suelos y a las napas generando contaminaciones«, fue la conclusión.

Fuente:http://www.infobae.com/sociedad/2017/07/10/una-pericia-del-gobierno-confirmo-que-una-minera-chilena-contamino-el-lado-argentino-de-la-cordillera/

Argentina

Hensel por Pelambres: «Entendemos que la escombrera puede ser contaminante»

Tras los resultados de una pericia ordenada por la Justicia Federal que advierten índices de potencial contaminación sobre suelo calingastino,el ministro de Minería ratificó a Canal 13 que el gobernador Sergio Uñac solicitó una reunión con Cancillería para darle una solución diplomática al conflicto.

Los resultados de una pericia encargada por la Justicia Federal al Ministerio de Ambiente de la Nación arrojaron índices de potencial contaminación sobre el suelo donde se encuentra la escombrera instalada por la minera chilena Pelambres en Calingasta.
De esta manera, la repartición elaboró un contundente informe en el que reveló la presencia de metales pesados en el curso de agua que baja de la escombrera. Este cauce desemboca en un río cordillerano y aunque en estos exámenes no se encontraron índices de contaminación, rige el alerta por potencial daño ambiental. Es por eso que el gobernador Sergio Uñac solicitó una reunión con el Canciller y el ministro de Ambiente de la Nación para evaluar el impacto generado por la escombrera.
El informe fue solicitado por el juez federal Leopoldo Rago Gallo y el fiscal Francisco Maldonado en el marco de la investigación que recae sobre ex directivos y la actual conducción de la minera chilena por presunta contaminación  de agua y tierras.
El ministro de Minería la provincia, Alberto Hensel, contó a Canal 13 que Sergio Uñac instruyó al Fiscal de Estado para intervenir en la causa y solicitó a Cancillería gestiones diplomáticas.
«No tengo acceso a esa pericia pero si estamos al tanto que esa escombrera tiene todas las condiciones de tener impacto en el ambiente y puede ser contaminante por eso la provincia tomó medidas judiciales reclamando soluciones ambientales», explicó Hensel
El funcionario destacó la importancia de que «por la vía judicial se le de mayor celeridad a la cuestión».
«El gobernador tomó la decisión de darle intervención al Fiscal de estado para avanzar en la causa penal», dijo Hensel.
El ministro aclaró que además resta saber «cuál es el temperamento de la minera nacional en cuestiones diplomáticas».
«Hay dos causas, una penal y una civil. el 3 de julio nos llegó un oficio para que informemos al juez sobre un aislamiento previsional», añadió.
«Necesitamos un reunión para determinar el camino que pretende tomar Nación respecto a esto», concluyó.
Fuente:http://www.canal13sanjuan.com/san-juan/2017/7/10/hensel-pelambres-entendemos-escombrera-puede-contaminante-43193.html
Argentina

Los Gigantes: prometen sanear la mina de uranio cerrada desde 1990

CÓRDOBA.- La mina de uranio a cielo abierto de Los Gigantes -a 30 kilómetros de Villa Carlos Paz- dejó de operar en 1990, pero nunca se realizó la remediación varias veces prometida y reclamada por los habitantes de la zona. Desde el Ministerio de Energía de la Nación insistieron en que las tareas se harán, pero no dieron fecha. Es casi seguro que no será este año porque la provincia se tomará al menos 90 días para analizar la iniciativa presentada por la administración nacional.

«La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) presentó a las autoridades provinciales involucradas la ingeniería de remediación para la primera etapa de gestión», respondieron desde Energía ante la consulta de LA NACION. La CNEA entregó la explotación de la mina a la empresa Sánchez Granel, que inició la extracción de uranio en 1982.

Tres años después hubo un desborde de los diques de cola (donde se acumulan los residuos) y el agua contaminada llegó al río San Antonio. Aunque las autoridades afirmaron que la «neutralización» fue «rápida», el episodio puso en alerta a la comunidad que

comenzó a reclamar por el impacto ambiental; con el tiempo se reconocieron nuevos problemas y, en 1990, cesó la explotación.

Fuentes de Minería de Córdoba explicaron que el proyecto de «evaluación» de remediación entró el 1° de junio después de que el presentado en octubre pasado fuera rechazado «porque no tenía los elementos de sustento necesarios». El nuevo será analizado por Minería, Medio Ambiente y Recursos Hídricos. «Tiene que ajustarse a la ley ambiental provincial. Después deberá haber una audiencia pública», anticiparon.

Salvo el área de dormitorios y los tachos donde estaba el ácido sulfúrico para la concentración del uranio, todo sigue igual en la mina abandonada. Los residuos generados durante la explotación se mantienen a cielo abierto. Desde Energía señalan que hay un programa de monitoreo ambiental de «agua superficial, subterránea, aire y radiológico», y que, además, la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) hace «monitoreos independientes».

Desde el Foro Social -creado en 2005 por exigencia del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF, trabaja en apoyo al Banco Mundial) para desembolsar los recursos del Programa de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio (Pramu) e integrado por diferentes ONG-, el geólogo Juan Carlos Paesani insiste ante este diario en que son «organismos internacionales independientes y reconocidos» los que deben hacer los controles. Rechaza que los instrumenten entidades que «tienen relación con la CNEA y no hay imparcialidad».

En el último documento del Foro Social (ahora ampliado a todo el país) se sostiene que la mina debe ser «remediada por la CNEA, que también deberá disponer su cierre definitivo y un programa de vigilancia», sometiendo todo el proceso a una evaluación de impacto ambiental y a una audiencia pública.

Respecto de la ausencia del Foro en las decisiones sobre la mina (la participación está exigida por el BIRF) hay cruce de versiones. Energía señala que en mayo de 2006 decidió «trabajar en forma independiente a la coordinación» de la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba, «por lo cual la CNEA quedó desvinculada en el funcionamiento del Foro».

Paesani insiste en que, ante cada requisitoria, les decían que fueran a Buenos Aires. «No tenemos presupuesto para hacerlo -continúa-. Nos constituimos por exigencia de las autoridades, pero nos terminamos enterando por los medios de lo que hacen.»

El peor temor de la comunidad es que se rompa el sistema de diques de retención, con lo que el agua desembocaría en los arroyos Cajón y Cambuche. «La CNEA nunca elaboró para los vecinos un plan ni prepararon a la gente para una eventual contingencia, pese a los accidentes y derrames de aguas alcalinas y ácidas que hubo», señala el Foro.

