11/07/2025
Corría julio de 1971, y tras décadas de lucha del pueblo chileno, el cobre fue finalmente nacionalizado, siendo arrebatado de las manos de capitales foráneos en un proceso histórico clave para los movimientos sociales. Sin embargo, aquella búsqueda por la soberanía tuvo un quiebre irreparable tras el inicio de la dictadura civil-militar. En consecuencia, los gobiernos de la postdictadura, iniciando un proceso de reprivatización y desnacionalización que se profundiza y mantiene hasta la actualidad.
Así, tras 54 años de la nacionalización del cobre, hoy la frontera extractiva se expande a merced del mercado financiero, de los grandes capitales nacionales y transnacionales, del aseguramiento de la “cadena de suministro” de las potencias globales y el manoseado escenario de transición energética corporativa. Esto, mientras la administración del Gobierno de turno coloca la música y abre las puertas del país a una inversión descriteriada y depredadora, que sofoca resistencias y defensas de los territorios.
En este sentido es que aparecen los llamados “minerales de la Transición” o “minerales críticos”, un nombre bajo el cual el empresariado y los gobiernos aglutinan a diversos bienes comunes naturales que tributan a una transición energética definida por los países industrializados del Norte Global, y fuertemente anclada a la mercantilización y el abultamiento de los mismos bolsillos que nos han empujado a esta crisis climática.
Cobre, litio, renio, molibdeno y tierras raras, para la transición energética, o potasio y boro para la seguridad alimentaria; todo sirve para darles el tributo de “críticos”, y Chile -con un extractivismo cada vez más agudizado- es una fuente de múltiples de estos bienes comunes, por lo que las garras de estos conglomerados buscan apropiarse lo más rápido posible.
Así, a esta extensa franja entre cordillera y mar se le ha designado empresarial y políticamente el rol de “salvador del planeta” para lo cual debería ser explotado en pos de una supuesta lucha contra la crisis climática. Sin embargo, los mismos que buscan explotar a Chile son quienes definen estos minerales como “crítico”, pero para el beneficio de sus economías y su transición energética del Norte Global, mientras que para nosotros y nosotras debieran ser considerados como “estratégicos”, en pos de cuidar la integridad de los territorios y las comunidades.
Y para esto, no escatiman en gastos. Un focalizado e intenso lobby, frenar o intervenir para que no exista una transparencia integral, presionar para la aceleración de la tramitación ambiental pregonando la llamada “permisología” y la criminalización de defensoras y defensores ambientales forman parte de la batería de estrategias que hoy desatan los capitales foráneos y nacionales.
Como hemos dicho en ocasiones anteriores, la Dignidad no cabe en un bolsillo empresarial. La transición energética, y su mandato moral climático revestido de verde e impulsado por la manipulada alianza público-privada, empuja, amplía y fortalece el extractivismo mientras también profundiza la lógica de privatización y desnacionalización de bienes comunes minerales. Esa matriz, que hoy aplaude la agenda político-empresarial, está lejos de aquella Dignidad que se materializó hace 54 años.
De lo contrario, ¿de qué Dignidad estamos hablando?
Ahora le dicen minerales críticos: ¿de qué Dignidad estamos hablando?