Jujuy: el pueblo Ocloya denuncia hostigamiento de una minera
En el marco de la Semana de Pueblos Indígenas que organizan comunidades del NOA en CABA, el cacique de la comunidad Las Capillas denunció el avasallamiento de su territorio. Los comuneros arrastran una acusación desde 2013 y exigen su sobreseimiento. El Superior Tribunal de Justicia de Jujuy revocó fallos favorables en primera y segunda instancia.
Analía Brizuela 22/04/2026
La Comunidad Indígena Las Capillas, que pertenece al pueblo Ocloya, denunció un intento de desalojo de su territorio comunitario por parte de la minera Piuquenes SA, una transnacional con capitales canadienses que patrocina Arturo Pfister Puch, abogado especialista en derecho minero.
El cacique de Las Capillas, Néstor Jerez, informó ayer -en el marco de la Semana de Pueblos Indígenas con actividades en CABA- que presentaron un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque consideran que una reciente sentencia de la sala penal del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy fue arbitraria e ilegal y favorece a la minera con la que mantienen un largo conflicto por el territorio.
El 10 de de este mes el máximo tribunal jujeño revocó los sobreseimientos de comuneros y comuneras a quienes la empresa canadiense acusó por usurpación del territorio en disputa.
“Nosotros buscamos el sobreseimiento de todos los imputados, que ya obtuvimos con sentencia favorable tanto en primera y segunda instancia en el fuero provincial, como en el dictamen del procurador General del Ministerio Público de la Acusación”, repasó Jerez en diálogo con este diario.
“Los imputados en esa causa no son usurpadores”, enfatizó el cacique ocloya. “Somos una comunidad indígena preexistente, con carpeta técnica (del relevamiento de la ocupación territorial ancestral) que data de 2016 con la resolución correspondiente en el marco de la ley 26.160. Hoy las comunidades continúan amparadas por ese marco legal”, recordó.
En un parte de prensa la comunidad aseguró además que el abogado de la minera intenta llevar a cabo un “despojo y daño ambiental” a través de deforestación de los bosques nativos y la implantación de plantas exóticas.
“Hay una violencia institucional muy fuerte por parte del Gobierno nacional y también tenemos claro cómo es el Poder Judicial de Jujuy, que desconoce la jurisprudencia y los compromisos internacionales”, afirmó Jerez. Entre otros tratados internacionales que tienen validez supraconstitucional en el país, destacó el Convenio 169 de la OIT al que Argentina adhirió en 1992.
Este nuevo conflicto se ubica en una trama de denuncias y batallas en distintas instancias de la justicia de esa provincia que se inició en 2013 y tocó su pico máximo en 2019, cuando la transnacional instó un proceso legal denunciando a comuneras y comuneros como usurpadores. La comunidad denuncia que de esta manera se busca desalojarla de su propio territorio.
Jerez, que con otros referentes comunitarios participa en Buenos Aires en la Semana de los Pueblos Indígenas, iniciativa de la Organización de Pueblos Indígenas del Noroeste Argentino, integró la comitiva de comuneros que se reunió ayer con la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Roxana Monzón (Unión por la Patria).
“Planteamos como necesidad que (los diputados nacionales) gestionen pedidos de informes ante el Gobierno nacional para que detalle el actual funcionamiento del INAI, también su vaciamiento”, explicó el cacique ocloya. Destacó también que en la reunión solicitaron a los legisladores que tramiten una audiencia ante la Embajada de Canadá.
Esta última solicitud se relaciona con una demanda puntual de la comunidad aborigen Las Capillas: obtener información certera sobre la minera Piuquenes SA, que sin catastros mineros sobre su territorio, ni domicilio físico en la provincia jujeña, reclama la posesión del territorio que la comunidad habita ancestralmente a 22 kilómetros al noroeste de la capital, San Salvador de Jujuy. “Para nosotros, la minera es una empresa fantasma”, recalcó el cacique Jerez.
En el marco de la Semana de los Pueblos Indígenas, las organizaciones que integran OPINOA realizaron jornadas de reflexión que incluyeron encuentros en universidades nacionales del conurbano bonaerense. En esos espacios también denunciaron el vaciamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la persecución a referentes indígenas y el incumplimiento del Estado de tratados internacionales, en el marco de medidas como la Ley Bases, el RIGI y la reforma de la Ley de Glaciares.
Asimismo, señalaron que la modificación de la Ley de Glaciares fue impulsada sin consulta previa a las comunidades y la calificaron de inconstitucional, por vulnerar la Constitución Nacional, la Ley General de Ambiente, el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú.
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