En abril pasado, autoridades provinciales y nacionales recorrieron el lugar; se renovaron las promesas de remediación. «El proyecto cumplirá todos los pasos indicados en la legislación ambiental y requeridos por las autoridades de aplicación; concluido ese proceso y con las autorizaciones pertinentes, se comenzarán las tareas de remediación», señalan desde Energía. Las obras -no se aclara cuáles- serán controladas por la provincia y la ARN.

Más polémica

La alerta de la comunidad creció cuando trascendió que la CNEA quiere trasladar 58.000 toneladas de residuos de la planta Dioxitek (produce dióxido de uranio) del barrio Alta Córdoba en la capital provincial a Los Gigantes para hacer una remediación general. Las autoridades provinciales ya expresaron que se oponen.

Ante esta consulta puntual, desde Energía indicaron: «Cuando la planta salga de servicio se procederá al desmantelamiento, plan que se está trabajando junto a las autoridades municipales y provinciales. Los residuos de Dioxitek son de baja actividad, por lo que pueden ser tratados en las instalaciones existentes de la CNEA a tal fin».

Por un acuerdo ante la Justicia, la planta está «en condiciones de operar de manera segura para la población y el ambiente certificada ante las autoridades competentes» a nivel local y nacional, indican desde el ministerio, pero advierten que no está trabajando «a la espera de la correspondiente autorización» que llegaría «en breve». Hoy el país importa mineral de uranio, insumo para la producción de dióxido.

Dioxitek estaba cerrada desde el 10 de noviembre cuando la Municipalidad de Córdoba la clausuró por violar la ordenanza de uso de suelo que prohíbe ese tipo de industrias en la ciudad. En esa fecha venció un acuerdo, firmado en 2012, con el entonces ministro Julio de Vido. Desde 1994 hay promesas de relocalizar la planta, que tiene sus residuos de radiación baja enterrados en un predio contiguo. El traslado sería a Formosa, donde se construye otra.

En esa provincia la comunidad quom que vive en la zona -pegada al límite con Paraguay- donde se levanta la planta se opone y pidió a la Corte Suprema que intervenga; Energía sostiene que se cumplieron «todas las instancias de aprobación e información exigidas por ley», y que se instrumentó un proceso «de consultas e intercambio de información con la población, que continúa abierto».

Fondos internacionales para obras

CÓRDOBA.- En 2008 el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento aprobó el préstamo de US$ 70 millones para financiar diferentes objetivos del Programa de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio que se hizo efectivo en 2010, cuando por decreto el Ejecutivo aprobó el convenio. Antes de aprobar el préstamo, se le entregaron a la CNEA, como organismo ejecutor, los Fondos de Preparación de Proyecto (PPF) para alistar la documentación.

El desembolso -que está en el orden del 97%- incluye trabajos de remediación del ex complejo fabril de Malargüe (Mendoza); el desarrollo de «opciones técnicas, ambientales y sociales» para la remediación de El Chichón (Alta Córdoba), Los Gigantes y «otros sitios» y la gestión de las iniciativas. En Energía explican que los procesos de adquisiciones relacionados con el préstamo son controlados por la Auditoría General de la Nación y el Banco Mundial.

Fuente:http://www.lanacion.com.ar/2039403-los-gigantes-prometen-sanear-la-mina-de-uranio-cerrada-desde-1990

Argentina

El tema minero vuelve a instalarse en Jacobacci

El interés de una empresa argentina en el Proyecto Calcatreu vuelve a poner sobre el tapete de la explotación de la minería de primera categoría en Jacobacci y la región.

Hace meses Pan American Silver Corp. anunció un acuerdo con Patagonia Gold Plc a través de Patagonia Gold S.A., por el cual adquirirá una participación del 100% en el proyecto COSE, localizado en la provincia de Santa Cruz. La transacción está valuada en 15 millones de dólares. A esto hay que agregar que Patagonia Gold recibió la opción exclusiva para comprar el proyecto de oro y plata Calcatreu por parte de Minera Aquiline Argentina S.A., subsidiaria de Pan American Silver Corp.

Calcatreu es un depósito epitermal de baja sulfidización con mineralización de oro y plata, situado a unos 60 kilómetros al sur de Jacobacci. Si se decide su explotación, su puesta en marcha demandaría un par de años para saber si realmente es factible.

Actualmente técnicos de Patagonia Gold, realizan distintos trabajos de exploración para evaluar la factibilidad del proyecto Calcatreu y definir la compra en octubre.

Ayer, el intendente de Jacobacci, Carlos Toro (UCR), afirmó que tanto el gobierno nacional, como la provincia y el municipio de Jacobacci han mantenido contactos con directivos de la empresa minera interesada en adquirir Calcatreu.

Atentos a lo que suceda

“Estamos al tanto de estas negociaciones y atentos a lo que puede suceder. El tema se vuelve a instalar y debemos tomar conciencia, prepararnos y estudiar para poder afrontar esta discusión que se nos va a venir pronto, con la mayor responsabilidad posible y los fundamentos más sólidos para poder decidir que es lo que queremos como comunidad”, dijo el jefe comunal.

La discusión que se dio entre el 2003 y el 2005 ante la posible explotación del Proyecto Calcatreu, dividió a la comunidad jacobaccina, que tuvo su final con la aprobación en la Legislatura de Río Negro de la denominada “ley anti cianuro”. Esta ley fue derogada en 2011 cuando Carlos Soria asumió la gobernación de la provincia y el tema vuelve a instalarse en las calles jacobaccinas y en la región.

En este sentido, Toro adelantó que si bien hay una necesidad de trabajo muy importante en Jacobacci que puede cubrirse con la actividad minera, el municipio no se va a expedir hasta tanto el tema sea debatido en profundidad.

“Así como el ferrocarril, en su momento y ahora la ruta 23 han generado un impacto al medio ambiente con el desmonte y la voladura de los cerros, la minería también lo produce. Hoy se está confeccionando la nueva Carta Orgánica y este es un tema que nuestros convencionales incluirán con todos los elementos técnicos que sean necesarios”, agregó.

Recalcó que de tomar una postura afirmativa debe existir un acuerdo comunitario y se deben tener las garantías de que la explotación se realizará con una tecnología que genere el menor impacto posible sobre el medio ambiente.

