Lecciones de una consulta vecinal[1]
María Luisa Burneo CEPES – SER
El domingo 16 de setiembre se llevó a cabo la consulta vecinal en los distritos de El Carmen de la Frontera, Pacaipampa y Ayabaca, en el departamento de Piura. La pregunta que los ciudadanos debieron responder fue si estaban o no de acuerdo con que se realice actividad minera en dicha zona. La consulta tuvo como resultado un NO que se impuso con más del 90% en los tres casos. Más allá de los acontecimientos ocurridos alrededor de la consulta, buscaremos presentar, brevemente, las opiniones y expectativas de los actores locales involucrados en ésta. ¿Cuáles son las razones que explican su voto por el NO? ¿Qué expectativas tienen de la consulta?; y ¿cuál es la visión que tienen del rol del Estado en este proceso? Aunque no podremos responderlas en este breve espacio, éstas son algunas de las preguntas que motivan esta nota. En el contexto de la consulta, se presenta una diversidad de actores nacionales e internacionales que participan del proceso en distintas formas: medios de comunicación, organismos de desarrollo, fuerzas armadas, observadores internacionales, entre otros.
Para esta nota, nos centraremos en los dirigentes y los ciudadanos que emitieron su voto en el distrito de Carmen de la Frontera.
Actores y argumentos
Entre los principales actores de la consulta, están los comuneros de la Comunidad Campesina Segunda y Cajas, pobladores del distrito que no necesariamente pertenecen a la comunidad, y las rondas campesinas. En el ámbito distrital, se encuentra también el Comité local por el NO, conformado por pobladores de la zona e integrado al Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte que agrupa a los alcaldes, las comunidades campesinas y otras organizaciones del ámbito local y regional.
Entre los actores mencionados se comparte una misma posición, pero se distinguen elementos diversos a partir de los cuales se construyen los argumentos.[2]
Entre los dirigentes, las razones principales que explican su opción por el NO se articulan en función de tres grandes temas: 1) la preservación del medio ambiente, 2) la sostenibilidad de las actividades productivas de la población; 3) la necesidad de expresar su posición ante la ausencia de un Estado neutral y capaz de proteger los intereses de sus ciudadanos.
En relación al primer punto, están presentes elementos que suponen cierto nivel de conocimiento sobre la discusión medioambiental: el ser una zona de bosques y páramos, con una gran biodiversidad, y una fuente de agua importante para la región. Además, se hace referencia a la falta de Estudios de Impacto Ambiental serios sobre las consecuencias de la actividad minera en este tipo de ecosistema. Sobre este tema, también aluden al hecho de que la empresa no es transparente al decir que esos distritos no se verán implicados por sus actividades sino solo la vertiente oriental; a algunos les resulta hasta cómica la poca comprensión de la empresa sobre sus dinámicas socioeconómicas: “como si no estuviésemos conectados”, mencionan. Por otro lado, refieren que la pretensión de la empresa -y el interés del gobierno- es que las actividades mineras se desarrollen en toda la zona, haciendo mención al tema de las concesiones.
Un segundo grupo de argumentos se refiere a que las actividades productivas de la zona se verían seriamente afectadas con la presencia de actividades mineras; más allá de si esto se ha comprobado o no científicamente, la percepción del riesgo es alta y la incertidumbre alrededor de las “verdaderas intenciones de la empresa y el gobierno” juega a favor de esta explicación convirtiéndola en parte importante de su argumentación. Existen referentes comunes que han sido incorporados en su discurso, sobre todo el caso de Yanacocha en Cajamarca y el del distrito de Canchaque en la provincia de Huancabamba; ambos, pero sobre todo el segundo, son utilizados como elementos de comparación negativos sobre la contaminación y el perjuicio para las actividades productivas de la población.
El tercer tema se relaciona con una de las preguntas planteadas al inicio del texto. Y es que una de las razones expresadas -con mayor o menor desarrollo dependiendo del caso- tiene que ver con la percepción según la cual desde el Estado no existe voluntad de proteger los intereses de la población; o en todo caso, que nada les garantiza que sus acciones sean legítimas puesto que hay un claro conflicto de intereses. La manera en que se expresa lo anterior es variable; por un lado, expresiones como “el Estado juega el rol de defensor de las empresas”, y por otro, las que se refieren en concreto a la actuación del gobierno de turno en este proceso.
La desconfianza en el rol del Estado se refuerza con el comportamiento del gobierno en estos últimos meses, donde se recogen elementos como la serie de amenazas a los alcaldes promotores de la consulta, el no reconocimiento al derecho mismo de ser consultados, la manera en que éste se ha referido a las dirigencias y a la población en general; lo anterior no contribuye a que éste sea percibido como un interlocutor válido o confiable para el diálogo.
El día de la consulta cientos de campesinos llegaron de diversos centros poblados del distrito El Carmen de la Frontera luego de seis u ocho horas de camino a pie, los más distantes; muchos de ellos comuneros de la comunidad Segunda y Cajas, entre ellos, varios ronderos y ronderas. Una preocupación fuerte entre éstos es el tema de la contaminación y en parte, el voto por el NO se explica porque no quieren que la mina genere cambios en su modo de vida, sobre los cuales sienten que no tendrán ningún control: “va a cambiar nuestra forma de vida, no sabemos qué pasará después”, “vivimos de la agricultura y no queremos que se contamine el agua y las tierras”. Existe una percepción bastante generalizada sobre que la mina traerá implicancias negativas para el suelo, el agua, el aire. Hay mucha incertidumbre sobre qué pasaría luego de unos años de presencia minera: “tal vez traigan plata y cosas los primeros años, pero qué va a pasar después con los que nos quedamos acá”. Detrás de afirmaciones como esta hay preguntas de fondo: ¿cuál es el costo beneficio de las actividades mineras para la población local? ¿Generará la minería desarrollo en estas zonas -no solo crecimiento económico-, y en qué términos?
