22 de agosto 2011
Una comunidad indígena pidió protección internacional para velar por sus derechos humanos y colectivos de propiedad sobre la tierra en Guatemala, informó hoy el Centro de Recursos de la Ley Indígena.
La comunidad de Agua Caliente, de población maya q’eqchi’, de aproximadamente 385 personas en El Estor, en el departamento de Izabal, presentó el viernes pasado una petición contra el Estado de Guatemala ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En febrero de 2011, el Tribunal Constitucional falló a favor de Agua Caliente y reconoció el derecho de propiedad de la comunidad, lo cual implica que las actividades y permisos de explotación minera en su tierra constituyen una violación de sus derechos sobre la tierra.
El Estado de Guatemala “no ha cumplido con sus obligaciones legales ante el Tribunal”, dijo Leonardo Crippa, abogado del Centro en un comunicado.
“Hemos agotado todos los recursos legales internos, ahora sólo tenemos una opción, pedir intervención internacional”, agregó.
El gobierno de Guatemala otorgó a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), ex subsidiaria de la empresa canadiense HudBay de Canadá, los derechos para iniciar la explotación de níquel en el territorio de 16 comunidades maya q’eqchi’, incluida Agua Caliente, según el Centro.
La comunidad indígena denunció violación de los derechos pertenecientes a la tierra, recursos naturales, libre determinación, autogobierno, debido proceso legal y protección judicial.
La petición se centra en una disputa de 40 años sobre los derechos de propiedad tradicionales de la comunidad en un territorio rico en concentraciones de níquel.
Por medio de la CIDH, Guatemala debe cumplir con su obligación de “salvaguardar los derechos humanos” y adoptar medidas de protección que se ajusten a los estándares internacionales, señaló Crippa.