La comunidad de Jacobacci virtualmente se dividió entre 2003 y 2005, cuando surgió la posibilidad de explotación del proyecto Calcatreu.
Fuente:http://www.rionegro.com.ar/sociedad/el-tema-minero-vuelve-a-instalarse-en-jacobacci-EN3096314
Argentina

Minería: un acuerdo de espaldas a la sociedad

Son notorias y muy alarmantes las modificaciones que introduce el reciente Acuerdo Federal Minero firmado entre el Presidente de la Nación y 14 gobernadores. Detrás de una fachada discursiva que propone una mejor gestión del ambiente, este acuerdo en realidad dispone todo lo contrario. El mismo busca consolidar un modelo minero netamente extractivista, ideado en la década de los noventa, a expensas de la Naturaleza, los territorios y los derechos de las comunidades locales.

Hace tiempo que la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), conformada por las grandes transnacionales del sector, viene realizando un poderoso lobby que, por un lado, apunta a profundizar el generoso marco jurídico y económico que beneficia la actividad; por otro lado, desconoce y pasa por encima de la normativa ambiental provincial y nacional, gestada en la última década al calor de las luchas socioambientales. En efecto, este Acuerdo tiene la tarea de atacar los escollos que, desde la óptica de la CAEM, vienen a “ensombrecer” el despliegue de la actividad.

Así, ante la evidente ausencia de Licencia social (siete provincias sancionaron leyes que prohíben la actividad, como consecuencia de las movilizaciones populares), el acuerdo obliga a incorporar propaganda minera en la currícula de las escuelas primarias, secundarias y terciarios. En otras palabras, los departamentos de marketing de las grandes empresas mineras tendrán el ingreso asegurado a las escuelas públicas de todo el país.

El Acuerdo desconoce también la vigencia de la Ley Nacional de Glaciares pues pretender autorizar la actividad en zonas prohibidas, con supuestos “cuidados ambientales”. Esto constituye una grosera violación de la ley que es clara y contundente al respecto; esto es, no permite bajo ninguna modalidad la explotación minera en glaciares y zona periglaciar.

Además de consolidar el tope de regalías provinciales del 3%, impuesto en los ´90, el acuerdo arremete contra las empresas provinciales mineras, cuyo objetivo era capturar algo más de renta, un punto que la CAEM venía cuestionando hace tiempo. El Acuerdo prácticamente aniquila la posibilidad de creación de este tipo de empresas públicas. Por último, el Acuerdo se arroga el derecho de definir “la participación ciudadana”, ítem que está lejos de ser precisado. No se menciona la consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas (una normativa internacional incluida en la Constitución nacional y constituciones provinciales), como tampoco aquellos dispositivos constitucionales ligados a la democracia participativa, que exigen numerosas comunidades locales.

Que la realidad es más controversial y compleja que los discursos engañosos del lobby minero lo demuestra el hecho de que, a diferencia del Acuerdo de 1993, firmado por todas las provincias, éste sólo es suscripto por 14, con la ausencia de importantes jurisdicciones como Chubut, La Rioja o San Luis. Recordemos que fue en Esquel (Chubut) donde nació la lucha contra la megaminería en Argentina a principios de siglo XXI, que luego se propagó a otras provincias y en 2012 tuvo en el levantamiento de Famatina (La Rioja) una de sus expresiones más emblemáticas. Graves accidentes como los de la Barrick Gold en la mina Veladero (antes considerada como “el modelo”, impulsado por la provincia de San Juan), pusieron en evidencia el carácter insustentable de este tipo de minería.

Por otro lado, hay que preguntarse qué posición adoptarán Mendoza y Córdoba, dos provincias que cuentan con comunidades académicas concientizadas e importantes movimientos socioambientales, y donde las leyes de prohibición de la megaminería fueron reconfirmadas por los respectivos Tribunales Superiores de Justicia, después de un largo período de judicialización, promovido por sectores promineros.

En suma, dicho Acuerdo no solo se firma sin participación alguna de la sociedad civil. Pretende además instalarse en la realidad de las provincias como si éstas fueran territorios ausentes de conflictos y no existieran normativas que prohíben ciertas actividades extractivas en pos del cuidado del ambiente. La lupa está puesta ahora en el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales, quienes tienen la potestad de rechazar legislativamente dicho Acuerdo.

Maristella Svampa es socióloga. Enrique Viale es presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

Fuente:https://www.clarin.com/opinion/mineria-acuerdo-espaldas-sociedad_0_ryv6iir4W.html

Argentina

Postextractivismos en Argentina: la nueva frontera de las alternativas al desarrollo

Argentina comprende casi todos los extractivismos: minero, petrolero, agrícola y pesquero. Aquí algunas ideas preliminares sobre una transición postextractivista señalando algunos abordajes posibles.

En Argentina es evidente el protagonismo de los llamados extractivismos, como la minería o los monocultivos, que se nutren de una apropiación intensa y voluminosa de recursos naturales para exportarlos a mercados globales. A pesar que mucho creen que esa problemática es ajena al país, la realidad es muy distinta. Es que Argentina es uno de esos casos particulares donde están presentes casi todos sus tipos: minero, petrolero, agrícola y pesquero.

Ese tipo de estrategias generan, desde un lado, una fuerte subordinación a la globalización y, desde el otro, una catarata de impactos negativos en la sociedad y el ambiente que superan largamente cualquier beneficio económico[1].

Si bien desde hace décadas se ha cuestionado la primarización en las exportaciones o la subordinación a los mercados internacionales, ahora se cuenta con mejores marcos conceptuales para entender que esos y otros problemas se derivan de los extractivismos.

Ante esta situación es indispensable buscar alternativas para salir de esa dependencia. Esas exploraciones, englobadas bajo el término “postextractivismo”, despegaron inicialmente en varios países andinos. Allí no bastó ni denunciar los impactos ni las movilizaciones ciudadanas, y se volvió necesario presentar alternativas posibles y comprensibles que pudieran reemplazar esos proyectos extractivos.

Argentina está entrando a ese tipo de discusiones. Las críticas y resistencias no bastan, ya que inmediatamente surgen reclamos tales como que sin minería no habría desarrollo, o bien, sin la soja colapsaría la economía nacional. Pero además, el postextractivismo obliga a reflexiones políticas claves, tales como hasta qué punto es una alternativa pasar de una minería transnacionalizada a una estatal.

