Organizaciones ambientalistas de El Salvador reprocharon este miércoles a la empresa minera canadiense Pacific Rim la decisión de incrementar a 315 millones de dólares una demanda contra el Estado por negarle permisos de explotación en este país centroamericano.
«La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica rechaza el nuevo paso que la empresa Pacific Rim ha dado al querer extorsionar al pueblo salvadoreño con 315 millones de dólares», declaró en rueda de prensa Ángel Ibarra, del directorio de la ONG que aglutina a iglesias, comunidades y agrupaciones ambientalistas.
En 2009, la empresa canadiense interpuso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial (BM) una primera demanda por 77 millones de dólares, luego de que el Estado salvadoreño le impidiera la explotación de la mina El Dorado, en el central departamento de Cabañas, unos 75 km al noreste de San Salvador.
El rotativo local El Diario de Hoy informó el lunes que PacRim Cayman LLC, la filial estadounidense de Pacific Rim, anunció que elevó la demanda a 315 millones de dólares en reclamo por los gastos de inversión en los que incurrió para la exploración de la mina de oro, que inició en 2005, además de pérdidas ocasionadas más intereses.
«Nosotros exigimos a Pacific Rim que retire de inmediato la demanda que ha planteado al pueblo salvadoreño ante el CIADI», resumió Ibarra.
Según los ambientalistas, la empresa canadiense se ampara en la Ley de Inversiones que El Salvador aprobó en 1995 y en la ausencia de otra legislación que prohíba la explotación minera.
En ese sentido, Ibarra pidió al Congreso «derogar» la Ley de Inversiones y que apruebe de «manera urgente» una ley que prohíba la minería metálica en El Salvador.
De escasos 20.742 km2 y 6,1 millones de habitantes, El Salvador registra 25 solicitudes de permiso de exploración y una solicitud de permiso de explotación minera.