Otro elemento común es la preocupación de que las actividades de la mina se expandan sin control alguno. Sin conocer que muchas de las tierras de las que hablan ya están denunciadas, esta inquietud está muy presente: “hasta dónde llegará la minería”, “si esta mina viene a un cerro, después van a querer estar en otros cerros”, o “van a venir otras minas hasta llenar todos los cerros”. No es necesario conocer términos como el de distrito minero para mostrar esta inquietud, que finalmente alude a problemas como la ausencia de una regulación eficiente por parte del Estado, la falta de un ordenamiento territorial y de políticas que permitan definir dónde sí y dónde no es viable la expansión de las actividades mineras, así como de otras actividades económicas.
¿Y después de la consulta, qué?
Cabe preguntarse por qué el temor del Gobierno a que la población de tres pequeños distritos piuranos exprese su opinión sobre la actividad minera en su territorio. Tal vez sea que esta consulta puede convertirse en un referente importante para otros casos en el país, lo cual podría exigir la revisión de políticas y del marco normativo relacionado. De otro lado, aunque esto no le interese mucho al gobierno, el proceso de la consulta pone de manifiesto la débil capacidad política de las instituciones del Estado, la fragilidad del sistema de partidos, la desarticulación entre los sectores del Estado y las asimetrías de poder entre ellos. La consulta también llama la atención sobre la ausencia de mecanismos independientes y con legitimidad para el control y monitoreo de las actividades extractivas en el país.
Es importante anotar que la manera en que el gobierno se ha expresado de las dirigencias y las rondas es un referente compartido entre los pobladores del distrito: un elemento que surge reiteradamente en las entrevistas es la indignación ante el hecho de que las autoridades del gobierno los hayan tildado de “atrasados”, “violentos”, “analfabetos”, “retrógrados” entre otros calificativos, y colocado como “manipulables por intereses extranjeros”. Utilizar este tipo de lenguaje tal vez sea parte de una estrategia mediática utilizada por el primer ministro y otros funcionarios públicos para construir imágenes negativas en la opinión pública nacional, aprovechando la falta de conocimiento sobre las organizaciones de zonas rurales -como el caso de las rondas campesinas, por ejemplo-. Pero para los pobladores de El Carmen de la Frontera, esto sienta un precedente importante que no contribuye a construir una mejor relación con el Estado ni las bases para un diálogo, sino que agranda las distancias, incluyendo al plano de las subjetividades.
Las expectativas de la población en relación a los resultados de la consulta no se focalizan en la victoria del NO. Las dirigencias, tanto los alcaldes como otros dirigentes del Frente y de las comunidades campesinas, opinan que falta un largo camino por recorrer en el que se sentarán a dialogar solo bajo ciertas condiciones. Aunque el gobierno busque desvirtuar los resultados de la consulta, no puede comportarse como si ésta no se hubiese dado; en ese sentido, la victoria del NO es un importante instrumento que refuerza su posición para la negociación posterior, así como para construir solidaridades a nivel nacional e internacional. Del lado de los comuneros y pobladores del distrito en general, si bien es cierto que no en todos los casos conocen las condiciones e implicancias jurídicas de la consulta (o conceptos como “no vinculante”), lo que sí parece estar claro es que la victoria del NO es parte de algo más complejo. En algunos casos, afirman “sabemos que esto no acaba acá, pero el gobierno debe hacernos caso”; una constante entre los entrevistados es la percepción de que la consulta les brinda la oportunidad de mostrar algo que debiera ser tomado en cuenta. Este elemento debe ser analizado con atención ya que podría generar tensión entre la población, que no necesariamente piensa el NO en términos de reforzar una estrategia de negociación, y las dirigencias. Si bien las expectativas no están centradas en los resultados de la consulta misma, sí consideran que ésta es un punto clave en el camino.
Y es este camino el que deberá construirse con inteligencia. Por el momento, la respuesta del gobierno nacional y el gobierno regional de Piura, amenazando con denunciar a los alcaldes que promovieron la consulta, negando la importancia de los resultados o utilizando la manipulación mediática de las cifras, no parecen ser muy coherentes con su llamado al diálogo. Del lado de las organizaciones locales involucradas, en especial los dirigentes del Frente, será necesario revisar las condiciones que piensan negociar para sentarse a dialogar y evaluar los puntos en que éstas puedan ser más flexibles. La suma de casos como el de Tambogrande, Cerro Quilish y Majaz, nos llevan a un punto crucial en el debate sobre las industrias extractivas en el país, que debería traducirse en un cambio en las reglas del juego. El Estado no puede comportarse como si no existiesen lecciones aprendidas, y en especial, el gobierno actual no puede seguir jugando un rol de interlocutor de las empresas mineras, confundiendo los intereses privados con los intereses nacionales; su actuación en este caso pone en evidencia sesgos que dificultan su papel como mediador en estos procesos.
Notas [1] Este artículo de opinión utiliza información de campo recogida en el marco del programa de investigación Territories, conflicts and development in the Andes: http://www.sed.manchester.ac.uk/research/andes/ [1]
Debido a que las entrevistas fueron realizadas en el contexto de la consulta -además de algunos dirigentes del Frente y de la ronda campesina-, los pobladores entrevistados no fueron contactados previamente sino al azar; el universo son los “votantes”. Pudimos conversar con pobladores de diversos centros poblados: el Porvenir, Salalá, Santa Rosa, Salinas, Talaneo, Huambanaca, y de la misma capital del distrito, Sapalache.