El presente artículo comparte algunas ideas preliminares sobre una transición postextractivista en Argentina. No se pretende abordar todas sus facetas, sino apenas señalar algunos abordajes posibles. A su vez, estas son ideas que se nutren de las discusiones en marcha en los países vecinos.

Fuente:http://laizquierdadiario.com/Postextractivismos-en-Argentina-la-nueva-frontera-de-las-alternativas-al-desarrollo

Argentina

En General Alvear inauguraron un monumento a la ley 7.722 contra la megaminería

Un monumento para recordar los diez años de la Ley 7722 en contra de la minería contaminante, por la que luchó todo el pueblo junto a decenas de otras ciudades mendocinas, fue inaugurado ayer en la intersección de la Ruta Nacional 188 y callejón Echeverría, en el departamento de General Alvear. Las manos gélidas, las caras cansadas, de pie, estoicos en medio de las rutas, con los oídos pegados a las radios portátiles y las banderas argentinas atadas al cuello. No se trataba de un mundial de fútbol, del otro lado no había relatores deportivos sino cronistas que confirmaban la aprobación de la Ley 7722 en la Legislatura mendocina.

Diez años después el departamento sureño recordó aquella conquista colectiva en defensa del agua con la inauguración de un monumento a la ley. Fue un 20 de junio de 2007, la angustia y la tensión dieron paso a la euforia, se liberaron los cortes de rutas y miles de alvearenses se dirigieron en caravana a la plaza Carlos María de Alvear.

La obra estuvo a cargo del artista Marcos Salcedo. “Es un monumento hecho en equipo junto a mi hijo que es arquitecto, quien ayudó en la forma y a Carlos Cisterna un joven metalúrgico que hizo un gran trabajo”, resaltó el artista.

El monumento a la defensa del agua está representado por una gota que cae del cielo y que es sostenida por hombres y mujeres. “Los dos más grandes representan a los hombres que hicieron de este oasis un vergel, después están los padres jóvenes de hoy, también hay dos figuras con los hijos y dos madres embarazadas. Es la familia de Alvear que está defendiendo el agua. Esta hecho en chapa, hierro, luces y coloreado a base de patina con ácido”, explicó Salcedo en la presentación del monumento.

Uno de los momentos más emotivos estuvo signado por la palabra de Adolfo Nieto, uno de los bastiones en aquel 2007 y representante de la multisectorial. “Pensar en la ley 7722 implica volver a julio de 2006 cuando un grupo de vecinos de Punta del Agua comenzaban a alertarnos sobre varios emprendimientos mineros en los faldeos del Cerro el Nevado”, contó.

Mientras se le iba quebrando la voz Adolfo seguía con la crónica de aquellos días, “el 6 de junio de 2007 en la Legislatura de Mendoza se vivió un desenlace inimaginado, con los barras bravas golpeando a los alvearenses que estaban presentes. El pueblo de cabildo abierto en la plaza departamental, se acababa el diálogo y había que cortar las rutas. Fueron 14 días difíciles, duros, de intenso frío pero que marcaron la historia de General Alvear, ya nada fue igual  para todo el poderoso norte de la provincia. Desde allí Alvear pasó a ser un fuerte referente de la defensa del agua, el ambiente y la agricultura a nivel provincial y nacional”.

Adolfo Nieto tuvo tiempo para referirse al pacto minero recientemente lanzado, “Entre los puntos a tener en cuenta del pacto minero hay que resaltar la posible afectación de la ley de glaciares ya que se proponen aumentar los controles en la zona de glaciares y periglaciares cuando esta prohibido, vemos con preocupación la introducción de la minería como actividad beneficiosa en la currícula escolar buscando una licencia social que no tienen. Es por esto que desde la multisectorial iniciaremos líneas de acción desde diferentes frentes de manera prudente y consensuada como siempre hemos hecho”.

Las páginas de la historia recordarán los miles de hombres y mujeres que salieron a luchar por el agua, que es uno de los nombres del futuro. La ley 7722 será de ahora en adelante la medida de la dignidad de todo un pueblo, en tanto y en cuanto sepan defenderla de aquellos, que agazapados, aguardan un momento de distracción.

Fuente:http://noalamina.org/argentina/mendoza/item/36580-en-general-alvear-inauguraron-un-monumento-a-la-ley-7-722-contra-la-megamineria

Argentina

Tensión y conflicto por el acceso al agua en el oeste pampeano. El caso del río Atuel

El oeste pampeano se localiza dentro de la diagonal árida sudamericana. Esta extensa región se caracteriza por las escasas lluvias y, por ende, escasa disponibilidad de agua superficial y subterránea. Sin embargo, comparte la parte final de la subcuenca del río Atuel que, a su vez, integra la cuenca del río Desaguadero. Históricamente este curso de agua ingresaba en el noroeste provincial formando un extenso humedal conocido como “Bañados del Atuel” y uniéndose luego al río Salado. La presencia de estos cursos de agua contribuyó en épocas prehistóricas y prehispánicas a mantener una presencia humana que interactuaba con un medio semiárido provisto de un oasis natural. Sin embargo, esta situación se modificó durante el siglo XX por la disminución drástica del caudal del río Atuel como consecuencia de los desvíos clandestinos en la vecina provincia de Mendoza y en 1947 con la construcción de la represa El Nihuil. El resultado fue la agudización de la desertificación, alteración medioambiental y pérdida de población en una zona donde se estaban dando los primeros pasos de asentamiento bajo la nueva etapa territoriana.

El oeste pampeano se localiza dentro de lo que se conoce como diagonal árida sudamericana (Bruniard, 1982). Esta extensa región se caracteriza por las escasas lluvias y, por ende, escasa disponibilidad de agua tanto superficial como subterránea. Sin embargo, comparte la parte final de la subcuenca del río Atuel que, a su vez, integra la cuenca del río Desaguadero. Históricamente este curso de agua ingresaba en el noroeste provincial a través de cinco brazos formando un extenso humedal conocido como “Bañados del Atuel” y uniéndose luego al río Salado. La presencia de estos cursos de agua contribuyó en épocas tanto prehistóricas como prehispánicas a mantener una presencia humana que interactuaba con un medio semiárido provisto de un oasis natural.

