Empresas mineras canadienses promueven la violencia en el Ecuador

Adital –

07.12.06 – ECUADOR

Las organizaciones de derechos humanos, ambientalistas, poblacionales y demás colectivos sociales que firmamos este comunicado, denunciamos al país y a la comunidad internacional, que las empresas canadienses Corrientes Resources, bajo el nombre de Ecuacorrientes y la Ascendant Copper Corporation (con capitales estadounidenses-canadienses) están cometiendo una serie de atropellos a los derechos humanos de las comunidades indígenas y campesinas de Morona Santiago, Zamora Chinchipe e Imbabura.

En la zona de Intag (Imbabura) se han producido ataques armados durante las primeras semanas de noviembre y diciembre del presente año, promovido por la empresa minera Ascendant Copper en contra de las comunidades y gobiernos locales que defienden su territorio.

La Ascendant violentando el derecho de consulta previa establecido en la Constitución Política de la República, al parecer ha decido tomar por asalto la zona de Junín, Cerro Pelado y otras zonas aledañas. Al hacerlo han agredido a las comunidades con grupos armados de seguridad y paramilitares, quienes usando armas de fuego, armas cortopunzantes y bombas lacrimógenas, han atacado a la población.

Nos preocupa sobremanera la conformación de estos grupos paramilitares con miembros del Ejército en servicio pasivo, tal como lo denuncian las comunidades. Algunas personas que fueron reclutadas en la misma zona de Intag dieron a conocer que recibieron adiestramiento militar.

Más aún, las federaciones indigenas Shuar, Saraguros como las poblaciones de Gualaquiza, El Pangui, Yantzantza, Yunganza y, Bomboiza de las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, han vivido una escalada de violencia y represión por parte de miembros del ejército ecuatoriano, quienes sin explicación han incluído entre sus actividades la defensa de la empresa Corrientes Resources.

Un número todavía no determinado de campesinos e indígenas incluidas varias mujeres, han sido víctimas de represión con gases lacrimógenos, uso de armas de fuego, agresión física y privación ilegal de la libertad.

El diputado por Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, quien ha venido apoyando a la población, fue detenido por militares, amordazado, agredido físicamente y trasladado a un retén militar donde permaneció incomunicado por varias horas. Al momento no concluye el conteo de víctimas.

La oposición de miles de personas de las dos provincias amazónicas frente a este proyecto minero, tuvo el 12 de noviembre pasado una respuesta alentadora por parte del Gobierno, cuando el Ministro de Trabajo, José Serrano, en calidad de delegado del Presidente de la República, firmó en la ciudad de Macas un "acta compromiso" mediante la cual se acordó la suspensión inmediata de las actividades de la empresa minera en la provincia de Morona Santiago.

A pesar de ello, la Corrientes Resources no ha detenido sus operaciones . Denunciamos además el permanente hostigamiento, amenazas de muerte, agresiones físicas y sicológicas, y persecución a líderes comunitarios y defensores ambientalistas y pobladores. Estas transnacionales mineras utilizan irresponsablemente la justicia nacional para apresar a pobladores e interponer juicios con causas forjadas, como forma de disuasión y amedrentamiento.

Exigimos a las autoridades del Gobierno, principalmente a los Ministros de Gobierno y de Defensa, su inmediata actuación para defender a las poblaciones y la soberanía nacional. Solicitamos que el Ministerio de Defensa disponga la no intervención militar en estos conflictos.

Condenamos la actuación de las empresas mineras antes indicadas, así como la inercia de las autoridades que ha permitido que transnacionales actúen al margen de la ley, permitiendo inclusive la acción represiva de parte de miembros de la Fuerza Terrestre en servicio pasivo y de grupos privados creados por las empresas para este fin.

Resaltamos que la Constitución Política de la República, establece que "Las Fuerzas Armadas tendrán como misión fundamental la conservación de la soberanía nacional y la defensa de la integridad e independencia del Estado".

Demandamos la investigación y sanción de todas las conductas que constituyen violaciones de derechos humanos, cometidas tanto por agentes del Estado como por los representantes de las empresas transnacionales que actúan con el respaldo del Estado. Por nuestra parte, nos mantendremos vigilantes y conjuntamente realizaremos las acciones que sean pertinentes ante instancias nacionales e internacionales a fin de que los hechos denunciados no queden en la impunidad.

Al mismo tiempo, manifestamos nuestro respaldo a las comunidades que están defendiendo el patrimonio del Estado y los bienes públicos de manera valiente, digna y soberana.

* CEDHU, CNC, CEDES, ACJ, Fundación Pueblo Indio, Humanas, ALTERCOM, Pájaros Contra Escopetas, REMTE, Coalición No Bases, SERPAJ, CONAIE, APDH, INREDH, CAS, CONAICE, Red Ecologista Popular, Acción Ecológica


Publicado el: 8 Diciembre 2006
Categorias: Ecuador
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