Cooperaccion 29/04/2025
Diez comunidades originarias de Espinar, en la región Cusco, realizaron una medida de lucha que se inició el domingo 30 de marzo, en respuesta al incumplimiento de compromisos asumidos tanto por el Estado como por la empresa minera Antapaccay, subsidiaria de Glencore. Las comunidades involucradas en esta protesta son Alto Huarca, Huarca, Cala Cala, Antacollana, Huisa, Huisa Ccollana, Suero y Cama, Alto Huancané, Huancané Bajo y Tintaya Marquiri.
Las comunidades denuncian la vulneración de sus derechos y exigen soluciones urgentes ante los impactos de la actividad minera. Sus principales demandas incluyen la nulidad de la segunda modificación del estudio de impacto ambiental (EIA) y la suspensión de sus trámites administrativos, la implementación de un plan integral de reparaciones para remediar los daños ambientales acumulados, una reunión urgente con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el ministerio de Energía y minas para atender sus reclamos, la paralización de la planta industrial de óxidos de la empresa minera, cuya operación consideran ilegal, y la realización de una consulta previa auténtica y vinculante, en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, que garantice su participación en decisiones que afectan sus territorios.
Las comunidades han alertado sobre diversas irregularidades en los procesos administrativos y en la implementación de la consulta previa, denunciando manipulación que estaría vulnerando su derecho a una participación libre e informada. Además, han expresado su preocupación por la contaminación ambiental comprobada en agua, suelo y aire, según informes de la OEFA y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Cusco. También han denunciado la criminalización y persecución de líderes comunales que han alzado su voz en defensa de sus derechos y territorios.
Las comunidades afirman que el proceso de consulta previa del proyecto minero “Expansión Tintaya – Ampliación Antapaccay e Integración Coroccohuayco” se ha prolongado por más de cinco años sin que se alcancen acuerdos que respeten sus derechos fundamentales y colectivos. Además, sostienen que el Estado ha actuado en colusión con la empresa minera, favoreciendo la explotación de recursos en detrimento de las comunidades afectadas.
El comunero de la comunidad de Alto Huarca, Claudio Humasi Fernández, mencionó que “las comunidades de Espinar están ejerciendo su derecho al control territorial sin vulnerar ninguna ley, ya que las carreteras utilizadas para otro tipo de uso nunca fueron consultadas y siguen perteneciendo a las comunidades”. Señaló que la minería en la zona está atentando contra la salud de la población, pues muchos comuneros, incluido él, presentan metales pesados en el cuerpo y solo reciben medicamentos comunes sin un tratamiento adecuado. Asimismo, que la empresa Antapaccay, del conglomerado Glencore, no ha remediado el daño ambiental y exige remediación, reparación e indemnización para las comunidades afectadas. Además, exigen la presencia del ministro de Energía y Minas en las comunidades de Espinar y que la empresa cumpla con la sentencia de la Sala mixta descentralizada de Canchis del 15 de enero de 2025, que determinó la vulneración de derechos de la comunidad campesina de Huisa y ordenó una “consulta ex-post” sobre el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto Antapaccay – Expansión Tintaya. Finalmente, también exige la llegada de los dueños o accionistas de la empresa para que escuchen directamente las denuncias de las comunidades y el maltrato que sufren por parte de los administradores de la empresa minera.
El 1 de abril de 2025, el Ministerio de Energía y Minas, a través del ministro Jorge Luis Montero Cornejo, envió un oficio a los presidentes de las diez comunidades de Espinar, invitándolos a una reunión de trabajo programada para el 7 de abril en Lima. La agenda de la reunión que propuso el MINEM consistía en abordar aspectos relacionados con el proyecto minero de explotación “Proyecto Antapaccay Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco”, así como las preocupaciones sobre la posible vulneración del derecho al libre tránsito y el normal desenvolvimiento de las actividades en la provincia.
Sin embargo, las comunidades manifestaron que no asistirían a la reunión en Lima, ya que consideran que dicho encuentro debe realizarse en sus territorios, donde se encuentran los comuneros directamente afectados. El mismo día, la Fiscalía de prevención del delito se apersonó al lugar donde las comunidades mantienen su medida de lucha en defensa de sus derechos.
Las comunidades de Espinar reafirman su compromiso con la defensa de sus territorios y anuncian que mantendrán el control de sus territorios hasta que el Estado y la empresa minera cumplan con sus acuerdos y obligaciones. Asimismo, exigen el respeto a sus derechos y una consulta previa real y efectiva, garantizando el cumplimiento de los compromisos asumidos.