Sin embargo, esta situación se modificó durante el siglo XX por la disminución drástica del caudal del río Atuel como consecuencia de los desvíos clandestinos en la vecina provincia de Mendoza y en 1947 con la construcción de la represa El Nihuil. El resultado fue la agudización de la desertificación, alteración medioambiental y pérdida de población en una zona donde se estaban dando los primeros pasos de asentamiento bajo la nueva etapa territoriana.

En el siglo XIX en la etapa colonial independentista se constituyeron las primeras catorce provincias de lo que sería el núcleo del futuro Estado argentino, dentro de estas se conformó la provincia de Mendoza cuya producción, por distancias ante todo, se orientaba hacia el mercado trasandino. A fines de dicho siglo el avance del Estado ya constituido hacia territorios hasta entonces ocupados por poblaciones originarias, se efectivizó con la denominada campaña al “desierto” de Roca. Estos nuevos territorios una vez incorporados al modelo productivo agroexportador, no fueron incluidos íntegramente en la vida política, quedaron, por lo tanto, bajo la figura de territorios nacionales con la tutela directa del ejecutivo nacional. El Territorio Nacional de La Pampa Central es uno de los que se creó en esta etapa. Junto con los otros territorios nacionales fueron declarados como provincias en el año 1951.

Esta condición política de disparidad entre estas dos jurisdicciones vecinas, Mendoza y La Pampa, contribuyó a alentar un uso diferencial del río originando tensiones en diversos momentos y desembocando en un conflicto que involucra a diversos actores, además de los pobladores y perjudicados directos por el mal manejo del agua, como son también los sectores políticos, empresarios y profesionales, dentro de este último se pueden incluir a los docentes y su tarea concientizadora respecto al cuidado del agua.

La propuesta con este trabajo es aportar al análisis cronológico de estas tensiones y el conflicto, exponer que actores se ven involucrados en cada situación y cuáles son sus demandas a través del tiempo. Además analizar qué representaciones se han ido conformando en esta lucha en torno al territorio hidro-social compartido.

El marco teórico desde el que se trabaja se corresponde con la ecología política del agua, se toman los conceptos de ciclo hidro-social y territorio hidro-social para estructurar el análisis en torno a los juegos de poder para acceder y controlar los usos del agua en espacios semiáridos. Por otra parte se consideran los aportes desde la antropología con el concepto de lugar y su significación en las luchas de las comunidades por la preservación de sus espacios.

La metodología que se utiliza comprende el uso de datos cualitativos como lectura y análisis de fuentes oficiales consultadas en archivos provinciales y repositorios digitalizados, además de consulta puntual de artículos de prensa también en versión digital y la interpretación de mapas. En cuanto a los datos cuantitativos, se utilizan estadísticas de población que permiten realizar un seguimiento de las fluctuaciones en el oeste pampeano a lo largo del siglo XX.

La ecología política es una línea de investigación que aporta una perspectiva crítica-constructiva en el análisis de conflictos de poder en torno a los bienes naturales. Diversas miradas se han desarrollado al interior de este campo dando origen a interesantes aportes muchos de ellos desde el hemisferio sur, los cuales muestran la otra cara y alternativas de estudio y solución de los problemas socio-ambientales. Dentro de este esquema se está construyendo lo que se puede llamar el sub-campo de la ecología política del agua. El agua indispensable para la vida ya no puede ser considerada solo como un recurso natural, es necesario comprender que es un bien común y como tal debe ser utilizada concientemente.

Históricamente se han sucedido conflictos en torno a fuentes de aguas diversas y, sobre todo, en zonas áridas. En el contexto de avance capitalista en lo que se puede llamar su fase neo-extractivista, la disponibilidad de agua dulce se encuentra amenazada por los usos indiscriminados en monocultivos, megaminería y extracción de hidrocarburos. Su circulación en la naturaleza ya no se concibe desde el ciclo del agua, sino que se incorpora la acción que la sociedad produce en este. En tal sentido se habla de ciclo hidro-social. La distribución del agua no es equitativa y está mediada por tensiones y relaciones de poder que involucran a distintos actores y a sus diversas representaciones del agua (Swyngedouw, 2009; Boelens, 2015).

En relación con ello se trabaja con el concepto de territorio hidro-social (Boelens, et. al., 2016). Es en el territorio que se producen y conjugan las experiencias culturales, económicas, sociales, políticas y medio ambientales y donde, justamente, se ponen en juego las representaciones e imaginarios del agua y donde se enmarcan los conflictos. Estas conceptualizaciones evidencian la complejidad en el acceso al agua, donde no solo esta acción se reduce a la gestión o realización de obras. Implica también la comprensión de un universo socio-ambiental particular en cada lugar y que supone estrategias de lucha.

El caso de la disputa por el río Atuel en el oeste pampeano, se enmarca en la lucha por el acceso al agua en poblaciones desfavorecidas tanto social como geográficamente. En esta situación tanto la provincia de Mendoza como La Pampa se ubican dentro de la diagonal árida, pero ambas tienen trayectorias políticas, sociales y económicas diferentes como quedó expuesto anteriormente. Hasta la constitución del estado nacional esta región conto con ocupación humana. En la zona del centro oeste de la provincia de La Pampa, los registros arqueológicos indican la presencia humana desde hace unos 5000 años antes del presente. En la etapa hispánica y colonial cuando aún los bañados del Atuel estaban activos, en la zona cercana a la localidad de Santa Isabel hay indicios de ocupación del espacio en el sitio Vallejo (Austral, 1971). La ocupación criolla de Mendoza y el desarrollo de actividades económicas impulso a algunos exploradores a buscar algunas alternativas para llegar al Atlántico, tanto es así que en 1833 en la expedición de Félix Aldao al “desierto”, el coronel Garretón afirmaba que el río Diamante se unía al Colorado y se suponía que aquél era navegable en verano durante las crecidas, por fragatas (Difrieri, 1980).

Sin embargo, la lectura y análisis de las fuentes trabajadas hasta el momento, llevan a suponer que la constitución del Estado nacional a fines del siglo XIX y la imposición de una lógica económica orientada a mercados externos tendió a la creación de asimetrías espaciales fuertes encubiertas bajo la consolidación de las provincias y la creación de los territorios nacionales. Por un lado Mendoza con una producción que a fines de dicho siglo se orientó a la vitivinicultura (Jorba, 2000) y, por ende, con altas demandas de agua junto a la consolidación del oasis de San Rafael-General Alvear, mientras que al sur la fundación de colonias y el asentamiento de población se vio dificultado por la falta de continuidad de las políticas y apoyo del ejecutivo nacional.

