EL GOBIERNO PRETENDE IMPONER LA MINERÍA

Patricia Rojas.
GRUFIDES

Es realmente increíble el Proyecto de Ley que el Ejecutivo, es decir el Gobierno del APRA, ha presentado al Congreso de la República para declarar de "interés nacional" 20 proyectos mineros en todo el Perú.

El gobierno de Fujmori se caracterizó por abrir nuestra alicaída economía al mercado internacional, es decir por dar todas las facilidades a los inversionistas extranjeros para empezar nuevos proyectos entre ellos los relacionados con las industrias extractivas.

Este gobierno, el de Alan García, el que a la vez prometió falsamente en su campaña electoral que revisaría los convenios de estabilidad que tan amablemente Fujimori otorgó a ciertas empresas, no se ha quedado atrás puesto que este 22 de setiembre presentó ante el Presidente del Congreso un Proyecto de Ley que no haría otra cosa más que acelerar y viabilizar los proyectos mineros que el MEM, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y las grandes empresas trasnacionales tienen en cartera Entonces ¿a quién obedece realmente el interés nacional de que estos proyectos se ejecuten?, será tal vez al interés de la población rural que viven cerca a estos mismos proyectos, quienes en muchas ocasiones han solicitado, pedido, rogado y gritado al gobierno que su verdadero interés es que se les ayude a mejorar su agricultura, ganadería u otras actividades que han realizado durante décadas.

Está clara la tendencia de este gobierno respecto a la actividad minera. Sino recordemos lo que hasta el momento ha sucedido. Antes de cumplir el primer año, el 10 de marzo del presente año, el Ministerio de Energía y Minas-MEM publicó el D.S. 014-2007-EM que recorta las exigencias a los titulares mineros para obtener la autorización de los proyectos de exploración.

El día 15 del mismo mes, el Ministerio de Agricultura promulgó el D.S. 015-2007-AG que modifica el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas; con esta medida se evita que el Sistema de Áreas Naturales Protegidas- SINAMPE del INRENA reconozca las Áreas de Conservación Municipal (declaradas por los Gobiernos Locales) como Áreas Complementarias del SINAMPE y por lo tanto evita que estas áreas de interés local gocen de la protección del Estado frente a cualquier actividad potencialmente peligrosa para el medioambiente, como es el caso de la minería.

Así mismo el 23 de julio el Poder Ejecutivo, haciendo uso de las facultades que el Congreso de la República le atribuyó para mejorar los sistemas de seguridad y protección ciudadana (Ley No 29009), promulgó 11 Decretos Legislativos, entre los cuales están los que permiten peligrosamente que la Policía Nacional del Perú y/o las Fuerzas Armadas hagan uso desmedido de su autoridad para controlar a los pobladores que participen en las movilizaciones y protestas sociales (sabiendo que muchas de las protestas sociales que se han hecho últimamente en el país han estado referidas con las problemática minera).

También se establece la sanción de inhabilitación a aquellos funcionarios públicos, con poder de decisión o el que desempeña cargo de confianza o de dirección, que participen en una huelga.

De esta manera se vulneran los derechos constitucionales que primeramente como ciudadanos tienen los funcionarios públicos para participar y expresarse frente a un determinado tema.
Ahora, con esta última propuesta de Proyecto de Ley, el gobierno dice que hay que "…agilizar la ejecución impostergable de ciertos proyectos de inversión mineros a nivel nacional…".

Con todas estas medidas se demuestra que en el Perú, el gobierno de turno quiere IMPONER, a toda costa, el desarrollo de la minería. Pero este Proyecto de Ley nos trae a colación otras cosas, y es que con el afán de " agilizar" en sus fases de concesión, diseño, ejecución, planeamiento y construcción de los 20 proyectos mineros será más fácil que se pase por alto las pocas y débiles medidas de control que tenemos en el país para que la inversión minera sea responsable social y ambientalmente.

Y esto no es todo, el Proyecto de Ley aún dice que no solo son estos proyectos mineros los que estarán sujetos a esta modalidad, sino que posteriormente mediante Decreto Supremo el Ejecutivo podrá incluir a otros proyectos mineros, que también serían de "interés nacional" lógicamente. Está totalmente claro que con esta ley los principios y mecanismos de control ambiental, de participación ciudadana y respeto de los derechos de los más indefensos quedan alienados.

¿Pero a dónde nos puede conducir esta imposición del gobierno?, la respuesta es clara y contundente, solo hace falta ver el mapa de conflictos de la Defensoría del Pueblo para darse cuenta que justamente muchos estos 20 proyectos que se nos quiere imponer están en los departamentos con mayor presencia de conflictos.

Pero se nota que ni la cantidad de muertes y actos de violencia que han ocurrido en la última década producto de la imposición y malas prácticas mineras, o el derecho de opinar legítimo y pacífico que el pueblo de los distritos de la sierra piurana ejercieron el pasado de 16 de septiembre en la consulta vecinal frente al desarrollo del proyecto Río Blanco, han logrado que al gobierno le interese y/o considere la opinión del pueblo.

Las cartas están sobre la mesa, le toca el turno al Congreso Peruano que es ahora quien tiene la gran responsabilidad de demostrar a todo el Perú que vivimos en un país democrático donde no se le puede permitir al Poder Ejecutivo, por más facultades que tenga, decidir -en base a intereses de solo unos pocos- sobre medidas que vayan contra los propios procedimientos legales que regulan la inversión , el control ambiental y el derecho de participación, y que además incentivan que haya más conflictos sociales violentos.


Publicado el: 12 octubre 2007
Categorias: Perú
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