LA INCERTIDUMBRE DE BARRICK

domingo, 26 de agosto de 2007

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Las trabas económicas y judiciales de Pascua Lama. La empresa canadiense no podrá echar a andar su proyecto en septiembre. En Chile, permisos varios en trámite, un puzzle tributario sin resolver y un juicio por las tierras donde se instalará la mina impiden cortar las cintas de la inversión de 2.400 millones de dólares.

Bajo estricto hermetismo y desplegando todo tipo de estrategias para despistar a la prensa, el jueves y viernes pasados se realizó la esperada reunión de la Comisión Administradora del Tratado Minero entre Chile y Argentina, que hoy está analizando un proyecto clave: la mina de oro Pascua Lama, ubicada en la frontera entre ambos países, al interior de la provincia de Huasco, y el tema más polémico que tiene en tabla la comisión.  A la cita, de carácter reservado, asistieron autoridades de ambos gobiernos: por Argentina, Jorge Mayoral, secretario de Minería; el embajador Carlos Abihaggle, por la Subsecretaría de Integración Económica Americana y Mercosur, y Felipe Saavedra, secretario de Minería de la provincia de San Juan, donde se desarrollará la parte argentina de Pascua Lama.

En representación de Chile acudieron la subsecretaria de Minería, Marisol Aravena, y el subsecretario de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren. Las reuniones que se desarrollaron en el piso 17 de Cancillería y en el piso 9 de Minería se habían programado inicialmente para junio, pero fueron aplazadas tres veces.

Según cercanos a las negociaciones, la principal traba es el tema tributario. En Argentina no se conformaron con el esquema propuesto por Barrick: que el 80% de los tributos de Pascua Lama se paguen en Chile donde está el 80% de los recursos auríferos y el 20% restante en suelo transandino.
Por ello, comenzaron a buscar alternativas para apuntar a una fórmula de 50/50. Dónde tributará Pascua Lama es un tema que debió ser resuelto el 2006, pero, hasta hoy, es la piedra de tope para que partan las obras.
El jueves, las autoridades argentinas arremetieron con una contrapropuesta para resolver el puzzle tributario. "Fue presentada por el Gobierno argentino una propuesta para zanjar el tema de la tributación de todo lo que es la parte transfronteriza de servicios. Ésta viene a resolver las diferencias que están existiendo y da claridad a una propuesta que había hecho la empresa", comentó Felipe Saavedra. "Tiene que ver con la necesidad, y como bien lo fija la ley, que los tributos que se deben pagar en Argentina se tienen que pagar, más allá de lo que uno quisiera y de los gustos de la empresa.

Los ministerios de Economía respectivos están calculando qué porcentaje de tributación le corresponde a cada país". Un representante de la Cancillería argentina agregó que las conversaciones apuntaron a establecer "fórmulas para determinar la forma de tributar servicios indivisibles", pero que aún no hay claridad sobre "cómo determinar el origen de la prestación del servicio". La misma fuente admite que la situación es compleja, ya que se trata de "dos filiales de la misma empresa, pero que tiene distinta razones sociales, en el mismo área de operaciones".

EN SUS MARCAS
En Argentina la empresa tiene aprobada la declaración de impacto ambiental, y a pesar que todavía falta tramitar algunos permisos sectoriales, la "información oficial es que en Chile estarían más adelantados que del lado argentino", afirmó Saavedra. Y sumó datos: "Eso lo afirmó el director del proyecto.

En una reunión que sostuve con Barrick hace dos semanas confirmaron el plazo de septiembre para comenzar el proyecto". Sin embargo, asoman contradicciones. El director de asuntos corporativos de Barrick para América Latina, Rodrigo Jiménez, explicó que septiembre era la fecha que se había dado si se contaba con todos los permisos sectoriales. "Pero hay que resolver los problemas tributarios pendientes y en eso tienen que ponerse de acuerdo las autoridades de ambos países", dijo.

Según el calendario de Barrick, la explotación de la mina comenzará del lado chileno y, cinco años después, lo hará en la parte argentina. "Por estar la planta de nuestro lado y muchas facilidades que llevan una inversión más grande en ese sentido, seguramente un porcentaje superior al 60% de la inversión se va a hacer en la Argentina", asegura Saavedra.

El juicio
Pero los permisos y la decisión final de dónde se quedarán los impuestos no es todo lo que mantiene congelado el proyecto. Aunque el fallo aún está en reserva, la Corte de Apelaciones de Santiago ya resolvió el conflicto entre la minera canadiense y un grupo de propietarios que reclaman para sí pertenencias en lugares clave para extraer el oro.

En primera instancia, un juzgado civil de Santiago declaró nulo el contrato con que la empresa se había hecho propietaria de los derechos de explotación. Se trata de las pertenencias denominadas Amarillo Norte y Amarillo Sur, inicialmente reclamadas por el ingeniero Rodolfo Villar.

El caso fue revisado por la Cuarta Sala del Tribunal de Alzada. Sus integrantes, Gloria Ana Chevesich, Dobra Luksic y la abogada integrante Patricia Valencia, tomaron acuerdo y sólo se espera que sea firmado antes de ser dado a conocer.
Mientras esto ocurre, la transnacional tomó drásticas medidas contra el equipo jurídico que efectuó los contratos que provocaron el conflicto. El jefe de servicios legales de la entidad, Sergio Gómez Núñez, fue despedido tras 15 años de servicio, y hoy trabaja en la División Norte de Codelco.

Los cuestionamientos a su gestión pasan por haber elaborado el dudoso contrato con que la minera adquirió por 10 mil pesos uno de los terrenos. El abogado de los demandantes, Hernán Montealegre, dijo estar optimista.

"Tuve conocimiento de que se tomó un acuerdo y me parece que, si fuera una decisión adversa, se tendrían que haber tomado muchísimo más tiempo", señaló. (www.lanacion.cl)


Publicado el: 2 Septiembre 2007
Categorias: Chile
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