Las fuentes oficiales como cartas de pobladores elevadas a los gobernadores territorianos con sus reclamos por la merma del caudal del Atuel, junto a las estadísticas de población permiten observar los puntos de tensión que se han producido a lo largo del siglo XX. También del cruce de diversas fuentes tanto oficiales como estudios socio-históricos y geográficos pampeanos, ayudan a establecer el periodo en que se desencadena el conflicto y las tensiones posteriores que contribuyen a la no resolución de aquel. A continuación se describen tanto las tensiones como el conflicto.

En este trabajo las tensiones sociales son conceptualizadas como las situaciones previas al conflicto que hacen evidente las fricciones que luego se traducirán en juegos de poder durante el conflicto entre los distintos actores involucrados. Los actores del oeste pampeano históricamente afectados por el corte del río Atuel son, en primer término, los puesteros y luego los habitantes de las localidades del área de estudio: Santa Isabel y Algarrobo del Águila. Este actor se caracteriza por una tenencia precaria-irregular de la tierra, la crianza de caprinos complementada con trabajos temporales en el medio urbano, su vida doméstica gira en torno al “puesto” donde además se suelen realizar actividades artesanales.

En segundo término interviene el gobierno con los representantes a nivel provincial, es decir, los sucesivos gobernadores y los legisladores que han tomado partido por las demandas del oeste. Aquí se ponen en consonancia dos lógicas: por un lado las del poblador que, en muchos casos, es descendiente de los pueblos originarios y ha trabado una relación con el entorno semiárido basada en la subsistencia donde es esencial la existencia del río. Por otro el sector político que interviene como mediador y vocero en las demandas por el río con un discurso que se apoya en la visión de impulsar el desarrollo y crecimiento. Por último la organización de asambleas y organizaciones civiles que luchan por el retorno del río además de impulsar acciones de concientización sobre la preservación del agua. En este caso las asambleas que se formaron en las últimas décadas del siglo pasado, han sido el motor de la movilización socio-ambiental pampeana por el agua.

La cronología de las tensiones previas al conflicto se inicia en la década del treinta, precisamente en el año 1937 con el reclamo que presentaron los pobladores de la zona rural de Santa Isabel al gobernador Duval. El disparador del reclamo fue el desvió aguas arriba, en territorio mendocino, de un brazo del Atuel para regar tierras particulares de un poblador de aquel lugar. Este poblador realizó un tapón que interrumpió el flujo de agua, se lo conoció como “Tapón de Ugalde”. Ante la demanda intervino el ingeniero Balbi enviado desde Irrigación de Nación, quién pone en evidencia en su informe el retroceso que comienza a sufrir la zona de los bañados del Atuel y los usos legales e ilegales por parte de particulares, que hace la provincia de Mendoza.

En la década siguiente, en 1947 se construyó la represa del Nihuil luego de estudios realizados en años previos sobre su factibilidad. Su construcción se hizo sobre el cauce del Atuel en Mendoza. El embalse de las aguas interrumpió los ciclos de crecidas y alimentación de los bañados en el oeste pampeano, como así también, la unión con el río Salado. Como consecuencia se afectó negativamente el lento crecimiento poblacional y productivo que tenían las localidades de Santa Isabel y Algarrobo del Águila totalmente dependientes del medio rural. Se produjo un éxodo de población en los años siguientes tanto hacia el este, a ciudades como Santa Rosa y General Acha, como hacia el sur mendocino, a las localidades de General Alvear y San Rafael. En este sentido los registros censales provinciales muestran para el departamento Chalileo (cabecera Santa Isabel) los siguientes números sumando población urbana y rural: en la década de 1920, 1750; en 1935 los habitantes eran 1888, en 1942 era 2102; en 1947 2420, hacia 1964 se aprecia la disminución con 2048 y en 1980 el total eran 1729 habitantes. En el departamento vecino, Chicalcó sucede algo parecido con 769 en 1920; 1198 en 1935; 1037 en 1942; en 1947 la población total era de 1189, en 1960 era de 1105; en 1964 se mantuvo estable con 1211 habitantes y en 1980 con 1199. Acá se puede ver un estancamiento, no hubo un crecimiento (Difrieri, 1981). Las cifras están desprovistas de mayor información que permita hacer más profundo el análisis, queda para otra etapa de la investigación consultar otras estadísticas para realizar cruces que permitan obtener más información.

El año 1947 se puede establecer como punto de conflicto. El corte total del río originó el empobrecimiento de una amplia región de delicado equilibrio ecológico y social, por la escasa población. El reclamo en este momento llega al presidente Perón por el envío de una carta de un poblador de Santa Isabel que plantea la situación desoladora que se presentaba en la zona. Posteriormente en el año 1951 se concreta la provincialización, ello dio el marco para encauzar los reclamos por el rio ante el Estado nacional y Mendoza. En esos años se inicia una política del agua junto al aprovechamiento del río Colorado con la construcción del dique Casa de Piedra.

Las tensiones que se dieron estuvieron asociadas al conflicto, revisten la importancia de los reclamos, la recolección de testimonios de habitantes del oeste que buscaron el modo de resistir la pobreza y la pérdida de sus actividades económicas. En la década de 1970 el gobierno provincial presenta ante nación la demanda a Mendoza por el río. Esta se respaldó en un completo estudio de la cuenca del Desaguadero y en una investigación histórica de la existencia del río en territorio pampeano.

La resolución se produjo en 1987 cuando la Corte Suprema de Justicia proclamo la interprovincialidad del río y obligaba a Mendoza a realizar sueltas periódicas de agua para brindar agua al oeste pampeano. La vecina provincia nunca reconoció este fallo amparándose en que el río nunca fue compartido con La Pampa. En defensa de su postura esgrimió diversos fundamentos pero, sobre todo, una representación del agua y el territorio que se articuló en torno a la idea de que La Pampa nunca hizo un uso productivo del río si en algún momento lo tuvo, ni tampoco propone un uso a futuro si dispusiera de esas aguas.

Aquí se inició otro ciclo de tensiones que se fue contextualizando con las resistencias y movilizaciones socio-ambientales que adquieren notoriedad en el nuevo siglo ante el avance de nuevas prácticas extractivas sobre territorios hasta entonces marginales. Paralelamente hay una mayor concientización social sobre la importancia de conservar y hacer un uso adecuado de bienes comunes como el suelo y el agua. En este marco deben comprenderse estas nuevas tensiones cuyo puntos culmines se dan en el año 2008, 2011 y en el 2016. Estas tensiones se originan en estos casos por los intentos de los distintos poderes políticos de lograr una solución al conflicto. En el año 2008 la presidenta Fernández de Kirchner firmó un convenio para que se realicen las obras de infraestructura hidráulica que permitan el retorno del río a La Pampa. Este convenio fue ratificado por La Pampa no así por Mendoza. En el año 2011 el caso fue presentado ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, luego de la visita a la zona de los bañados del Atuel y la pérdida de este valioso ecosistema, dicho ente llevó adelante un fallo moral no vinculante pero que sentó un antecedente y visualizó a nivel internacional la situación de daño ambiental. En tanto en el año 2016 la ONU se proclamó por la necesidad de llegar a un acuerdo y que el Estado nacional garantice que el río sea compartido por ambas provincias. Esta postura generó nuevas resistencias por parte de Mendoza.

Estas últimas tensiones estuvieron acompañadas de acciones por las organizaciones sociales y asambleas como fueron los “botellazos” tanto en Buenos Aires en la Casa de La Pampa, por cortes de rutas en la ruta nacional 143 en cercanías de Santa Isabel, como así también distintas intervenciones artísticas en Santa Rosa y las localidades involucradas. Junto al reclamo político se ha construido un reclamo desde el campo cultural, muestra de ello es “El cancionero de los ríos” que recoge letras de canciones vinculadas al río y al agua, donde el relato hace referencia directa al lugar y universo en el que viven los habitantes del oeste. Se pone en evidencia la representación del agua como líquido vital para la existencia, con sus significados en el pasado, el dolor de la pérdida del lugar por el éxodo y el futuro incierto ante una demanda que tiene más de cincuenta años y no es escuchada ni aparenta tener resolución a corto plazo.

Los resultados de este primer análisis de las fuentes para establecer una cronología de tensiones y definición del momento de conflicto, se pueden exponer en tres etapas: primero las tensiones que indican los primeros indicios de alarma ante la disminución del caudal; una segunda etapa donde se produce el conflicto con el corte total del río con la construcción de la represa del Nihuil;  por último, una tercera etapa en la que se mantiene el conflicto hasta la actualidad, sumándose momentos de tensión que se generan cuando desde el ámbito gubernamental se plantean demandas por vía judicial o la intervención de otras esferas de decisión que exceden a las provincias como el ejecutivo nacional u organismos internacionales (como el Tribunal Latinoamericano del Agua y la ONU).

Este análisis permite un acercamiento a los actores. Por un lado los puesteros y habitantes de las localidades del oeste con una representación del agua ligada a la subsistencia y, por otro lado, el gobierno provincial que se presenta como parte demandante en las distintas instancias judiciales ante Mendoza y el estado nacional. En este caso el río representa el recurso negado en el contexto de una desigualdad jurídica.

La elaboración de esta cronología aporta elementos para el estudio del ciclo hidro-social que se fue conformando en el siglo XX donde el ciclo de una cuenca hídrica fue alterado bajo un nuevo modelo de producción (vitivinicultura y producción de energía) que acentuó la aridez en el oeste pampeano como así también su carácter de zona de zona marginal.

Bibliografía.

Austral, A., “El yacimiento arqueológico de Vallejo, NO de la provincia de La Pampa. Contribución a la sistematización de la prehistoria y la arqueología de la región pampeana”, en: Relaciones, N° 5, 1971.

Boelens, R.; Hooesteger, J; Swyngedouw, E; Vos, J. y Wester, P., “Hydrosocial territories: a political ecology perspective” en: Water International. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1080/02508060.2016.1134898 [Consultado: 01 de agosto de 2016].

Bruniard, A., “La diagonal árida argentina: un cambio climático real”, en: Revista Geográfica, N° 95, 1982.

Difrieri, H., Historia del río Atuel, Buenos Aires, UBA, 1980.

————– Evolución del poblamiento del área de influencia del Atuel en territorio de la provincia de La Pampa, Santa Rosa, Gobierno de La Pampa, Administración Provincial del Agua (A.P.A.), 1981.

Jorba, R., “Cambios tecnológicos y trasformaciones económico-espaciales en la vitivinicultura de la provincia de Mendoza (Argentina), 1870-2000”, en: Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Barcelona, 83, N°69, 2000.

Swyngedouw, E., “The political economy and political ecology of the hydro-social cycle”, en: Journal of Contemporary Water  Research & Education, Manchester, N° 142, 2009.

AlejandraGeraldi  y Patricia Rosell se desempeñan en la Universidad Nacional del Sur UNS.

 

Argentina

Minera La Alumbrera termina la explotación a cielo abierto y seguirá subterránea

El plan de vida de la compañía llegaba hasta 2018, pero al final se adelantó. Continuarán operando con actividades subterráneas bajo el nombre del proyecto “Agua Rica”. Se vienen las indemenizaciones a más de un millar de trabajadores; los reclamos por el dasastrozo desempeño ambiental tienen sentencia en la Cámara de Apelaciones de Tucumán y continúan otras causas afines. La pobalción de Andalgalá rechaza la actividad minera luego de su penosa experiencia con mina La Alumbrera.

La empresa usa un promedio de 2,7 millones de litros de agua por segundo.

La minera Bajo La Alumbrera define esta semana el cierre  de la actividad a cielo abierto.  Continuarán actividades subterráneas bajo el nombre del proyecto “Agua Rica”.

El plan de vida de la compañía llegaba hasta 2018, pero el año pasado ya se había anticipado que se adelantaría el cierre para mediados de 2017. Según pudo saber eltucumano.com, entre hoy y mañana se definirá la fecha precisa de cierre, que no se extendería más de una semana.

El adelanto del cierre se debe a que bajó la rentabilidad de la empresa.  “Una baja notable en el precio de los commodities que afecta sensiblemente a los productores de cobre”, había publicado el diario El Ancasti, en 2015, cuando se anunció por primera vez la nueva fecha de cierre.

Está previsto un pago de indemnización a los 1.900 empleados, que en total, ronda los 2.000 millones de pesos.

Cuando la explotación se detenga, la compañía deberá cubrir el área afectada con  una capa de material “benigno” y se las “revegetará con especies nativas”. “El objetivo es que los desechos no entren en contacto con el agua y el aire, para evitar la contaminación”, según había publicado el diario La Nación.

En marzo, la Cámara Federal de Tucumán falló contra La Alumbrera por un juicio que empezó hace 10 años. Los jueces dictaminaron que la minera apostada en Catamarca deberá pagar la suma de $5 millones por daño material y moral. Además deberá sanear el medio ambiente.

“Es muy factible que siga operando desde 2019 de manera subterránea, a un 20 ó 30%”, comentó una fuente cercana la compañía. “Están por comprar revestimientos de molino, que duran un año, en junio de 2017.”

La minera en números:

-En la explotación ocupa 1400 hectáreas de Sierras del Aconquija, Catamarca.

-Se trata de un socavón de 500 metros de profundidad por 1700 de diámetro.

-La empresa usa un promedio de 2,7 millones de litros de agua por segundo que extrae del acuífero catamarqueño Campo del Arenal.

-A diario, extrajo 300.000 toneladas de material estéril, de los que obtiene 100.000 de minerales.

La minera Bajo La Alumbrera definió para esta semana el cierre de su actividad a cielo abierto realizada en Catamarca desde 1997.

El plan de vida de la compañía llegaba hasta 2018, pero el año pasado ya se había anticipado que se adelantaría el cierre para mediados de 2017. Según informó eltucumano.com, entre este jueves y viernes, se definirá la fecha precisa de cierre, que no se extendería más de una semana.

El adelanto del cierre se debe a que bajó la rentabilidad de la empresa.  “Una baja notable en el precio de los commodities que afecta sensiblemente a los productores de cobre”, había publicado el diario El Ancasti, en 2015, cuando se anunció por primera vez la nueva fecha de cierre.

Recién a partir del efectivo cierre de las instalaciones se podrá medir el impacto ambiental. A pesar de este final, la empresa continuará con actividades subterráneas bajo el nombre del proyecto “Agua Rica”. Está previsto un pago de indemnización a los 1.900 empleados, que en total, ronda los 2.000 millones de pesos.

Cuando la explotación se detenga, la compañía deberá cubrir el área afectada con una capa de material “benigno” y se las “revegetará con especies nativas”. “El objetivo es que los desechos no entren en contacto con el agua y el aire, para evitar la contaminación”, según había publicado el diario La Nación.

 

En marzo, la Cámara Federal de Tucumán falló contra La Alumbrera por un juicio que empezó hace 10 años. Los jueces dictaminaron que la minera apostada en Catamarca deberá pagar la suma de $5 millones por daño material y moral. Además deberá sanear el medio ambiente.

 

“Es muy factible que siga operando desde 2019 de manera subterránea, a un 20 ó 30%”, comentó una fuente cercana la compañía. “Están por comprar revestimientos de molino, que duran un año, en junio de 2017.”

Fuente:http://noalamina.org/argentina/catamarca/item/36574-minera-la-alumbrera-termina-la-explotacion-a-cielo-abierto-y-seguira-subterranea

Argentina

Fallo contra mapuches, a favor de la minería

La Justicia falló –en primera instancia- a favor del Estado neuquino y contra una demanda de la comunidad mapuche Mellao Morales, en relación a la legalidad del proceso de explotación minera de cobre en Campana Mahuida, en cercanías de Loncopué.

La jueza María Eugenia Grimau rechazó la demanda iniciada por la comunidad mapuche contra la empresa Corporación Minera del Neuquén SEP (Comine), por el contrato firmado en 2007 con la empresa Emprendimientos Mineros S.A. que otorga  derechos de propiedad sobre el yacimiento de cobre Campana Mahuida, en Loncopué.

En la causa denominada “comunidad mapuche Mellao Morales c/ Cormine SEP s/ acción de nulidad”, expediente N° 381249/2008, tramitada ante el Juzgado Civil N° 4 de Neuquén, los demandantes pidieron la nulidad del contrato por entender que no se realizó consulta previa y se violó el convenio OIT 169; que no se realizó licitación pública; que la propiedad se vendió por precio vil; y que la venta implica la posibilidad de un privado de comprar tierra comunitaria.

La Fiscalía de Estado y Cormine alegaron que la concesión minera es anterior a la entrada en vigencia del Convenio 169, ya que la concesión se otorgó en 1991 y el convenio rige desde 2001; y que el contrato no implica una nueva concesión sino el cambio de titular de una ya existente. También indicó que se trata de un contrato entre empresas privadas por lo tanto no requiere licitación pública, y que no autoriza la compra de tierras comunitarias ni la explotación de las minas.

El viernes, la jueza Grimau emitió sentencia a favor del Estado provincial al argumentar que la Dirección Provincial de Minería concedió el derecho minero sobre Campana Mahuida a Cormine antes de la vigencia del Convenio 169, y que esa concesión nuca fue objetada por la comunidad mapuche.

También consideró que Cormine se rige por las leyes de las sociedades anónimas, aunque el paquete accionario sea propiedad del Estado, por lo tanto, los contratos y actos que realiza se rigen por el derecho privado y no por el derecho administrativo.

A su vez, la jueza indicó que ninguna de las partes solicitó o intentó la compra de tierras comunitarias o la constitución de servidumbres sobre ella.

Además, Grimau aclaró que las leyes argentinas no prohíben actividades mineras dentro de comunidades de pueblos originarios, sino que se requiere una consulta previa a su autorización.

Consideró que el Convenio 169 de la OIT no es aplicable dado que está previsto para los casos de políticas públicas respecto de recursos naturales y no para contratos entre privados, y que no existió desde el Estado ninguna autorización para explorar o explotar recursos dentro de la comunidad.

“Si la actora (comunidad) no cuestionó el derecho que la autoridad minera dio a Cormine, mal podría objetar el negocio jurídico que esa sociedad acordó con otra sociedad comercial”, explicó la magistrada en su fallo.

Fuente:http://www.diariamenteneuquen.com.ar/V3.0/2017/06/26/fallo-contra-mapuches-a-favor-de-la-mineria/